{"id":102002,"date":"2026-07-01T21:14:31","date_gmt":"2026-07-01T21:14:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102002"},"modified":"2026-07-01T21:14:31","modified_gmt":"2026-07-01T21:14:31","slug":"stc15534-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15534-2018\/","title":{"rendered":"STC15534-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15534-2018
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-02-30-000-2018-00035-02
\n(Aprobado en Sala de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Los accionantes solicitaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, igualdad, debido proceso y m\u00ednimo vital, los cuales estiman vulnerados por las autoridades accionadas quienes se han negado a indexar sus primeras mesadas pensionales. <\/p>\n

Pretenden, en consecuencia, que se adopten las medidas necesarias para que se actualicen la mesada que recibieron con ocasi\u00f3n del v\u00ednculo laboral que sostuvieron con \u00c1lcalis de Colombia Ltda. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mediante resoluci\u00f3n No. \t00029 de 10 de abril de 2002 \u00c1lcalis de Colombia Ltda. en \tLiquidaci\u00f3n, en calidad de empleadora, reconoci\u00f3 a \tEduardo Le\u00f3n Ortiz Hern\u00e1ndez pensi\u00f3n \tconvencional de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda de $405.241,00, \thasta cuando \u00e9l cumpliera los presupuestos para reclamar la \tpensi\u00f3n de vejez ante su fondo de pensiones, caso en el cual \ts\u00f3lo asumir\u00eda la diferencia mayor que hubiere entre \tlas dos prestaciones econ\u00f3micas. [Folios 27-31, c. 1] <\/p>\n

Prestaci\u00f3n de iguales caracter\u00edsticas, pero en cuant\u00eda de $395.233,00, fue reconocida a favor de Manuel Osuna Ruiz, mediante resoluci\u00f3n No. 0008 de 12 de febrero de 2002. [Folios 32-36, c. 1] <\/p>\n

Asimismo, a William Emilio Tirado Lastra, en resoluci\u00f3n No. 00076 de 2 de agosto de 2002 se le concedi\u00f3 pensi\u00f3n en cuant\u00eda de $371.823,58. [Folios 37-41, c. 1] <\/p>\n

Igual sucedi\u00f3 con Sebasti\u00e1n Vivanco Arnedo al concederle la prenotada asistencia econ\u00f3mica en suma de $332.000.00, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 000057 de 3 de septiembre de 2003. [Folios 42-47, c. 1] <\/p>\n

2. El 21 de abril de 2004, los \tjubilados presentaron reclamaci\u00f3n administrativa a \u00c1lcalis \tde Colombia Ltda. en Liquidaci\u00f3n con el fin de que indexara \tsu primera mesada pensional, entre otras peticiones. [Folios 48-51, \tc. 1] <\/p>\n

3. El 19 de mayo siguiente, la \templeadora neg\u00f3 todas las solicitudes. [Folios 52-60, c. 1] <\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, \tlos demandantes promovieron juicio ordinario laboral en contra de \t\u00c1lcalis de Colombia Ltda. en Liquidaci\u00f3n, en el que \tpretendieron el reconocimiento de los conceptos que la demandada les \tneg\u00f3. <\/p>\n

5. El conocimiento del asunto \tcorrespondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de \tCartagena, quien mediante sentencia de 28 de abril de 2006, a pesar \tde denegar la indexaci\u00f3n de las mesadas, conden\u00f3 a la \tdemandada a pagar a los accionantes la bonificaci\u00f3n \tequivalente a los 130 d\u00edas de salarios b\u00e1sicos, \tteniendo en cuenta lo devengado por cada uno para la \u00e9poca en \tque dejaron de laborar, y una prima igual a \u00abmedia \tmesada en el mes de junio y una mesada en el mes de diciembre de \tcada a\u00f1o a partir de las causadas del reconocimiento de sus \tpensiones y de sus montos pensionales convencionales\u00bb. \t[Folios 126-136, c. 1] <\/p>\n

