{"id":102020,"date":"2026-07-01T21:19:14","date_gmt":"2026-07-01T21:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102020"},"modified":"2026-07-01T21:19:14","modified_gmt":"2026-07-01T21:19:14","slug":"stc15577-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15577-2018\/","title":{"rendered":"STC15577-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC15577-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00879-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de esa ciudad y el Procurador Judicial Delegado para Asuntos Civiles, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda Municipal de esa urbe, la Defensor\u00eda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y el despacho Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) al despacho accionado \u00abconceder la reposici\u00f3n\u00bb contra el auto que remiti\u00f3 por competencia la acci\u00f3n popular 2018-00766; ii) \u00abal Ministerio P\u00fablico en acciones populares[,]\u2026 que demuestre y pruebe qu\u00e9 hizo a fin de proteger [sus] garant\u00edas procesales y hacer cumplir [el] art. 18 de la Ley 472 de 1998\u00bb; y iii) se \u00abpruebe a trav[\u00e9s] de q[u\u00e9] medio id\u00f3neo se informar\u00e1 la existencia de [su] tutela a los tercer[os] interesados y de no hacerlo desde ya pid[e] la nulidad de todo lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n pidi\u00f3 se determine \u00abs\u00ed en las a[cciones] populares se aplica el CGP, por encima de lo regulado en la Ley 472 de 1998\u00bb (folio 1, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Bancolombia S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Pereira bajo el radicado 2018-007661, autoridad que el 11 de septiembre de 2018 la rechaz\u00f3 por competencia, ordenado su remisi\u00f3n a los despachos Civiles del Circuito de Monterrey (Casanare); determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n, empero, tal remedio fue rechazado por improcedente, el d\u00eda 21 siguiente. <\/p>\n

2.2. Luego, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare), receptor del expediente, mediante prove\u00eddo de 11 de octubre de 2018 inadmiti\u00f3 la demanda popular y, ante la falta de subsanaci\u00f3n, el 8 de noviembre siguiente la rechaz\u00f3; determinaci\u00f3n que no fue objeto de ning\u00fan reparo. <\/p>\n

2.3. Indic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, que la sede judicial accionada vulner\u00f3 sus prerrogativas invocadas, pues \u00abse niega a aplicar [el] art 36 [de la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb, en la medida en que no tramit\u00f3 el remedio horizontal interpuesto contra la remisi\u00f3n por competencia. <\/p>\n

2.4. Resalt\u00f3 que el juzgado acusado desatendi\u00f3 la norma especial para las acciones populares, aplic\u00e1ndole el contenido del C\u00f3digo General del Proceso, especialmente, en lo relativo a los requisitos de la demanda para asumir el conocimiento; adem\u00e1s, que era ese estrado quien deb\u00eda admitir el libelo presentado.
\n2.5. Agreg\u00f3 que la Procuradur\u00eda no act\u00faa en sus acciones populares, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n quebranta sus prerrogativas de primer grado; pidi\u00f3 que, de no notificarse a los terceros de la presente solicitud de amparo, se decrete la nulidad de lo actuado. <\/p>\n

2.6. Solicit\u00f3 que a trav\u00e9s de esta salvaguarda, se establezca si en las acciones populares \u00abse aplica el C[\u00f3digo] G[eneral] del P[roceso] por encima de lo regulado en la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que \tel 11 de septiembre de 2018 rechaz\u00f3 por competencia la acci\u00f3n \tpopular cuestionada, decisi\u00f3n que pese a que fue recurrida en \treposici\u00f3n, \t\u00e9sta fue rechazada por improcedente; que el 1\u00ba de \toctubre siguiente remiti\u00f3 las diligencias a los despachos \tjudiciales de Monterrey (folio 8, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Regional \tRisaralda- inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, \tsostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n \tajena a es[a] Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que \t[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente \tde control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb \t(folio \t13, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La \tProcuradur\u00eda 2 \tJudicial II para Asuntos Civiles refiri\u00f3 que la Ley 472 de \t1998 estableci\u00f3 las reglas de competencia en el marco de las \tacciones populares, las que deben atender los falladores naturales; \tque no es parte en el asunto fustigado, por lo que no se le puede \tendilgar responsabilidad; que lo pretendido es la desviaci\u00f3n \tde los fines de la tutela (folios 18 y 19, cuaderno 1). <\/p>\n

