{"id":102019,"date":"2026-07-01T21:18:55","date_gmt":"2026-07-01T21:18:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102019"},"modified":"2026-07-01T21:18:55","modified_gmt":"2026-07-01T21:18:55","slug":"stc15576-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15576-2018\/","title":{"rendered":"STC15576-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15576-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03612-00
\n(Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marta Cecilia Almenarez Calvo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas- Direcci\u00f3n Territorial Cesar-Guajira, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar, la Defensor\u00eda del Pueblo y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2012-00252. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital y vivienda digna, supuestamente vulnerados por la corporaci\u00f3n acusada.
\n2.\tManifiesta, en resumen, que mediante sentencia de 20 de marzo de 2014 la convocada orden\u00f3 restituir a su favor el inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00ba 190-139931 y neg\u00f3 la oposici\u00f3n planteada por Marcos Filem\u00f3n Pava Hern\u00e1ndez. <\/p>\n

Afirma que su vida \u00abse encuentra en peligro en caso de retornar al predio, por cuanto las amenazas y agresiones persisten por parte de los familiares del opositor, es importante mencionar que soy madre de un menor de edad discapacitado\u00bb y han existido problemas que han impedido ejercer posesi\u00f3n sobre el terreno, al punto que ha tenido que intervenir la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n

Se\u00f1ala que durante la audiencia de seguimiento celebrada ante el tribunal el 6 de abril de 2017, pidi\u00f3 que se modulara la sentencia y analizara la procedencia de una medida reparativa de compensaci\u00f3n por equivalencia, pero hasta el momento no ha sido resuelta. <\/p>\n

3.\tPide que se ordene a la querellada que a la mayor brevedad posible se pronuncie sobre su pedimento (fls. 1 a 7). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juez Sexto Civil Municipal de Valledupar, inform\u00f3 que, en efecto, fue comisionado para llevar a cabo la diligencia de entrega del bien a restituir, limit\u00e1ndose su actuaci\u00f3n a cumplir con dicha orden, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (fl. 77). <\/p>\n

2.\tEl Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se\u00f1al\u00f3 que, toda vez que la demanda se contrae a cuestionar decisiones tomadas por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, es circunstancia que \u00ab(\u2026) impide a este ministerio emitir manifestaci\u00f3n alguna, por considerar que no puede sustraerse ni oponerse a las decisiones judiciales, so pena de quebrantar el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb (fl. 79). <\/p>\n

3.\tEl Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, por intermedio de la magistrada ponente de la decisi\u00f3n que se reclama, efectu\u00f3 un recuento de toda la actuaci\u00f3n e indic\u00f3 que en la \u00abfase post fallo\u00bb de restituci\u00f3n, se han realizado todas las gestiones pertinentes a fin de materializar la reivindicaci\u00f3n del predio; para lo cual ofici\u00f3 a las Fuerzas Militares, Comando de Polic\u00eda de El Carmen de Bol\u00edvar, a la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas a fin de que rindieran los informes ordenados en la audiencia de 6 de abril de 2017. <\/p>\n

Expuso que requiri\u00f3 el 24 de octubre y 27 de noviembre al Comando del Ej\u00e9rcito Nacional y al Director de la Polic\u00eda Nacional \u00abpara que rindan informe pormenorizado en relaci\u00f3n con las medidas de seguridad brindadas a la se\u00f1ora Marta Almenarez\u00bb. <\/p>\n

A la UARIV el 24 de julio de 2018, en el mismo sentido reiter\u00f3 las \u00f3rdenes proferidas en la audiencia de seguimiento, entidad de la cual no ha obtenido respuesta. <\/p>\n

Precis\u00f3 entonces que \u00aba pesar de los distintos requerimientos, las entidades enunciadas no han suministrado la informaci\u00f3n relevante para analizar una eventual modulaci\u00f3n de la sentencia de restituci\u00f3n emitida\u00bb. Destac\u00f3 que el 21 de noviembre pasado \u00aborden\u00f3 requerir nuevamente\u00bb a las citadas autoridades (fls. 87 y 88). <\/p>\n

