{"id":102011,"date":"2026-07-01T21:16:46","date_gmt":"2026-07-01T21:16:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102011"},"modified":"2026-07-01T21:16:46","modified_gmt":"2026-07-01T21:16:46","slug":"stc15568-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15568-2018\/","title":{"rendered":"STC15568-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC15568-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03512-00
\n(Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Galeano de D\u00edaz, Dolores y Manuel Mar\u00eda D\u00edaz Galeano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el juicio verbal de responsabilidad civil extracontractual radicado n\u00ba 2013-00258. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tA trav\u00e9s de apoderado, los solicitantes invocan la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n

2.\tSe extracta del escrito inicial y anexos, que los aqu\u00ed accionantes promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Luis Armando Meneses Gonz\u00e1lez, Jorge Luis Perdomo Aranda, la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. y la compa\u00f1\u00eda Mapfre Seguros Generales S.A., por el fallecimiento en accidente de tr\u00e1nsito de Alexander D\u00edaz Galeano. <\/p>\n

El asunto lo conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, que en decisi\u00f3n de 16 de julio de 2017 declar\u00f3 civilmente responsables a los demandados Luis Armando Meneses Gonz\u00e1lez y Jorge Luis Perdomo Aranda, exonerando a la empresa Terpel S.A. y a la aseguradora, as\u00ed mismo, fij\u00f3 perjuicios materiales por la suma de $89\u2019198.944,oo., y por morales $60\u2019.000.000., ello en favor de Mar\u00eda del Carmen Galeano de D\u00edaz madre del occiso, y por el mismo concepto de a $20\u2019000.000., a cada uno de los hermanos acreditados. <\/p>\n

Esa determinaci\u00f3n la apelaron espec\u00edficamente frente al punto que resolvi\u00f3 desligar a la organizaci\u00f3n Terpel S.A. de la responsabilidad. <\/p>\n

El Tribunal Superior, Sala Civil Familia, en fallo de 17 de julio pasado, decidi\u00f3 acceder a la pretensi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, es decir, la de vincular a Terpel como responsable del siniestro, sin embargo, \u00abfue m\u00e1s all\u00e1, en el sentido de desmejorar las pretensiones de la demanda\u00bb, pues al auscultar la tasaci\u00f3n de los perjuicios, dispuso su modificaci\u00f3n, y en su lugar estableci\u00f3 que solo proced\u00eda el pago de perjuicios morales, en cantidad de $40\u2019000.000., para la madre y de a $10\u2019000.000., por cada hermano del fallecido. <\/p>\n

Alegan los tutelantes que esa resoluci\u00f3n \u00abquebrant\u00f3 la seguridad jur\u00eddica\u00bb y en concreto desconoci\u00f3 el principio de non reformatio in pejus, puesto que desmejor\u00f3 sustancialmente su situaci\u00f3n pese a ser apelantes \u00fanicos del fallo de primera instancia, y adem\u00e1s, resolvi\u00f3 sobre puntos que no fueron objeto del recurso. <\/p>\n

Aseguran que la sentencia no pod\u00eda \u00abfallar sobre ning\u00fan asunto que no les haya sido propuesto, de suerte que cuando la apelaci\u00f3n ha sido puntual (\u2026) los dem\u00e1s aspectos de la sentencia, esto es, los que no fueron objetos del recurso, adquieren la autoridad de cosa juzgada (\u2026) el tribunal solo pod[\u00eda] reformar la sentencia impugnada dentro de los l\u00edmites en que se impugn\u00f3; si fue atacada en su integridad, totalmente s\u00ed procede; si se objet\u00f3 parcialmente, los poderes del tribunal quedan restringidos en la misma medida\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, piden \u00ab(\u2026) revocar los numerales tercero y cuarto de la segunda instancia, declarando que no hay lugar a modificar los da\u00f1os reconocidos por el Juez Segundo Civil del Circuito de Cali\u00bb (fls. 1 a 16). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1.\tEl magistrado del Tribunal de Cali que actu\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n cuestionada dijo que \u00abuna vez se abri\u00f3 paso el reclamo de la apelante respecto de la responsabilidad atribuida a la demandada Organizaci\u00f3n Terpel S.A. era del caso proceder a resolver sobre las excepciones y llamamiento en garant\u00eda que en su momento tal extremo plante\u00f3 frente a las pretensiones de la demanda, de donde en los numerales 5, 6 y 7 del fallo, el Tribunal se ocup\u00f3 de su pertinente an\u00e1lisis, que indefectiblemente conllev\u00f3 a hacer las modificaciones de la sentencia apelada, que resultaron indispensables acorde con la situaci\u00f3n procesal advertida\u00bb (f. 86). <\/p>\n

