{"id":102052,"date":"2026-07-01T21:26:13","date_gmt":"2026-07-01T21:26:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102052"},"modified":"2026-07-01T21:26:13","modified_gmt":"2026-07-01T21:26:13","slug":"stc15737-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15737-2018\/","title":{"rendered":"STC15737-2018"},"content":{"rendered":"
R
\n4 \tadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03461-00 \t \t<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15737-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03461-00
\n(Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela promovida por Erasmo Rueda Mart\u00ednez frente al Juzgado Primero de Familia de Barranquilla y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Alfredo Castilla Ortiz y Carmi\u00f1a Gonz\u00e1lez Ortiz, con ocasi\u00f3n del juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes adelantado por el aqu\u00ed quejoso a Martha In\u00e9s Neira Rueda. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Solicita el actor la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad, presuntamente quebrantados por los querellados. <\/p>\n

2. Expresa, en concreto, que en el asunto materia de este auxilio, aun cuando los juzgadores tutelados decretaron la existencia de la reclamada uni\u00f3n marital de hecho, erraron al fijar sus hitos temporales, pues se apoyaron solamente en lo dicho por \u00e9l al rendir interrogatorio de parte, en el sentido de haber establecido \u201c(\u2026) en un pedazo de papel cart\u00f3n de propaganda\u201d su duraci\u00f3n hasta el 17 de octubre 2012, pretiriendo tanto las declaraciones extraproceso aportadas como los testimonios recaudados dentro del pleito, los cuales acreditan otra cosa, esto es, que esa relaci\u00f3n se extendi\u00f3 mucho m\u00e1s all\u00e1 de ese a\u00f1o. <\/p>\n

Acota que el ad quem soslay\u00f3 \u201cdesvirtuar\u201d lo expuesto en \u201clos escritos sustentatorios de la apelaci\u00f3n\u201d referente a la ausencia de \u201cvaloraci\u00f3n e integraci\u00f3n de las pruebas\u201d recopiladas en la litis. <\/p>\n

3. Tras insistir en que los funcionarios ac\u00e1 atacados no analizaron en conjunto los elementos de juicio obtenidos y afirmar que las comentadas determinaciones \u201cafectan [sus] intereses patrimoniales\u201d, pide dejar sin efecto esas sentencias y ordenar al juez de primer grado emitir en su remplazo otra ajustada al acervo probatorio obrante en aquella tramitaci\u00f3n. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n e indic\u00f3 que el prove\u00eddo confutado por esta senda se ci\u00f1e a derecho. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada se advierte la improcedencia del amparo suplicado, pues la v\u00eda id\u00f3nea para formular el actual reproche era el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Debe acotarse que el criticado fallo de segunda instancia, por versar sobre una uni\u00f3n marital de hecho, lo cual como lo tiene definido la Corte, es constitutiva del estado civil de compa\u00f1ero permanente, era susceptible de impugnarse a trav\u00e9s del citado mecanismo extraordinario, m\u00e1s cuando, seg\u00fan queda rese\u00f1ado, la discrepancia del inconforme concierne con uno de los extremos temporales de tal v\u00ednculo. <\/p>\n

En un asunto de perfiles semejantes, esta Corporaci\u00f3n expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [a]l margen de lo discurrido, este auxilio tampoco saldr\u00eda avante, por cuanto la interesada no agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa a su alcance para cuestionar los pronunciamientos ahora criticados. En efecto, sin explicaci\u00f3n alguna, la promotora pretiri\u00f3 incoar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo emitido por el Tribunal querellado confirmando el expedido por el a quo, en el sentido de reconocer la uni\u00f3n marital de hecho reclamada por Mar\u00eda Argenis C\u00e1rdenas Su\u00e1rez y negar \u201cla conformaci\u00f3n de la sociedad de hecho\u201d tambi\u00e9n pedida por \u00e9sta\u201d1. <\/p>\n

El descuido del petente le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n

Ata\u00f1edero a ese aspecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n

2. La ausencia de medios econ\u00f3micos del petente3 para contratar los servicios de un abogado en aras de formular el recurso de casaci\u00f3n, no excusa la incuria evidenciada, pues si esa era su situaci\u00f3n, debi\u00f3 pedir amparo de pobreza; empero, no lo hizo. <\/p>\n

3. Se suma a lo anterior que la tutela tiene por fin exclusivo la protecci\u00f3n del patrimonio del quejoso, as\u00ed lo reconoci\u00f3 en el libelo introductor, ello ratifica su fracaso, por cuanto no apunta a la defensa de una garant\u00eda supralegal, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, porque seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha insistido, <\/p>\n

\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d4. <\/p>\n

4. Si se dejara de lado todo lo antelado, el ruego igual fracasar\u00eda porque de las providencias objetadas, particularmente, de la dictada por el tribunal dentro del citado juicio de uni\u00f3n marital de hecho, no emerge arbitrariedad como para permitir el paso de esta excepcional justicia. <\/p>\n

N\u00f3tese, el ad quem en su decisi\u00f3n de entrada descart\u00f3 la irregularidad invocada por el recurrente, ac\u00e1 accionante, esto es, la omisi\u00f3n valorativa atribuida al juzgador a quo, pues, contrario a lo aducido por el impugnante, ese funcionario apoy\u00f3 su fallo en las pruebas recopiladas en el asunto, entre tales, las declaraciones de Mar\u00eda Elena Neira Rueda, Mar\u00eda Alejandra Rueda Neira, Mar\u00eda Mendieta, Margarita G\u00f3mez, Rub\u00e9n Dar\u00edo Serna, John Rueda Mendieta, e, incluso, en la propia versi\u00f3n del demandante. <\/p>\n

