{"id":102004,"date":"2026-07-01T21:15:02","date_gmt":"2026-07-01T21:15:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102004"},"modified":"2026-07-01T21:15:02","modified_gmt":"2026-07-01T21:15:02","slug":"stc15536-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15536-2018\/","title":{"rendered":"STC15536-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15536-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01248-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de septiembre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo Garc\u00eda L\u00f3pez contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abprincipio de autonom\u00eda funcional\u00bb, a la igualdad, a la administraci\u00f3n de justicia, al trabajo, a la honra y al buen nombre, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias al interior del juicio disciplinario que fue seguido en su contra. <\/p>\n

Solicita, entonces, que se declare la \u00abnulidad del proceso disciplinario n\u00famero 25000110200020130037500 que en [su] contra sigui\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y en segunda instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por desconocimiento de garant\u00edas fundamentales, vulneraci\u00f3n de principios de rango constitucional e irrespeto de los derechos humanos del disciplinado\u00bb (fl. 1 a 18). <\/p>\n

2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, que en virtud de la queja presentada por quien para dicha \u00e9poca fung\u00eda como Presidente del Consejo Nacional Electoral, se inici\u00f3 en su contra proceso disciplinario por las presuntas irregularidades en las que incurri\u00f3 en calidad de Juez Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Juli\u00e1n Silva Meche en contra de tal instituci\u00f3n. <\/p>\n

Refiere que mediante auto del 11 de abril de 2013, la Sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca decret\u00f3 la apertura de la investigaci\u00f3n, por lo que el d\u00eda 15 de ese mismo mes y a\u00f1o fue suspendido provisionalmente de su cargo, decisi\u00f3n que atacada verticalmente, fue confirmada por el ad quem.
\nComenta que en la etapa de pruebas, el a quo \u00abdecret\u00f3 las que estim\u00f3 conducentes, y neg\u00f3 de plano, por impertinente y superflua, la documental que en su momento pidi\u00f3 el abogado de la defensa\u00bb, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n fue mantenida en sede de apelaci\u00f3n; que agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 23 de abril de 2015 la Sala Disciplinaria de primer grado lo sancion\u00f3 con destituci\u00f3n e inhabilidad general por el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os, decisi\u00f3n que fue ratificada por el la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la alzada propuesta. <\/p>\n

Indica que actualmente \u00abejer[ce] la docencia como catedr\u00e1tico de la facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca \u2013Universidad P\u00fablica-, en donde llev[a] regentando la c\u00e1tedra continuamente en el \u00e1rea de derecho procesal, durante casi 15 a\u00f1os \u2013continuidad \u00e9sta que est\u00e1 en riesgo ante la ejecutoria de la sentencia sancionatoria de segunda instancia; tambi\u00e9n, en algunas ocasiones, restringidamente ha ejercido como abogado litigante, pues la sanci\u00f3n impuesta [le] ha causado estados depresivos, y falta de motivaci\u00f3n para laborar, situaci\u00f3n que fue agravada por la creencia equ\u00edvoca de algunos jueces que [se] encuentr[a] inhabilitado para ejercer la profesi\u00f3n\u00bb, situaci\u00f3n \u00e9sta por la que acude a la presente v\u00eda excepcional, por no contar con otro medio de defensa judicial para salvaguardar las garant\u00edas fundamentales invocadas (fls. 1 a 18, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La \tPresidenta \tde la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la \tJudicatura de Cundinamarca, pidi\u00f3 denegar el amparo \tinquirido, pues \u00abpuede \tv\u00e1lidamente predicarse que las providencias aludidas por las \tque a la postre se interpuso la acci\u00f3n de tutela fueron \tdebidamente sustentadas, garantistas de los derechos tanto de los \tsujetos intervinientes como de los quejosos y por contera del debido \tproceso\u00bb \t(fls. \t1 a 7, cdno. 1, tomo 2). <\/p>\n