2.\tEl apoderado de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. se opuso al amparo porque se respet\u00f3 el rito legal y no se afect\u00f3 el principio de la non reformatio in pejus; agreg\u00f3 que al analizar la responsabilidad que la parte actora pretend\u00eda atribuir a la compa\u00f1\u00eda que representa y a la aseguradora, \u00abel Tribunal indefectiblemente deb\u00eda analizar los medios exceptivos formulados por aquellas\u00bb (ff. 88 a 91). <\/p>\n

3.\tEl Juez Segundo Civil del Circuito de Cali, expuso que el 18 de junio de 2017 dict\u00f3 sentencia dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual adelantado por los aqu\u00ed querellantes, decisi\u00f3n que fue revocada y modificada \u00aben algunos puntos\u00bb por el Tribunal Superior que resolvi\u00f3 \u00abdeclarar tambi\u00e9n responsable a Terpel S.A., [y] modificar los valores asignados como condena\u00bb, consecuencia de ello dict\u00f3 auto de \u00abobed\u00e9zcase y c\u00famplase de fecha 25 de octubre de 2018\u00bb; refiri\u00f3 que en el asunto se encuentra pendiente de fijar agencias en derecho (fl. 117). <\/p>\n

4.\tEl apoderado general de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., objet\u00f3 la tutela, aduciendo que no puede utilizarse como una instancia adicional \u00aba la que puedan recurrir las partes que resultan vencidas en un proceso judicial\u00bb, adicionalmente indic\u00f3 que \u00abel hecho de que la parte demandante no est\u00e9 de acuerdo con el monto por el que se profiri\u00f3 la condena no enmarca el asunto dentro de las causales establecidas para que fuere procedente la tutela\u00bb (fls. 158 a 161). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali vulner\u00f3 la garant\u00eda reclamada por los actores, al proferir la sentencia de 17 de julio de 2018, mediante la cual, al revocar la de origen, tas\u00f3 nuevamente los perjuicios decretados rebajando su cuant\u00eda, y de esa manera, supuestamente, desconoci\u00f3 el principio de non reformatio in pejus por desmejorar su situaci\u00f3n como apelantes \u00fanicos. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tDe la providencia cuestionada. <\/p>\n

Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del Tribunal, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado, as\u00ed como de los medios probatorios allegados al plenario, los que llevaron a establecer que a la empresa de hidrocarburos s\u00ed le incumbe responder por los hechos, en consideraci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual que la ligaba al propietario del veh\u00edculo involucrado, seg\u00fan se dedujo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la jurisprudencia ha venido sosteniendo que se encuentra en obligaci\u00f3n de responder por los da\u00f1os causados con los bienes quien ejerce el control sobre los mismos, as\u00ed como actos de se\u00f1or\u00edo, us\u00e1ndolos, goz\u00e1ndolos, disfrut\u00e1ndolos, y percibiendo el provecho econ\u00f3mico o de servicios que estos reportan, de donde se tiene, que el resarcimiento que se enrostra debe abarcarlo quien ejerce la guarda sobre los bienes, sea o no el propietario de los mismos al momento del accidente; distinto es, que a partir de la propiedad, sea l\u00f3gico presumir que la guarda recae sobre el due\u00f1o, por ser quien ejerce el derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, recogi\u00f3 un precedente de esta Corporaci\u00f3n que indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) \u201cen la responsabilidad civil por actividades peligrosas de que trata el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, dentro de la cual se enmarca la conducci\u00f3n de autom\u00f3viles, esa especie de responsabilidad recae sobre quien al momento de ocurrir el evento da\u00f1oso tiene el car\u00e1cter de guardi\u00e1n, es decir, quien tiene un poder de mando sobre la cosa, o en otros t\u00e9rminos, su direcci\u00f3n, manejo y control, sea o no due\u00f1o, pues esta responsabilidad se predica de quien tiene la guarda material, no jur\u00eddica, del bien causante del perjuicio, situaci\u00f3n de hecho que no se da en este caso por cuanto, como lo dijo el Tribunal, \u201cninguno de los agentes (de la demandada) fue autor del da\u00f1o\u201d lo que excluye su responsabilidad, adem\u00e1s de no haberse demostrado tampoco que al momento de realizarse el da\u00f1o, tuviera alg\u00fan provecho econ\u00f3mico sobre la cosa, otro de los eventos de imputaci\u00f3n de aquella responsabilidad. Adem\u00e1s, si bien es cierto que la calidad en cuesti\u00f3n, esto es, la de guardi\u00e1n de la actividad peligrosa y la consecuente responsabilidad que de ella emerge, se presumen, en principio, en el propietario de las cosas con las cuales se despliega, esta presunci\u00f3n admite prueba en contrario (\u2026) Es decir, \u201cla responsabilidad del due\u00f1o por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de guardi\u00e1n que de ellas pres\u00famese tener\u201d, presunci\u00f3n que desde luego puede destruir\u201d si demuestra que transfiri\u00f3 a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t\u00edtulo jur\u00eddico (\u2026) o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada\u201d, por lo que, tambi\u00e9n pueden estar llamados a responder \u201clos poseedores materiales y los tenedores leg\u00edtimos de la cosa con facultad de uso, goce y dem\u00e1s, cual ocurre con los arrendatario comodatario, administradores, acreedores con tenencia anticr\u00e9tica, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios) (CSJ Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 22 de noviembre de 2011. Ref. 2000-00899-01)\u201d. <\/p>\n

Hecha esa precisi\u00f3n, compendi\u00f3 los razonamientos del a quo sobre el punto: <\/p>\n

A partir de ello, sostuvo: \u00abEl Tribunal no comparte la hermen\u00e9utica desplegada por el juzgador de primer nivel, en la medida que el an\u00e1lisis del contenido del documento denominado \u201coferta mercantil\u201d refleja una realidad diferente. En efecto, se ha de partir de la naturaleza jur\u00eddica de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., en la forma consignada en dicho instrumento, esto es, la de una \u201csociedad habilitada para prestar el servicio p\u00fablico de transporte de carga conforme la resoluci\u00f3n n\u00ba 715 de 16 de mayo de 2005 expedida por el Ministerio de Transporte\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, al auscultar las condiciones pactadas en el contrato apreci\u00f3: <\/p>\n

\u00abEl objeto de la \u201cOferta mercantil n\u00ba OT-248-2007\u201d es el transporte de combustible a nivel nacional desde cualquier planta origen definida por la Organizaci\u00f3n Terpel, hasta la estaci\u00f3n de servicios propia o afiliada y\/o cliente de industria determinado (\u2026) y si bien la cl\u00e1usula primera se lee \u201cel transportador se obliga para con Terpel a ejecutar con sus propios medios, veh\u00edculos, equipos y personal en forma independiente y con plena autonom\u00eda t\u00e9cnico administrativa por su cuenta y riesgo\u2026el transporte de combustible\u201d, las cl\u00e1usulas subsiguientes se encargan de desvirtuar de manera categ\u00f3rica la anunciada autonom\u00eda (…) al dejar en manos de Terpel el se\u00f1alamiento minucioso, riguroso y estricto de la forma en que el transportador se encuentra obligado a prestar sus servicios (\u2026). <\/p>\n