As\u00ed, descart\u00f3 el desatino denunciado por el convocante a pleito, pues los argumentos esbozados en primera se hallaban precedidos de \u201c(\u2026) un an\u00e1lisis concienzudo del material probatorio, acorde con lo prescrito en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, aludi\u00f3 al testimonio rendido por Mar\u00eda Alejandra Rueda Neira, hija en com\u00fan de las partes en conflicto, quien adem\u00e1s de comentar que en octubre de 2012 \u201corganiz\u00f3\u201d con la participaci\u00f3n de su progenitor, \u201cuna comida\u201d, dando lugar tal acontecimiento a un conflicto familiar, generado por el interrogante planteado en torno de la persona que se \u201ciba a quedar con el negocio de las artesan\u00edas\u201d, asegur\u00f3 \u201c[q]ue desde ese momento sus padres se separaron dejaron de cohabitar\u201d. <\/p>\n

Sostuvo que tanto esa declaraci\u00f3n como lo relatado por Mar\u00eda Elena Neira Rueda, \u201cque tambi\u00e9n estuvo presente en el festejo familiar de 2012\u201d, y lo consignado por el mismo demandante en un documento remitido en tal a\u00f1o a su excompa\u00f1era permanente, en el sentido de darle plazo \u201c[h]asta el 17\u201d para que le pagara lo correspondiente al \u201cnegocio de las artesan\u00edas\u201d, serv\u00edan para \u201cdeterminar o hacer determinable la \u00e9poca en que pudo terminar la relaci\u00f3n marital\u201d. <\/p>\n

Luego de acotar que Erasmo Rueda Mart\u00ednez \u201c(\u2026) no ense\u00f1\u00f3 otros elementos de prueba que afirmaran, como fecha probable de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, la consignada en la demanda, esto es, 27 de abril de 2016\u201d, concluy\u00f3 el ad quem que \u201clo \u00fanico\u201d acreditado en el plenario fue que esa relaci\u00f3n se mantuvo entre el 19 de mayo de 1996 y el 17 de octubre de 2012. <\/p>\n

5. Resulta objetiva la postura asumida por el querellado frente al asunto sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, porque con sustento en los medios de juicio obtenidos, dict\u00f3 su decisi\u00f3n ratificando lo declarado en primer grado, por cuanto el demandante no demostr\u00f3 lo por \u00e9l alegado, esto es, la duraci\u00f3n de la memorada uni\u00f3n marital de hecho hasta el a\u00f1o 2016. <\/p>\n

La inconformidad del se\u00f1or Rueda Mart\u00ednez con el aludido pronunciamiento no le abre paso a esta particular justicia, pues la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.
\nSobre lo precedente, esta Sala ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d5. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para decretar inconvencional la gesti\u00f3n confutada. <\/p>\n

Ese tratado resulta viable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12.
\nInsistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de los mismos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar el amparo deprecado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Erasmo Rueda Mart\u00ednez frente al Juzgado Primero de Familia de Barranquilla y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Alfredo Castilla Ortiz y Carmi\u00f1a Gonz\u00e1lez Ortiz, con ocasi\u00f3n del juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes adelantado por el aqu\u00ed quejoso a Martha In\u00e9s Neira Rueda. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Con ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

Con ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nNo comparto la decisi\u00f3n mayoritaria que neg\u00f3 la solicitud de tutela, pues la sentencia del tribunal accionado s\u00ed conculc\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del accionante, y su resguardo era procedente mediante este mecanismo excepcional. Tampoco estoy de acuerdo con las afirmaciones que se hicieron sobre el control de convencionalidad. Las razones de mi desacuerdo son las siguientes:
\n1. El \tTribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 la providencia \tdel Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, que \tdeclar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho \tentre Erasmo \tRueda Mart\u00ednez y Marta In\u00e9s Neira Rueda durante el 19 \tde \tmayo de 1996 y hasta el 17 de octubre de 2012. En la misma decisi\u00f3n, \tneg\u00f3 \u00abel \treconocimiento de los efectos patrimoniales\u00bb de \tdicha \tuni\u00f3n, como consecuencia de declarar probada la excepci\u00f3n \tde \u00abprescripci\u00f3n \tdel derecho por estar prescritos los efectos \tpatrimoniales a que dicha sociedad pudo haber dado…\u00bb.
\nComo raz\u00f3n para negar el reconocimiento de tales efectos patrimoniales, se adujo que, como la uni\u00f3n termin\u00f3 en el a\u00f1o 2012 y la demanda se present\u00f3 en el 2016, entonces \u00abla acci\u00f3n para obtener la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes se encontraba evidentemente prescrita\u00bb. Tal raciocinio, sin embargo, es abiertamente arbitrario al fundarse en el desconocimiento de la normatividad aplicable, y, por consiguiente, quebrant\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del actor.
\n2. En \tefecto, el prop\u00f3sito de la Ley 54 de 1990 fue remediar \tla situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n econ\u00f3mica en que \tse
\nhallaban las personas que hab\u00edan convivido como pareja y conformado una familia natural durante un tiempo considerable en el que consolidaban un patrimonio producto del esfuerzo mutuo. El reparto equitativo de este patrimonio al terminar la uni\u00f3n marital fue el objetivo central de la norma, pues la mera declaraci\u00f3n judicial de una situaci\u00f3n de hecho sin efectos obligacionales no tiene ninguna relevancia jur\u00eddica. Luego, nada se habr\u00eda ganado en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos y de protecci\u00f3n civil con una norma que se hubiera limitado a reconocer una realidad social que no generaba consecuencias patrimoniales protegidas por el ordenamiento jur\u00eddico.
\nAs\u00ed qued\u00f3 consignado en la exposici\u00f3n de motivos, donde claramente se indic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la ley era \u00abllenar el vac\u00edo legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protecci\u00f3n del Estado\u00bb.1
\nEl art\u00edculo 1.\u00b0 de la aludida disposici\u00f3n se\u00f1ala que para todos los efectos legales \u00abse denomina uni\u00f3n marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente al hombre y la mujer que forman parte de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb.
\nSeg\u00fan la citada disposici\u00f3n, para que pueda conformarse una uni\u00f3n marital de hecho es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:
\na) La existencia de una comunidad de vida estable, <\/p>\n

