{"id":102046,"date":"2026-07-01T21:24:03","date_gmt":"2026-07-01T21:24:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102046"},"modified":"2026-07-01T21:24:03","modified_gmt":"2026-07-01T21:24:03","slug":"stc15713-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15713-2018\/","title":{"rendered":"STC15713-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15713-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-02096-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por William Celeita Romero contra el fallo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de octubre de 2018 (STP13320-2018), en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la misma especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa urbe, extensiva a los intervinientes en el juicio radicado bajo el n\u00famero 73001-31-05-003-2008-00140-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado, pidi\u00f3 que en virtud de la protecci\u00f3n de sus derechos a la vida, dignidad humana, m\u00ednimo vital, salud, igualdad, \u201cfavorabilidad\u201d y debido proceso, se invaliden las sentencias proferidas por dichos estrados, en la causa que le promovi\u00f3 a la Administraci\u00f3n Postal Nacional \u2013Adpostal- En Liquidaci\u00f3n y la Caja de Previsi\u00f3n Social de las Comunicaciones \u2013Caprecom- para el pago de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n

Relat\u00f3 que en primera instancia el Juzgado demandado neg\u00f3 su pedimento (9 sep. 2009), decisi\u00f3n ratificada por el Tribunal (9 jun. 2010. Por su parte, esta Corte no quebr\u00f3 el veredicto de aquella Colegiatura (SL 777-2015, 4 feb.), a pesar que en su sentir deb\u00eda accederse a su pretensi\u00f3n. Destac\u00f3 en ese contexto, que se desconocieron los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para su concesi\u00f3n, entre ellos, que ten\u00eda 777 semanas cotizadas antes de la declaratoria de estructuraci\u00f3n de la \u201cinvalidez\u201d en diciembre 6 de 2006, con independencia que no haya cotizado al sistema desde el 21 de febrero de 2002, cuando fue despedido por la empresa de correos, m\u00e1xime si esas circunstancias derivaron del accidente de trabajo que sufri\u00f3 en 1989, que le redujo la capacidad laboral. Resalt\u00f3 tambi\u00e9n, que ese suceso le gener\u00f3 varias afecciones de car\u00e1cter progresivo y degenerativo, como lo son la \u201cesquizofrenia afectiva, trastorno de ansiedad, convulsiones, trauma cr\u00e1neo encef\u00e1lico\u201d, entre otros padecimientos, situaci\u00f3n en virtud de la cual deb\u00edan garantizarse sus \u201cderechos m\u00ednimos legales\u201d y el \u201cprincipio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d. <\/p>\n

Finalmente confront\u00f3 el \u201cfallo de la Sala Laboral\u201d de esta Corporaci\u00f3n, arguyendo que dej\u00f3 de lado los lineamientos de la Corte Constitucional que \u201caceptan las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n (de la invalidez) para lograr los requisitos del derecho pensional\u201d cuando el beneficiario sufre tales enfermedades. <\/p>\n

2. Los implicados se pronunciaron as\u00ed: <\/p>\n

El Director Jur\u00eddico del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Adpostal solicit\u00f3 negar el amparo, por ausencia de vulneraci\u00f3n e inmediatez. <\/p>\n

La apoderada especial de la Unidad de Tutelas del \u201cPAR Caprecom liquidado\u201d puntualiz\u00f3 que la entidad carece de existencia jur\u00eddica, ya que fue liquidada el 27 de enero de 2017. <\/p>\n

La unidad judicial querellada inform\u00f3 que el litigio acusado est\u00e1 archivado. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

1. El a quo descart\u00f3 la viabilidad de la ayuda, en esencia, porque estim\u00f3 que el estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la providencia SL 777-2015 es razonable, torn\u00e1ndose improcedente la \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d para rebatirlo. <\/p>\n

2. El actor disinti\u00f3. Explic\u00f3 que el veredicto de la \u201cCorte\u201d no es \u201crazonable\u201d, porque eludi\u00f3 \u201clas semanas cotizadas durante toda su relaci\u00f3n laboral que son 777 semanas cotizadas que se pueden tener en cuenta bajo el entendido de que tales semanas entraron al sistema de buena fe, con la confianza de que pod\u00eda alcanzar alguna prestaci\u00f3n, que (perdi\u00f3) su capacidad laboral para trabajar como consta en las certificaciones emanadas por sus m\u00e9dicos tratantes para continuar aportando al sistema, que la enfermedad que padece (\u2026) desde hace 28 a\u00f1os se convirti\u00f3 en (\u2026) degenerativa, que la Junta Regional de invalidez del Tolima calific\u00f3 su porcentaje con el 57.20% de invalidez, que el accidente de trabajo no fue catalogado como accidente de trabajo sino como com\u00fan, que (\u2026) fue despedido el 12 de febrero de 2002 y que fue all\u00ed que perdi\u00f3 su fuerza de trabajo y realiz\u00f3 su \u00faltima cotizaci\u00f3n, sin seguridad social para atender sus patolog\u00edas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La protesta de Celeita Romero no puede salir avante, pues aunque su estado de salud, que lo hace un \u201csujeto de especial protecci\u00f3n\u201d, permite superar la ausencia de inmediatez del resguardo, en tanto ataca una determinaci\u00f3n expedida desde hace m\u00e1s de tres a\u00f1os, no hay motivos que habiliten la injerencia constitucional, dado que como lo apunt\u00f3 el sentenciador de primer grado, el \u201cfallo SL 777-2015\u201d es fruto de un an\u00e1lisis plausible de los cargos propuestos en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, al igual que de la controversia planteada por el gestor frente al \u201cderecho pensional\u201d que alega. <\/p>\n