El Tribunal deneg\u00f3 el resguardo al considerarlo prematuro, toda vez que la acci\u00f3n popular cuestionada se encuentra en tr\u00e1mite, pues fue remitida a los despachos Civiles del Circuito de Monterrey \u00abpara que decida si asume su conocimiento o tambi\u00e9n lo reniega, en cuyo evento, tendr\u00eda que generar el conflicto respectivo\u00bb; asimismo, refiri\u00f3 que \u00abno reposa\u2026 recurso alguno contra el auto que estim\u00f3 inviable la reposici\u00f3n que elev\u00f3 el actor\u00bb. <\/p>\n

Anot\u00f3, respecto de las quejas referentes a solicitud de que se indique si el C\u00f3digo General del Proceso derog\u00f3 la Ley 472 de 1998 y de que el Ministerio P\u00fablico demostrara su actuar en sus peticiones populares, que la salvaguarda tambi\u00e9n incumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad, pues el actor no hab\u00eda acudido ante el fallador natural a exponer tales situaciones. <\/p>\n

Finalmente, rechaz\u00f3 la nulidad deprecada, tras considerar que los terceros con inter\u00e9s fueron vinculados a la solicitud de amparo, remitiendo las constancias de dichas comunicaciones (folios 20 a 23, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abel despacho donde lleg\u00f3 la acci\u00f3n jam\u00e1s [le] notific\u00f3 nada\u00bb, raz\u00f3n por la cual ped\u00eda la nulidad por falta de competencia (folio 27, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues m\u00e1s que cuestionar la procedencia o no del remedio horizontal contra el prove\u00eddo que remiti\u00f3 por competencia, el desacuerdo del gestor es la renuencia del despacho accionado para asumir el conocimiento del asunto; empero, no hizo uso del medio id\u00f3neo de defensa con que contaba para exponer sus inconformidades durante el proceso que critica, en efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda, conforme con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19982, contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su demanda, proferido el 8 de noviembre de 2018 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, receptor del proceso cuestionado; por lo que incurri\u00f3 en incuria, en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa indicado para recurrir aquel auto, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que el tema relativo al juez competente para asumir el conocimiento de su demanda agotara el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n

En consecuencia, si Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ten\u00eda el medio de defensa id\u00f3neo para invocar los yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n

\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n

3. En lo concerniente a la petici\u00f3n elevada frente al Ministerio P\u00fablico, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de esa entidad, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que torna improcedente el resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado:
\n\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n

4. Por otra parte, \ten lo tocante con la solicitud planteada por el accionante, en \tcuanto a que se determine cu\u00e1les son las reglas aplicables en \tel tr\u00e1mite de las acciones populares, basta con decir que no \tdebe d\u00e1rsele un soluci\u00f3n a tal pedimento a trav\u00e9s \tdel tr\u00e1mite tutelar, por cuanto este no es de car\u00e1cter \tconsultivo, ni esta Corporaci\u00f3n tiene competencia para \tefectuarlos. <\/p>\n

4. De otro lado, de \tcara a la petici\u00f3n de nulidad invocada por el querellante en \tcaso de que no se haya notificado en debida forma a los \tintervinientes en la acci\u00f3n de tutela, \tse advierte que el libelista carece de legitimaci\u00f3n para \tproponerla, porque el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 135 del \tC\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procedimientos de \ttutela por la remisi\u00f3n normativa trazada a partir del \tart\u00edculo 4 del Decreto Reglamentario 306 de 1992, dispone que \t\u00ab[l]a \tnulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de \tnotificaci\u00f3n o emplazamiento solo podr\u00e1 ser alegada \tpor la persona afectada…\u00bb, \to sea, los \u00abtercer[os] \tinteresados\u00bb, \tpor lo que tal ruego ha de desestimarse. <\/p>\n

4. Finalmente, \trespecto de \tlas alegaciones tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, referentes \tla falta de notificaci\u00f3n de las decisiones del Juzgado \treceptor de la acci\u00f3n popular en Monterrey (Casanare); no \tpuede pronunciarse esta Corporaci\u00f3n, pues se trata de hechos \tnuevos, acaecidos con posterioridad a la interposici\u00f3n de \tamparo y, por ello, obviamente, no expuestos en la demanda de \ttutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser \tcontrovertida por los convocados, por lo que un pronunciamiento de \tla Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso \ty del derecho de defensa de aqu\u00e9llos. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n

\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (sentencia de 15 de marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 5 de febrero de 2015, exp. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n

7.\tEn consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Ausencia justificada
\n\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

Comisi\u00f3n de servicios
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tLugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Carrera 14 n\u00ba 4 \u2013 \t17 Tauramena (Casanare).
\n2 \tReposici\u00f3n. \t\u2026Contra \tlos autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n \tPopular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 \tinterpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC15577-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00879-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}