{"id":102051,"date":"2026-07-01T21:25:35","date_gmt":"2026-07-01T21:25:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102051"},"modified":"2026-07-01T21:25:35","modified_gmt":"2026-07-01T21:25:35","slug":"stc15736-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15736-2018\/","title":{"rendered":"STC15736-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15736-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03626-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por los magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Duberney Grisales Herrera y Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular adelantada por Cristian V\u00e1squez Arias a Bancolombia S.A., radicada bajo el n\u00famero 2016-00648-02, en la cual el aqu\u00ed quejoso funge como coadyuvante. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El petente reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas consagradas en los art\u00edculos 13, 83 y 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente quebrantadas por la corporaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

2. De lo consignado en la demanda genitora y de las pruebas aportadas, se constata que en el asunto materia de este ruego, se apel\u00f3 la sentencia dictada en primer grado, y si bien se concedi\u00f3 esa impugnaci\u00f3n, el tribunal querellado la declar\u00f3 desierta el 18 de mayo de 2018. <\/p>\n

Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga cuestiona esa \u00faltima determinaci\u00f3n porque ese juzgador pretiri\u00f3 que en un caso similar, \u201c(\u2026) LA H CSJ SC LABORAL, en [la] tutela stl5602, acta 14, radicaci\u00f3n 79601, fechada 25 de abril de 2018, el H Mag JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, (\u2026) ORDENO DAR TRAMITE A LA APELACION DENTRO DE [SU] ACCION POPULAR, YA QUE SE HABIAN REALIZADO LOS REPAROS CONCRETOS ANTE EL AQUOO (sic)\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que aun cuando jam\u00e1s ha concurrido a \u201csustentar centenares de acciones populares\u201d que adelanta \u201cante el Consejo de Estado\u201d, \u00e9ste nunca ha decretado la deserci\u00f3n de su alzada. <\/p>\n

Afirma que la Ley 472 de 1998 no le impone la aludida carga procesal y se pregunta c\u00f3mo hace el colegiado tutelado \u201c(\u2026) para tener como inexistente la alzada, pese a que se hicieron los reparos concretos ante el aquoo (sic)\u201d. <\/p>\n

3. Solicita, en s\u00edntesis, i) dictar sentencia de \u201cunificaci\u00f3n\u201d consagrando la inviabilidad de \u201cdeclarar desierta una apelaci\u00f3n sustentada con reparos concretos ante el aquo\u201d; ii) ordenar al ad quem atacado dar curso a la memorada alzada, \u201cya que se hicieron los reparos concretos\u201d; iii) requerir a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u201c(\u2026) aporte el radicado de todas las tutelas que ha amparado en cualquier fecha[, revocando] acciones que han sido declarada decierta (sic) la apelaci\u00f3n por la inasistencia del demandante\u201d; y iv) enviarle a su correo electr\u00f3nico copia escaneada del libelo constitucional y del fallo a expedir en este resguardo. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El promotor del auxilio Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga cuestiona, puntualmente, la providencia de 18 de mayo de 2018, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira declar\u00f3 la deserci\u00f3n del remedio vertical propuesto por el citado se\u00f1or contra la sentencia dictada dentro de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2018-0648-02. <\/p>\n

2.\tEste decurso no sale avante, por cuanto no se halla irregularidad en el proceder confutado. <\/p>\n

2.1. El ad quem emiti\u00f3 el auto objetado porque el recurrente no sustent\u00f3 el referenciado medio de defensa. Se precisa, los reparos concretos formulados en primera instancia frente a ese fallo, no exim\u00edan al censor de fundamentar de manera oral su inconformidad con la se\u00f1alada decisi\u00f3n, por as\u00ed imponerlo la regla 322 del CGP; empero, no lo hizo. <\/p>\n

Lo aducido porque como lo ha aseverado esta Corte en recientes oportunidades, quien apela un prove\u00eddo de tal naturaleza no s\u00f3lo debe mencionar en forma breve sus censuras espec\u00edficas respecto de ese pronunciamiento, sino tambi\u00e9n concurrir ante el superior para ampliar all\u00ed esa impugnaci\u00f3n, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. <\/p>\n

En efecto, esta Colegiatura en pret\u00e9ritas ocasiones y de forma un\u00e1nime, ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Aunque] el apoderado apel\u00f3 la sentencia estimatoria dictada en audiencia de 3 de marzo de 2016 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla y le fue concedido el recurso en el efecto suspensivo, no compareci\u00f3 a la diligencia programada por el superior para la sustentaci\u00f3n el 30 de agosto de 2016 y ante ello se declar\u00f3 desierto con base en las siguientes disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n

\u201cEl inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (subraya la Corte) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl inciso 4\u00ba de dicha preceptiva, prev\u00e9 que: \u00abSi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb (negrillas y subrayas fuera del texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAl respecto esta Sala ha sostenido que \u00abel legislador previ\u00f3 como sanci\u00f3n la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, al momento de presentar la impugnaci\u00f3n en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentaci\u00f3n de los mencionados reparos ante el superior\u00bb CSJ STC11058-2016, 11 ago. 2016, rad. 02143-00, entre otras). Subraya la Sala. (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.2. En relaci\u00f3n con el momento para interponer el remedio vertical, esta Corte, a la luz de lo reglado en el canon 322 \u00eddem, ha explicitado que, si la providencia es proferida en audiencia, la alzada debe impetrarse en la misma diligencia. Por el contrario, si el pronunciamiento se emiti\u00f3 fuera de esa oportunidad, se cuenta con tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n para la formulaci\u00f3n de tal impugnaci\u00f3n.
\nEn lo atinente a la sustentaci\u00f3n, el legislador previ\u00f3, espec\u00edficamente, respecto de las sentencias, que la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el ad quem a partir de los reparos concretos aducidos frente al a quo. <\/p>\n

