{"id":102032,"date":"2026-07-01T21:21:00","date_gmt":"2026-07-01T21:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102032"},"modified":"2026-07-01T21:21:00","modified_gmt":"2026-07-01T21:21:00","slug":"stc15589-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15589-2018\/","title":{"rendered":"STC15589-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15589-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo de 11 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ismael Carlos May Garc\u00eda contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina y Blanca Luz Gallardo Canchila. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tconvocante reclam\u00f3, como mecanismo transitorio para evitar un \tperjuicio irremediable, la protecci\u00f3n constitucional de sus \tderechos fundamentales a la igualdad, al m\u00ednimo vital, a la \tvida digna, a la seguridad social, al \u00abempleo \tp\u00fablico\u00bb, \ty a la \u00abestabilidad \tlaboral reforzada\u00bb, \tsupuestamente desconocidos por las autoridades acusadas. <\/p>\n

Suplic\u00f3, en s\u00edntesis, que fuera reconocido que \u00ab[le] asiste el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el cargo de juez [\u00fanico promiscuo] municipal [de Providencia]\u00bb y, en consecuencia, ordenar \u00absu reintegro al cargo u ordenar [la] reubicaci\u00f3n en uno de igual o superior categor\u00eda\u2026, sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb hasta que adquiera el \u00abderecho a obtener una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb, o en su defecto, se le \u00abindemnice por el tiempo\u00bb que le faltare para su jubilaci\u00f3n (folio 2, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDe la solicitud y de las probanzas obrantes en el expediente, se extractan los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1.\tEl accionante estuvo vinculado a la Rama Judicial durante m\u00e1s de 28 a\u00f1os continuos de servicio y cotiz\u00f3 un total de 1.700 semanas, el \u00faltimo cargo que desempe\u00f1\u00f3 fue el de Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Providencia, en provisionalidad desde el 16 de agosto de 2013 hasta el 21 de septiembre de 2018. <\/p>\n

2.2.\tEl reclamante expuso que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, mediante acuerdo n.\u00ba 023 de 018 de julio de 2018 nombr\u00f3 en propiedad a Blanca Luz Gallardo Canchila en el cargo que ven\u00eda ocupando (Juez Promiscuo Municipal de Providencia), designaci\u00f3n que aquella acept\u00f3 y de la que tom\u00f3 posesi\u00f3n el 21 de septiembre siguiente, no obstante haber concursado para el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Andr\u00e9s (hoy Primero Civil Municipal). <\/p>\n

2.3.\tEl interesado anot\u00f3 que por lo anterior, hizo petici\u00f3n conjunta a los entes accionados en busca de reconocimiento de su condici\u00f3n de \u00abpre-pensionado\u00bb basado en que le faltan poco menos de dos a\u00f1os1 para jubilarse, pero recibi\u00f3 respuesta negativa de los mismos. <\/p>\n

2.4. El promotor critic\u00f3 la posesi\u00f3n de Blanca Luz Gallardo Canchila como Juez \u00danica Promiscuo Municipal de Providencia porque se vio obligado a dejar el puesto, perdi\u00f3 su salario, que era el ingreso de que dispon\u00eda para el sustento de su familia, la educaci\u00f3n universitaria de su hijo y el pago de obligaciones bancarias por m\u00e1s de cien millones de pesos ($100.000.000.oo). <\/p>\n

Agreg\u00f3 que Gallardo Canchila debi\u00f3 ser designada en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Andr\u00e9s (hoy Primero Civil Municipal), plaza para la que concurs\u00f3, m\u00e1xime cuando el director de ese despacho tambi\u00e9n se encuentra nombrado en provisionalidad, y no est\u00e1 en una circunstancia especial de protecci\u00f3n como la suya, esto es, \u00abpertenecer al ret\u00e9n social como pre-pensionado\u00bb, seg\u00fan el precedente sentado por la Corte Constitucional en las sentencias C-795 de 2009, T-729 de 2010, SU-897 de 2012, T-186 de 2013 y T-229 de 2017. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. La \tUnidad \tde Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de \tla Judicatura \tse opuso a la procedencia de la salvaguarda, debido a que el gestor \tbusca dejar sin efectos actuaciones netamente administrativas, \tatinentes a la Convocatoria n.\u00ba 22 (Acuerdo PSAA13-9939, 25 de \tjunio de 2013), las que gozan de presunci\u00f3n de legalidad \tmientras no se demuestre lo contrario en la jurisdicci\u00f3n \tcontencioso-administrativa, medio de control nulidad y \trestablecimiento del derecho. <\/p>\n

