{"id":102037,"date":"2026-07-01T21:21:59","date_gmt":"2026-07-01T21:21:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102037"},"modified":"2026-07-01T21:21:59","modified_gmt":"2026-07-01T21:21:59","slug":"stc15647-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15647-2018\/","title":{"rendered":"STC15647-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15647-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02818-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Engracia Ascenci\u00f3n L\u00f3pez Fajardo y Rafael Hern\u00e1n Su\u00e1rez Flores contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el juicio que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad y del principio de lealtad procesal, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

Solicitaron, entonces, \u00abrevocar la decisi\u00f3n de la Sala Singular de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal [acusado]…, que declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al 5 de julio de 2017\u00bb, dejando en firme la sentencia dictada en primera instancia, el 16 de mayo de 2018, por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali (folios 20 y 21). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tFernando Vel\u00e1squez Bocanegra y Adriana Luc\u00eda Cardona Ospina incoaron juicio de responsabilidad civil contra los accionantes, Tri Fit Ltda., Avianca S.A. y Gesti\u00f3n Cargo Ltda., con miras a que les fueran reconocidos los da\u00f1os sufridos con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 12 de febrero de 2007, en el que result\u00f3 lesionado Vel\u00e1squez Bocanegra. <\/p>\n

2.2.\tLa demanda fue admitida el 7 de julio de 2015 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali y el \u00faltimo de los demandados fue notificado el 5 de julio de 2016. <\/p>\n

2.3.\tCon prove\u00eddo del 16 de agosto de 2017, el citado estrado judicial dispuso \u00ab[p]rorrogar por seis (6) meses el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva…[,] de conformidad con el inciso 5 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (folio 28). <\/p>\n

2.4.\tEl 6 de abril de 2018 tom\u00f3 posesi\u00f3n el nuevo Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, ante el fallecimiento del anterior titular, ocurrido el d\u00eda 1\u00ba anterior, tras diferentes quebrantos de salud que lo aquejaron desde principios del a\u00f1o en curso. <\/p>\n

2.5.\tEl 9 de mayo de 2018 el actual funcionario adelant\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que, \u00abamparado en el numeral 5 inciso 3\u00bb de ese precepto, \u00abindic\u00f3 el sentido del fallo anunciando que se negaran las pretensiones e informando que… ser\u00eda proferido en forma escritural dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes\u00bb. <\/p>\n

2.6.\tAl d\u00eda siguiente los all\u00ed demandantes pidieron dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aduciendo que \u00abel Juez de instancia perdi\u00f3 competencia y no obstante, continu\u00f3 conociendo del proceso, por consiguiente, las actuaciones surtidas a partir del 19 de febrero de 2.018 son nulas de pleno derecho\u00bb (folio 26 y 27). <\/p>\n

2.7.\tCon providencia del 16 de mayo posterior, el juzgado no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de invalidar lo actuado por p\u00e9rdida de competencia y dict\u00f3 sentencia de primera instancia, negando las pretensiones (folios 29 a 49). Los demandados apelaron, con escrito en el cual s\u00f3lo censuraron que se les hubiera denegado la nulidad que invocaron. <\/p>\n

2.8.\tNo obstante que el Tribunal admiti\u00f3 esa censura, interpretando que estaba dirigida contra la sentencia, con auto del 27 de julio \u00faltimo, adujo \u00abpronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte actora frente a la determinaci\u00f3n del 16 de mayo del 2018, por la cual se deneg\u00f3 la solicitud de nulidad objetiva… consagrada en el art\u00edculo 121 del C.G. del P.\u00bb, y declar\u00f3 la invalidez \u00abde todas las actuaciones adelantadas con posterioridad al 5 de julio de 2017\u00bb, al concluir que desde esa data hab\u00eda operado, de pleno derecho, la p\u00e9rdida de competencia contemplada en el citado canon, al superarse el t\u00e9rmino all\u00ed establecido sin dictarse la respectiva sentencia de primer grado; por lo que orden\u00f3 devolver el expediente \u00abal despacho de origen para que disponga lo pertinente\u00bb (folios 53 a 57). <\/p>\n