En cuanto a lo discurrido, esta Corporaci\u00f3n esgrimi\u00f3: <\/p>\n

\u201c[D]\u00e1ndole un sentido integral al art\u00edculo 322 de[l C\u00f3digo General del Proceso], se tiene que de acuerdo a su numeral 1\u00ba, cuando la providencia se emite en el curso de una audiencia o diligencia, la apelaci\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse en forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, a lo que seguidamente indica que de todos los recursos presentados, al final de la audiencia el juez \u00abresolver\u00e1 sobre la procedencia (\u2026) as\u00ed no hayan sido sustentados\u00bb. <\/p>\n

\u201cSignifica lo anterior que una es la ocasi\u00f3n para interponer el recurso que indudablemente es \u00abinmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trat\u00e1ndose de sentencias presenta una estructura compleja, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada \u00abante el superior\u00bb, conforme lo contemplan los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 3 del citado canon 322 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn tal sentido, el segundo de los apartados de la preceptiva en cita establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

De lo consignado en el canon 322 \u00eddem, se desprenden diferencias en torno a la apelaci\u00f3n de autos y sentencias, aspecto sobre el cual esta Sala un\u00e1nimemente, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a) Para los primeros, el legislador previ\u00f3 dos momentos, uno relativo a la interposici\u00f3n del recurso, el cual ocurre en audiencia si la providencia se dict\u00f3 en ella o, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n controvertida si se profiri\u00f3 fuera de aqu\u00e9lla; y, dos, la sustentaci\u00f3n, siendo viable \u00e9sta en igual lapso al referido si el prove\u00eddo no se emiti\u00f3 en audiencia o al momento de incoarse en la respectiva diligencia, todo lo cual se surte ante el juez de primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cb) En cuanto a las segundas, el remedio vertical comprende tres etapas, esto es, (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada. Dichos actos se surten dependiendo, igualmente, de si el fallo se emite en audiencia o fuera de ella, tal como arriba se expuso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

2.3. Se infiere, entonces, que trat\u00e1ndose de autos esta Sala ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o decisi\u00f3n. Para las sentencias, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia. <\/p>\n

Por tanto, le corresponde al recurrente no s\u00f3lo aducir sus quejas puntuales ante el a quo, sino acudir a la audiencia fijada por el superior para el efecto y fundamentar all\u00ed el remedio vertical, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem. <\/p>\n

2.4. En cuanto a ese \u00faltimo aspecto, esta Corte estima pertinente se\u00f1alar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d4, principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n

Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, est\u00e1n compelidos a presentarse personalmente frente al juez para exponerle sus argumentos. <\/p>\n

La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n de presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.). <\/p>\n

La facultad asignada a ese \u00f3rgano no es absoluta, dado que siempre debe ajustarse a los fines de la administraci\u00f3n de justicia, a los principios de proporcionalidad y racionalidad y, por supuesto, a los derechos supralegales de los justiciables. <\/p>\n

Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional en sentencia C- 124 de 1\u00b0 de marzo de 2011, sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l legislador no est\u00e1 facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, \u201c(\u2026) pues no puede desconocer las garant\u00edas fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por (\u2026) hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicci\u00f3n, de imparcialidad del juez, de primac\u00eda de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noci\u00f3n de debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En torno al cambio del procedimiento escritural por el verbal en materia civil, el Alto Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto de las distintas medidas insertas en la Ley 1395 de 2010, expres\u00f3 sus razones para tener por apegado a la Carta Pol\u00edtica ese proceder. <\/p>\n

As\u00ed, indic\u00f3 que el objetivo de dicha reglamentaci\u00f3n <\/p>\n

\u201c(\u2026) es evidente: obtener la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecuci\u00f3n de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirvi\u00e9ndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepci\u00f3n del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposici\u00f3n con el peso espec\u00edfico del proceso escrito (\u2026). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuraci\u00f3n legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superaci\u00f3n de la inveterada congesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n civil en Colombia. Esta soluci\u00f3n legislativa, que est\u00e1 dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constituci\u00f3n. A su vez, la preferencia que [se] hace (\u2026) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia. Por a\u00f1os, el procedimiento civil ha sido arquet\u00edpicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por d\u00e9cadas como \u2018verbales\u2019. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn t\u00e9rminos de autores como Chiovenda, \u2018la experiencia derivada de la historia permite a\u00f1adir que el proceso oral es el mejor y m\u00e1s conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo m\u00e1s m\u00ednimo, antes bien, garantizando la bondad intr\u00ednseca de la justicia, la proporciona m\u00e1s econ\u00f3micamente, m\u00e1s simplemente y prontamente\u2019. La instauraci\u00f3n de la oralidad, en ese orden de ideas, tambi\u00e9n es un escenario de satisfacci\u00f3n de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral est\u00e1 precedida de garant\u00edas que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Estas garant\u00edas refieren a la inmediaci\u00f3n, la concentraci\u00f3n y la publicidad (\u2026)\u201d5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n

A la luz de lo discurrido, la oralidad se erige como postulado rector de la actual Codificaci\u00f3n Procesal Civil y demanda ser respetada con \u00edmpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a trav\u00e9s de ella se lograr\u00e1 la realizaci\u00f3n de prerrogativas como la contradicci\u00f3n y defensa. Adem\u00e1s, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser o\u00eddos por los funcionarios judiciales, cuesti\u00f3n que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa. <\/p>\n

2.5. Ahora, aunque algunos podr\u00edan aducir la configuraci\u00f3n de un procesalismo a ultranza al exigirse la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de una sentencia ante el ad quem, porque, en criterio de aqu\u00e9llos, esa autoridad elabora previamente su fallo de fondo, atendiendo, exclusivamente, a los \u201creparos concretos\u201d ventilados frente al a quo y pretiriendo la posterior argumentaci\u00f3n, lo cierto es que tales aseveraciones no tienen la entidad suficiente para derruir principios prevalentes como la publicidad, transparencia y el derecho a ser o\u00eddo. <\/p>\n

Lo esgrimido, toda vez que el legislador concibi\u00f3 la etapa memorada no s\u00f3lo para que las partes actuaran p\u00fablicamente y con transparencia, exponiendo sus apreciaciones, sino para evitar juicios secretos provenientes de los funcionarios jurisdiccionales. <\/p>\n