Expres\u00f3 que tal cual se le explic\u00f3 al quejoso en el oficio CJO18-3137 de 24 de agosto de 2018, la estabilidad de un nombramiento en provisionalidad es relativa porque est\u00e1 condicionada a la provisi\u00f3n del cargo con quien gan\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos, o en caso de traslado de funcionarios de carrera por disposici\u00f3n de la ley 270 de 1996, cuyos art\u00edculos 101, 165 y 174 facultan a los Consejos Seccionales -como el de Bol\u00edvar-, para dirigir la carrera judicial en sus respectivas circunscripciones. <\/p>\n

Rog\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional merced a que los reproches vertidos comprometen estrictamente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, por ser el encargado de emitir la lista de elegibles, y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, por ser el nominador de la funcionaria de carrera (folios 55 a 58, cuaderno 1).
\n2. El \tTribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, \tProvidencia y Santa Catalina adujo que las pretensiones decantadas \tpor el promotor desbordan el \u00e1mbito de su competencia como \tentidad nominadora, pues no cuenta con facultades para conceder \tindemnizaciones, as\u00ed como tampoco se le puede reubicar a \taquel en un juzgado \u00abde \tigual o superior categor\u00eda\u00bb, \tpor cuanto los despachos municipales se hallan todos en \tprovisionalidad, incluidos en las listas de elegibles, \u00ablo \tque de sumo al ser eventualmente provistos, lo dejar\u00edan en la \tmisma situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3 que el peticionario no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de \u00abpre-pensionado\u00bb, ni las obligaciones derivadas de los estudios superiores de su hijo ni los cr\u00e9ditos bancarios. Solicit\u00f3 ser desvinculado de la acci\u00f3n, en la medida en que su proceder estuvo acorde con lo estatuido en el art\u00edculo 167 de la ley 270 de 1996; a lo que agreg\u00f3 el estado de gravidez de la actual titular del Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Providencia, Blanca Luz Gallardo Canchila (folios 66 y 67, cuaderno 1). <\/p>\n

3. Blanca \tLuz Gallardo Canchila manifest\u00f3 que al convocante no le \tasiste la estabilidad laboral reforzada, ni se puede tener como \tbeneficiario del ret\u00e9n social, toda vez que como \u00e9l \tmismo lo asever\u00f3, cumple de lejos el n\u00famero de semanas \tcotizadas \u00ab(m\u00e1s \tde 1.700 semanas cotizadas)\u00bb, \ty \tseg\u00fan la sentencia SU-003 de 2018 no es \u00abpre-pensionado\u00bb \tquien re\u00fane este requisito, as\u00ed le falte la edad de \tretiro. <\/p>\n

Pregon\u00f3 que su nombramiento en propiedad como titular del Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Providencia se debi\u00f3 a que gan\u00f3 el concurso de m\u00e9rito derivado de la Convocatoria n.\u00ba 22 de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por ende, su derecho prevalece sobre la provisionalidad del querellante. Alleg\u00f3 certificado m\u00e9dico que da cuenta de su embarazo (folios 60 y 61, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que para cuestionar los actos administrativos mediante los cuales las autoridades acusadas emitieron concepto desfavorable de reintegro por estabilidad laboral reforzada, el actor debe acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa \u2013medio de control nulidad y restablecimiento del derecho-, contemplado en el art\u00edculo 138 de la ley 1437 de 2011, con el fin de exponer los argumentos de car\u00e1cter legal y constitucional que avalan la tesis propuesta en el libelo inicial; que adem\u00e1s cuenta con la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n de dichas determinaciones, conforme a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 230-3 \u00eddem, medida contemplada para contener el perjuicio inmediato, lo que descarta la viabilidad de esta acci\u00f3n, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el actor acredit\u00f3 1.700 semanas cotizadas, falt\u00e1ndole s\u00f3lo la edad para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, que puede ser cumplida con o sin vinculaci\u00f3n laboral vigente, al comp\u00e1s del precedente trazado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de 2018 (folios 48 a 54, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Fue formulada por el libelista, quien cuestion\u00f3 que el a-quo tutelar no hubiera tenido de presente el perjuicio irremediable sustentado, en desconocimiento de los precedentes delineados por la jurisprudencia constitucional que dan cabida a la acci\u00f3n de resguardo frente a actos administrativos en el supuesto de la violaci\u00f3n de derechos fundamentales como la vida digna, el m\u00ednimo vital y la seguridad social, para lo que resalt\u00f3 su calidad de pre-pensionado a dos a\u00f1os de jubilarse. <\/p>\n

