{"id":102045,"date":"2026-07-01T21:23:49","date_gmt":"2026-07-01T21:23:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102045"},"modified":"2026-07-01T21:23:49","modified_gmt":"2026-07-01T21:23:49","slug":"stc15692-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15692-2018\/","title":{"rendered":"STC15692-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15692-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2018-01577-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso P\u00e9rez Orejuela contra los Juzgados Quinto, Cuarenta y Tres Civil del Circuito, y Sesenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de los procesos criticados. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los estrados judiciales accionados.
\nEn consecuencia, solicita \u00abdeclarar la nulidad del proceso surtido ante el Juzgado 61 Civil Municipal y el\u2026 43 Civil del Circuito\u2026, incluyendo el mandamiento de pago de fecha 27 de octubre de 2000, proferido por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb; y \u00abordenar su terminaci\u00f3n por falta de los requisitos sustanciales y formales para poder iniciarse\u00bb (folio 12, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Banco AV Villas promovi\u00f3 un juicio ejecutivo contra Alfonso P\u00e9rez Orejuela, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago el 27 de octubre del 2000 y el 11 de enero de 2006 dict\u00f3 sentencia, en la que modific\u00f3 la orden de apremio, decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble secuestrado, el aval\u00fao y la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

2.2. En el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad se adelanta el juicio de liquidaci\u00f3n patrimonial de Alfonso P\u00e9rez Orejuela, el que fue admitido el 11 de diciembre de 2015, disponi\u00e9ndose oficiar a los despachos judiciales para que remitieran los procesos de ejecuci\u00f3n que se adelantaran en contra del deudor; el 21 de junio de 2017 el peticionario formul\u00f3 una nulidad solicitando la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario, la que fue rechazada de plano con prove\u00eddo de 28 de julio de 2017 porque carec\u00eda de competencia y desconoc\u00eda el estado y actuaciones surtidas en dicho juicio, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, en auto de 20 de febrero de 2018 se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada, por lo que en auto de 23 de abril de los corrientes, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito del mismo lugar confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

2.4. Indic\u00f3 el accionante que pese a haberse aplicado el alivio ordenado por la ley, no se ha dado legal aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y las sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, pues no se ha reestructurado el cr\u00e9dito, siendo los t\u00edtulos inexigibles y configur\u00e1ndose as\u00ed una nulidad insaneable de todo lo actuado. <\/p>\n

2.5. Se\u00f1al\u00f3 que la actual cesionaria del cr\u00e9dito no est\u00e1 autorizada por los entes de vigilancia y control para otorgar y reestructurar cr\u00e9ditos de financiaci\u00f3n de vivienda conforme lo establecen las referidas sentencias de constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia; las referidas cesiones son inconstitucionales e ilegales, pues los cesionarios son personas que no ostentan la calidad de actores financieros sujetos a la Ley 546 de 1999, ni son controlados, vigilados o autorizados para el recaudo de cr\u00e9ditos de vivienda por la Superintendencia Financiera. <\/p>\n

2.6. Adujo que el accionado Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago sin sustento alguno; el estrado Cuarenta y Tres Civil del Circuito acusado resolvi\u00f3 en segunda instancia el incidente de nulidad propuesto, y el Sesenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad no acept\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 en el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural, rechazando la petici\u00f3n de invalidez formulada; todos los despachos acusados incurrieron en v\u00eda de hecho al desconocer sus derechos y hacer prevalecer sus conceptos sin tener en cuenta la normatividad, jurisprudencia y doctrina. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 23 de abril de 2018 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada frente al auto que rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad impetrada dentro del proceso de liquidaci\u00f3n criticado; que dicha determinaci\u00f3n se profiri\u00f3 con apego al debido proceso y sin transgredir los derechos fundamentales esgrimidor por el promotor. <\/p>\n

2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad inform\u00f3 que con providencia de 28 de febrero de 2018 dispuso la remisi\u00f3n del proceso hipotecario adelantado en contra del ahora accionante al Juzgado Sesenta Uno Civil Municipal con el fin de que hiciera parte del juicio 2015-00940. <\/p>\n