La oralidad no es un fin, sino un medio para conquistar la transparencia en el ejercicio de la actividad procesal en la soluci\u00f3n de casos como desarrollo de la tutela judicial efectiva. No es el culto a la forma, mucho menos, como err\u00f3neamente se confunde con leer textos elaborados previamente; no es cuesti\u00f3n de lecto – escritura, porque en estas hip\u00f3tesis subyace las m\u00e1s de las veces una equivocada concepci\u00f3n que traslada la magna y aut\u00e9ntica misi\u00f3n de juzgamiento en cabeza del juez a los auxiliares. Es tornar p\u00fablico y cristalino el juicio y la funci\u00f3n de la judicatura, y por supuesto, la de los representantes de las partes, por cuanto los intervinientes exponen sus argumentos para que sean conocidos, para que haya contradicci\u00f3n y una defensa v\u00e1lida, todo en presencia de la jurisdicci\u00f3n. Procura que el fallo no sea secreto, ni las decisiones se tomen al margen de lo comprobado y vertido en la deliberaci\u00f3n racional e instrucci\u00f3n probatoria p\u00fablica. Es materializar el debido proceso previsto en el art. 29 de la Carta. <\/p>\n

Una providencia en esta nueva cultura del Estado constitucional no debe anclarse en lo oculto, en construcciones gramaticales escritas fr\u00edas, que inclusive atentan contra el medio ambiente, que apartan la interpretaci\u00f3n del lenguaje humano y corporeidad, presente en los sentidos y en el proceder de los extremos del litigio. Un sistema oral no puede prescindir del todo de la escrituralidad, es cierto, pero no puede ser un debate de notas o copias donde el juzgador se aleja de la parte, de su rostro y de su sentimiento expresado en la conducta. <\/p>\n

La oralidad tiene su manifestaci\u00f3n en la inmediaci\u00f3n, en la publicidad del pleito y en la concentraci\u00f3n uni\u00e9ndolas \u00edntimamente al compeler al fallador para dirigir directamente la instrucci\u00f3n probatoria, los alegatos y la decisi\u00f3n; cosa que no acontece propiamente con la escrituralidad que en nuestro sistema, distancia al ciudadano del administrador de justicia y torna fr\u00edo al proceso. Lo escrito es riesgo para la desigualdad y dispersi\u00f3n del pleito, pero esencialmente para la posibilidad de que los sujetos de derecho no sean escuchados, o\u00eddos y vencidos en juicio ante la presencia de los jueces singulares o colegiados, cuando la instancia o la alzada se surten en presencia de \u00e9stos. <\/p>\n

Un procedimiento oral y p\u00fablico, adem\u00e1s, potencia la democracia participativa y la posibilidad de que la actividad de los jueces sea objeto de escrutinio ante la comunidad jur\u00eddica y la opini\u00f3n p\u00fablica por el ejercicio de sus funciones, porque de esa manera puede de primera mano conocer su desempe\u00f1o, el modelo de juez, los esquemas de administraci\u00f3n de justicia y auscultar a quienes fallan los asuntos de la ciudadan\u00eda en el reconocimiento de prerrogativas. Por supuesto, compete a esa opini\u00f3n y a esos visores sociales respetar la autonom\u00eda e independencia judicial con enorme celo, sin interferir en tan sagrada labor. <\/p>\n

Esa posibilidad de forjar simult\u00e1neamente democracia participativa y deliberativa, es prop\u00f3sito, que \u00fanicamente se consolida procurando la concentraci\u00f3n de actuaciones para realizar el mayor n\u00famero de actos en el menor tiempo, agot\u00e1ndolos en una audiencia, en lo posible. Adem\u00e1s, ello, da identidad al juzgador que instruye, oye el alegato y resuelve; admite que evac\u00fae los interrogatorios, revise los documentos que se le presentan y analice los testigos y su reacci\u00f3n f\u00edsica y ps\u00edquica a los cuestionarios formulados por los intervinientes o por el propio juez; observe directamente las cosas u objetos materia del litigio; permite que reflexione, oiga y defina con fundamento en lo probado y alegado, en inmediatez f\u00edsica y con la activa participaci\u00f3n de los sujetos legitimados procesal y sustancialmente. Se trata entonces de la adecuaci\u00f3n de la democracia y socializaci\u00f3n del proceso civil. <\/p>\n

El citado principio tambi\u00e9n busca el desarrollo de un tr\u00e1mite p\u00fablico, dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones injustificadas o inexplicables como ejecuci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n

2.6. Se insiste, desde la propia arquitectura del C\u00f3digo General del Proceso, la fundamentaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra sentencias es durante la segunda instancia en audiencia; y no de otro modo, en desarrollo de la oralidad y de la publicidad, cual de forma puntual lo imponen las premisas insertas en el numeral 5\u00ba, art. 327 del aludido C\u00f3digo, al decir: \u201c(\u2026) ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, reivindicaci\u00f3n consignada en el ep\u00edlogo del 330 ib\u00edd de la misma manera en: \u201c(\u2026) audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, lo anterior, como efecto directo del art. 3\u00ba del ib\u00eddem, cuando consagra: \u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

Por esas razones el numeral 6\u00ba, art. 107 ej\u00fasdem determina: \u201c(\u2026) Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d, de tal modo que corresponde al juez o\u00edr e instruir y conducir personalmente el decurso, al punto de que \u201c(\u2026) [c]uando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deber\u00e1 convocar a una audiencia especial con el s\u00f3lo fin de repetir la oportunidad para alegar. O\u00eddas las alegaciones, se dictar\u00e1 sentencia seg\u00fan las reglas generales (\u2026)\u201d, siguiendo el inciso 5\u00ba, numeral 1\u00ba, art. 107 ib\u00eddem. De no procederse as\u00ed, esto es, sustentando en audiencia ante el juez que debe resolver la causa, indefectiblemente se engendra nulidad, en los t\u00e9rminos del numeral 7\u00ba, art. 133 del mismo ordenamiento: \u201c(\u2026) Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. En fin, no es presentar un escrito de sustentaci\u00f3n ante un juez diferente al que debe resolver la alzada, sino de exponer los fundamentos del disenso por el recurrente, y consecuentemente, de escuchar y o\u00edr los alegatos y la argumentaci\u00f3n por el juez a quien directamente corresponde fallar la cuesti\u00f3n, en desarrollo de la inmediaci\u00f3n, seg\u00fan se infiere cristalinamente de la nueva axiolog\u00eda procesal. <\/p>\n