2.9.\tPor v\u00eda de tutela, censuraron los accionantes que la Colegiatura criticada, al invalidar lo actuado, desconoci\u00f3 la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el adjetivo, los precedentes jurisprudenciales de esta Corte y de la Constitucional respecto a la saneabilidad de la nulidad derivada del incumplimiento del t\u00e9rmino para dictar sentencia. <\/p>\n

Destacaron que para el caso concreto deb\u00eda observarse que el titular del despacho acusado fue cambiado en tres ocasiones; que desde la posesi\u00f3n del \u00faltimo funcionario a la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia de primera instancia, tan s\u00f3lo transcurrieron 46 d\u00edas, por lo que s\u00ed fue emitida dentro del t\u00e9rmino del a\u00f1o que contempla el citado art\u00edculo 121, de donde no hab\u00eda lugar a invalidarla; y que su contraparte, deslealmente, pidi\u00f3 la nulidad cuando ya ten\u00eda conocimiento de que el fallo de primer grado le ser\u00eda adverso (folios 1 a 22). <\/p>\n

3.\tLa Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 62 y 63). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tAvianca S.A. manifest\u00f3 adherirse a la petici\u00f3n de amparo (folio 80). <\/p>\n

2.\tLa Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali rog\u00f3 negar la salvaguarda porque los gestores omitieron suplicar el prove\u00eddo de 27 de julio de 2018 que critican, adem\u00e1s, su decisi\u00f3n tuvo \u00abrespaldo normativo y jurisprudencial[,] por lo que lejos est\u00e1 de ser arbitraria o caprichosa\u00bb (folios 96 y 97). <\/p>\n

3.\tEl Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones surtidas en el juicio fustigado (folios 126 y 127). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tLos promotores critican el auto de 27 de julio de 2018, mediante el cual el Tribunal acusado dispuso la invalidez \u00abde todas las actuaciones adelantadas con posterioridad al 5 de julio de 2017\u00bb porque desde esa data se configur\u00f3, de pleno derecho, la causal de invalidez contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; decisi\u00f3n que esa Colegiatura emiti\u00f3 resolviendo la apelaci\u00f3n propuesta frente a la negativa del Juzgado de acceder a declarar tal nulidad. <\/p>\n

3.\tDe entrada, debe se\u00f1alar la Corte que, contrario a lo aducido por la autoridad encausada, la petici\u00f3n de amparo satisface el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que el prove\u00eddo cuestionado no era suplicable, de conformidad con el art\u00edculo 331 del citado estatuto, el cual ense\u00f1a que esa censura es improcedente \u00abcontra los autos mediante los cuales se resuelva la apelaci\u00f3n\u00bb, como all\u00ed ocurri\u00f3, conforme qued\u00f3 dicho. <\/p>\n

4.\tZanjado lo anterior, al examinar aquel prove\u00eddo, encuentra esta Sala que la salvaguarda rogada est\u00e1 llamada al fracaso, porque con la decisi\u00f3n en comento no se incurri\u00f3 en arbitrariedad que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

En efecto, luego de trascribir el contenido del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, la Colegiatura acusada consign\u00f3 que de all\u00ed se extra\u00eda: <\/p>\n

…de un lado, que el legislador en su amplia potestad legislativa instituy\u00f3 una casual de p\u00e9rdida de competencia, fincada en el trascurso del tiempo para proferir decisi\u00f3n de m\u00e9rito, es decir, que el juzgador cuenta con un t\u00e9rmino razonable para resolver la instancia so pena de que el asunto deba ser asumido por el funcionario que le sigue en turno. <\/p>\n

Igualmente, debe precisarse que el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece dicha preceptiva legislativa para emitir sentencia de \u00fanica o primera instancia, comienza a correr objetivamente por regla general desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, salvo suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n del proceso o desde la fecha que se cristalice el supuesto que aflora del inciso 3\u00ba numeral 7\u00ba del articulo 90 ib\u00eddem. <\/p>\n

