{"id":102035,"date":"2026-07-01T21:21:32","date_gmt":"2026-07-01T21:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102035"},"modified":"2026-07-01T21:21:32","modified_gmt":"2026-07-01T21:21:32","slug":"stc15603-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15603-2018\/","title":{"rendered":"STC15603-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15603-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-01952-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 11 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Obdulia Margarita Ruiz G\u00e1mez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Penal Municipal y la Fiscal\u00eda 5\u00aa Delegada ante el tribunal de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2009-00021. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa \u00abimparcialidad, legalidad, lealtad y contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerado por las corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n

2.\tExpuso que la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, adelanta en su contra proceso por el delito de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2016, en desarrollo de la audiencia preparatoria esa Colegiatura decret\u00f3 las pruebas requeridas por las partes, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n, tambi\u00e9n formulado por el Ministerio P\u00fablico; posteriormente, mediante auto de 25 de julio de 2018, el tribunal se ratific\u00f3 en su determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 esa decisi\u00f3n, por cuanto alega no debieron ser decretadas varias de las pruebas pedidas por el ente persecutor, habida cuenta que, por un lado, no fueron descubiertas adecuadamente desde el escrito de acusaci\u00f3n, y por el otro, no se enunciaron en la \u00abpreparatoria\u00bb, en el momento procesal previsto para ello \u00abcomo es su deber seg\u00fan el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 356 [C\u00f3digo de Procedimiento Penal] (\u2026) pues existe suma diferencia en relacionar un documento que contiene nombres y\/o que dice haber sido \u201crecaudado\u201d por X, a otra muy distinta que es que esas personas \u201crecaudadoras\u201d sean testigos; [pues] precisamente lo que se requiere en un descubrimiento probatorio \u2013 y m\u00e1s al momento de la enunciaci\u00f3n \u2013 es la absoluta claridad en cuanto a cada una de las pruebas\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que, el tribunal al desconocer esa exigencia a \u00ablo \u00fanico que conduce es a patrocinar la despreocupada pero tranquila posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, pues se le permite cometer errores y olvidar aspectos esenciales que con toda seguridad a la defensa no le ser\u00edan amparados\u00bb.
\n3.\tEn consecuencia, pretende \u00abse dejen sin efecto las actuaciones y providencias puestas de presente (\u2026) se ordene al Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Penal, adoptar las decisiones que se acompasen con el respeto por las garant\u00edas fundamentales (\u2026) principalmente excluyendo todas y cada una de las pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb (fls. 1 a 32, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Tribunal Superior, por intermedio del magistrado ponente de la decisi\u00f3n censurada, relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal que se adelanta contra la quejosa, y frente a las pretensiones de la tutela manifest\u00f3 que resultan improcedentes por cuanto el asunto se encuentra en curso y en \u00e9l es donde \u00ab(\u2026) debe buscar el restablecimiento de derechos que estima vulnerados\u00bb (fls 51 a 53, ib\u00eddem). <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, dado que el proceso se encuentra en curso, \u00ab(\u2026) [y], no le est\u00e1 permitido al juez constitucional intervenir en el mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos invocados por esta v\u00eda excepcional. Esto significa que la demandante todav\u00eda tiene a su alcance dicho mecanismo de defensa judicial id\u00f3neo para preservar o recuperar las garant\u00edas supuestamente amenazados o quebrantados. Ese supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de amparo como un mecanismo alternativo o coet\u00e1neo\u00bb (fls. 113 a 120, cd.1).
\nIMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el apoderado de la querellante, insistiendo en los argumentos del escrito inicial; asimismo, refut\u00f3 el fallo de primer grado alegando que el mecanismo de defensa al que alude la Sala a quo es \u00abinexistente\u00bb porque \u00abn\u00f3tese como en esta premisa refiere [la primera instancia] \u2013 erradamente \u2013 que la demandante todav\u00eda tiene a su alcance dicho mecanismo de defensa judicial, aseveraci\u00f3n que hizo sin siquiera haber mencionado, enunciado o al menos insinuado en la sentencia el \u201cmecanismo\u201d que califica como ausente y ahora enrostra a la defensa\u00bb (fls. 130 a 137, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Penal, vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la aqu\u00ed actora al decretar, en sede de audiencia preparatoria del tr\u00e1mite penal por prevaricato por acci\u00f3n que se le sigue, las pruebas testimoniales pedidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pese a que, supuestamente, no fueron enunciadas por \u00e9sta en el momento procesal oportuno. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3.\tDecisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