Lo dicho, obviamente, en relaci\u00f3n con las sentencias. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, resulta razonable la postura asumida por el tribunal querellado frente al asunto sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto, con fundamento en la conducta asumida por el apelante y las normas jur\u00eddicas pertinentes, decret\u00f3 la deserci\u00f3n de la memorada alzada. <\/p>\n

4. Ahora, las elucubraciones esbozadas en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, cuando ha revocado decisiones de esta hom\u00f3loga para conceder la protecci\u00f3n en casos como el presente, cual es, la improcedencia de exigir una doble sustentaci\u00f3n, aduciendo que ello no lo prev\u00e9 el legislador, no se aviene al ordenamiento del C\u00f3digo General del Proceso. El sistema procesal civil vigente es oral, no escrito. Es la activaci\u00f3n del derecho fundamental a ser o\u00eddo en forma p\u00fablica, con presencia de la comunidad como ejercicio de la democracia y de la transparencia. <\/p>\n

Conforme a la citada corporaci\u00f3n, \u201cinterpuesto el recurso de apelaci\u00f3n y sustentado en debida forma ante el a quo, el juez de alzada debe tramitarlo, as\u00ed el interesado no asista a la audiencia de sustentaci\u00f3n por \u00e9l programada\u201d6. <\/p>\n

Esa tesis no se comparte ni acoge por este juzgador, porque la misma entra\u00f1a impl\u00edcitamente una lectura equivocada desde los criterios procesales previstos en el actual C.P. del T. y de la Seguridad Social inaplicables en materia civil, pues las reglas de la segunda instancia y de la apelaci\u00f3n se hallan expresamente reguladas por la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral, modificado por el 10\u00b0 de la Ley 1149 de 2007, establece que las sentencias ser\u00e1n apelables \u201cen el acto de [su] notificaci\u00f3n mediante la sustentaci\u00f3n oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo conceder\u00e1 o denegar\u00e1 inmediatamente\u201d (se subraya). <\/p>\n

Por su parte, el canon 887 de tal C\u00f3digo, consagra la \u201caudiencia de tr\u00e1mite y fallo en segunda instancia\u201d, en la cual \u201cse oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se resolver\u00e1 la apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Como se aprecia, es en el \u00e1rea laboral donde se faculta al impugnante para fundamentar la alzada por \u00e9l propuesta frente al fallo de primer grado ante el mismo a quo, mas no en el campo civil, por cuanto en esta \u00faltima materia el legislador en forma expresa impuso que tal acto procesal se cumpla en segunda instancia y de viva voz. <\/p>\n

El ordenamiento procesal del trabajo no surte de ese modo la rituaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la alzada, sino de la forma prevista en las reglas anteriores, metodolog\u00eda que ahora, impropia e inadecuadamente procura imponer la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al enjuiciamiento civil, reglado por disposiciones recientes que abogan por la celeridad y transparencia democr\u00e1tica y deliberante. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, tampoco se comparte el planteamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, de un lado, por soslayar sin explicaci\u00f3n de \u00edndole alguna, el principio de oralidad, orientador del actual plexo procedimental civil, cuya finalidad, entre otras, es lograr que el juez perciba a trav\u00e9s de lo o\u00eddo, la problem\u00e1tica que las partes en contienda jur\u00eddica ponen a su consideraci\u00f3n, y partiendo de esa interacci\u00f3n directa resuelva lo que en derecho corresponda, como ejercicio de la garant\u00eda fundamental a ser escuchado y juzgado por el mismo juez que falle cada instancia. <\/p>\n

Y, de otro, por preterir las normas regulatorias del aludido medio de defensa que imponen, por ejemplo, que la sustentaci\u00f3n del referenciado remedio vertical se surta ante el juzgador ad quem, pues, de lo contrario, la actuaci\u00f3n es nula (art. 133.7 CGP). <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

E, igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14.
\nInsistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por secretar\u00eda rem\u00edtase esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa exp\u00eddase la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas. <\/p>\n

7. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por los magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Duberney Grisales Herrera y Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular adelantada por Cristian V\u00e1squez Arias a Bancolombia S.A., radicada bajo el n\u00famero 2016-00648-02, en la cual el aqu\u00ed quejoso funge como coadyuvante. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb15, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb16; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar las razones de mi disenso con la decisi\u00f3n que fue adoptada:
\n1. La \tSala resolvi\u00f3 negar el amparo despu\u00e9s de considerar \tque el Tribunal accionado no incurri\u00f3 en arbitrariedad \tal declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que el \taccionante interpuso contra el fallo proferido en la primera \tinstancia, \tpues tal decisi\u00f3n deriv\u00f3 de su inasistencia a la \taudiencia \tconvocada por el ad \tquem, de \tacuerdo con lo estatuido \tpor los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del \tProceso.
\nContrario al criterio acogido por la mayor\u00eda, considero que el sentenciador de segundo grado vulner\u00f3 los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n del tutelante, raz\u00f3n por la cual era procedente conceder la protecci\u00f3n reclamada.
\n2. Al \trespecto, aunque el C\u00f3digo General del Proceso introdujo \tvarios cambios en el r\u00e9gimen de los medios de impugnaci\u00f3n, \ta ninguna de sus previsiones puede atribu\u00edrsele el \tanotado efecto, y si bien no se desconoce que en virtud de la \timplementaci\u00f3n del sistema procesal de oralidad \u00ablas \tactuaciones \tse cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias\u00bb \t(art. \t3\u00b0), a la par debe admitirse que la misma codificaci\u00f3n \tconsagra excepciones que son aquellas actuaciones \tque \u00abexpresamente \tse autorice realizar por escrito o \test\u00e9n amparadas por reserva\u00bb (ib\u00eddem), \tde ah\u00ed que la
\noralidad no tenga el alcance absoluto y totalizador sobre las formas procesales que algunos quieren ver en ella, y que no todos los escritos presentados por las partes pueden considerarse desprovistos de efectos en ausencia de actuaci\u00f3n oral.
\nTrat\u00e1ndose de los recursos ordinarios, los art\u00edculos 318, 322, 331 y 353 del citado estatuto evidencian que es admisible y procedente la sustentaci\u00f3n escrita de tales mecanismos, los cuales materializan el derecho a controvertir las decisiones judiciales como ' una de las m\u00e1s claras manifestaciones de las garant\u00edas fundamentales de defensa y debido proceso.
\nEl art\u00edculo 318 establece que el recurso de reposici\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse con expresi\u00f3n de las razones que lo sustenten\u00bb y si el prove\u00eddo cuestionado se pronunci\u00f3 fuera de audiencia, el recurrente tendr\u00e1 que formularlo \u00abpor escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto\u00bb.
\nId\u00e9ntica regla se consagra para la apelaci\u00f3n de providencias que no se dicten en audiencia, pues de conformidad con el art\u00edculo 322, la interposici\u00f3n deber\u00e1 tener lugar \u00aben el acto de su notificaci\u00f3n personal o por escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n por estado\u00bb (inciso 2); luego precept\u00faa que trat\u00e1ndose de autos \u00abel apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez que dict\u00f3 la providencia, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su ndtificaci\u00f3n, o a la del auto que niega la reposici\u00f3n\u00bb y finalmente expresa que resuelta la reposici\u00f3n y concedida la apelaci\u00f3n, \u00abel apelante, si lo considera necesario,
\npodr\u00e1 agregar nuevos argumentos a su impugnaci\u00f3n, dentro del plazo se\u00f1alado en este numeral\u00bb (lo que necesariamente se har\u00e1 por escrito).
\nSi el apelado es un fallo proferido en audiencia, la norma estatuye que el recurso se interpondr\u00e1 \u00aben forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb y all\u00ed mismo o \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb, el apelante deber\u00e1 \u00abprecisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u00bb.
\nEl art\u00edculo 331 respecto de la s\u00faplica expresa que deber\u00e1 interponerse \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresar\u00e1n las razones de su inconformidad\u00bb.
\nY por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el recurso de queja, precept\u00faa el art\u00edculo 353 que el \u00abescrito se mantendr\u00e1 en la secretar\u00eda por tres (3) d\u00edas a disposici\u00f3n de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno\u00bb.
\nLa rese\u00f1a precedente deja en evidencia que el legislador ha autorizado la formulaci\u00f3n. y sustentaci\u00f3n escrita de los recursos ordinarios en ciertos eventos, incluso trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n del fallo y aunque haya sido proferido en audiencia.
\n3. En lo que ata\u00f1e al deber de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra autos y sentencias, es necesario atender que el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[s]i el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se
\nprecisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb.
\nDel precitado texto se colige que la deserci\u00f3n del recurso \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscribe a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia.
\nLuego, si se sustenta la apelaci\u00f3n previo a la audiencia a la que alude el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, bien de forma oral o escrita ante el a quo, o del \u00faltimo modo frente al superior, no hay lugar a exigirle al impugnante una doble sustentaci\u00f3n, exigencia de por s\u00ed superflua, m\u00e1xime si se atiende que las normas precitadas no proh\u00edben realizarla en ese momento.
\nEn ese contexto, la inasistencia del recurrente al referido acto no puede constituir un obst\u00e1culo para proferir la sentencia, pues habi\u00e9ndose sustentado la apelaci\u00f3n antes de la audiencia convocada por el ad-quem, aquel no pod\u00eda tenerla por inexistente o no presentada y, en consecuencia, declararla desierta, con mayor raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que el fallador tuvo bajo su conocimiento los argumentos en los que se fund\u00f3 el recurso.
\n\u2022
\n\\el
\n5
\nObrar de modo contrario, a mi juicio, corresponde, no solo, a faltar al deber de todo funcionario judicial de decidir el asunto puesto a su consideraci\u00f3n y de acuerdo a su competencia, sino a imponer una sanci\u00f3n que la ley estableci\u00f3 para supuestos de hecho dis\u00edmiles al previsto en el art\u00edculo 322 del C.G.P., toda vez que la inasistencia del apelante a la audiencia contemplada en el precepto 327, no equivale necesariamente a ausencia de sustentaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n