Es por tanto que cuando el funcionario deje transcurrir un lapso superior al dispuesto por el legislador para proferir fallo ya sea de \u00fanica, primera o segunda instancia, la consecuencia procesal, inexcusablemente es la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica y, toda actuaci\u00f3n que se adelante luego de dicha circunstancia estar\u00e1 viciada de nulidad al haber operado de pleno derecho. <\/p>\n

Seguidamente, de cara al caso concreto, concluy\u00f3 que \u00abal haberse agotado el \u00faltimo enteramiento del auto admisorio del libelo a la demandada, el d\u00eda 5 de julio de 2016, la actuaci\u00f3n surtida ulterior al 5 de julio de 2017, sin que se hubiera dictado fallo de primera instancia, es nula de pleno derecho, sin que represente trascendencia que la misma hubiera sido invocada tard\u00edamente\u00bb; determinaci\u00f3n que justific\u00f3 acudiendo a apartes de precedente de esta Sala en punto a la objetividad e imposibilidad de saneamiento de dicha causal de invalidez (STC8849-2018, 11 jul, rad. 2018-00070-01). <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que aunque el 16 de agosto de 2017 el a-quo \u00abprorrog\u00f3 el t\u00e9rmino por seis (6) meses m\u00e1s para proferir fallo seg\u00fan lo permite excepcionalmente el inciso 4\u00ba del articulo 121 ej\u00fasdem\u00bb, era evidente que \u00abel mismo fue dictado cuando ya hab\u00eda perdido competencia, siendo por contera inv\u00e1lido a la luz del ordenamiento procesal y por ende incapaz de producir efectos jur\u00eddicos\u00bb, por lo que \u00abadem\u00e1s de haberse emitido sentencia por fuera del plazo prorrogado, lo cierto es que desde el 5 de julio de 2017, el juzgador hab\u00eda perdido competencia y en este sentido toda actuaci\u00f3n posterior es nula de pleno derecho\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, destac\u00f3 que si bien \u00abel funcionario de instancia bajo el abrigo de la doctrina jurisprudencial imperante, despach\u00f3 de manera desfavorable la solicitud de nulidad invocada por… la parte demandante… al considerar que \u201cla nulidad prescrita en el art\u00edculo 121 no es aplicable cuando con su invocaci\u00f3n se pretenda retrotraer un tr\u00e1mite ya superado, mucho menos como en el presente caso cuando ya se ha anunciado el sentido de la sentencia\u201d\u00bb; lo cierto era que: <\/p>\n

…el anterior criterio fue corregido y recogido por la Corte en aras de evitar inseguridad jur\u00eddica e indeterminaci\u00f3n frente al tema, explicitando de forma categ\u00f3rica en la providencia citada enantes, que \u201clas consideraciones precedentes, llevan a la Sala a recoger todos los precedentes que, en sentido contrario, emiti\u00f3 previamente, al considerar que la postura aqu\u00ed expuesta es la m\u00e1s acorde a los consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico, espec\u00edficamente, en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal vigente\u201d. <\/p>\n

Razonamientos con fundamento en los cuales se\u00f1al\u00f3, de forma conclusiva, que \u00abcomulgando del nov\u00edsimo criterio de la Corte Suprema de Justicia y al avizorar… que la causal de nulidad de pleno derecho oper\u00f3 en el presente caso desde el 5 de julio de 2017, as\u00ed [se] proceder\u00e1 a declararla, invalidando toda actuaci\u00f3n posterior a dicha data\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los quejosos es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada concluy\u00f3, con apoyo en la norma aplicable al asunto y la jurisprudencia de esta Corte, a pesar de las alegaciones de los accionantes, que se configur\u00f3 la nulidad de pleno derecho contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso al no haberse dictado decisi\u00f3n de primera instancia dentro del t\u00e9rmino all\u00ed establecido; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