Anales del Congreso N\u00ba 79 del 15 de agosto de 1988.
\npermanente, continua y durarera entre un hombre y una mujer
\nque se unen con el prop\u00f3sito de conformar una familia. Una
\ninterpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional modific\u00f3 este requisito bajo el entendido de que la uni\u00f3n puede ser entre personas del mismo sexo. (Sentencia C-075 de 2007)
\n2. Que \tla uni\u00f3n marital sea singular, es decir, que s\u00f3lo \texista \tuna uni\u00f3n marital entre los compa\u00f1eros, con exclusi\u00f3n \tde
\ncualquier otra uni\u00f3n de alguno de ellos con una tercera persona.
\n2. Que \tlos compa\u00f1eros no est\u00e9n casados entre s\u00ed, pues \ten tal \tcaso su v\u00ednculo se regir\u00e1 por las normas del \tmatrimonio.
\nA su vez, el art\u00edculo 2\u00b0 ejusdem (en su tenor originario), consagr\u00f3 la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, en los siguientes t\u00e9rminos:
\nSe presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:
\n1. Cuando \texista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior \ta dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento \tlegal para contraer matrimonio;
\n1. Cuando \texista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior \ta dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por \tparte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y \tcuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan \tsido \tdisueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha \ten \tque se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho.
\nLa Ley 54 de 1990 estableci\u00f3 la anterior presunci\u00f3n con el fin de proteger los derechos patrimoniales de los compa\u00f1eros permanentes, por cuya virtud el juez debe declarar el hecho presunto siempre que encuentre demostrados los supuestos f\u00e1cticos exigidos por la norma.
\nDe conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, \u00abse dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunci\u00f3n son determinados por la ley, la presunci\u00f3n se llama legal\u00bb.
\nPor su parte, el primer inciso del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, del mismo tenor que el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala: \u00ablas presunciones establecidas por la ley ser\u00e1n procedentes siempre que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente probados\u00bb.
\nEl primer requisito legal para que una presunci\u00f3n nazca a la vida jur\u00eddica es, necesariamente, la demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que dan origen al juicio l\u00f3gico constitutivo de la inferencia presuntiva, y para el caso de la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes esos hechos -se reitera- son los enlistados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990.
\nDe ah\u00ed que se haya considerado que la persona que alega a su favor una presunci\u00f3n juris tantum \u00abtiene la carga de probar \u00fanicamente los supuestos de la misma, o sea aquellos hechos que siendo ciertos hacen cre\u00edble el otro hecho del cual se deduce. Es claro, entonces, que la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunci\u00f3n es apenas parcial ya que <\/p>\n