De manera particular llama la atenci\u00f3n el contenido de las cl\u00e1usulas segunda (actividades adicionales) y vig\u00e9sima segunda (obligaciones especiales del transportador). La primera impone al transportador entre otras actividades, afiliar los veh\u00edculos al sistema satelital GPS definido por la organizaci\u00f3n, se\u00f1alando a la empresa Tracker de Colombia S.A., como el \u00fanico proveedor autorizado para el monitoreo satelital de los veh\u00edculos (\u2026). <\/p>\n

Diciente tambi\u00e9n, el contenido de los siguientes numerales de esta cl\u00e1usula, en donde el transportador se compromete a: <\/p>\n

(\u2026) 7. Consumir productos lubricantes Terpel m\u00ednimo en el 90% de su flota propia, en las EDS autorizadas (\u2026) 13. Los tanques deber\u00e1n contar en la parte lateral con el logotipo de la organizaci\u00f3n Terpel S.A., seg\u00fan las especificaciones (\u2026) y los conductores (\u2026) deber\u00e1n contar con uniforme de camisa, pantal\u00f3n y botas homologable al uniforme de la organizaci\u00f3n Terpel (\u2026) todo el personal que el transportador ocupe en la realizaci\u00f3n de los servicios, no tendr\u00e1 vinculaci\u00f3n alguna laboral con Terpel, pero \u00e9sta podr\u00e1 exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio, no re\u00fana las calificaciones para el desempe\u00f1o de su oficio o que considere perjudicial para los intereses de la presente oferta (\u2026). <\/p>\n

A partir de esas exigencias contractuales se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abMuy a pesar de semejantes disposiciones contractuales, el juzgador desconoci\u00f3 la indiscutible de la demandada Organizaci\u00f3n Terpel S.A., frente al rodante con el cual el se\u00f1or Jorge Luis Perdomo Aranda prestaba sus servicios como transportador, para el desarrollo del objeto social de aquella, y por ende la llamada por nuestra jurisprudencia patria noci\u00f3n te\u00f3rica compartida de \u201cguarda compartida\u201d, seg\u00fan la cual, en el ejercicio de actividades peligrosas no es extra\u00f1a la concurrencia de varias personas que, desde diversos \u00e1ngulos y atenci\u00f3n a sus propios intereses o beneficios, pueden ejercer al tiempo y a su manera la direcci\u00f3n o control efectivo de aquellas y que a todas luces les impone el deber jur\u00eddico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, circunstancia que lleva a concluir que la citada Organizaci\u00f3n, a pesar de suscribir la oferta mencionada, no permaneci\u00f3 apartada ni indiferente al desempe\u00f1o, funcionamiento y control de la actividad peligrosa desplegada por el automotor citado, lo que por fuerza ha de entenderse asumida por esta entidad en cuanto y en tanto obten\u00eda de esa actividad lucro o provecho econ\u00f3mico evidente. <\/p>\n

No de otra forma se explica c\u00f3mo es que al formular llamamiento en garant\u00eda a Mapfre Seguros, refiri\u00f3 como prueba documental junto con las copias de las correspondientes p\u00f3lizas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Y concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00abEl alto grado de injerencia de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., en el desarrollo de la actividad desplegada por el codemandado (\u2026) propietario del veh\u00edculo con el cual se caus\u00f3 da\u00f1o, contrario a lo concluido por el a quo, pone de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribuci\u00f3n de responsabilidad que no le era dable desconocer bajo la simple consideraci\u00f3n de ser meras exigencias para el adecuado transporte de combustibles o que el accidente no se produjo por la naturaleza de la carga transportada, de donde por contera es posible imputarle la correspondiente obligaci\u00f3n resarcitoria junto con la del transportador y conductor en la forma deducida por el juez de primera instancia, cuyos t\u00e9rminos no fueron objeto de reparo\u00bb <\/p>\n