6. Inconforme con la resoluci\u00f3n \tjudicial, la sociedad accionada interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. Estando \ten curso la anterior actuaci\u00f3n, Colpensiones, mediante \tresoluci\u00f3n 20323 de 2008 reconoci\u00f3 a favor de William \tEmilio Tirado Lastra pensi\u00f3n de vejez, incluy\u00e9ndolo en \tn\u00f3mina de pensionados a partir del mes de octubre de esa \tanualidad. <\/p>\n

8. El 28 de enero de 2009, \tla Sala Laboral del \tTribunal Superior de Cartagena revoc\u00f3 parcialmente la \tsentencia de primer grado, para en su lugar, absolver a \u00c1lcalis \tde Colombia Ltda. en Liquidaci\u00f3n del pago de la bonificaci\u00f3n, \ten lo restante confirm\u00f3 la providencia apelada. [Folios \t137-143, c. 1] <\/p>\n

9. Contra tal decisi\u00f3n, \tlos actores propusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \tel cual, en providencia de 28 de febrero de 2012, fue inadmitido por \tla Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al estimar que los \trecurrentes no contaban \u00abcon \tel inter\u00e9s jur\u00eddico econ\u00f3mico suficiente\u00bb. \t[Folios 144-153, c. 1] <\/p>\n

10. De conformidad con el cap\u00edtulo 10 del Decreto 1833 de 2016, el pasivo pensional a cargo de \u00c1lcalis de Colombia Ltda. en Liquidaci\u00f3n fue asumido por la Naci\u00f3n a trav\u00e9s del Fondo de Pensiones P\u00fablicas de Nivel Nacional \u2013 FOPEP- y la Unidad de Pensiones y Parafiscales \u2013UGPP-. <\/p>\n

11. El 25 de octubre de 2012 los pensionados instauraron acci\u00f3n de tutela contra los juzgadores de las instancias y el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por violaci\u00f3n de sus derechos \u00abal debido proceso, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital y al respeto de los derechos adquiridos\u00bb, al no hab\u00e9rseles concedido la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional que les fue reconocidas. <\/p>\n

12. El conocimiento de tal solicitud correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, quien en sentencia de 8 de noviembre de 2012 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, pues adem\u00e1s de que el amparo no satisfac\u00eda el presupuesto de inmediatez, las decisiones cuestionadas no se mostraban caprichosas. [Folios 176-180, c.1] <\/p>\n

13. Impugnada la anterior decisi\u00f3n, esta Sala, en providencia de 13 de febrero de 2013, declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n y dispuso no admitir el amparo deprecado por improcedente. [Folios 4-6, c. 2] <\/p>\n

14. A pesar de lo anterior, los accionantes insistieron en la vulneraci\u00f3n, por lo que presentaron una nueva solicitud de amparo en contra de la Laboral del Tribunal de Cartagena, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual dotaron de los mismos alcances de la causa que precedi\u00f3. <\/p>\n

15. El 1\u00ba de agosto de 2013, la Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 la tutela por carecer del requisito de subsidiariedad comoquiera que los accionantes se abstuvieron de interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia que neg\u00f3 la actualizaci\u00f3n de la mesada pensional. [Folios 180-185, c. 1] <\/p>\n

16. El 18 de septiembre posterior, esta Sala confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, al resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por los promotores de la queja. Se advirti\u00f3 que la negativa en las pretensiones de los actores no era irracional y se ajustaba a las normas que reg\u00edan la materia. [Folios 7-18, c. 2] <\/p>\n

17. Los demandantes radicaron una nueva acci\u00f3n de tutela ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, esta vez, indicaron que la vulneraci\u00f3n proven\u00eda del Ministerio de Comercio, quien no dispuso lo necesario para que se les indexara la primera mesada pensional. <\/p>\n

18. En fallo proferido de 30 de octubre de 2015, la mencionada Colegiatura deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por considerar que los demandantes dejaron de emplear los recursos ordinarios, adem\u00e1s, de considerar su proceder como temerario. <\/p>\n