Por eso la jurisprudencia ha sostenido que la Ley 54 de 1990 hizo de la uni\u00f3n marital \u00abel supuesto de hecho de la presunci\u00f3n simplemente legal que permite declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. (C.C. C-239-94, 19 mayo 1994)
\nDe lo que se colige que la uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes es uno de los supuestos de hecho para que sea posible declarar judicialmente la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial, para cuya configuraci\u00f3n han de quedar demostrados los siguientes presupuestos:
\n1. La \texistencia de la uni\u00f3n marital con todos los requisitos que \texige el precitado art\u00edculo 1.\u00b0;
\n2. Que \tla uni\u00f3n marital haya tenido una duraci\u00f3n m\u00ednima \tde \tdos a\u00f1os;
\n3. Que \tlos compa\u00f1eros no tengan impedimento legal para contraer \tmatrimonio; o,
\nc2) Que en caso de haber impedimento para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros, la sociedad o sociedades anteriores hayan sido disueltas por lo menos un a\u00f1o antes del inicio de la uni\u00f3n marital de hecho.
\nLa falta de demostraci\u00f3n de cualquiera de esos elementos impide el surgimiento de la presunci\u00f3n y, por tanto, no hay lugar a declararla judicialmente por ausencia de sus
\npresupuestos f\u00e1cticos; lo que significa que la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital es un presupuesto para la exigibilidad de las obligaciones inherentes a la sociedad patrimonial.
\n\u00danicamente si quien pretend\u00eda beneficiarse de los efectos derivados de la sociedad patrimonial prevista en el mencionado art\u00edculo 2.\u00b0 lograba demostrar las circunstancias antecedentes que hac\u00edan posible el surgimiento de tal presunci\u00f3n, el juez pod\u00eda declararla, surgiendo desde ese momento -y no antes- el derecho a exigir las respectivas consecuencias econ\u00f3micas.
\nEl texto originario del art\u00edculo 4\u00b0 ejusdem confirmaba que la \u00fanica forma de declarar la uni\u00f3n marital y, por ende, la aludida presunci\u00f3n legal, era mediante sentencia judicial: \u00abLa existencia de la uni\u00f3n marital de hecho se establecer\u00e1 por los medios ordinarios de prueba consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y ser\u00e1 de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia\u00bb.
\nPor ello, en vigencia de la Ley 54 de 1990 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial no pod\u00eda comenzar a correr si antes no se hab\u00eda declarado judicialmente la existencia de la comunidad de bienes, la cual exige que el juez haya encontrado demostrados los supuestos de hecho que hacen posible el surgimiento de la presunci\u00f3n, esto es la uni\u00f3n marital por m\u00e1s de dos a\u00f1os, la convivencia permanente, singular e ininterrumpida, que los compa\u00f1eros no est\u00e9n casados entre s\u00ed, la ausencia de impedimentos para contraer matrimonio, o la disoluci\u00f3n con m\u00ednimo un a\u00f1o de antelaci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior en caso de que haya existido.
\nDe lo contrario, la ausencia de prueba de dichos requisitos legales imped\u00eda el surgimiento de la sociedad patrimonial y por ello no pod\u00eda comenzar a correr el mencionado t\u00e9rmino extintivo de la obligaci\u00f3n de estirpe econ\u00f3mica, pues sin la prueba de tales presupuestos, el compa\u00f1ero interesado en el reparto del patrimonio com\u00fan no ten\u00eda la posibilidad de hacer valer su derecho, dado que no puede haber acci\u00f3n para reclamar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n si \u00e9sta no es exigible, y en el caso de la sociedad patrimonial su exigibilidad s\u00f3lo surge cuando ha sido previamente declarada por un juez.
\nSi era la misma ley la que exig\u00eda decisi\u00f3n judicial que declarara la existencia de la sociedad patrimonial, ser\u00eda absurdo que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n comenzara a correr antes de dicha declaraci\u00f3n.
\nSobre el particular, esta Corte ha se\u00f1alado:
\n…la ley 54 de 1990 regula los efectos de orden econ\u00f3mico, pero a condici\u00f3n de que la existencia de uni\u00f3n de hecho obtenga homologaci\u00f3n judicial, lo cual quiere decir que aunque por su naturaleza nace de los hechos y para su iniciaci\u00f3n no se requiere cumplir formalidad alguna, esos efectos quedan condicionados a que mediante sentencia se declare su existencia.\u00bb (CSJ SC de 20 de septiembre de 2000. Exp.: 6117)
\nY en el mismo sentido:
\nAsunto que, por cierto, a\u00f1\u00e1dese ahora, m\u00e1s bien parece de puro sentido com\u00fan: se trata tan solo de la inutilidad de entrar a valorar la consistencia y fortaleza de una defensa que se despleg\u00f3 para enfrentar un ataque a la postre inofensivo; porque si la acci\u00f3n sencillamente no se consolid\u00f3, la defensa esgrimida
\npara contrarrestarla pierde su raz\u00f3n de ser, y mal hartase entonces en pasar a definir su viabilidad. (CSJ SC del 28 de noviembre de 2000, Rad. n\u00b0 5928)
\nCon relaci\u00f3n a la necesidad de declarar la uni\u00f3n marital
\ncomo presupuesto f\u00e1ctico de la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial, esta corte ha afirmado:
\nPor ende, la preexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial gestada -anterius, prius-, es presupuesto de su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n -posterius, consequentia-, es decir sin uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes no se forma entre \u00e9stos sociedad patrimonial, como tampoco es factible su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Expresado en otros t\u00e9rminos, la existencia de la uni\u00f3n marital libre u de la sociedad patrimonial, act\u00faa como una conditio iuris para su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, pues si no existe la uni\u00f3n marital nunca podr\u00e1 formarse una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, ni \u00e9sta tampoco podr\u00e1 disolverse u liquidarse; o, lo que es igual, sin sociedad patrimonial ex ante, no puede disolverse y liquidarse, ex post. (CSJ SC del 11 de marzo de 2009. Exp. 2002-00197\u00ad01) [Se subraya]
\nDe igual modo, en sentencia de 11 de septiembre de 2013, se cas\u00f3 el fallo dictado por un tribunal que parti\u00f3 de \u00ablas previsiones consagradas en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990\u00bb, espec\u00edficamente la subsistencia de la sociedad conyugal anterior no disuelta de uno de los compa\u00f1eros, para negar la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital, cuyos presupuestos f\u00e1cticos y efectos jur\u00eddicos son distintos a las de aqu\u00e9lla.
\nEn el aludido fallo se memor\u00f3 una sentencia anterior, en la que se dijo:
\n… entrelazando, pues, los citados art\u00edculos 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, se concluye que el surgimiento de una uni\u00f3n marital de hecho depende, en primer lugar, de la `voluntad responsable' de sus integrantes de establecer entre ellos, y s\u00f3lo entre ellos, una 'comunidad de vida, con miras a la conformaci\u00f3n de una familia; en segundo t\u00e9rmino, de la materializaci\u00f3n o exteriorizaci\u00f3n de esa voluntad, esto es que los compa\u00f1eros inicien su convivencia y, en virtud de ella, compartan todos los aspectos esenciales de la existencia, actitud que implica, entre otras cuestiones, residir bajo un mismo techo, brindarse afecto, socorro, ayuda y respeto mutuos, colaborarse en su desarrollo personal, social, laboral y\/ o profesional, mantener relaciones sexuales, proveer los medios para su mejor subsistencia y decidir si tienen o no descendencia, caso en el cual les corresponder\u00e1 definir el n\u00famero de hijos que procreen y los par\u00e1metros para educarlos, as\u00ed como velar por su sostenimiento; y, finalmente, de que ese proyecto de vida com\u00fan, en las condiciones que se dejan precisadas, se realice, d\u00eda a d\u00eda, de manera constante o permanente en el tiempo. (SC de 12 de diciembre de 2001)
\nEmpero -prosigui\u00f3 la Corte- el prop\u00f3sito del legislador no se limit\u00f3 a concebir la uni\u00f3n marital de hecho, sino que fue m\u00e1s all\u00e1, pues tambi\u00e9n se ocup\u00f3 de dise\u00f1ar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico al que quedaban sometidas las parejas as\u00ed constituidas y, con ese prop\u00f3sito, estableci\u00f3 una nueva figura jur\u00eddica, como fue la `sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes', en relaci\u00f3n con la que previ\u00f3 que 'el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales' a quienes la conformen (art. 3\u00b0). <\/p>\n