Luego, no obstante que el recurso se circunscribi\u00f3 al tema de la responsabilidad de Terpel en los hechos, en el ac\u00e1pite 6\u00ba de la decisi\u00f3n, el Tribunal abord\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abcarencia de prueba del supuesto perjuicio\u00bb planteada por la empresa al contestar la demanda, frente a la cual coligi\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) de cara a la pretensi\u00f3n de perjuicios y siguiente las reglas generales de la carga de la prueba, incumbe a quien ejercita esta pretensi\u00f3n resarcitoria, el demostrar plenamente la existencia del da\u00f1o irrogado as\u00ed como su cuant\u00eda. T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, que la equidad como instrumento para cuantificar monetariamente la indemnizaci\u00f3n, es inservible en cuanto a la existencia del perjuicio, que en todo caso debe ser establecido por cualquiera de los medios probatorios. <\/p>\n

Desde luego que a voces de la Corte Suprema de Justicia \u201csolo corresponde indemnizar el da\u00f1o que se presente como consecuencia de la culpa porque entiende que si el da\u00f1o no aparece real y efectivamente causado, sino apenas como una posibilidad de producirse, no entre en el concepto jur\u00eddico del da\u00f1o indemnizable (Casaci\u00f3n Civil del 10 de mayo de 1977 G.J. p\u00e1g.120); y del otro, porque tambi\u00e9n ha estimado la necesidad de que, como regla general, todo da\u00f1o concreto deba encontrarse debidamente comprobado en los aspectos que lo estructuran (naturaleza, extensi\u00f3n, etc.) y su reparaci\u00f3n (forma, cantidad, etc.) por los medios probatorios establecidos por la ley (sentencia 282 de 8 de agosto de 1988). Todo lo cual permite concluir que los funcionarios judicial carecen de la potestad para el establecimiento libre de la responsabilidad mencionada sin sujeci\u00f3n o con posibilidad de desatenci\u00f3n de las normas positivas, sino que, por el contrario, a ellas se encuentran sometidos y solo por conducto y no por fuera de ellas, debe buscarse la justicia que reclama el caso debatido\u00bb <\/p>\n

Conforme lo anterior, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios predicable en materia de responsabilidad civil extracontractual sigue la regla general, esto es, que el perjuicio solo es indemnizable en la medida de su comparaci\u00f3n (sent. De 12 de julio de 1993)\u201d.\u00bb <\/p>\n

As\u00ed entonces, al revisar ese aspecto y lo probado en el juicio dedujo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Bien vista la petici\u00f3n de perjuicios, observa la Sala que de manera lac\u00f3nica en el hecho noveno de la demanda se dice que el se\u00f1or Alexander D\u00edaz Galeano \u201cal momento de fallecer conviv\u00eda con su madre y hermanos se\u00f1ores (\u2026) estos depend\u00edan econ\u00f3mica y moral (sic) de su hermano Alexander D\u00edaz Galeano\u201d <\/p>\n

Llama la atenci\u00f3n que as\u00ed como en los hechos del libelo, los accionantes se abstuvieron de se\u00f1alar en qu\u00e9 se fundaba la pretensi\u00f3n de lucro cesante en tanto nada se dijo acerca de la eventual frustraci\u00f3n de la ayuda econ\u00f3mica que derivaran del fallecido, ning\u00fan intento probatorio se hizo para probar la se\u00f1alada dependencia econ\u00f3mica, o de qu\u00e9 forma es que los reclamantes se vieron privados de alg\u00fan auxilio peri\u00f3dico que les suministrara la v\u00edctima con el dinero proveniente de su ingreso, estando obligados a demostrar los montos que recib\u00edan de aquella. <\/p>\n

