{"id":102040,"date":"2026-07-01T21:22:38","date_gmt":"2026-07-01T21:22:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102040"},"modified":"2026-07-01T21:22:38","modified_gmt":"2026-07-01T21:22:38","slug":"stc15678-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15678-2018\/","title":{"rendered":"STC15678-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC15678-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02197-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Jos\u00e9 Yesid Monroy Ar\u00e9valo frente a los Juzgados Cuarenta y Dos Civil Municipal y Treinta y Dos Civil del Circuito, ambos de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio adelantado por Josefina Manrique Mej\u00eda al aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del auxilio reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, el aqu\u00ed accionante fue demandado por Josefina Manrique Mej\u00eda en juicio \u201creivindicatorio\u201d, solicitando la restituci\u00f3n de \u201c(\u2026) un lote de terreno junto con su construcci\u00f3n, ubicado en [esta] ciudad (\u2026)\u201d, as\u00ed como el pago de los frutos civiles \u201c(\u2026) percibidos (\u2026) y los que se hubiesen dejado de recibir con mediana inteligencia y atenci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Arguye que aleg\u00f3 ser \u201cposeedor de buena fe\u201d del bien inmiscuido; empero, el referido estrado profiri\u00f3 sentencia donde se acogi\u00f3 \u00fanicamente la reclamaci\u00f3n referente a la devoluci\u00f3n del inmueble, decisi\u00f3n revocada parcialmente el 6 de septiembre de 2018, por el juzgado del circuito querellado, quien concedi\u00f3 la totalidad de las pretensiones invocadas. <\/p>\n

Aduce el gestor que los convocados \u201c(\u2026) incurrieron en v\u00edas de hecho (\u2026) porque no realiz[aron] una ponderaci\u00f3n racional de las pruebas allegadas debidamente al proceso (\u2026)\u201d, las cuales demostraban los \u201c(\u2026) actos de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026), y la suma de posesiones (\u2026)\u201d requerida para adquirir por prescripci\u00f3n el inmueble objeto de litis. <\/p>\n

Esgrime que las \u201ccondenas\u201d impuestas en el aludido decurso, recaen \u00fanicamente sobre \u00e9l, aun cuando la demanda tambi\u00e9n fue dirigida contra Nelson Alejandro Mart\u00ednez \u00c1lvarez. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto, dejar sin efecto las sentencias proferidas en el aludido pleito. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 inst\u00f3 declarar improcedente el ruego, por cuanto ese despacho \u201c(…) siempre vel\u00f3 por garantizar a las partes el debido proceso (\u2026)\u201d dentro del asunto bajo estudio (fls. 38 a 39). <\/p>\n

2. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta capital, refiri\u00f3 que no existe \u201c(\u2026) circunstancia alguna que vulnere o amenace (\u2026)\u201d las prerrogativas del actor (fls. 32 a 34). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Concedi\u00f3 el ruego, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]res temas fueron disputados por el accionante:\u201d <\/p>\n

\u201cEl primero, relativo a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, no se abre paso porque, en rigor, el se\u00f1or Monroy no cuestion\u00f3 que la se\u00f1ora Manrique figura como due\u00f1a del predio disputado y que \u00e9l tiene la condici\u00f3n de poseedor material (\u2026). Por tanto, no pueden ser censuradas [las decisiones] por haber concedido la reivindicaci\u00f3n, dado que, desde la perspectiva de la legitimaci\u00f3n, [se] hall[aron] configurados los presupuestos establecidos en los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El segundo, relativo a la extensi\u00f3n de las condenas al se\u00f1or Nelson Alejandro Mart\u00ednez, decae f\u00e1cilmente con s\u00f3lo recordar que el propio Jos\u00e9 Monroy se reconoce como \u00fanico poseedor por lo que su reclamo cae en el vac\u00edo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al respecto se memora que la juez de primera instancia neg\u00f3 ese pronunciamiento a favor de la demandante, en atenci\u00f3n a que no se alleg\u00f3 prueba. El juez de circuito no desconoci\u00f3 esa falencia, pero decidi\u00f3 apartarse por considerar que el valor de los frutos se tasaran considerando la suma que mes a mes corresponda al 1% del aval\u00fao comercial del predio, el que no podr\u00e1 ser superior al doble del concepto que como aval\u00fao catastral certifique la Oficina de Catastro Distrital, aplicada al a\u00f1o o fracci\u00f3n correspondiente, entre el 11 de mayo de 2007 (fecha de la contestaci\u00f3n de la demanda) y la fecha en que efectivamente se realice la restituci\u00f3n del predio a la demandante\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, al proceder de ese modo, el juez pas\u00f3 por alto que si bien es cierto que la Ley 820 de 2003, establece esos criterios para fijar el tope m\u00e1ximo de la renta en un contrato de arrendamiento, no lo es menos que, por regla, los jueces no pueden, por si y ante s\u00ed, valerse de ellos para fijar en la sentencia el valor de unos frutos civiles, as\u00ed estos correspondan a utilidades o beneficios que resultan de la industria humana (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El juez supuso una prueba que la demandante en reivindicaci\u00f3n debi\u00f3 aportar. He aqu\u00ed su error. El Tribunal, como juez constitucional, debe, entonces, proteger el derecho a un debido proceso del hoy accionante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, dispuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se deja sin valor ni efectos el numeral 1o de la sentencia proferida por [el juzgado del circuito tutelado] el 6 de septiembre de 2018 (\u2026), y se le ordena que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, profiera una sentencia complementaria en la que se pronuncie, exclusivamente, sobre el tema de los frutos (\u2026)\u201d (fls. 59 a 63). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