Como con facilidad se avizora, es ostensible la autonom\u00eda de las referidas figuras jur\u00eddicas, toda vez que cada una disciplina aspectos diversos de la familia constituida por lazos meramente naturales y responde a distintos requisitos:
\n1. La \tuni\u00f3n marital de hecho concierne con la vida en com\u00fan \tde los \tcompa\u00f1eros permanentes y exige para su configuraci\u00f3n \tla decisi\u00f3n \tconsciente de la pareja de unirse para conformar una familia \ty de que, como consecuencia de esa determinaci\u00f3n, convivan \ten una relaci\u00f3n singular y permanente.
\n2. La \tsociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano \tecon\u00f3mico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una \tuni\u00f3n marital de hecho y, en segundo t\u00e9rmino, de que \tcomo consecuencia \tdel trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros \tpermanentes, se haya consolidado un "patrimonio o capital" \tcom\u00fan.
\nEn el punto, cabe destacar que "la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes a que refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la 'uni\u00f3n marital de hecho, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma". (SC de 15 de noviembre de 2012)
\nPor tanto \u2014concluy\u00f3 la Corte en esa oportunidad\u2014 la falta de prueba de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la
\nLey 50 de 1990 impide el surgimiento de la presunci\u00f3n de la
\nsociedad patrimonial, \u00absin que, por lo mismo, est\u00e9 relacionado con
\nla uni\u00f3n marital de hecho y, mucho menos, con los presupuestos
\nque la estructuran, de donde el cumplimiento o incumplimiento de
\nlas condiciones que contempla la citada norma no pod\u00eda ser el criterio que orientara la definici\u00f3n de la mencionada s\u00faplica (la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital)\u00bb.
\n(…) Se suma a lo anterior que si es condici\u00f3n indispensable para resolver sobre la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que preexista una uni\u00f3n marital de hecho, la falla atr\u00e1s detectada es suficiente para ocasionar el quiebre total del fallo cuestionado, pues no resulta posible evaluar el referido aspecto econ\u00f3mico sin que, previamente, se haya juzgado, con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros legales adecuados, si entre la demandante y el se\u00f1or XXXX en verdad existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho.\u00bb (SC del 11 de septiembre de 2013. Ref.: 2001-00011-01) [ Se resalta]
\nLa anterior jurisprudencia se reiter\u00f3 en el respectivo fallo sustitutivo, en el que se lleg\u00f3 a la siguiente conclusi\u00f3n:
\nConforme la estructura de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, es presupuesto indispensable de toda "sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes" de que trata su art\u00edculo 2\u00b0, la previa configuraci\u00f3n de la "uni\u00f3n marital de hecho" contemplada en el art\u00edculo 1\u00b0 del mismo ordenamiento jur\u00eddico, que la concibe como "la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular".
\nCon otras palabras: la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho puede dar lugar al surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el ya citado art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, esto es, que aqu\u00e9lla supere el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os y que los miembros de la pareja no estuvieren impedidos para contraer matrimonio o que, est\u00e1ndolo, hubieren disuelto las sociedades
\nconyugales anteriores, "por lo menos un a\u00f1o antes" al inicio del nuevo v\u00ednculo. (Aprobado en Sala del 27 de abril de 2016. Rad.: 2006-00112-01)
\nA partir del an\u00e1lisis de la jurisprudencia citada, se deduce que seg\u00fan la Ley 54 de 1990 no es posible realizar pronunciamiento alguno sobre la sociedad patrimonial hasta tanto se declare judicialmente que la respectiva uni\u00f3n marital tuvo lugar.
\nNo resulta posible, por tanto, declarar la prescripci\u00f3n de un derecho que no se pod\u00eda ejercitar, pues ese es, precisamente, el sentido y alcance del principio del derecho de las obligaciones que se\u00f1ala que la acci\u00f3n (en sentido sustancial) que no ha nacido no puede prescribir.
\n3. Debido a los problemas que surg\u00edan en la pr\u00e1ctica para que los compa\u00f1eros constituyeran la prueba de la uni\u00f3n marital de hecho, dado que la Ley 54 de 1990 exig\u00eda \u2014como ya se explic\u00f3\u2014 que solamente se pod\u00eda declarar en sentencia judicial, el legislador introdujo una modificaci\u00f3n tendiente a aligerar y agilizar los medios para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales. As\u00ed se dijo expresamente en el t\u00edtulo de la Ley 979 de 2005: \u00abpor medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho u sus efectos patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb.
\nLa Ley 979 de 2005 estableci\u00f3 unos mecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales, por lo que ampli\u00f3 los medios probatorios para
\nque los compa\u00f1eros pudieran declarar la existencia de la sociedad patrimonial. En tal sentido, su art\u00edculo 1\u00b0 dispuso:
\nLos compa\u00f1eros permanentes que se encuentre en alguno de los casos anteriores [indicados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990] podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:
\n1. Por \tmutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica \tante notario donde d\u00e9 fe de la existencia de dicha sociedad \ty acrediten la uni\u00f3n marital de hecho y los dem\u00e1s \tpresupuestos \tque se prev\u00e9n en los literales a) y b) del presente art\u00edculo.