3. El Juzgado Sesenta Uno Civil Municipal del mismo lugar se\u00f1al\u00f3 que conoce del proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial del gestor, el que fue admitido el 11 de diciembre de 2015, orden\u00e1ndose designar al liquidador y oficiar a los despachos judiciales para que remitieran los procesos de ejecuci\u00f3n que se adelantaran en contra del deudor; que en varias providencias ha requerido al liquidador designado para posesionarlo y que allegue el inventario valorado de los bienes del deudor; que el 6 de febrero de 2017 el accionante present\u00f3 un escrito de nulidad manifestando no encontrarse de acuerdo con la negociaci\u00f3n del pago de deudas, la que fue rechazada de plano el 14 de febrero de 2017 por no ser la oportunidad para la impugnaci\u00f3n del acuerdo de pago conforme los art\u00edculos 136 y 557 del C\u00f3digo General del Proceso; que las alegaciones del gestor no son acordes con las actuaciones adelantadas; que el 21 de junio de 2017 el peticionario formul\u00f3 una nulidad con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 \u00eddem, solicitando la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario y la aplicaci\u00f3n de las sentencias C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y 11354 de 2002, la que fue rechazada de plano con prove\u00eddo de 28 de julio de 2017 por falta de competencia y porque no contaban con el juicio hipotecario censurado, desconociendo el estado del mismo y las actuaciones surtidas; que dicho expediente fue allegado el 15 de marzo de 2018; que la reestructuraci\u00f3n deprecada es ajena al tr\u00e1mite adelantado; que las actuaciones se han surtido respetando las garant\u00edas esenciales de las partes y con apego a la normatividad procesal vigente; que no se configuraron las causales de procedencia del resguardo; y el promotor fue incurioso, pues las decisiones que ataca no fueron controvertidas en el juicio hipotecario. <\/p>\n

4. El Edificio Andaluc\u00eda \u2013 Propiedad Horizontal refiri\u00f3 que no le constaban los hechos expuestos en la tutela; que terminar el proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial lo afectar\u00eda, pues no podr\u00eda recuperar la cartera que le adeuda el ahora accionante, quien en 18 a\u00f1os jam\u00e1s ha tenido la intenci\u00f3n de pagar la administraci\u00f3n; que el petente dilata el juicio que cursa en el estrado Sesenta y Uno Civil Municipal con el fin de evitar el pago de sus obligaciones; y no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que en lo que ata\u00f1e al Juzgado Quinto Civil del Circuito acusado no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor no excepcion\u00f3 para controvertir la exigibilidad de la obligaci\u00f3n antes del proferimiento de la sentencia de 11 de enero de 2006, adem\u00e1s que no exist\u00eda prueba que el deudor tuviera capacidad financiera para someterse al beneficio de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues conforme con el acta de audiencia de conciliaci\u00f3n para la negociaci\u00f3n de deudas de 20 de noviembre de 2013 de la Notar\u00eda Segunda de Bogot\u00e1, se advierte que tiene distintas obligaciones con entidades y personas, por lo que al desprenderse del conocimiento dicho despacho, actualmente no se pod\u00eda pronunciar sobre si la actual cesionaria est\u00e1 o no autorizada por los entes de vigilancia y control para efectuar la se\u00f1alada reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 en lo que concern\u00eda a los autos de 28 de julio de 2017, 20 de febrero y 23 de abril de 2018, dictados por los Juzgados 61 Civil Municipal y Cuarenta y Tres Civil del Circuito criticados, observaba que el peticionario ten\u00eda un subjetivo disentimiento frente a las razones en que se basaron dichas instancias para resolver el asunto, lo que excede del \u00e1mbito de la tutela, al no ser una instancia adicional. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el fallo constitucional de primera instancia desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia; que no puede decirse que la falta de aplicaci\u00f3n de la ley de vivienda recae en la \u00f3rbita de interpretaci\u00f3n del juez, pues hay m\u00faltiples pronunciamientos de las altas Cortes que son doctrina obligatoria e incluso mandatos; que el juez de instancia deb\u00eda estudiar en qu\u00e9 \u00e9poca fue otorgado el cr\u00e9dito, ya que si era anterior a 1999 se ten\u00eda que verificar si se realiz\u00f3 la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n, pues de lo contrario no ser\u00eda exigible la obligaci\u00f3n, incuria de los jueces que cont\u00f3 con el benepl\u00e1cito del Tribunal Constitucional; que pese a que no formul\u00f3 excepciones, si propuso la nulidad del tr\u00e1mite; y frente al argumento de que ante la existencia de otras acreencias no era viable la reestructuraci\u00f3n, advert\u00eda que si bien la Superintendencia Financiera expidi\u00f3 unas circulares que impon\u00edan dicha condici\u00f3n, lo cierto era que las mismas fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se advierte que el 21 de junio de 2017 el peticionario formul\u00f3 una nulidad ante el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, en donde se tramita el proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial, solicitando la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario, la que fue rechazada de plano con prove\u00eddo de 28 de julio de 2017 con fundamento en que dicho despacho carec\u00eda de competencia y desconoc\u00eda el estado y actuaciones surtidas en el proceso hipotecario. <\/p>\n