El promotor y Josefina Manrique Mej\u00eda impugnaron manifestando sus inconformidades por la forma como el tribunal zanj\u00f3 el presente auxilio (fls. 75 y 83). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El gestor censura la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirmando la restituci\u00f3n del inmueble objeto del comentado juicio reivindicatorio, y condenando al pago de los \u201cfrutos civiles\u201d requeridos por la parte demandante. <\/p>\n

Para concluir lo anterior, el estrado tutelado estim\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Del haber probatorio recaudado se deduce que concurren todos los requisitos necesarios para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en raz\u00f3n a que el derecho de dominio en la demandante est\u00e1 acreditado con la escritura p\u00fablica n\u00famero 3316 de 19 de noviembre de 1991 (\u2026), en la que se encuentra claramente delimitado el inmueble distinguido con el folio N\u00b0 050-433691, y en dicho folio aparece la demandante como titular del dominio sobre dicho bien (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La posesi\u00f3n del bien materia de acci\u00f3n reivindicatoria por parte del demandado, est\u00e1 comprobada en cabeza del se\u00f1or Jos\u00e9 Yesid Monroy Ar\u00e9valo, y \u00e9sta se comprueba seg\u00fan la misma contestaci\u00f3n de la demanda, su afirmaci\u00f3n indica, que \u00e9l es el poseedor del inmueble (\u2026) y lo fue con posterioridad a la adquisici\u00f3n del t\u00edtulo por parte de la demandante, tal como se desprende de la misma contestaci\u00f3n de la demanda y los testimonios practicados (\u2026). Tambi\u00e9n est\u00e1 demostrada la identidad del bien pose\u00eddo, con aqu\u00e9l del cual es propietaria la demandante (\u2026). Por consiguiente (\u2026) est\u00e1n establecidos los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ahora, como la parte demandada aunque propuso como excepci\u00f3n de m\u00e9rito lo que denomin\u00f3 prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, lo cierto es, que desisti\u00f3 de la misma, desistimiento que le fue aceptado, haciendo claridad que no bastaba enunciar la excepci\u00f3n, sino que deb\u00eda proponer la correspondiente acci\u00f3n de pertenencia. Por consiguiente, no existen defensas por parte del demandado que deban ser objeto de an\u00e1lisis en la direcci\u00f3n antes indicada (sic), si adem\u00e1s tenemos en cuenta que las excepciones son los medios de defensa con los que cuenta la parte demandada para enervar o debilitar las pretensiones de la parte demandante (\u2026), y al no existir \u00e9stas, no hay lugar a m\u00e1s consideraciones, pues la excepci\u00f3n que destruye la acci\u00f3n del reivindicante debe ser de tal car\u00e1cter que tenga la virtualidad de ser mejor derecho, de demostrar que el demandante carece de todo derecho sobre el bien, cuya entrega se pretende (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos, sino los que el due\u00f1o hubiese podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo las cosas en su poder (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Basados en que la buena fe se presume (\u2026), la mala fe era cuesti\u00f3n que deb\u00eda probar la parte demandante de manera plena y absoluta, sin que quedara manera de presumir al respecto (\u2026), entonces como no fue desvirtuada la presunci\u00f3n de la buena fe, se tendr\u00e1 en cuenta para los efectos de las prestaciones mutuas (\u2026). Como no fue probada la mala fe, lo que traduce que no fue desvirtuada la presunci\u00f3n de la buena fe, se deb[e] ordenar la restituci\u00f3n del inmueble trabado en la litis, y como consecuencia el demandado reconoc[er] los frutos civiles que por ministerio de la ley se traducen en el equivalente a c\u00e1nones de arrendamiento mensuales, pretensiones que fueron negadas en la sentencia de primer grado, por no haberse aportado el peritaje al respecto, pero este juzgador se aparta de tal afirmaci\u00f3n, teniendo en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 964 del C.C., en relaci\u00f3n con las restituciones mutuas, por lo que habr\u00e1 de ordenarse que el demandado Yesid Monroy Ar\u00e9valo, restituya el valor de los frutos producidos del inmueble los que se tasar\u00e1n considerando las suma que mes a mes corresponda del aval\u00fao comercial del 1% del valor del inmueble, el que no podr\u00e1 ser superior al doble del concepto que como aval\u00fao catastral certifique la oficina de catastro distrital, aplicada al a\u00f1o o fracci\u00f3n correspondiente entre el 11 de mayo de 2007, que es la fecha de la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) y la fecha real de entrega del inmueble (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Atendiendo a la tem\u00e1tica aqu\u00ed planteada, esta Corporaci\u00f3n estima necesario acotar que no encuentra arbitrariedad manifiesta en la actuaci\u00f3n del juez de segundo grado, al confirmar la restituci\u00f3n del predio inmiscuido, pues se estructuraban todos los presupuestos para que la acci\u00f3n reivindicatoria prosperara, aunado, al desistimiento de los medios exceptivos propuestos por el aca actor, con los cuales buscaba atacar las pretensiones de la parte demandante. <\/p>\n

