{"id":102042,"date":"2026-07-01T21:22:59","date_gmt":"2026-07-01T21:22:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102042"},"modified":"2026-07-01T21:22:59","modified_gmt":"2026-07-01T21:22:59","slug":"stc15682-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15682-2018\/","title":{"rendered":"STC15682-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15682-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03615-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Mar\u00eda Mercedes y Octavio Anc\u00edzar Salazar Molano frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuentes, con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n iniciado respecto de la sentencia de 1\u00b0 de septiembre de 2016, dictada dentro del proceso de pertenencia impulsado por Carmen Eliza Le\u00f3n Medina contra los aqu\u00ed actores. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, en s\u00edntesis de su extenso escrito, exponen que en relaci\u00f3n con el predio materia de la pertenencia objeto del cuestionado recurso extraordinario de revisi\u00f3n, realizaron m\u00faltiples gestiones en ejercicio de su derecho de dominio, entre otras, adelantaron un juicio reivindicatorio contra Alicia Jim\u00e9nez Caicedo, finalizado con fallo favorable a sus pretensiones, y la consecuente ejecuci\u00f3n de esa providencia, decurso a\u00fan no concluido. <\/p>\n

Carmen Eliza Le\u00f3n Medina demand\u00f3 la prescripci\u00f3n del terreno mencionado; empero, no fueron enterados de ese asunto, pese a saber la prenombrada de su lugar de ubicaci\u00f3n, como quiera que aqu\u00e9lla estuvo involucrada en los pleitos antes rese\u00f1ados, donde figuraban los datos de los aqu\u00ed actores. <\/p>\n

Mediante sentencia de 1\u00b0 de septiembre de 2016, se acogieron las s\u00faplicas de Le\u00f3n Medina; no obstante, s\u00f3lo conocieron de esa decisi\u00f3n hasta el 12 de octubre de 2017, cuando reclamaron un certificado de tradici\u00f3n y libertad de la heredad en comento. <\/p>\n

Indican que tras examinar el expediente contentivo del \u00faltimo juicio rese\u00f1ado, advirtieron distintas irregularidades, entre otras, las relativas a su indebida notificaci\u00f3n y maniobras fraudulentas efectuadas por Le\u00f3n Medina, motivos por los cuales impulsaron la acci\u00f3n de revisi\u00f3n materia de esta salvaguarda. <\/p>\n

El tribunal admiti\u00f3 dicho remedio el 3 de noviembre de 2017 y requiri\u00f3 a los aqu\u00ed petentes el 9 de marzo de 2018, para que acreditaran la notificaci\u00f3n de Carmen Eliza Le\u00f3n Medina. <\/p>\n

Sostienen que aun cuando se logr\u00f3 la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n para adelantar el enteramiento de aqu\u00e9lla personalmente y as\u00ed se demostr\u00f3 ante el accionado, \u00e9ste declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n el 15 de mayo de 2018. <\/p>\n

Aunque interpusieron s\u00faplica contra ese pronunciamiento, el mismo se ratific\u00f3 el 9 de agosto de 2018. <\/p>\n

Con el proceder descrito se quebrantaron sus garant\u00edas, por cuanto se desconocieron sus esfuerzos para enterar a Le\u00f3n Medina; asimismo, se releg\u00f3 el env\u00edo de la misiva respectiva para la notificaci\u00f3n personal de \u00e9sta antes de la terminaci\u00f3n del litigo censurado y, por aviso, con anterioridad a la definici\u00f3n del enunciado recurso de s\u00faplica. <\/p>\n

3.\tPiden, por tanto, revocar los pronunciamientos criticados. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Relat\u00f3 los antecedentes del asunto y se\u00f1al\u00f3 no haber incurrido en violaci\u00f3n de prerrogativas sustanciales. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tExaminada la queja y los elementos de juicio aportados, no se constata desafuero o irregularidad manifiesta, lesiva de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

2.\tAuscultada la determinaci\u00f3n de 9 de agosto de 2018, mediante la cual el tribunal ratific\u00f3 la de 15 de mayo anterior, donde se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el decurso reprochado, se extrae una valoraci\u00f3n prudente de la normatividad aplicable y de lo ocurrido en el asunto. <\/p>\n

En efecto, all\u00ed se expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) 4.3.2.\tEn el caso subex\u00e1mine, se avizora, que transcurridos 2 meses desde la admisi\u00f3n de la demanda y de la aclaraci\u00f3n de la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de la demandada, la parte demandante no ha notificado el extremo pasivo de la litis, por lo que el magistrado ponente lo requiere a fin de que d\u00e9 cumplimiento con esa carga procesal que le corresponde, advirti\u00e9ndole que una vez acaecidos los 30 d\u00edas sin que se hiciere la notificaci\u00f3n, se dispondr\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c4.3.3. Es importante destacar la importancia de la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda en el proceso, por lo que una de las reglas principales del derecho procesal es la de la publicidad, en virtud de ella las decisiones del Juez deben ser comunicadas a las partes o sus apoderados, para que puedan hacer uso de su derecho de poder impugnarla, aclararla, complementarla o simplemente para que enterados de su contenido, se disponga a cumplir lo all\u00ed ordenado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c4.3.4. Se observa entonces, que el apoderado de la parte demandante no cumpli\u00f3 con la carga procesal por la que se le requiri\u00f3, [pues] (\u2026) no notific\u00f3 debidamente a la se\u00f1ora Carmen Eliza Le\u00f3n Medina, puesto que s\u00f3lo envi\u00f3 la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal de la demanda a \u00e9sta para que compareciera a la secretar\u00eda de la Sala, lo cual (sic), vencido el t\u00e9rmino sin que la demandada se presentara, se debi\u00f3 realizar la notificaci\u00f3n por aviso de acuerdo al art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso, todo ello dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas previamente dado por el magistrado sustanciador en el auto de requerimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn este punto, debe indic\u00e1rsele al apoderado de la parte demandante, que el diligenciamiento de la notificaci\u00f3n por aviso s\u00f3lo es responsabilidad de la parte interesada en la misma, y no del magistrado (inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso), y que, de acuerdo al art\u00edculo 317 ib\u00eddem, la solicitud de diligenciamiento del formato de notificaci\u00f3n por aviso que realiz\u00f3 la parte actora al magistrado ponente, no podr\u00eda generar la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino concedido en el requerimiento, ya que al ser una carga procesal de competencia de la parte actora, su tr\u00e1mite o elaboraci\u00f3n no puede ser trasladado al magistrado, y menos a\u00fan considerar que con tal proceder se cumpli\u00f3 con el requerimiento realizado -notificaci\u00f3n efectiva-, pues es claro que en este evento se entender\u00eda cumplida la carga procesal impuesta (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c4.3.5. Conforme los anteriores fundamentos, se concluye que la
\nparte demandante no cumpli\u00f3 con la carga procesal impuesta, y por lo tanto que es procedente la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito decretada por el magistrado sustanciador (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ahora, aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del accionado, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone la observancia de la Convenci\u00f3n en forma irrestricta. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo con lo discurrido, la protecci\u00f3n impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Mercedes y Octavio Anc\u00edzar Salazar Molano frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuentes, con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n iniciado respecto de la sentencia de 1\u00b0 de septiembre de 2016, dictada dentro del proceso de pertenencia impulsado por Carmen Eliza Le\u00f3n Medina contra los aqu\u00ed actores. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n

8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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