19. Los accionantes acudieron nuevamente al amparo constitucional, insistiendo en la necesidad de que se les conceda la indexaci\u00f3n tantas veces solicitada. Manifiestan que son personas de la tercera edad que padecen de m\u00faltiples enfermedades y que tienen un sin n\u00famero de obligaciones, las cuales abarcan la totalidad de los ingresos que generaron las pensiones que se les reconoci\u00f3. Se\u00f1alan que al conced\u00e9rsele la actualizaci\u00f3n pretendida, sus inconvenientes econ\u00f3micos ser\u00edan superados. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. En \tauto de 6 de febrero de 2018 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de \testa Corporaci\u00f3n dispuso la admisi\u00f3n de la solicitud \tde amparo y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de las entidades \taccionadas para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. El \tFondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia solicit\u00f3 \tque se denegaran las pretensiones invocadas a trav\u00e9s de la \tacci\u00f3n de tutela, toda vez que al haberse elevado con \tanterioridad peticiones de similares caracter\u00edsticas, la que \tse tramita en la actualidad es temeraria. <\/p>\n

Al paso de lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos de los reclamantes, de atender que la sentencia que neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pensional solicitada se encuentra ajustada a derecho. Se\u00f1ala, en todo caso, que el amparo no satisface el presupuesto de inmediatez y que, adem\u00e1s, ante la presentaci\u00f3n anterior de dos acciones donde elevaron similares pretensiones, este se torna temerario. <\/p>\n

3. En \tprovidencia de 25 de septiembre de 2018 la Sala de Casaci\u00f3n \tPenal emiti\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual deneg\u00f3 \tel amparo constitucional, por estimar que el proceder de los \tpeticionarios es temerario. <\/p>\n

4. Inconformes, \tlos tutelantes impugnaron la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Inexistencia de actuaci\u00f3n temeraria <\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 define la temeridad de la siguiente forma: <\/p>\n

\u00abACTUACI\u00d3N TEMERARIA. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. <\/p>\n

El abogado que promoviere la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ser\u00e1 sancionado con la suspensi\u00f3n de la tarjeta profesional al menos por dos a\u00f1os. <\/p>\n

En caso de reincidencia, se le cancelar\u00e1 su tarjeta profesional, sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar.\u00bb <\/p>\n

A partir de la lectura del art\u00edculo citado se deduce que la temeridad es \u00abel abuso desmedido e irracional del recurso judicial\u00bb, tal como ha sido definida por la jurisprudencia. Por ello se ha dicho que el actor o su representante incurren en una conducta temeraria cuando promueven varias veces la misma acci\u00f3n con fundamento en id\u00e9nticos hechos, y entre las mismas partes, sin que existan razones fundadas que justifiquen tal proceder. <\/p>\n

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha precisado que existen supuestos que facultan a una persona a promover nuevamente una acci\u00f3n de tutela sin que sea considerada temeraria, como por ejemplo: el surgimiento de circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas adicionales, lo cual puede ocurrir, incluso, cuando en otra sentencia se consagra una doctrina constitucional que reconoce la violaci\u00f3n de derechos fundamentales en casos similares; o cuando no existe un pronunciamiento de la pretensi\u00f3n de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n constitucional. (C.C., Sentencia T-1034 de 2005) <\/p>\n

Para que exista actuaci\u00f3n temeraria se requiere, por tanto, mala fe del promotor de la acci\u00f3n, toda vez que este elemento subjetivo es lo que da lugar a la imposici\u00f3n de las respectivas sanciones, por vulnerar los principios de buena fe, econom\u00eda y eficacia procesal. <\/p>\n

Por el contrario, no existe temeridad cuando el accionante tiene la convicci\u00f3n razonable de que existen nuevos hechos o motivos jur\u00eddicos que justifiquen la presentaci\u00f3n de la tutela, y as\u00ed lo manifiesta en la misma, en cuyo evento no se vislumbra una perversa intenci\u00f3n de burlar la administraci\u00f3n de justicia sino una firme voluntad de hacer cesar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n

En todo caso, en virtud de la presunci\u00f3n de buena fe que ampara a las actuaciones judiciales, la temeridad es una conducta que requiere de un cuidadoso y exhaustivo an\u00e1lisis por parte del funcionario judicial, a fin de evitar situaciones injustas que podr\u00edan repercutir no solo en la agravaci\u00f3n del derecho conculcado sino en la situaci\u00f3n profesional del defensor, pues es sabido que una de las posibles consecuencias de la declaraci\u00f3n de temeridad es la cancelaci\u00f3n definitiva de la tarjeta profesional del abogado. <\/p>\n