Insisti\u00f3 en interponer la salvaguarda en aras de precaver un perjuicio irremediable tras el forzado retiro de su cargo de Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Providencia, amenaza dimensionada con la p\u00e9rdida su sueldo, \u00fanico ingreso fijo para cancelar m\u00e1s de dos millones de pesos por concepto de la deuda bancaria, obligaci\u00f3n que ha incumplido a un mes de dejar el cargo por ese preciso motivo (folios 81 a 89, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme \tal art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \tacci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo \tde los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera \tque estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u \tomisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos \tsupuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n \tsubsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez \tnatural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos \tcomunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n

2. De \tlos elementos \tde convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se \tanticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el \taccionante cuenta con un mecanismo ordinario de defensa para \tcuestionar los \tacuerdos \tCSJBOA18-91 de 12 de julio de 2018 del Consejo Seccional de la \tJudicatura de Bol\u00edvar, por el que se formul\u00f3 la \u00ablista \tde candidatos, destinada a proveer en propiedad el cargo de Juez \tPromiscuo Municipal de Providencia, Isla\u00bb, \t023 y 026 de 18 de julio y 22 de agosto siguientes, expedidos por la \tPresidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San \tAndr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, a trav\u00e9s de los \tcuales, en su orden, fue designada en propiedad Blanca Luz Gallardo \tCanchila como Juez Promiscuo Municipal de Providencia, Isla y fue \tconfirmado tal nombramiento. <\/p>\n

Ciertamente, el inconforme bien puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa para cuestionar la legalidad de los aludidos actos administrativos, concretamente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), circunstancia que torna patente la inviabilidad de la salvaguarda rogada al configurarse la causal de improcedencia de la tutela contemplada en el art\u00edculo 6, numeral 1\u00ba del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tAhora bien, frente al perjuicio irremediable aducido derivado de los actos administrativos confutados, es de recordar que como estos gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, las controversias que se susciten respecto de ellos deben plantearse ante la autoridad competente con auxilio de los instrumentos procesales previstos en el ordenamiento positivo, escenario en el que adem\u00e1s, es factible deprecar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de tales actos de la administraci\u00f3n, acorde con lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 \u00eddem; raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n

\u2026\u201cpor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u201d. Adem\u00e1s, en este escenario la [parte] interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01; STC12484, 27 sep. 2018, rad. 02733-00). <\/p>\n

4.\tEn adici\u00f3n, de cara al argumento del memorialista encaminado a requerir una especial protecci\u00f3n por su calidad de \u00abpre-pensionado\u00bb, sin importar su vinculaci\u00f3n en provisionalidad, es de advertirse que la Corte Constitucional en sentencia SU-691\/2017 precis\u00f3 que \u00ablas personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempe\u00f1an. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad\u00bb, agregando a rengl\u00f3n seguido que a \u00ablos cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de pre-pensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales\u00bb, criterio que fue reiterado por esta Sala en los fallos CSJ STC10542-2018, 29 ago. 2018, rad. 02227-00 y STC12484-2018, 27 sep. 2018, rad. 02733-00. <\/p>\n

5. \tPor lo diserto en precedencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

Ausencia justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Ausencia justificada
\n\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

Comisi\u00f3n de servicios
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEl \tpeticionario naci\u00f3 en Providencia el 12 de noviembre de 1958 \tseg\u00fan copia de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, por lo \tque tiene 60 a\u00f1os de edad (folio 32, cuaderno 1).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15589-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo de 11 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}