4. Ahora, no comparte esta Sala el argumento del tribunal para conceder el amparo, aduciendo que \u201c(\u2026) el juez supuso una prueba que la demandante en reivindicaci\u00f3n debi\u00f3 aportar (\u2026)\u201d para determinar la cuant\u00eda de los frutos civiles, pues, en relaci\u00f3n con ese aspecto, el juzgador puede aplicar el \u201cprincipio de la oficiosidad\u201d1, por tanto, le era dable utilizar las herramientas que le permitieran deducir la causaci\u00f3n y el monto de esos rubros, como as\u00ed sucedi\u00f3 en el presente caso. N\u00f3tese, la autoridad para determinar el citado t\u00f3pico y garantizar las prerrogativas sustanciales del reivindicante, acudi\u00f3 al art\u00edculo 18 de la Ley 820 de 20032, as\u00ed se colige de la lectura de la sentencia confutada. <\/p>\n

No es descabellado afirmar que las utilidades del inmueble a restituir, pod\u00edan ser tasadas en c\u00e1nones de arrendamiento, por cuanto el bien era apto para albergar a una o varias personas, como as\u00ed lo afirm\u00f3 el quejoso en la contestaci\u00f3n de la demanda, cuando adujo que ese predio, \u201c(\u2026) es [su] habitaci\u00f3n junto con [el de] su familia (\u2026)\u201d, por tanto, indiscutible es, la heredad inmiscuida gener\u00f3 frutos mientras estuvo en manos del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

Frente a ese tema, esta Colegiatura ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) mientras el demandado conserva la cosa en su poder, se haya aprovechado de sus frutos, o la haya mejorado o deteriorado, en el caso en que fuera condenado a restituirla deb\u00eda naturalmente proveerse lo conveniente sobre estos puntos, porque de otro modo se consagrar\u00eda bien un enriquecimiento indebido por parte del reo cuando se aprovecha de los frutos de una cosa que no es suya (\u2026)\u201d (G.J. LXII. P\u00e1g. 651) <\/p>\n

5. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone revocar el fallo aludido para, en su lugar, negar el amparo invocado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para en su lugar, NEGAR el resguardo deprecado. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. SC de 12 de dic. de 2003, rad. 5881
\n2 \t\u201cEl precio \tmensual del arrendamiento (\u2026) \tno podr\u00e1 \texceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o de \tla parte de \u00e9l que se d\u00e9 en arriendo\u201d.
\n3 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n18<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC15678-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02197-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102040","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102040\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}