En el caso que se analiza, lejos de existir la temeridad que se declar\u00f3 en la primera instancia, lo \u00fanico que se vislumbra es una incansable insistencia de los accionantes por lograr que su reclamo constitucional sea escuchado, lo cual le ha resultado imposible hasta el momento. <\/p>\n

En efecto, para la fecha en que se interpuso la primera acci\u00f3n de tutela no exist\u00eda certeza del derecho reclamado, pues la jurisprudencia de la Sala Laboral no hab\u00eda admitido la posibilidad de indexar la primera mesada en los casos en que el derecho a la pensi\u00f3n se hab\u00eda causado con anterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991. Siendo del caso advertir \tque si bien dicha solicitud fue tramitada en primera instancia, lo cierto es que el tr\u00e1mite que all\u00ed se imparti\u00f3 fue anulado, bajo el criterio de \u00f3rgano l\u00edmite que en ese entonces sosten\u00eda esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Ahora bien, retomando el estudio del proceder temerario que se endilga a los reclamantes, ha de advertirse que para cuando se interpuso la segunda tutela (1 de agosto de 2013), la jurisprudencia laboral hab\u00eda cambiado su postura y, de igual forma, la doctrina constitucional no albergaba ninguna duda acerca de la viabilidad de indexar la primera mesada en todos los casos, con independencia del momento en que fue reconocido el derecho a la pensi\u00f3n, y sin importar si la misma tuvo origen legal o convencional, o si fue de vejez o de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n

No resultaba acertado, por ello, aducir de manera ligera y sin que exista la m\u00e1s remota prueba de la mala fe de los actores, que se trat\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela temeraria, pues, por el contrario, lo \u00fanico que se evidencia a partir del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n, es que ha existido una persistente vulneraci\u00f3n del derecho fundamental reclamado y un flagrante desconocimiento de la jurisprudencia en materia de indexaci\u00f3n de la primera mesada. <\/p>\n

Como tampoco resultaba acertado concluir que la negativa en el reconocimiento de la indexaci\u00f3n pensional obedec\u00eda a un criterio razonable, pues para esa \u00e9poca, la jurisprudencia que al respecto se habia emitido era suficientemente amplia y clara al indicar la procedencia de la prestaci\u00f3n laboral reclamada. <\/p>\n

Las innumerables decisiones judiciales que apoyan la raz\u00f3n de su pedimento as\u00ed lo confirman, tal como se deduce del an\u00e1lisis de las siguientes providencias: C-862 de 2006; C-891A de 2006; SU-120 de 2003; T-663 de 2003; T-1169 de 2003; T-805 de 2004; T-815 de 2004; T-098 de 2005; T-045 de 2007; T-390 de 2009; T-447 de 2009; T-362 de 2010; T-1096 de 2012; SU-1073 de 2012; T-448 de 2013; T-182 de 2014, entre otras. <\/p>\n

Luego, si est\u00e1 fuera de toda duda que el precedente judicial debe ser obedecido en su integridad cuando contiene reglas claras y expresas en torno a su aplicaci\u00f3n, y respecto de este caso existe certeza sobre la aplicaci\u00f3n del derecho reclamado, entonces la solicitud de los promotores solo busca la materializaci\u00f3n del derecho reconocido por la jurisprudencia, lo que no puede ser tildado de ning\u00fan modo como una conducta temeraria. <\/p>\n

La incansable insistencia de los promotores en el reclamo de su derecho no ha sido producto de un capricho infundado o del deseo de perjudicar la labor de la administraci\u00f3n de justicia, sino de una fuerte convicci\u00f3n en sus razones jur\u00eddicas y en un arraigado sentido del derecho y la equidad que, por el contrario, ha faltado a los funcionarios judiciales que han conocido sus casos, quienes con gran indiferencia y desconocimiento del precedente constitucional, se han limitado a negar su derecho y a calificar su conducta como temeraria, sin que exista el menor indicio de su mala fe. <\/p>\n