\n1. Por \tmanifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de \tconciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia \tde \tlos requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo.
\nA partir de la entrada en vigencia de la citada ley, la sociedad patrimonial no s\u00f3lo puede ser declarada judicialmente previa acreditaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital permanente, continua y singular no inferior a dos a\u00f1os; de la ausencia de impedimentos, o de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o patrimonial anterior con m\u00ednimo un a\u00f1o de antelaci\u00f3n a la uni\u00f3n marital, sino que puede declararse por los compa\u00f1eros permanentes de com\u00fan acuerdo, por escritura p\u00fablica ante notario o por acta suscrita en centro de conciliaci\u00f3n, siempre que re\u00fanan los mencionados requisitos legales.
\nDe igual modo, se modific\u00f3 el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, que antes se\u00f1alaba que la uni\u00f3n marital s\u00f3lo se probaba por sentencia judicial dictada por los jueces de familia, y en su
\nlugar, se estableci\u00f3 que tambi\u00e9n pude demostrarse por escritura p\u00fablica o por acta de conciliaci\u00f3n. (Art. 2\u00b0 Ley 979 de 2005)
\nLuego de la entrada en vigencia de la Ley 979 de 2005 se debe entender que la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial presupone la demostraci\u00f3n de su previa existencia por cualquiera de los medios previstos en el art\u00edculo segundo de esa disposici\u00f3n, pues de lo contrario, ante la ausencia de prueba de dichos requisitos legales, no puede comenzar a correr el mencionado t\u00e9rmino extintivo de la obligaci\u00f3n de estirpe econ\u00f3mica, pues sin la acreditaci\u00f3n de tales presupuestos, el compa\u00f1ero interesado en el reparto del patrimonio com\u00fan no tendr\u00e1 la posibilidad de hacer valer su derecho, pues \u00e9ste no ser\u00eda a\u00fan exigible.
\nLa prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, por tanto, comienza a contarse a partir de la sentencia que declara la existencia de la sociedad patrimonial por haber quedado demostrados los supuestos de hecho que hacen posible tal presunci\u00f3n.
\n4. Esta interpretaci\u00f3n est\u00e1 acorde con los principios generales que rigen la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria, cuya funci\u00f3n consiste en poner t\u00e9rmino a un derecho, y en el caso de las obligaciones, a libertar al mismo tiempo al deudor. (ARTURO ALESANDRI, Tratado de las obligaciones. vol. III. Edit. Jur\u00eddica de Chile: 2009. p. 171)
\nEl numeral 10 del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que la prescripci\u00f3n es uno de los modos de extinguir las obligaciones. De igual modo, el art\u00edculo 2541 se refiere a \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las obligaciones\u00bb. El art\u00edculo 2512
\nestablece que la prescripci\u00f3n liberatoria es un modo \u00abde extinguir las acciones o derechos ajenos\u00bb; y en un sentido similar el 2535 menciona la prescripci\u00f3n que extingue \u00ablas acciones y derechos ajenos\u00bb. A su turno, el art\u00edculo 2539 establece la forma como se interrumpe la prescripci\u00f3n que extingue \u00ablas acciones ajenas\u00bb.
\nEl uso indistinto que el legislador hizo de los t\u00e9rminos obligaci\u00f3n, derecho y acci\u00f3n para referirse a lo que es objeto de la prescripci\u00f3n extintiva no obedece a una impropiedad o confusi\u00f3n conceptual, ni mucho menos a un descuido de los redactores de la ley, sino al significado que tales nociones ten\u00edan en la fecha de expedici\u00f3n del C\u00f3digo, que emple\u00f3 la terminolog\u00eda propia de la tradici\u00f3n civilista romana, identificando la acci\u00f3n con el derecho material vulnerado generador de una obligaci\u00f3n.
\nSeg\u00fan la definici\u00f3n cl\u00e1sica de Celso, la acci\u00f3n no es otra cosa que el derecho a perseguir en juicio lo que a uno se le debe. Esta concepci\u00f3n segu\u00eda vigente a\u00fan a mediados del siglo XIX, al punto que Savigny consideraba la acci\u00f3n como un derecho que nace de la violaci\u00f3n del derecho material subjetivo y que tiene por contenido la obligaci\u00f3n del adversario de hacer cesar la violaci\u00f3n.
\nNo fue sino a finales del siglo XIX, con los estudios realizados por Windscheid, cuando el concepto de acci\u00f3n comenz\u00f3 a adquirir la connotaci\u00f3n procesal que la doctrina fue decantando hasta alcanzar el significado que tiene actualmente, que la entiende como el derecho p\u00fablico, subjetivo y aut\u00f3nomo que tiene toda persona para obtener la resoluci\u00f3n de una controversia jur\u00eddica mediante la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del Estado concretada en una sentencia que se dicta dentro de un proceso judicial. En palabras de Redenti: \u00abCon la acci\u00f3n
\n(actividad procesal) se propone al juez la acci\u00f3n (pretensi\u00f3n), y \u00e9l dir\u00e1 si existe la acci\u00f3n (derecho)\u00bb.
\nEsta distinci\u00f3n permite comprender que frente a la acci\u00f3n (en sentido estrictamente procesal) el demandado tiene el derecho de contradicci\u00f3n; frente a la pretensi\u00f3n le asiste el derecho de formular sus excepciones y defensas; y frente a la invocaci\u00f3n de un derecho sustancial puede aducir la inexistencia de ese derecho o la titularidad de uno mejor.
\nBajo esas orientaciones cobra pleno sentido el segundo inciso del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual el tiempo que se exige para la prescripci\u00f3n de acciones o derechos se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb, es decir que la prescripci\u00f3n debe analizarse en relaci\u00f3n con la posibilidad de ejercitar el derecho que se pretende hacer valer y que la contraparte considera extinto por el paso del tiempo. De ah\u00ed que siempre se haya afirmado que son dos los requisitos de la prescripci\u00f3n extintiva: a) el transcurso del tiempo; y b) la inactividad de la parte interesada, la cual s\u00f3lo adquiere relevancia jur\u00eddica si el titular del derecho tuvo la posibilidad de hacerlo valer.