Este ayuno probatorio conlleva a que la pretendida ayuda econ\u00f3mica que los demandantes dicen que derivaba del occiso, se ha quedado en su mera enunciaci\u00f3n, de donde tal beneficio aparece apenas como hipot\u00e9tico y\/o eventual\u00bb. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: \u00ab(\u2026) Como se ve, ninguna contundencia probatoria aflora acerca de la certeza del lucro que demandan los actores, al paso que la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que \u201cen cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipot\u00e9tica o eventual. Ahora\u2026esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v.gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea cuando es posible concluir, v\u00e1lidamente, que veros\u00edmilmente acaecer\u00e1, hip\u00f3tesis en la cual cualquier elucubraci\u00f3n ha de tener como punto de partida una situaci\u00f3n concreta tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesi\u00f3n del inter\u00e9s jur\u00eddicamente tutelado (\u2026) (Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 24 de junio de 2006. Pedro Octavio Munar Cadena)\u00bb. <\/p>\n

Sobre lo dilucidado por el a quo manifest\u00f3: <\/p>\n

\u00abDe esta forma, es todas luces insuficiente y carente de todo respaldo la solitaria afirmaci\u00f3n del a quo, de que \u201cse trataba de una familia unida, en la cual los hijos de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen aportaban para el sostenimiento de la misma y del hogar, aunado a la mutua colaboraci\u00f3n de los hermanos seg\u00fan las dificultades padecidas\u201d Por tanto la mera circunstancia de campear en contra de los demandados la presunci\u00f3n responsabilidad no provocaba forzosamente en este punto, un fallo condenatorio en su contra, pues era necesario que los demandante acreditaran de manera suficiente y concreta, que esa infracci\u00f3n lesion\u00f3 su patrimonio, a fin de que se impusiera su restablecimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Y continu\u00f3 indicando: \u00abEn este sentido, si bien las reglas citadas nos informan que la muerte de un hijo causa una connatural aflicci\u00f3n, como es apenas comprensible, sin que se acredite una mayor dimensi\u00f3n por especiales o particulares condiciones respecto de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Galeano que hicieran m\u00e1s doloroso o perturbador tal hecho. Lo mismo se predica de sus hermanos, de los cuales solamente se afirm\u00f3 vivir en la misma casa. <\/p>\n

Por lo anterior las sumas deducidas en la sentencia habr\u00e1n de ser limitadas, pues en verdad nada se prob\u00f3 y menos hubo conato probatorio acerca de la intensidad de la afecci\u00f3n producida en los demandantes a consecuencia del hecho luctuoso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, concluy\u00f3 que: \u00abEn estos t\u00e9rminos, se estima que para reparar el perjuicio extrapatrimonial se habr\u00e1 de reconocer a favor de Mar\u00eda del Carmen Galeano D\u00edaz ser\u00e1 la suma de $40\u2019000.000,oo y a favor de Freddy D\u00edaz Galeano, Dolores D\u00edaz Galeano y Manuel D\u00edaz Galeano la suma de $10\u2019000.000.oo, para cada uno, a cargo del extremo demandado\u00bb (fls. 36 a 61). <\/p>\n

As\u00ed, visto lo rese\u00f1ado, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la magistratura acusada, como aquella, en principio se observa razonable, carente de arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable, de ser el caso, que coincida plenamente con el de los interesados, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

En ese sentido, se ha indicado: <\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n

Ahora, el que los querellantes disientan de la postura que atacan, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

4.\tDel principio constitucional de la non reformatio in pejus. <\/p>\n

Ahora bien, como la queja constitucional, adem\u00e1s de los reparos a la razonabilidad de la providencia criticada, contrajo su reproche al punto de una supuesta \u00abextralimitaci\u00f3n\u00bb del ad quem al absolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado \u00fanicamente por los demandantes, lo que conviene constatar si en efecto ello se produjo. <\/p>\n