En efecto, la \u201cSala\u201d denunciada explic\u00f3 que, por razones de t\u00e9cnica en la \u201cformulaci\u00f3n\u201d de ese mecanismo, no era posible quebrar la \u201csentencia del Tribunal\u201d. Al respecto adujo que: <\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, el alcance de la impugnaci\u00f3n se encuentra inadecuadamente planteado, pues se le pide a la Corte a un mismo tiempo la casaci\u00f3n y la revocatoria de la decisi\u00f3n del Tribunal, lo que, como se ha adoctrinado en repetidas oportunidades, constituye un imposible l\u00f3gico e impide determinar con precisi\u00f3n el querer del recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, como se pone de presente en la oposici\u00f3n, la mayor\u00eda de los razonamientos que componen el cargo ostentan una estirpe netamente jur\u00eddica y resultan extra\u00f1os a la v\u00eda por la cual se encamina la acusaci\u00f3n. Esa situaci\u00f3n puede predicarse respecto de las discusiones relacionadas con la norma que debe ser aplicada a las condiciones pensionales del actor; la inaplicabilidad del requisito de fidelidad al sistema de pensiones; y los alcances de los principios de favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n

El cargo tambi\u00e9n es insuficiente en sus planteamientos, pues no ataca las premisas centrales de la decisi\u00f3n del Tribunal, que se pueden resumir en que: i) la norma que regula el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez es la vigente para el momento en el que se estructura el estado de invalidez; ii) y que, con apego a dicha disposici\u00f3n, aun teniendo en cuenta la densidad de semanas cotizadas que reclama el actor (777), no se logran reunir las 50 semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, como lo exige el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n

Tampoco controvierte la censura la conclusi\u00f3n del Tribunal de que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no resulta aplicable a las condiciones del actor, debido a su calidad de trabajador oficial y a su afiliaci\u00f3n a Caprecom, inferencia esta que por s\u00ed sola mantiene las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada\u201d. <\/p>\n

Si as\u00ed fue, no puede el precursor aspirar que por este camino, triunfe la r\u00e9plica que all\u00e1 esgrimi\u00f3, ya que seg\u00fan lo ha reiterado esta \u201cSala\u201d <\/p>\n

(\u2026) ese recurso extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del ataque; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar los cargos para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea superable en esta sede, porque no se instituy\u00f3 para suplir la ineptitud del remedio (CSJ STC6238-2018). <\/p>\n

2. Adem\u00e1s, el cuerpo Colegiado analiz\u00f3 el fondo de las censuras del quejoso, y en ese camino expuso los argumentos por los cuales, en su caso, los \u201cprincipios de favorabilidad y condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d invocados no daban lugar a variar la negativa impartida a su exigencia prestacional. <\/p>\n

Reflexion\u00f3 as\u00ed, que <\/p>\n

1. Esta Sala de la Corte ha sostenido con insistencia, como lo advirti\u00f3 el Tribunal, que la norma llamada a regular el reconocimiento de una pensi\u00f3n de invalidez es la que se encuentra vigente en el momento en el que se estructura t\u00e9cnicamente el estado de invalidez y no la vigente en el momento en el que inicia o se agrava alguna patolog\u00eda. En este caso, de acuerdo con el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Tolima (fol. 190 a 193), cuya err\u00f3nea apreciaci\u00f3n reclama la censura, la invalidez del actor se estructur\u00f3 el 6 de diciembre de 2006, por lo que la norma vigente y aplicable era el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n

2. A pesar de que la Corte ha justificado mayoritariamente la inaplicaci\u00f3n del requisito de fidelidad al sistema de pensiones (CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 35319), como lo pregona la censura, lo cierto es que el actor tampoco reun\u00eda el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, que tambi\u00e9n establece el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003. Ello en la medida en que, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n No. 2153 de 2009 (fol. 247 y 248), cuya falta de valoraci\u00f3n reclama el censor, el actor dej\u00f3 de cotizar el 12 de febrero de 2002 y la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez corresponde al 6 de diciembre de 2006. <\/p>\n

4. De acuerdo con las anteriores precisiones, a\u00fan si se aceptara que dicha norma pod\u00eda extenderse a los afiliados de Caprecom, bajo ninguna hip\u00f3tesis podr\u00eda darse lugar a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues, como tambi\u00e9n lo ha precisado esta Sala de la Corte, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no permite la ejecuci\u00f3n de una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas hasta llegar a la que resulte m\u00e1s conveniente a las condiciones de cada afiliado. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674). <\/p>\n

5. Finalmente, vale la pena aclarar que el actor tampoco ten\u00eda las semanas necesarias para financiar una pensi\u00f3n de vejez, de manera que no era dable aplicar la regla jurisprudencial por virtud de la cual quien ha cumplido los requisitos en materia de cotizaciones para acceder a la pensi\u00f3n de vejez en el r\u00e9gimen de prima media, tiene derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, as\u00ed no haya cotizado en los \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez como lo exige la Ley 860 de 2003 (CSJ SL3087-2014). En este punto, es importante precisar tambi\u00e9n que el actor no ten\u00eda 40 a\u00f1os o m\u00e1s de edad, ni m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicios, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n en pensiones y no se pod\u00eda, en esa misma medida, verificar el cumplimiento de las semanas necesarias para la pensi\u00f3n de vejez con apego al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. <\/p>\n

Luego, no puede tildarse esa directriz de antojada o caprichosa, sin que la postura del libelista por ser distinta a esa hermen\u00e9utica torne exitosa la ayuda, pues <\/p>\n

(\u2026) la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional (reiterada en STC485-2018). <\/p>\n

3. Por consiguiente, se ratificar\u00e1 la \u201csentencia\u201d combatida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de naturaleza, fecha y origen conocidos. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, por el medio m\u00e1s expedito, a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15713-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-02096-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por William Celeita Romero contra el fallo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102046\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}