5.\tLo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nSalvamento de voto <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC15647-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02818-00.
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 razonable la determinaci\u00f3n de la Sala Civil del Tribunal de Cal que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso e invalid\u00f3 todo lo actuado a partir del 5 de julio de 2017, incluida la sentencia de primera instancia del 16 de mayo de 2018.
\nLa Sala aval\u00f3 la argumentaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n acusada, seg\u00fan la cual, \u00abal haberse agotado el \u00faltimo enteramiento del cuto admisorio del libelo a la demandada, el d\u00eda 5 de julio 2016, la actuaci\u00f3n surtida ulterior al 5 de julio de 2017, sin que se hubiera dictado el fallo de primera instancia, es nula de pleno derecho, sin que trascendencia que la misma hubiera sido invocada
\nR
\n adicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02811'-00
\ntard\u00edamente\u00bb (f. 196), con lo que se le atribuy\u00f3 un car\u00e1cter insaneable, aspecto del cual me aparto, con base el_ la siguiente argumentaci\u00f3n.
\nDel car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., .ad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en <\/p>\n

De esta forma, el legislador dio continuidad\tla
\npol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0\tla
\nLey 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa col, figuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de la aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que- aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento
\nmediante especial con los lineamientos generales del capitulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de du .acci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la dis-3osici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla
\nactuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia par x emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, elle no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de
\nreconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a so 3er: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis, de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instar cia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables sol el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores
\n1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se co _cibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se e :trae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las preceptivl- s del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 7 32 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han pr( iisto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138.
\nprivilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber de decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falt1 de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas
\nnulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
\nrevivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la res' activa instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de a p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viola el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto d ? los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por l ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab( ..) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (..) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (..). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad \u00e1 3 los derechos reconocidos por la ley sustancial (..)".
\n"(…) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ve; que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los ci. ales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9itas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador, ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesa de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se manten\u00eda a la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2J06, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/ 16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, une_ postura que en supuestos como los relacionados con el des 3ordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos.
\nAs\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, a: ates que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama para la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insanvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento ; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia
\nreal de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la etic\u00eddad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar
\nen letra muerta, por un exacerbado 'formalismo', `literalismo' o procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol, por excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y noble que ello implica, y no convertirse en una especie de enterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 19 8 9-09 134-0 1).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pre texto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en -raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n res 3ectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plago, tolerada por los intervinientes, impide refutar la
\naptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis.
\nUn entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eds de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia d la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en tuno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber: <\/p>\n

Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (i9 hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa
\nproporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 996 establece que, dentro de los principios que informal la administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0, y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituye ti en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten pm ajan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de
\njusticia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva
\nque comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo orle; Lado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a conceb\u00ed el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos
\nconstitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de con secuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n con sumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n, hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de los justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el sal-, amento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil.
\nLUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\n3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAI 1CIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autom\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAi 16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a las consideraciones all\u00ed consignadas con base en los siguientes argumentos:
\n1. La Sala deniega el amparo, luego de estimar que en el proceso motivo de tutela, le asisti\u00f3 criterio razonable al Tribunal accionado, en tanto, su determinaci\u00f3n de disponer la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones adelantadas con posterioridad al vencimiento del termino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no lucia arbitraria ni impon\u00eda la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

En efecto, debido a que la Sala fund\u00f3 su determinaci\u00f3n en razonamientos muy similares a los expuestos en el fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas motivaciones acerca de la nulidad consagrada la norma ib\u00eddem, no comparto tal como lo expres\u00e9 en el salvamento de voto que me permit\u00ed hacer en esa oportunidad, que remito a tales argumentos a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias. <\/p>\n

De los se\u00f1ores integrante de la Sala; <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15647-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02818-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Engracia Ascenci\u00f3n L\u00f3pez Fajardo y Rafael Hern\u00e1n Su\u00e1rez Flores contra la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}