\nAl respecto la doctrina ha explicado:
\nAntes de que haya nacido la acci\u00f3n [en sentido sustancial] conferida para tutela de un derecho no puede hablarse de extinci\u00f3n por prescripci\u00f3n: actioni nondum natae non praescribitur; en efecto, reposando la prescripci\u00f3n sobre un estado de hecho, no conforme al derecho, y no obstante no eliminado o removido por quien tiene la facultad, se debe contar el tiempo, no desde el momento en que aquel estado se ocasion\u00f3, sino desde aquel en que se pod\u00eda actuar para removerlo o
\neliminarlo; desde este momento se debe comenzar a contar el tiempo que la ley exige para que aquel estado se convierta en irrevocable por perder la acci\u00f3n quien pod\u00eda ejercitarla. Con esto queda sin m\u00e1s resuelta la cuesti\u00f3n de si el comienzo de la prescripci\u00f3n deba situarse en el momento en que fue causada la lesi\u00f3n del derecho ajeno o en aquel en que, sin haber lesi\u00f3n, pod\u00eda ejercitarse el derecho. Debe ser resuelta en el segundo sentido…. (Roberto De Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil. t. I. Madrid: Reus, 1979. p. 328)
\nEn id\u00e9ntico sentido, entendiendo que la prescripci\u00f3n extingue la acci\u00f3n (en su acepci\u00f3n sustancial) o el derecho subjetivo, y que \u00e9ste no se puede ejercitar mientras la obligaci\u00f3n no se haya hecho exigible, COLIN y CAPITANT explican el punto de partida de la prescripci\u00f3n extintiva, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abSe pueden resumir estas distintas reglas en una f\u00f3rmula general: Actioni non natae non praescribitur. Para que un derecho prescriba es necesario, no solamente que haya nacido, sino que pueda ser ejercitado. Al generalizar esta idea tan equitativa y conforme con el fundamento racional de la prescripci\u00f3n, la jurisprudencia establece, del modo m\u00e1s amplio, que siempre que una de las partes haya estado en la imposibilidad de obrar a consecuencia de un obst\u00e1culo cualquiera que preceda, ya de la ley, ya de fuerza mayor, o hasta de la misma convenci\u00f3n, la prescripci\u00f3n no corre contra ella hasta el d\u00eda en que cese esta imposibilidad: Contra non valenten agere non currit praescriptio\u00bb. (Curso elemental de derecho civil. t. III. Madrid: Reus, 1924. p. 254)
\nPor expreso mandato legal, la prescripci\u00f3n extintiva de acciones (en sentido sustancial) o derechos -se reitera-, se cuenta desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible (Art. 2535), pues siendo la prescripci\u00f3n una instituci\u00f3n de naturaleza sustancial y no procesal, su funci\u00f3n y raz\u00f3n de ser ata\u00f1e a la
\nvigencia y exigibilidad del derecho material o la relaci\u00f3n jur\u00eddico
\nsustancial que se reclama. Tanto es as\u00ed que la prescripci\u00f3n admite tanto su interrupci\u00f3n (Art. 2539) como su renuncia una vez cumplida (Art. 2514), siendo tales situaciones imposibles de darse si no existe un t\u00e9rmino de exigibilidad del derecho a partir del cual pueda comenzar a contarse dicho lapso.
\nNo puede confundirse, por tanto, el significado del t\u00e9rmino acci\u00f3n en sentido procesal, con el concepto de acci\u00f3n en sentido sustancial al que refieren las normas civiles sobre prescripci\u00f3n. Es indudable que toda persona tiene el derecho de acci\u00f3n procesal porque puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de una declaraci\u00f3n judicial respecto de su controversia. En cambio, no toda persona tiene acci\u00f3n sustancial, pues \u00e9sta, seg\u00fan el significado que le atribuy\u00f3 la tradici\u00f3n romana, va unida a la posibilidad de ejercitar el derecho material y subjetivo que reclama, y \u00e9ste s\u00f3lo puede hacerse valer cuando la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible, como se explic\u00f3 l\u00edneas arriba.
\nDe manera que si bien es cierto que toda persona tiene acci\u00f3n procesal para demandar judicialmente el restablecimiento del derecho que considera vulnerado, no es esta facultad la que ha de considerarse en la valoraci\u00f3n de la inactividad o silencio del demandante para efectos de comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de su derecho.
\nPor ello, aunque el demandante tenga acci\u00f3n procesal y la posibilidad de formular y acumular pretensiones en su demanda, tal facultad es absolutamente distinta de la potestad de acci\u00f3n sustancial que se origina con la exigibilidad del derecho material y subjetivo del que es titular. En otras palabras: el hecho de que el compa\u00f1ero o compa\u00f1era
\ndemandante tenga la posibilidad de acumular a su demanda principal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital la consecuencial de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, no significa que cuenta con la acci\u00f3n sustancial para reclamar la disoluci\u00f3n de dicha sociedad, pues hasta que no se demuestren en el proceso los requisitos materiales que permiten la declaraci\u00f3n de la presunci\u00f3n mencionada, el derecho econ\u00f3mico que reclama no ser\u00e1 exigible.
\nLa acci\u00f3n procesal -se reitera- no implica acci\u00f3n sustancial; entre ambas especies de acci\u00f3n no existe una relaci\u00f3n de causalidad o necesidad material o l\u00f3gica, dado que ambas obedecen a instituciones de distinta naturaleza, funci\u00f3n y finalidad. De ah\u00ed que s\u00f3lo la acci\u00f3n en sentido sustancial es la que se toma en cuenta como punto de partida para comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n