b.)\tA su turno, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se limit\u00f3 a narrar el tr\u00e1mite suscitado con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que resolvi\u00f3 frente a la sentencia sancionatoria adiada 23 de abril de 2015, y a indicar que el fallo de segundo grado pronunciado el 22 de marzo de los corrientes, fue debidamente notificado al quejoso (fls. 25 a 30, ejusdem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir, en lo fundamental, que se constat\u00f3 que \u00ablas autoridades accionadas dieron las oportunidades para la defensa y contradicci\u00f3n del se\u00f1or Jhon Garc\u00eda, inclusive en el fallo de segunda instancia se analizaron algunas actuaciones fundamentales que dan cuenta de que se dieron las oportunidades procesales de manera oportuna como son: la presentaci\u00f3n de alegatos y la presentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. En el fallo de segunda instancia fueron revisados los argumentos formulados, encontrando que lo procedente era confirmar la decisi\u00f3n adoptada\u00bb, por lo que concluy\u00f3, que frente a \u00abla decisi\u00f3n proferida mayoritariamente el 22 de marzo de 2018 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no se configuran los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad endilgados por el accionante, por lo que se descarta que estas providencias tengan visos de arbitrariedad o fundamento inconstitucional, que ser\u00edan las condiciones fundamentales para que el Juez de tutela pueda intervenir\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n puso de presente, que en lo que tiene que ver con la supuesta falta de competencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca para conocer del proceso disciplinario en comento, pues en sentir del accionante, correspond\u00eda era a la Seccional de Bogot\u00e1, ning\u00fan reparo cabe al respecto, comoquiera que \u00abdicha modificaci\u00f3n encuentra justificaci\u00f3n por la carga laboral que ten\u00eda la Seccional de [esta capital] y por ende, pod\u00eda d\u00e1rsele un tr\u00e1mite m\u00e1s eficiente y con celeridad en la Sala Seccional de Cundinamarca; el cambio aludido no se evidencia caprichoso ni arbitrario, sino se hace para un manejo oportuno del proceso de reorganizaci\u00f3n interna de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus Seccionales\u00bb (fls. 157 a 173, cdno. 1, tomo. 2). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, tras se\u00f1alar similares argumentos a los enlistados en la demanda inicial (fl. 178 a190 anverso, ejusdem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTrat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se advierte, que el accionante se duele, concretamente, de las sentencias dictadas en ambas instancias al interior del proceso donde result\u00f3 sancionado disciplinariamente. <\/p>\n

3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\tEl Presidente del Consejo Nacional Electoral formul\u00f3 denuncia disciplinaria en contra de Jhon Jairo Garc\u00eda L\u00f3pez, aqu\u00ed interesado, con sustento en que \u00e9ste, en calidad de Juez Cuarenta y Cinco Civil Municipal de esta urbe, en tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela declar\u00f3 la nulidad de las Resoluciones Nos. 1159 y 2319 de 2010, mediante las cuales dicha entidad declar\u00f3 la p\u00e9rdida de personer\u00eda jur\u00eddica del Movimiento Apertura Liberal, pese a la improcedencia y temeridad de la acci\u00f3n. <\/p>\n

3.2.\t Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en prove\u00eddo del 23 de abril de 2015 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sancion\u00f3 al prenombrado profesional con \u00absuspensi\u00f3n de diez (10) a\u00f1os en el ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, tras hallarlo responsable del incumplimiento del deber establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n

3.3.\t Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el aqu\u00ed accionante la atac\u00f3 a trav\u00e9s de recurso vertical, mecanismo que result\u00f3 desfavorable a sus intereses, pues en fallo del 22 de marzo del a\u00f1o en curso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la ratific\u00f3 \u00edntegramente, luego de advertir, acerca del amparo por el que result\u00f3 investigado y procesado, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abes evidente que el [all\u00e1] accionante no acudi\u00f3 a las v\u00edas ordinarias con las cuales contaba, esto es la acci\u00f3n electoral, dej\u00f3 precluir el t\u00e9rmino para oponerse a la decisi\u00f3n emanada en esas Resoluciones, por lo tanto no pod\u00eda revivir un debate clausurado que por su propia incuria no logr\u00f3 cumplir a trav\u00e9s del amparo constitucional consagrado en el art\u00edculo 86, sin que se evidenciara el acaecimiento del perjuicio irremediable o se aport\u00f3 las actuaciones ante la jurisdicci\u00f3n de la especialidad. <\/p>\n

Claramente, el Juez 45 Civil Municipal, al conocer de la acci\u00f3n de tutela, no realiz\u00f3 el test de procedibilidad, hizo caso omiso a la inmediatez, pues las Resoluciones se profirieron en 2010, y entr\u00f3 a resolver sobre los hechos en el 2013, transcurri\u00f3 un intervalo de tiempo considerable, motivaba sus pretensiones en una necesidad de participar en los comicios de 2014, advirti\u00f3 el hecho de haber acudido con antelaci\u00f3n ante el juez de tutela con identidad de hechos y pretensiones, siendo una notable actitud desde\u00f1osa de desconocer los mandatos establecidos por los operadores judiciales en la primigenia acci\u00f3n interpuesta ante los Jueces Penales de Villavicencio.
\n(\u2026) <\/p>\n

\u00abcomo si fuera poco, el juez investigado, no vincul\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela a los terceros interesados en la misma. Nulit\u00f3 Resoluciones, mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral declar\u00f3 la p\u00e9rdida de personer\u00eda jur\u00eddica de dicho Movimiento, sin notificar a los dem\u00e1s partidos pol\u00edticos, que con la Resoluci\u00f3n 1659 de 2010, le hab\u00eda sido otorgada la personer\u00eda jur\u00eddica y por el fallo proferido por \u00e9l la perder\u00edan\u00bb. <\/p>\n

Por lo que concluy\u00f3, que <\/p>\n

\u00abla conducta fue grav\u00edsima dolosa de acuerdo con lo prescrito en el art\u00edculo 43 de la Ley 734 de 2002, lo cual se evidenci\u00f3 en la decisi\u00f3n sin fundamento tomada por el funcionario judicial. Interpret\u00f3 de forma subjetiva pronunciamientos jurisprudenciales de la corte Constitucional, desconoci\u00f3 las estipulaciones realizadas por los jueces penales Villavicencio, no aplic\u00f3 los lineamientos sobre el test de procedibilidad y no vincul\u00f3 los terceros que pod\u00edan verse afectados verse afectados con la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y una vez determinada la responsabilidad disciplinaria del letrado, la autoridad judicial criticada procedi\u00f3 a determinar la sanci\u00f3n a imponer, para lo cual apreci\u00f3 que \u00e9sta: <\/p>\n