La restricci\u00f3n que impone el principio constitucional y legal de la reforma en perjuicio propende porque el juzgador de \u00abalzada\u00bb limite su evaluaci\u00f3n a los aspectos que son desfavorables al recurrente, como garant\u00eda de que su situaci\u00f3n no empeorar\u00e1 en el evento de ejercerse el derecho de impugnaci\u00f3n. Sobre la materia, ha dicho la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) significa que al Juez de segunda instancia le est\u00e1 prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones. Pero, particularmente, tiene prohibido desmejorar la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, ya que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa ser\u00eda que nadie se atrever\u00eda a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violar\u00edan principios constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la doble instancia, garant\u00edas propias del debido proceso (T-455\/16, citada en STC18279-2016). <\/p>\n

Empero, esta proscripci\u00f3n no es absoluta, pues en algunos casos el juzgador debe adentrarse en aspectos \u00edntimamente ligados con aquellos que son objeto de impugnaci\u00f3n, cuyo an\u00e1lisis resulta inescindible de cara a la decisi\u00f3n o por estar conectados con los motivos de inconformidad. <\/p>\n

De all\u00ed que el C\u00f3digo General del Proceso, en su art\u00edculo 328, norma aplicable al caso bajo examen, establezca: <\/p>\n

\u00abEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley\u2026 <\/p>\n

El juez no podr\u00e1 hacer m\u00e1s desfavorable la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, salvo que en raz\u00f3n de la modificaci\u00f3n fuera indispensable reformar puntos \u00edntimamente relacionados con ella (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Esta Sala hab\u00eda recalcado, refiri\u00e9ndose a la materia en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la prohibici\u00f3n al juez superior de empeorar la situaci\u00f3n del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario\u2026 constitucionalizado en el art\u00edculo 31 de nuestra Carta Pol\u00edtica y desarrollado por el art\u00edculo 357 del Estatuto Procesal Civil, el cual, a prop\u00f3sito, prescribe que \u00abLa apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla\u2026\u00bb, normas de las cuales se puede colegir que dicho postulado no es absoluto, en la medida que admite excepciones, como las consagradas en ese mismo precepto legal y en el art\u00edculo 307 \u00eddem. <\/p>\n

Significa lo anterior, que la regla impone al superior la prohibici\u00f3n de hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, a menos que con ocasi\u00f3n de la reforma a la providencia impugnada fuere indispensable hacer modificaciones \u00edntimamente relacionados con la enmienda (\u2026)\u00bb (STC, 8 may. 2013, rad. n\u00b0 2013-00928-00; reitera la providencia STC, rad. n\u00b0 2011-00655-00). Resalta la Sala. <\/p>\n

As\u00ed entonces, la decisi\u00f3n adoptada por la colegiatura censurada resulta arm\u00f3nica con esa garant\u00eda, ya que tras acoger los reparos de los impugnantes, es decir, deducir la existencia de responsabilidad de Terpel y vincularla al pago de la indemnizaci\u00f3n, concern\u00eda evaluar las excepciones que en su momento propuso frente a la demanda. <\/p>\n

Dicho en otras palabras, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al salir avante la apelaci\u00f3n, el ad quem adquiri\u00f3 competencia para examinar los contornos del debate frente a la parte vencida en segundo grado y que no impugn\u00f3, por lo que la infracci\u00f3n al art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no se configura en los t\u00e9rminos alegados por los accionantes. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

5.1.\tSe negar\u00e1 el auxilio porque la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

5.2.\tNo se advierte conculcada la m\u00e1xima de la non reformatio in pejus, habida cuenta que al prosperar la apelaci\u00f3n, se abri\u00f3 la posibilidad de analizar las excepciones planteadas en el juicio por la parte que no acudi\u00f3 al recurso y que fue vencida en esa instancia, lo cual implic\u00f3 para el ad quem, entre otras cosas, la verificaci\u00f3n de los elementos probatorios a partir de los cuales se determinaron los perjuicios reclamados y su tasaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15568-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03512-00 (Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Galeano de D\u00edaz, Dolores y Manuel Mar\u00eda D\u00edaz Galeano contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}