La anterior decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que en auto de 20 de febrero de 2018 se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada, correspondi\u00e9ndole el asunto al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito del mismo lugar, el que en auto de 23 de abril de los corrientes, el confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, tras considerar que no obraba en el plenario el expediente del juicio hipotecario, por lo que no pod\u00eda interferir en el mismo, ni ir en contra de providencias ejecutoriadas. <\/p>\n

3. Bajo el anterior contexto y examinados los procesos objeto de la queja constitucional, concluye la Sala que, al margen de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario alegada por el gestor, lo cierto es que se evidencia la existencia de embargo de remanentes en el pleito hipotecario criticado, proveniente del Juzgado 35 Civil Municipal de Bogot\u00e1 (folios 3 a 5, cuaderno Corte); lo que impide, conforme a los precedentes jurisprudenciales la terminaci\u00f3n del proceso por falta del requisito reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, la doctrina constitucional y los recientes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, en punto a la improcedencia de terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios por falta de reestructuraci\u00f3n, ante la existencia de embargo de remanentes, ha dicho que: <\/p>\n

Si bien es cierto que relativamente a la \u00abrestructuraci\u00f3n\u00bb de cr\u00e9ditos de vivienda, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abcomo requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor\u00bb (CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01), tambi\u00e9n lo es que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, ata\u00f1edero con el t\u00f3pico que se viene tratando, afirm\u00f3 que \u00ab[a]\u00fan con los anteriores ajustes en la l\u00ednea jurisprudencial, subsisten vac\u00edos, como, por ejemplo, el relacionado con los casos en los cuales exista embargo de remanentes. En ese evento, la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera no obra para beneficio del deudor conforme al objetivo de la ley, puesto que continuar\u00eda la ejecuci\u00f3n por la otra obligaci\u00f3n y si no puede pagar se rematar\u00e1 el bien y el efecto no habr\u00eda beneficiado al deudor y habr\u00eda perjudicado al acreedor financiero en beneficio de un tercero acreedor. En tales casos, es razonable que no proceda la reestructuraci\u00f3n si el deudor no obtiene una reestructuraci\u00f3n de la totalidad de sus obligaciones [En este sentido ver la Sentencia T-511 de 2001]. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u00abAdicionalmente, es preciso que no haya otros procesos ejecutivos en contra del deudor, en los que se haya solicitado el embargo de remanentes. En tales casos, la obligaci\u00f3n, a\u00fan si se entendiera reestructurada se vuelve plenamente exigible. <\/p>\n

\u00abDe todo lo anterior surge que una reconstrucci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, ajustada con los elementos de an\u00e1lisis que se han ido haciendo evidentes en las distintas oportunidades en las que la Corte se ha ocupado del tema, muestra que las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes\u2026, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb (\u2026). <\/p>\n

4.2.- En ilaci\u00f3n de lo anterior, la Sala ha precisado, entre otras cosas, lo siguiente: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

4.2.2.- En CSJ STC11343-2016, 17 ago. 2016, rad. 2016-02222-00 (citando a la Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001), pregon\u00f3 que \u00ab\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento si resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada (\u2026)\u201d\u00bb, entre otras cosas porque \u00abno est\u00e1 dem\u00e1s indicar que lo aqu\u00ed adoptado no implica per se influir a la accionada para que autom\u00e1ticamente culmine el se\u00f1alado compulsivo por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por el contrario, se itera, dicha colegiatura debe verificar liminarmente si en el presente asunto, la deudora tiene la capacidad financiera para someterse a tal beneficio, pues de no tenerla, ser\u00eda inane y violatorio del principio de econom\u00eda procesal, finiquitar el compulsivo\u00bb (CSJ STC15487-2015, 11 nov. 2015, rad. 02667-00). (Negrillas por la Corte, CSJ STC1551-2017; reiterada en STC5350-2017). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se itera, que al margen de que la obligaci\u00f3n ejecutada en el proceso hipotecario criticado haya o no sido reestructurada, lo cierto es que no puede accederse a la terminaci\u00f3n del mismo, como lo rog\u00f3 el peticionario, habida cuenta que en tal pleito existe un embargo de remanentes, situaci\u00f3n que, conforme los precedentes jurisprudenciales, impide dicha culminaci\u00f3n judicial; de ah\u00ed que el reclamo constitucional carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma el proceso deb\u00eda continuar. <\/p>\n

En un asunto de contornos similares esta Sala expuso que: <\/p>\n

\u2026surge palpable que con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado. (CSJ STC1684 de 2015, rad. n\u00ba 2015-00201). <\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Ausencia justificada
\n\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

Comisi\u00f3n de Servicios
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15692-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2018-01577-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}