En el asunto sub examine, el reclamo constitucional se dirige contra los autos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, el 4 de octubre de 2016, a trav\u00e9s del cual se decretaron las solicitudes probatorias formuladas por las partes; y el del 25 de julio de 2018, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n impetrado por la defensa y el ministerio p\u00fablico. <\/p>\n

El an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al \u00faltimo de los mencionados, por cuanto fue el que defini\u00f3 el tema planteado. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

4.1.\tDe la razonabilidad del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n del tribunal censurado, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas.\u00a0 <\/p>\n

Al respecto, n\u00f3tese, frente a los reparos expuestos por la defensa de la tutelante, en cuanto a la ausencia de descubrimiento de algunas pruebas no relacionadas en el escrito de acusaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Olvidan los recurrentes que como en efecto fue consignado en la providencia recurrida y tal como lo mencion\u00f3 la Fiscal\u00eda en su intervenci\u00f3n, la acusaci\u00f3n se erige como un acto complejo que se lleva a cabo en distintas etapas del procedimiento, y que la misma no se circunscribe de manera literal y excluyente a lo consignado en el Escrito de Acusaci\u00f3n. <\/p>\n

Precisamente, en desarrollo del principio de oralidad es que se llevan a cabo estas audiencias, no \u00fanicamente para efectuar la lectura mec\u00e1nica de los documentos oficiales o minutas que acompa\u00f1en a los intervinientes, sino para la participaci\u00f3n din\u00e1mica dentro de las distintas actuaciones, lo que a su turno los faculta para, entre otras cosas, llevar a cabo el descubrimiento v\u00e1lidamente de forma oral sin apego de literalidad, pues se trata de un deber de informaci\u00f3n, que la Fiscal\u00eda satisface en los t\u00e9rminos de la Jurisprudencia citada en la providencia recurrida, p\u00e1gina 20 y ss\u00bb. <\/p>\n

Al revisar el registro auditivo de la diligencia, precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abY es que si no qued\u00f3 lo suficientemente claro, se itera, del minuto 57:55 al 60:06 de la Audiencia de Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n, fue mencionado a viva voz, entre otras cosas: <\/p>\n

"…entonces insistimos que esas entrevistas, esa denuncia, forma parte de un documento que por su naturaleza de p\u00fablico est\u00e1 incorporado a nuestra carpeta y ah\u00ed aparecen inicialmente los razonamientos y lo dicho por estos entrevistados, para efectos entonces de esta audiencia la fiscal\u00eda ha descubierto, descubre, esas entrevistas, denuncias, esos informes, e insisto, ya en audiencia preparatoria de requerirse para efecto de respaldo de la teor\u00eda del caso adem\u00e1s del documento p\u00fablico, los testimonios de unas personas que se han mencionado por parte de la fiscal\u00eda…"\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, el Tribunal considera que el deber de descubrimiento probatorio hasta el momento en que se dio inicio a la audiencia preparatoria se encontraba cumplido por parte de la Fiscal\u00eda, en relaci\u00f3n con el asunto objeto de reproche\u00bb. <\/p>\n

Luego, sobre la falta de enunciaci\u00f3n de las pruebas en la audiencia de preparatoria, el tribunal explic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) vale decir que si bien la Defensa acierta al realizar el recuento f\u00e1ctico de lo acaecido en la mencionada audiencia, yerra en cuanto a su apreciaci\u00f3n consistente en que el hecho de haber omitido parcialmente la Fiscal\u00eda enunciar la totalidad de las pruebas que pretend\u00eda hacer valer implicaba la renuncia de algunas de ellas o que no le estaba dado al Juez complementar el pedimento pues "no hay decreto ni solicitud de prueba impl\u00edcita!' {sic); y ello se asevera pues am\u00e9n de que no existi\u00f3 ni solicitud ni decreto de pruebas de forma impl\u00edcita, dado que los testimonios decretados fueron objeto de solicitud tal y como consta al minuto 56 y ss. del registro de la misma audiencia, no debe perderse de vista la finalidad y alcance otorgado por la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la enunciaci\u00f3n contenida en el Numeral 3o del Art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n