\u00abobedeci\u00f3 a lo contenido en el art\u00edculo 46 de la Ley 734 de 2002, en relaci\u00f3n con la inhabilidad general, la cual ser\u00e1 de diez (10) a\u00f1os a veinte (20) a\u00f1os, aplicando los par\u00e1metros de graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n conforme al numeral 1\u00aa del art\u00edculo 47 de dicha Ley. As\u00ed, la destituci\u00f3n e inhabilidad general por el termino de 10 a\u00f1os, obedeci\u00f3 al m\u00ednimo de la sanci\u00f3n a imponer, pues no se estructur\u00f3 causal alguna de eximente de responsabilidad, tales como el caso fortuito o fuerza mayor, estricto cumplimiento de un deber legal, cumplimiento de una orden leg\u00edtima de autoridad, por salvar derecho propio o ajeno, insuperable coacci\u00f3n ajena, error insuperable inimputabilidad\u00bb (fls. 41 a 91, Cit.). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior, para la Corte la providencia recurrida habr\u00e1 de ser mantenida, si en cuenta se tiene que ning\u00fan proceder desmedido o arbitrario se aprecia en los fallos dictados por las sedes judiciales convocadas al interior del proceso disciplinario objeto de debate, lo que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el presente asunto, dado que la simple diferencia que expone el accionante no es raz\u00f3n suficiente que permita la intervenci\u00f3n excepcional de \u00e9ste para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n

Y es que para imponer la sanci\u00f3n disciplinaria al profesional del derecho Jhon Jairo Garc\u00eda L\u00f3pez, gestor del amparo, por haber incumplido con el deber establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, las Colegiaturas accionadas consideraron, en lo fundamental, que no existi\u00f3 justificaci\u00f3n alguna ni raz\u00f3n v\u00e1lida que explique la decisi\u00f3n que \u00e9ste tom\u00f3 en sede de tutela pasando por alto todos los precedentes jurisprudenciales que sobre la materia existen, a m\u00e1s de interferir en un campo en el que solo excepcionalmente le est\u00e1 permitido interferir al juez constitucional, esto es, cuando es flagrante la vulneraci\u00f3n del tutelante, y cuando se cumplen con los presupuestos de la procedibilidad del amparo. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, no cabe duda acerca de la improcedencia de la presente solicitud de protecci\u00f3n, dado que, como qued\u00f3 visto, las autoridades criticadas realizaron un an\u00e1lisis del asunto suficiente y razonable, soportando lo resuelto en argumentos que merecen el respeto del juzgador constitucional, ante la independencia y autonom\u00eda que otorga el ordenamiento jur\u00eddico a la labor jurisdiccional, pues como de tiempo atr\u00e1s lo ha precisado la Sala, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, STC1385-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb, y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

6.\tLas razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el fallo confutado debe mantenerse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nMAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01248-02 <\/p>\n

Con el acostumbrado respeto, si bien comparto la decisi\u00f3n de la Sala en los aspectos relacionados con el fondo del asunto en el sentido de no tutelar los derechos reclamados por el accionante, considero oportuno hacer aclaraci\u00f3n a la decisi\u00f3n mayoritaria adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente. <\/p>\n

1. Este asunto tr\u00e1tese de la impugnaci\u00f3n de la sentencia adiada 25 de septiembre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo planteado por Jhon Jairo Garc\u00eda L\u00f3pez contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. <\/p>\n

2. Mi aclaraci\u00f3n obedece a que en la providencia que desat\u00f3 la segunda instancia en sede constitucional si bien no se examin\u00f3 el tema de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de las acciones de tutelas instauradas contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es necesario precisar algunos aspectos sobre el particular, dado que constituye un examen que debe abordarse incluso oficiosamente en cada caso. <\/p>\n

4. Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la regla de reparto del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente lo concerniente a las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dado que esta es la \u00fanica que actualmente lo conforma, la cual no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con la expedici\u00f3n del acto legislativo 02 de 2015. <\/p>\n

5. De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del acto legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

6. Luego, no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

7. No obstante, la Corte Constitucional ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque en primera y segunda instancia el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto que esta \u00faltima de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo No. 12 de mayo 31 de 1994), todo asunto, incluido las acciones de tutela, viene siendo conocido por la Sala en pleno, lo que excluye la posibilidad del surtimiento de la segunda instancia, al no existir secciones o salas dentro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

8. Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de reparto, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que si era viable estudiar y decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado proferida por la hom\u00f3loga penal, con base en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s para garantizar los principios de la doble instancia, la celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos aclaro mi voto. <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMAGISTRADA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15536-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01248-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de septiembre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102004\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}