Tanto no es temeraria la actuaci\u00f3n de los tutelantes, que en el libelo de su acci\u00f3n realiz\u00f3 con detalle el recuento de todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales que se han visto obligados a ejercitar para alcanzar la protecci\u00f3n de su derecho, lo que en modo alguno deja ver deslealtad o maniobras fraudulentas, sino que por el contrario sus razones son absolutamente fundadas. <\/p>\n

No puede, por tanto, calificarse como temeraria una conducta que lejos de evidenciar mala fe, refleja un proceder ejemplar en un ciudadano que a pesar de todos los obst\u00e1culos que ha encontrado a su paso para el reconocimiento de su derecho cierto e indiscutible, a\u00fan tiene confianza en las instituciones jur\u00eddicas y la demuestra por medio del ejercicio de su derecho de acci\u00f3n. <\/p>\n

Mucho menos puede ser temeraria una tutela que se interpuso con posterioridad al cambio de la doctrina de la Sala Laboral sobre la indexaci\u00f3n de la primera mesada, porque tal situaci\u00f3n constituye una circunstancia nueva que justifica la interposici\u00f3n del amparo. Tampoco puede haber mala fe de los promotores cuando las tutelas anteriores no le han resuelto su pretensi\u00f3n de fondo bajo el pretexto de una temeridad inexistente o la insatisfacci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad; es decir que si no ha obtenido una resoluci\u00f3n de m\u00e9rito sobre el derecho que reclama, es jur\u00eddicamente imposible que exista tal proceder. <\/p>\n

Tales razones se estiman suficientes para revocar la decisi\u00f3n proferida por el a quo y, en su lugar, adentrarse en el an\u00e1lisis de fondo de la garant\u00eda fundamental conculcada. <\/p>\n

2. Derecho fundamental a la indexaci\u00f3n de la primera mesada. <\/p>\n

La indexaci\u00f3n es un m\u00e9todo econ\u00f3mico que se usa para reajustar el valor de una suma de dinero por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda en virtud del fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en providencia de 8 de agosto de 1982, acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder de compra de las personas frente al fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. La misma Corporaci\u00f3n, en fallo de 15 de septiembre de 1992, reconoci\u00f3 expresamente que la indexaci\u00f3n proced\u00eda cuando transcurr\u00eda un tiempo considerable entre la fecha de desvinculaci\u00f3n del trabajador por cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, y la fecha en que tal prestaci\u00f3n se hac\u00eda exigible, toda vez que el \u00faltimo salario recibido no pod\u00eda ser tomado como base del ingreso de la liquidaci\u00f3n, debido a su evidente devaluaci\u00f3n. En similares t\u00e9rminos se dict\u00f3 la sentencia de 11 de diciembre de 1996. <\/p>\n

En fallo de 18 de agosto de 1999 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambi\u00f3 su jurisprudencia luego de estimar que la indexaci\u00f3n s\u00f3lo procede en los casos previstos por el legislador, es decir para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

Esta posici\u00f3n fue declarada contraria a los postulados constitucionales en sentencia SU-120 de 2003, la cual se sustent\u00f3, entre otros, en los principios de favorabilidad y efectividad de las garant\u00edas laborales. <\/p>\n

El derecho universal a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada, por su parte, fue reconocido en sede de control abstracto en los fallos C-826 y C-891A de 2006, al pronunciarse la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 171 de 1961 y 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n

En sentencia de 31 de julio de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estableci\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, seg\u00fan la cual la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se debe reconocer no solo a las pensiones de car\u00e1cter legal sino tambi\u00e9n a las de origen convencional. Sin embargo, limit\u00f3 ese derecho a las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n

Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificaci\u00f3n SU 1073 de 2012, reiter\u00f3 que el derecho a la indexaci\u00f3n cobija a todos los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho con anterioridad o con posterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991, pues no existe ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica para establecer una distinci\u00f3n odiosa y que afecta el derecho a la igualdad entre ambas clases de pensionados. En esa providencia se precis\u00f3 que tal derecho se hace exigible a partir del proferimiento de tal fallo (12 de diciembre de 2012), pues antes de esa fecha no exist\u00eda un criterio claro y unificado en torno al tema de la actualizaci\u00f3n de la base salarial, por lo que no se puede exigir al demandado el pago del retroactivo con anterioridad a ese momento. <\/p>\n