S
\nPol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, canon conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma.
\nEn relaci\u00f3n al \u00faltimo postulado, la Corte Constitucional, en sentencia C-475 de 2004 se\u00f1al\u00f3:
\n1..4 En efecto, dicho principio [el de legalidad de las sanciones], que forma parte de las garant\u00edas integrantes de la noci\u00f3n de debido proceso, exige la determinaci\u00f3n precisa de las penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las
\n1 Precept\u00faa el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Civil que \u00ablo favorable u odioso de una
\ndisposici\u00f3n no se tomar\u00e1 en cuenta para ampliar o restringir su interpretaci\u00f3n. La
\nextensi\u00f3n que deba darse a toda ley se determinar\u00e1 por su genuino sentido, y seg\u00fan
\nlas reglas de interpretaci\u00f3n precedente\u00bb.
\nautoridades en ejercicio del poner punitivo estatal. Su operancia no se restringe a los asuntos penales, sino que tiene plena validez en el campo de la actividad sancionatoria de la Administraci\u00f3n, toda vez que la misma Carta enuncia que "El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." (C.P art. 29). (…) el comportamiento sancionable debe estar precisado inequ\u00edvocamente, como tambi\u00e9n la sanci\u00f3n correspondiente, a fin de garantizar el derecho al debido proceso a que alude el art\u00edculo 29 superior". (Resalta la Sala)
\nAl declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, que castiga al impugnante incurso en el comportamiento expresamente previsto en la codificaci\u00f3n procesal, que es \u00fanica y exclusivamente la falta de sustentaci\u00f3n, el juzgador ad quem debe obrar con estricta sujeci\u00f3n a la ley y con la mayor cautela, moderaci\u00f3n y sensatez, pues la aplicaci\u00f3n injustificada de semejante castigo entra\u00f1a una restricci\u00f3n excesiva de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el que se encuentra contenida la garant\u00eda de la tutela jurisdiccional efectiva.
\nAunque las actuaciones deban cumplirse en forma oral y en audiencia, no puede ignorarse que la implementaci\u00f3n de ese modelo tiene como finalidad que los usuarios cuenten con una administraci\u00f3n de justicia c\u00e9lere y efectiva, en cuyas actuaciones por mandato del art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe prevalecer el derecho sustancial, lo que tambi\u00e9n impone el art\u00edculo 11 del C.G.P. que, como uno de sus principios fundamentales, establece que \u00abal interpretar la ley procesal el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEl seguimiento estricto del sistema oral, que adem\u00e1s no es absoluto, pues el legislador mantuvo vigentes algunas
\nactuaciones escritas, no puede emplearse como pretexto para restringir los derechos de los intervinientes en el proceso, porque el respeto de las formas propias de cada juicio no implica en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos; por el contrario, la primac\u00eda de lo sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.
\nAl respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-207 de 4 de abril de 2017, expuso que:
\n[Lja aplicaci\u00f3n de las reglas de car\u00e1cter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales. Ha encontrado que:
\n"Si bien la actuaci\u00f3n judicial se presume legitima, se torna de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administraci\u00f3n de justicia
\nY con mayor contundencia indic\u00f3:
\n"el juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este \u00faltimo llega a tener la connotaci\u00f3n de fundamental, ignora claramente el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica que traza como par\u00e1metro de la administraci\u00f3n de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
\n(…) si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228)."
\n(…) As\u00ed lo ha considerado la Corte incluso para el caso de los procedimientos de casaci\u00f3n, en los cuales el rigor procesal exige el cumplimiento de especiales u particulares requisitos formales (subrayado fuera del texto).
\n4. La anterior normatividad procesal con la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 (art. 352 C.P.C.), de manera an\u00e1loga al C\u00f3digo General del Proceso, establec\u00eda que la sustentaci\u00f3n de la alzada hab\u00eda de realizarse \u00abante el juez o tribunal que deban resolverlo\u00bb, es decir, el superior funcional; empero, al interpretar dicha norma esta Corporaci\u00f3n y la Corte Constitucional coincidieron en que proced\u00eda entender que el apelante ten\u00eda la posibilidad de sustentar la impugnaci\u00f3n ante el juez de conocimiento o ante el superior que deb\u00eda resolverla.
\nEn providencia de 22 de noviembre de 2010, esta Sala sostuvo:
\n\u00abAl respecto, bien se conoce que la reciente reforma procesal civil dio en revivir el requisito de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. Y puntualiz\u00f3 ciertamente que ha de sustentarse "ante el juez o tribunal que deba resolverlo", a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 in fine.
\nNo conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojar\u00e1 luces sobre el particular ser\u00e1 aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelaci\u00f3n. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aun sigue operando el art\u00edculo 357 del mismo c\u00f3digo, y, por lo tanto, la "apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante". Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, "o se entiende" para emplear la propia expresi\u00f3n de la ley, que sobre eso versa la apelaci\u00f3n. As\u00ed ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentaci\u00f3n con car\u00e1cter obligatorio, so pena de deserci\u00f3n del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien as\u00ed conocer\u00e1 m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad-quem con m\u00e1s expresividad. Como es f\u00e1cil descubrirlo, all\u00ed lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que t\u00e1citamente est\u00e1 obligado a averiguar.
\nAs\u00ed las cosas, la inteligencia de la reforma en el punto no es la de
\nque fatalmente deba sustentarse el recurso ante el superior. La
\nnorma habl\u00f3, s\u00ed, de que se sustentar\u00e1 "ante el juez o tribunal"
\nque deba resolver la apelaci\u00f3n, pero no puede echarse al olvido que enseguida a\u00f1adi\u00f3 que "a m\u00e1s tardar" dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360… Por lo dem\u00e1s, nada justificar\u00eda semejante sacrificio al derecho de defensa, si es que de la sustentaci\u00f3n que se haga, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, al momento mismo de interponerlo, se enterar\u00e1 necesariamente el superior. Ninguna diferencia sustancial, pues, hau entre alegar all\u00e1 u hacerlo ac\u00e1. El enteramiento del superior, que es lo prevalente, ser\u00e1 en todo caso igual. Con el agregado, desde luego, de que si la segunda instancia debe surtirse en sede diferente a la del juez que dict\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, ya tal posibilidad de sustentar ante \u00e9ste, am\u00e9n de armoniosa con el principio aludido, resulta por dem\u00e1s provechosa al principio de econom\u00eda (Rad. 2010-01969-01, citada en CSJ SC, 2 Abr. 2013, Rad. 2011-02620-00; se destaca).
\nA su vez, la Corte Constitucional, compartiendo la interpretaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, en sentencia T-449 de 2004, indic\u00f3:
\n\u00abPara esta Sala de Revisi\u00f3n, es pertinente recordar que el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios tienen la obligaci\u00f3n de interpretar las normas de manera que todos los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jur\u00eddicos. Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s de la cual se pretende otorgar un contenido arm\u00f3nico a todas las disposiciones que componen un sistema jur\u00eddico integral. Este es el prop\u00f3sito previsto en el inciso 10 del art\u00edculo 300 del C\u00f3digo Civil, el cual al se\u00f1alar las reglas de interpretaci\u00f3n de las leyes, establece que "[ell contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda."
\nEn efecto, si en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se hace una interpretaci\u00f3n de conformidad con los principios que orientan el recurso de apelaci\u00f3n, se debe concluir que al establecerse la sustentaci\u00f3n obligatoria del recurso, so pena de la deserci\u00f3n del mismo, se busca facilitar la tarea del juzgador, al saber m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante… Por ello, cuando la norma en cuesti\u00f3n consagra que "[E]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo… ", es porque precisamente permite acudir ante cualquiera de ellos. Dicha interpretaci\u00f3n se deriva del alcance de los principios de conservaci\u00f3n del derecho y de favorabilidad.
\nBajo esta perspectiva, si una norma admite diversas
\ninterpretaciones, es deber del int\u00e9rprete preferir aquella que m\u00e1s
\ngarantice el ejercicio efectivo de los derechos; en aras de
\npreservar al m\u00e1ximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en trat\u00e1ndose de normas procesales y de orden p\u00fablico dicha interpretaci\u00f3n debe privilegiar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso. Pero, en caso Econtrario, es decir, cuando la interpretaci\u00f3n dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisi\u00f3n se introduce en el terreno de la irrazonabilidad tomando procedente el amparo tutelar (subrayado a\u00f1adido para destacar).
\nNo obstante que los anteriores pronunciamientos no alud\u00edan al art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, brindan suficiente orientaci\u00f3n sobre la forma en que debe interpretarse ese precepto a fin de no vulnerar garant\u00edas fundamentales de las partes, dado que la finalidad de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ante el superior no es otra que facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador de conocer m\u00e1s de cerca los argumentos del apelante.
\nDe manera que cuando tal cometido se halla cumplido, porque de la sustentaci\u00f3n realizada previo a la audiencia del art\u00edculo 327 del C.G.P., necesariamente se van a enterar el juzgador de segunda instancia y los dem\u00e1s sujetos procesales, es decir, los no impugnantes, desconocer dicho acto de la parte comporta un excesivo ritualismo que en aras de salvaguardar la forma sacrifica el derecho de defensa, pues ninguna diferencia sustancial existe entre la sustentaci\u00f3n presentada cuando el expediente o sus copias a\u00fan no han sido remitidas al superior y la expuesta ante este, o entre la que se efect\u00faa oralmente y aquella consignada en escrito en cualquiera de las instancias.
\nEn forma consonante con esa interpretaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en reciente
\npronunciamiento que estableci\u00f3 un cambio jurisprudencial, apart\u00e1ndose de lo considerado en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, sostuvo que:
\nDel precitado texto surge que la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscribe a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia.
\nDe manera que si el recurrente sustenta el recurso de apelaci\u00f3n, previo a la audiencia a que alude el citado art\u00edculo 327, al momento de interponerlo o dentro de los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, expresando con suficiencia \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb que es lo que, seg\u00fan el art\u00edculo 322 ejusdem, se\u00f1ala, no habr\u00eda lugar a exigirle a la parte una doble sustentaci\u00f3n es decir, que adicional a la presentada ante el a-quo, realice otra ante el superior.
\nPor lo que la inasistencia del apelante a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segunda instancia, per se, no habilita la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso, bien al t\u00e9rmino de la diligencia donde se dict\u00f3 la sentencia o dentro de los tres d\u00edas siguientes a ese acto procesal (inciso 2\u00b0, art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso), es viable decidir su censura, en atenci\u00f3n, precisamente, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y a la necesidad de garantizar a los sujetos procesales, partes e intervinientes en un litigio, derechos de raigambre superior como el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n y doble instancia.
\nY concluy\u00f3:
\nEn ese sentido y a partir de la fecha se advierte el cambio jurisprudencial en punto a que interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n y sustentado en debida forma ante el a-quo, el juez de alzada debe tramitarlo, as\u00ed el interesado no asista a la audiencia de sustentaci\u00f3n por \u00e9l programa, pues con ello se garantiza no solo el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino a un proceso justo, y recto; ya que esta Sala ven\u00eda sosteniendo de tiempo atr\u00e1s que aun cuando el apelante sustentara el recurso, su no asistencia a la audiencia ante el superior, habilitaba al juez a declararlo desierto. (STL3467- 2018, 7 mar. 2018, rad. 78527; STL3470-2018, rad. 788847).
\nSobre la funci\u00f3n de los servidores judiciales, la Corte Constitucional, en la providencia de unificaci\u00f3n SU-573 de 14 de septiembre de 2017, indic\u00f3 que:
\nLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica impone el marco jur\u00eddico al cual debe circunscribirse la actividad judicial. En consecuencia, los principios, derechos y deberes superiores constituyen el l\u00edmite de la independencia y la autonom\u00eda de los operadores jur\u00eddicos. Por ende, las sentencias y dem\u00e1s providencias judiciales deben sujetarse "al car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 4\u00b0 C.P.), la obligaci\u00f3n de dar eficacia a los derechos fundamentales (art\u00edculo 2\u00b0 C.P.), la primac\u00eda de los derechos humanos (art\u00edculo 5\u00b0 C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (art\u00edculo 29 C.P.), y la garant\u00eda al acceso a la administraci\u00f3n de justicia2 (art\u00edculo 228 C.P.)"3.
\nSi, en contrav\u00eda de lo anterior, un operador judicial desconoce la Constituci\u00f3n o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo procedente la acci\u00f3n de tutela para que se corrija el error judicial. La independencia y autonom\u00eda de los jueces "es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 230 de la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constituci\u00f3n (…)"4.
\nPor consiguiente, el ejercicio del poder judicial es leg\u00edtimo en la medida en que permita "el logro eficaz de los fines propios de la organizaci\u00f3n estatal, entre los cuales se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, la vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana (art\u00edculo 2\u00b0 C.P)". Incluso, en este escenario se ha llegado a determinar de manera expresa la obligaci\u00f3n del funcionario judicial de inaplicar la ley en las circunstancias en que estas resulten contradictorias a las garant\u00edas fundamentales5. <\/p>\n