Aclar\u00f3 que en este caso no proceder\u00eda la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por cuanto pudo establecerse que s\u00ed fueron descubiertos por el ente investigador, de manera oportuna, los testimonios echados de menos por la defensa, frente a lo que indic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la forma en que el legislador estructur\u00f3 la audiencia preparatoria permite concluir que en la l\u00f3gica procesal, la fase de enunciaci\u00f3n antecede a la de estipulaci\u00f3n con el \u00fanico prop\u00f3sito de que sea con base en las pruebas enunciadas que se efect\u00faen las estipulaciones probatorias como se realiz\u00f3 en este proceso; por ello, resulta incompatible, a criterio de esta Sala de Decisi\u00f3n Penal, que se pretenda aplicar la sanci\u00f3n prevista en el Art\u00edculo 346 relativa al incumplimiento del deber de descubrimiento por el hecho de haberse omitido la enunciaci\u00f3n de los testimonios, puesto que como se dej\u00f3 sentado en l\u00edneas precedentes, los mismos hab\u00edan sido descubiertos desde la Audiencia de Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, indefectiblemente se hace necesario recordar que la Jurisprudencia ha establecido que son cuatro (4) las fases y oportunidades en que se agota el descubrimiento probatorio: i) la presentaci\u00f3n del Escrito de Acusaci\u00f3n; ii) en Audiencia de Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n; iii) en Audiencia Preparatoria, donde por regla general fenece; y de modo ocasional, iv) en el Juicio Oral, de conformidad con lo previsto en el Art\u00edculo 344 del Estatuto Procesal ya citado. As\u00ed las cosas, debe entenderse que el deber de descubrimiento que tiene la Fiscal\u00eda persigue el fin \u00fanico de enterar a la defensa, para que \u00e9sta conozca de forma oportuna, los testimonios, dict\u00e1menes periciales, y dem\u00e1s elementos cognoscitivos que sirven de sustento a la acusaci\u00f3n y que pueden ser solicitados por el ente acusador\u00bb. <\/p>\n

Y concluy\u00f3: \u00abDe este modo, pretender extender la sanci\u00f3n prevista en el Art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal alegando el incumplimiento por parte de la Fiscal\u00eda de enunciar los testimonios que fueron solicitados carece de sustento jur\u00eddico en la medida que se trata de medios de prueba que fueron oportunamente descubiertos\u00bb (fls. 55 a 62, ib.). <\/p>\n

Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa resoluci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se trat\u00f3 de una interpretaci\u00f3n respetable del debate suscitado, ya que el tribunal se ocup\u00f3 con suficiencia de explicitar las razones a partir de las cuales consider\u00f3 pertinente decretar las pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda, al margen de las alegaciones vertidas por los recurrentes. <\/p>\n

Adem\u00e1s, claramente los fundamentos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

Sobre el tema se ha puntualizado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067, 27 de feb. 2015 rad. 2014-02055-01). <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha dicho, que las meras divergencias conceptuales resultan insuficientes para demandar el amparo constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. En tal sentido se aclar\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n

5.\tDe la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n

En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, lo que aqu\u00ed no ocurre, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n

Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n

\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01) <\/p>\n

Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) <\/p>\n

Por otra parte, en este evento no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, ya que la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC8310-2016), ya que la tutelante no se halla privada de la libertad, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo que habilite provisionalmente la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n

6.\tConclusiones. <\/p>\n

6.1.\tEl resguardo habr\u00e1 de desestimarse porque, con independencia de que la argumentaci\u00f3n se\u00f1alada sea o no compartida por la Corte, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n

6.2.\tDeviene igualmente improcedente el auxilio si el proceso penal se encuentra en curso, comoquiera que es evidente que la quejosa cuenta con la oportunidad al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos y controvertir las pruebas decretadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo n\u00b0 11001-02-04-000-2018-01952-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15603-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-01952-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 11 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102035\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}