{"id":102038,"date":"2026-07-01T21:22:14","date_gmt":"2026-07-01T21:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102038"},"modified":"2026-07-01T21:22:14","modified_gmt":"2026-07-01T21:22:14","slug":"stc15661-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15661-2018\/","title":{"rendered":"STC15661-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15661-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03528-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Se decide la tutela promovida por Nelson G\u00f3mez Torres y Luz Stella Gonz\u00e1lez Pinz\u00f3n frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, Adriana Saavedra Lozada y Miryam Lizarazu Bitar, con ocasi\u00f3n del juicio de protecci\u00f3n al consumidor adelantado por los aqu\u00ed quejosos a la Constructora Parque Central S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos gestores del auxilio demandan el amparo de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En virtud de una promesa de compraventa suscrita entre los quejosos y la Constructora Parque Central S.A., aqu\u00e9llos instauraron acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor a esta \u00faltima, en su calidad de promitente vendedora, conocida en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien emiti\u00f3 fallo accediendo a las pretensiones del libelo, el pasado 6 de junio. <\/p>\n

Tal prove\u00eddo fue revocado por la magistratura fustigada al desatar la apelaci\u00f3n deprecada por la demandada, para en su lugar, declarar probada la falta de competencia del a quo para resolver controversias de car\u00e1cter contractual no cobijadas por la Ley 1480 de 2011 (fl.6, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde la accionada <\/p>\n

La Corporaci\u00f3n criticada pidi\u00f3 la denegaci\u00f3n del ruego remiti\u00e9ndose a los criterios jur\u00eddicos del fallo confutado (fl.40, cdno.1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Los tutelantes censuran al tribunal acusado por haber definido en contra de sus intereses el comentado subex\u00e1mine al desatar la segunda instancia. <\/p>\n

2. En la providencia objetada se adopt\u00f3 la postura confutada tras hallar reunidos los presupuestos indispensables para estimar configurada la incompetencia de la Superintendencia convocada, razonando el juzgador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) es palmario que emerge inviable el estudio de la aludida pretensi\u00f3n de incumplimiento en esta causa, ya que se escapa del \u00e1mbito de pronunciamiento del fallador en materia de protecci\u00f3n al consumidor, pues, en ese punto toral, est\u00e1 prevista por el incumplimiento de la garant\u00eda, lo que dista del petitum esbozado en el libelo. (\u2026) As\u00ed entonces, debe prosperar el enervante de falta de competencia del a quo, para decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de promesa de compraventa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para arribar a la citada conclusi\u00f3n, reflexion\u00f3 sobre los alcances de la Ley 1480 de 2011, reguladora de las relaciones de consumo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) ciertamente, en el contexto de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es viable el estudio de asuntos de naturaleza contractual, siempre y cuando se relacionen con las prerrogativas que la normativa protege, previstas en el art\u00edculo 3
\n[del Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor]. En \u00faltimas, ha de valorarse que el [usuario], destinatario de la salvaguarda, adquiere tal connotaci\u00f3n en el tr\u00e1fico mercantil, en virtud de una relaci\u00f3n negocial con el proveedor, por lo que los derechos cobijados se ambientan en un escenario contractual (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) De hecho, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el recurrente, de conformidad con el numeral 3 del art\u00edculo 56 de la [comentada disposici\u00f3n], mediante la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al [comprador] se decidir\u00e1n, entre otros asuntos, aquellos contenciosos originados en la aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protecci\u00f3n a la [clientela] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, en la sentencia cuestionada haciendo una interpretaci\u00f3n sustantiva del asunto debatido se advirti\u00f3 que las pretensiones de los actores se enmarcaban en el incumplimiento contractual de la promesa de venta por parte de la constructora, distando tal alegato del \u00e1mbito de aplicabilidad de las reglas antedichas, es decir, v\u00ednculo consumidor \u2013 productor y proveedor. <\/p>\n

Luego, partiendo de ese entender, se evidenci\u00f3 la discordancia entre la acci\u00f3n ejercida y los pedimentos del libelo. <\/p>\n

Sobre el particular, acot\u00f3 el ad quem: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En efecto, una cosa es deprecar la protecci\u00f3n frente a cl\u00e1usulas abusivas o perseguir la efectividad de la garant\u00eda, para lo cual fue expedido el Estatuto del Consumidor, y otra bien diferente, solicitar, como ocurre en este litigio, que se declare el incumplimiento de la compa\u00f1\u00eda respecto de otro tipo de estipulaciones, as\u00ed como condenarla en perjuicios (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, dispuso el fallador revocar la providencia de primer grado, justificando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, prevista en la Ley 1480 de 2011, se ha erigido como una herramienta de fundamental defensa en favor de aqu\u00e9llos que concurren al mercado a adquirir bienes o servicios, para salvaguardar de manera efectiva las prerrogativas que nacen del v\u00ednculo que surge con el productor o proveedor. Mas, esa innegable connotaci\u00f3n no autoriza a los justiciables a acudir a ella para que se hagan declaraciones y condenas totalmente ajenas a los derechos de los consumidores, ya que no tiene la vocaci\u00f3n de reemplazar las acciones contractuales previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, inherentes al v\u00ednculo que ata a las partes, ya sea reclamando la resoluci\u00f3n ora exigiendo su ejecuci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. En el proceso incoado en ese norte, ser\u00e1 la oportunidad apropiada para determinar si es viable o no la retenci\u00f3n de las arras por parte de la Constructora Parque Central S.A. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el colegiado efectu\u00f3 un estudio adecuado de los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que lo condujeron a la sentencia reprochada. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n examinada no se observa incoherente al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.
\n5. Corolario de lo narrado, no se acceder\u00e1 a la salvaguarda incoada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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