2 T-773 de 2011, T-1093 de 2014 y T-1048 de 2008.
\n3 SU-050 de 2017.
\n4Auto 071 de 2001.
\n5 T-637 de 2010
\nEn efecto, esas disposiciones consagran la nulidad de la actuaci\u00f3n ante la ausencia del juez o de los magistrados e impone la convocatoria \u00aba una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (…)\u00bb, as\u00ed como la invalidez del tr\u00e1mite si \u00abla sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, pero cuando se presenta el cambio de juez que debe dictar la sentencia.
\nEs claro que van encaminadas a la necesidad de que el funcionario judicial sea quien presida las audiencias, las direccione, esto es, a que se garantice el principio de inmediaci\u00f3n (Art. 6 CGP), as\u00ed como a regular el tr\u00e1mite a seguir en caso de que se cambie de juez. Pero de ninguna manera, se desprende la obligatoriedad de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n s\u00f3lo en la diligencia de segunda instancia o de acuerdo a una \u00fanica forma, ni menos la posibilidad de aplicar la sanci\u00f3n de deserci\u00f3n del recurso dispuesta para la falta de sustentaci\u00f3n a circunstancias de hecho distintas, como la inasistencia del recurrente a la audiencia.
\nEs as\u00ed, que concretamente en el tercer debate del Senado, como explicaci\u00f3n para adicionar esas modificaciones al C\u00f3digo, se indic\u00f3 que:
\nEn primer lugar… la ausencia del juez o de los magistrados en la audiencia solo generar\u00e1 la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n cuando esta sea solicitada por los interesados.
\nEn segundo lugar, con el prop\u00f3sito de garantizar el principio de inmediaci\u00f3n en el procedimiento, se consagra en el numeral primero un nuevo inciso (el cuarto) de acuerdo con el cual, cuando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, se deber\u00e1 convocar a una
\naudiencia especial por parte del juez que lo sustituya, la cual tendr\u00e1 como \u00fanico fin que las partes presenten sus alegatos de conclusi\u00f3n. Esto le permite al juez aprehender mejor los argumentos expuestos en los alegatos.
\nY m\u00e1s adelante se expuso:
\nConsecuentes con las modificaciones del art\u00edculo 107 ya mencionadas relativas a la obligaci\u00f3n que tiene el juez que deba dictar sentencia u no haya estado presente cuando se expusieron los alegatos de conclusi\u00f3n, de convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar, se cre\u00f3 una nueva causal de nulidad (numeral 6) consistente en omitir la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslad\u00f3. Lo anterior con el fin de consolidar el principio de inmediaci\u00f3n en el sistema oral.6
\nEn ese orden, es claro que a partir de la interpretaci\u00f3n de dichos preceptos, tampoco es posible fundar la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n a una circunstancia de hecho distinta de la contemplada por el C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la deserci\u00f3n del recurso por la ausencia del recurrente a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo.
\n6. De otra parte, se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un "control de convencionalidad", a partir del cual "no se otea vulneraci\u00f3n alguna" a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos ni al bloque de constitucionalidad; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en 'todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda
\n6\tRecuperado\tde
\nhttp: \/ \/www.imprenta.gov.co\/gaceta_p\/gadeta.mostrar documento?p tipo= 22&p_numero=1598ap_consec=32069.
\nrestringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que se consignaron al respecto corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo.
\nEn el presente caso si, en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera la aplicabilidad del aludido control, lo que se evidencia es que \u00e9ste no se realiz\u00f3, pues de haberse llevado a cabo, se habr\u00eda encontrado desconocida la garant\u00eda que consagra el art\u00edculo 8\u00b0 (numeral 1\u00b0) del instrumento internacional al que se aludi\u00f3, dado que no se salvaguard\u00f3 la prerrogativa del tutelante a ser o\u00eddo por un \u00abjuez o tribunal competente\u00bb para la \u00abdeterminaci\u00f3n de sus derechos\u00bb de orden civil.
\nAdem\u00e1s, con la decisi\u00f3n adoptada en esta sede no se le garantiz\u00f3 la disponibilidad de un \u00abrecurso efectivo\u00bb para protegerlo de actos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aun si el menoscabo se produjere en ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica como la judicial, como tampoco se resguard\u00f3 su prerrogativa de que la
\n\u00abautoridad competente prevista por el sistema legal del Estado\u00bb decida \u00absobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso\u00bb (art. 25 numerales 1 y 2 de la Convenci\u00f3n), pues en este caso, a pesar de la protuberante violaci\u00f3n de garant\u00edas supralegales, la Sala deneg\u00f3 la protecci\u00f3n.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignados los motivos de mi desacuerdo con lo decidido.
\nDe los se\u00f1ores integrantes de la Sala,
\nARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tCSJ. STC6055 \tde 4 de mayo de 2017, exp. 08001-22-13-000-2017-00100-01.
\n2 \tCSJ. STC de 9 \tde febrero de 2017, exp. 68001-22-13-000-2016-00808-01; \tver en el mismo sentido el fallo de \t13 de marzo de 2017, exp. \t76001-22-03-000-2017-00041-01
\n3 \tCSJ. STC6481 \tde 11 de mayo de 2017, exp. 19001-22-13-000-2017-00056-01
\n4 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t3\u00b0. PROCESO ORAL Y POR AUDIENCIAS. Las actuaciones se cumplir\u00e1n \ten forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que \texpresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n \tamparadas por reserva (\u2026)\u201d.
\n5 \tCorte Constitucional. Sentencia C- 124 de 1\u00b0 de marzo de 2011
\n6 \tFallos \temitidos el 7 de marzo de 2018 en el proceso de tutela 78847 y \treiterado en la sentencia de 23 de mayo pasado en el expediente \t79973.
\n7 \tTambi\u00e9n \tmodificado por la Ley 1149 de 2007, art. 13.
\n8 \tCSJ. \tSentencia STC6002 de 9 de mayo de 2018, exp. \t11001-02-03-000-2018-01085-00
\n9 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n10 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n

12 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n14 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n15 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n16 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC15736-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03626-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}