En fallo de 16 de octubre de 2013, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adopt\u00f3 una nueva postura doctrinal, en la que consider\u00f3 su orientaci\u00f3n al respecto, y retom\u00f3 su jurisprudencia anterior a 1999, en el sentido de aceptar que la indexaci\u00f3n de la primera mesada procede \u00abrespecto de todo tipo de pensiones, causadas a\u00fan con anterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991\u00bb. <\/p>\n

En la sentencia T-448 de 2013 se reiter\u00f3 que \u00abnegar el derecho a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada de un pensionado \u2013sin distinci\u00f3n del origen de la pensi\u00f3n\u2013 que consolid\u00f3 su derecho antes de la Constituci\u00f3n de 1991 o de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contrar\u00eda el mandato Superior del derecho a percibir una pensi\u00f3n m\u00ednima vital calculada teniendo en consideraci\u00f3n los fen\u00f3menos inflacionarios y la consecuente p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero. As\u00ed como tambi\u00e9n compromete los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.\u00bb <\/p>\n

Esta sentencia destac\u00f3, de igual modo, la obediencia que todas las autoridades deben al precedente de unificaci\u00f3n, de suerte que su desconocimiento implica una grave vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales: \u00abUna vez ha sido sentado por parte del respectivo m\u00e1ximo \u00f3rgano, no es dado que se realice una interpretaci\u00f3n distinta o alterada de la efectuada por la jurisprudencia de unificaci\u00f3n, en tanto que si en un caso dis\u00edmil se aceptara su aplicaci\u00f3n, se avalar\u00eda una relativizaci\u00f3n de lo dispuesto en el precedente mediante estructura de regla.\u00bb [Se subraya] <\/p>\n

Finalmente, la sentencia T-182 de 2014 retom\u00f3 en su integridad las razones en que se sustent\u00f3 el fallo de unificaci\u00f3n SU-1073\/12 para reconocer el derecho universal a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, el cual \u2013asever\u00f3\u2013 \u00abes predicable de todas las personas pensionadas y, por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situaci\u00f3n y, por tanto, deben recibir igual tratamiento.\u00bb <\/p>\n

Esta \u00faltima providencia enfatiz\u00f3, de igual manera, la regla contenida en la sentencia SU-1073\/12 con relaci\u00f3n a que \u00abpese al car\u00e1cter universal del derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1994, hace que s\u00f3lo a partir de esta decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n se genere un derecho cierto y exigible\u00bb. (Negrilla en el texto original) <\/p>\n

3. El caso concreto <\/p>\n

Bajo las anteriores orientaciones jurisprudenciales, es indudable que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por los actores, lo que torna necesaria la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional a fin de remediar la violaci\u00f3n cometida por esa entidad. <\/p>\n

En efecto, la mencionada autoridad no advirti\u00f3 que el fen\u00f3meno inflacionario es un hecho econ\u00f3mico que afecta a todos los habitantes del territorio nacional, cuyas repercusiones se hacen sentir en la devaluaci\u00f3n que sufre el dinero, con independencia de su origen y con total autonom\u00eda de las relaciones jur\u00eddicas que ordenan el pago de prestaciones dinerarias. <\/p>\n

Por ello, el ajuste del valor de la moneda es una situaci\u00f3n que debe reconocerse en virtud de los principios de justicia y equidad, pues lo contrario supondr\u00eda obligar a las personas a que reciban una suma de dinero nominal muy inferior a la que realmente les fue reconocida. De ah\u00ed que todos los pensionados tengan derecho al reajuste de su mesada, sin importar la naturaleza de su prestaci\u00f3n ni la fecha en que les fue declarado el derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n