4.\tEl Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, se\u00f1al\u00f3 que \u00abes la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartograf\u00eda b\u00e1sica de Colombia, elabora el catastro nacional de la propiedad inmueble, realiza inventario de las caracter\u00edsticas de los suelos, adelantar investigaciones geogr\u00e1ficas como apoyo al desarrollo territorial\u00bb por lo que, seg\u00fan la funci\u00f3n descrita, no tiene injerencia alguna en los hechos de la tutela (fl. 101). <\/p>\n

5.\tLa Procuradora 22 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda y solicit\u00f3 se falle a favor de la accionante \u00abya que el Tribunal Superior de Restituci\u00f3n de Tierras no ha perdido competencia [pues] a la fecha el derecho que va impl\u00edcito en la orden de restituci\u00f3n materialmente no se ha cumplido\u00bb lo que significa \u00abrevictimizar\u00bb a la peticionaria (fls. 104 a 108).
\n6.\tLa Agencia Nacional de Tierras, explic\u00f3 sus funciones de conformidad con la normativa que la rige (Decreto 2363 de 2015) y puntualiz\u00f3 que \u00abaclarado el objeto de la acci\u00f3n de tutela y la entidad o instancia responsable de controvertirla, no es propio de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, atender lo requerido por la aqu\u00ed accionante\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (fls. 111 a 114). <\/p>\n

7.\tEl Municipio de Valledupar, se opuso a la prosperidad del amparo por cuanto no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable que eventualmente lo habilite; adem\u00e1s, porque no se advierten configuradas las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige contra una decisi\u00f3n judicial (fls. 127 y 128). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas, por no haber resuelto la solicitud de \u00abcompensaci\u00f3n por equivalencia\u00bb impetrada en audiencia de seguimiento de cumplimiento de sentencia llevada a cabo el 6 de abril de 2017. <\/p>\n

2.\tDe los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026)(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u00bb. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013). <\/p>\n

Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n

3.\tDe la mora judicial. <\/p>\n

Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n

As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Ahora bien, de conformidad con lo aportado por la magistratura acusada y en lo que tiene que ver con el reproche por la presunta mora judicial que le atribuye la quejosa, no se observa la transgresi\u00f3n de la prerrogativa alegada por lo siguiente. <\/p>\n

N\u00f3tese, el tribunal, en la audiencia de seguimiento de sentencia de 6 de abril de 2017, profiri\u00f3 las siguientes \u00f3rdenes: \u00abprimero: solicitar a las Fuerzas Militares, comando de Polic\u00eda de El Carmen de Bol\u00edvar y Unidad Nacional de Protecci\u00f3n rendir informe sobre la seguridad para el retorno de la sra. Martha Almenares, atenci\u00f3n a las denuncias realizadas por ella, y se le brinde el correspondiente acompa\u00f1amiento, por lo que se les otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 15 d\u00edas para tales efectos (\u2026) ordenar a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras verificar la procedencia de la implementaci\u00f3n de proyecto productivo al tratarse de un predio de baja extensi\u00f3n y ubicado en el casco poblado del corregimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Ante la omisi\u00f3n de las se\u00f1aladas autoridades, mediante auto de 14 de agosto de 2017 (fl. 89) las requiri\u00f3 por segunda vez y las previno sobre las sanciones en caso de incumplirlas. <\/p>\n

Posteriormente, en pronunciamiento de 27 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, relacion\u00f3 las respuestas allegadas, destacando la de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n que explica que la se\u00f1ora Marta Almenares Calvo \u00abno es susceptible de la protecci\u00f3n de dicho ente por no haberse demostrado sumariamente la conexidad entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones pol\u00edticas, p\u00fablicas, sociales o humanitarias\u00bb (fl. 91); y de la contestaci\u00f3n de las Fuerzas Militares, rese\u00f1\u00f3 que indic\u00f3 que se hallaban \u00aba la espera del cronograma para la entrega material del predio a fin de garantizar la seguridad de la beneficiada con la sentencia\u00bb. <\/p>\n