Esta garant\u00eda, que posee el car\u00e1cter de universal, no es objeto de dudas en la actualidad, por lo que tiene el car\u00e1cter de cierto, tal como fuera reconocido en las sentencias SU-120 de 2003; T-663 de 2003; T-1169 de 2003; T-805 de 2004; T-815 de 2004; T-098 de 2005; C-862 de 2006; C-891A de 2006T-045 de 2007; T-390 de 2009; T-447 de 2009; T-362 de 2010; T-1096 de 2012; SU-1073 de 2012; T-448 de 2013 y T-182 de 2014. <\/p>\n

La sentencia proferida por el Juzgado, en suma, desconoci\u00f3 la jurisprudencia laboral y constitucional, as\u00ed como los principios de justicia, equidad, e interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador, al tiempo que pas\u00f3 por alto que los demandantes son individuos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, como quiera que se trata de adultos mayores, cuyo m\u00ednimo vital se encuentra seriamente afectado por la negaci\u00f3n de su derecho. <\/p>\n

Resta precisar que en virtud del criterio de sostenibilidad financiera consagrado en el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005), y a fin de garantizar el principio de seguridad jur\u00eddica, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n del reajuste atrasado no puede contabilizarse desde que el pensionado realiz\u00f3 la reclamaci\u00f3n administrativa (21 de abril de 2004), puesto que para esa fecha no hab\u00eda certeza jur\u00eddica del derecho reclamado, tal como lo sostuvo la sentencia SU-1073 de 2012 al aclarar que \u00abser\u00eda desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto\u00bb. <\/p>\n

Con base en ese criterio, la Corte Constitucional en la aludida providencia realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n \u00abno sobre la existencia misma de la prescripci\u00f3n, sino sobre la manera de contabilizarla\u00bb. [Folio 112 del fallo) <\/p>\n

Desde luego que por v\u00eda de tutela no es posible declarar la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas, pero s\u00ed es posible -en acatamiento de los par\u00e1metros realizados por la jurisprudencia- concluir que el t\u00e9rmino prescriptivo previsto en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u00bb. <\/p>\n

La prestaci\u00f3n, por tanto, es exigible desde el 12 de diciembre de 2012, dado que s\u00f3lo a partir de esa decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n se gener\u00f3 un derecho cierto e indiscutible, cesando desde ese momento toda divergencia interpretativa respecto a la procedencia de la indexaci\u00f3n de la primera mesada en las pensiones causadas con anterioridad a 1991. Para lo pertinente deber\u00e1 tenerse en cuenta la doctrina constitucional prevista en las sentencias SU-1073 de 2012, T-448 de 2013 y T-182 de 2014. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, necesario se torna dejar sin efecto la providencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena el 28 de abril de 2006, \u00fanicamente en lo que respecta a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional de los accionantes, y en su lugar se ordenara al referido despacho judicial que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince d\u00edas, proceda a emitir una nueva providencia en la que, atendiendo el an\u00e1lisis jurisprudencial contenido en esta providencia, reconozca la indexaci\u00f3n de las mesadas pensionales de los promotores del amparo. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de tutela que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

SEGUNDO. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el m\u00ednimo vital de los ciudadanos Eduardo Le\u00f3n Ortiz Hern\u00e1ndez, Manuel Osuna Ruiz, William Emilio Tirado Lastra y Sebasti\u00e1n Vivanco Arnedo. <\/p>\n

TERCERO. DEJAR SIN EFECTO el fallo de 28 de abril de 2006 proferido por el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Cartagena, dentro del proceso ordinario que fue objeto de la presente tutela. <\/p>\n

CUARTO. ORDENAR al mencionado estrado judicial, que dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte una nueva sentencia que resuelva la controversia jur\u00eddica que fue materia de esta acci\u00f3n, con sustento en la jurisprudencia nacional vigente en materia de indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas sobre sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones. Para lo pertinente, deber\u00e1 tenerse en cuenta la doctrina constitucional prevista en las sentencias SU-1073 de 2012, T-448 de 2013 y T-182 de 2014. <\/p>\n

QUINTO. COMUN\u00cdQUESE lo aqu\u00ed resuelto a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, y a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a todos los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC15534-2018 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-30-000-2018-00035-02 (Aprobado en Sala de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). I. ANTECEDENTES A. La pretensi\u00f3n Los accionantes solicitaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, igualdad, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}