Luego, el 24 de julio de 2018, insisti\u00f3 a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas (UARIV) para \u00abrindiera un informe consolidado sobre las gestiones realizadas que conforman el SNARIV en la atenci\u00f3n de la se\u00f1ora Marta Cecilia Almenares y en especial en lo relacionado con el componente de seguridad, informe que no ha sido allegado\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, en auto de 21 de noviembre de 2018, tras comprobar que a la fecha las autoridades requeridas no han acatado las \u00f3rdenes impartidas resolvi\u00f3: \u00abprimero: ordenar al Comandante del Ej\u00e9rcito Nacional y al Director General de la Polic\u00eda Nacional y a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, rindan sendos informes pormenorizados en relaci\u00f3n con las medidas de seguridad brindadas a la se\u00f1ora Martha Almenares para llevar a cabo su retorno (\u2026) tercero: requerir por tercera vez a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas para que proceda a verificar la procedencia de la implementaci\u00f3n de proyecto productivo en el predio restituido (\u2026) sexto: prevenir a las entidades requeridas que el incumplimiento sin justa causa de las \u00f3rdenes que esta Sala imparta o las demoras en su ejecuci\u00f3n, acarrean sanciones de conformidad con las normas vigentes en el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb (fl. 94). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, de acuerdo con lo expuesto, en el tr\u00e1mite cuestionado se advierte que la colegiatura demandada no ha sido omisiva respecto al tr\u00e1mite, por el contrario, acredit\u00f3 suficiente diligencia en el seguimiento de los mandatos dirigidos a las autoridades administrativas y policivas, cuyo cumplimiento resulta indispensable a fin de auscultar lo expuesto por la querellante y la pertinencia de su solicitud, adem\u00e1s, ha procurado el impulso de la actuaci\u00f3n ante la falta de respuestas concretas de parte de las entidades requeridas a trav\u00e9s de cuatro proferimientos, siendo el \u00faltimo de ellos el emitido el 21 de noviembre pasado, donde concedi\u00f3 un plazo perentorio de tres d\u00edas para acatarlo. <\/p>\n

De esta forma, se tiene que el supuesto de hecho aducido en la queja no se configura, por lo que al margen de otras consideraciones y seg\u00fan el contexto f\u00e1ctico planteado, la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable al no existir situaci\u00f3n que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

En un caso similar en el que no se comprob\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de las garant\u00edas esenciales esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC16340, nov. 10 de 2016).
\nSe concluye entonces, que no puede atribuirse al tribunal acusado una acci\u00f3n u omisi\u00f3n espec\u00edfica transgresora de derechos fundamentales, tal como se constat\u00f3 con lo allegado al expediente, sin embargo, se le exhortar\u00e1 para que, en caso de que contin\u00fae el incumplimiento de parte de las autoridades y entidades se\u00f1aladas, d\u00e9 aplicaci\u00f3n a lo previsto en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 \u00abIncurrir\u00e1 en falta grav\u00edsima el funcionario que omita o retarde injustificadamente el cumplimiento de las \u00f3rdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez o al Magistrado el apoyo requerido por este para la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb, e informe a las autoridades disciplinarias competentes. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone negar el resguardo porque: <\/p>\n

No present\u00f3 la consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas al no advertirse la \u00abmora judicial\u00bb denunciada, conforme lo allegado a estas diligencias. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada; empero, se EXHORTA a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que en caso de reiterarse el incumplimiento a los requerimientos efectuados, en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, compulse copias a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03612-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15576-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03612-00 (Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marta Cecilia Almenarez Calvo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102019\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}