Como la acci\u00f3n patrimonial s\u00f3lo puede ser ejercitada eficazmente por quien ostenta la titularidad de ese derecho, ello conlleva a admitir que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de dicha acci\u00f3n no puede comenzar a contarse en todos los casos a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros; del matrimonio con terceros; o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros, como pudiera inferirse de una lectura acr\u00edtica y desprevenida del art\u00edculo 8\u00b0 de la mencionada ley, sino s\u00f3lo en los eventos en que
\nla sociedad patrimonial haya sido reconocida con anterioridad en la forma descrita por la ley, previo cumplimiento de los requisitos legales para que surja la presunci\u00f3n. En caso contrario, dicho t\u00e9rmino s\u00f3lo correr\u00e1 desde cuando la sociedad patrimonial haya sido formalmente reconocida.
\nDe manera que a\u00fan en el caso de que la obligaci\u00f3n exista como hecho desde antes de su declaraci\u00f3n judicial, mientras no sea exigible o no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el t\u00e9rmino prescriptivo.
\nY con m\u00e1s raz\u00f3n -ha afirmado esta Sala- trat\u00e1ndose ya de la facultad de demandar con eficacia el reconocimiento de un determinado derecho, el plazo de prescripci\u00f3n no puede empezar a computarse antes de que ese derecho haya nacido. No ser\u00eda razonable sostener cosa distinta, por dos motivos: es la primera la de que el texto final del art\u00edculo 2535 citado permite sin dificultad sacar esa conclusi\u00f3n, y la segunda, que es contrario a la moral y a la equidad que un derecho pueda extinguirse antes de que su titular pudiera normalmente hacer uso de \u00e9l, pues como dec\u00edan los romanos actioni non natae non prescribitur". (CSJ SC de 7 de noviembre de 1977. GJ n\u00b0 2396, p. 347)
\nLlegar a una interpretaci\u00f3n distinta supondr\u00eda una inadmisible situaci\u00f3n de inferioridad jur\u00eddica y desprotecci\u00f3n a los miembros de la familia conformada por v\u00ednculos naturales, como quiera que al compa\u00f1ero permanente no reconocido se le estar\u00eda aplicando la prescripci\u00f3n de un derecho que no ha tenido la oportunidad de ejercitar.
\n5. Las anteriores razones eran suficientes para concluir que en el caso que se analiz\u00f3, el demandante no ten\u00eda la posibilidad de ejercitar la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la
\nsociedad patrimonial, porque la obligaci\u00f3n de la cual emanaba su derecho no era exigible, toda vez que para cuando ocurri\u00f3 la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros permanentes la sociedad patrimonial no hab\u00eda sido judicialmente declarada ni estaban demostrados los requisitos que consagra la ley para la procedencia de la respectiva presunci\u00f3n legal.
\nEntonces, debi\u00f3 concederse el amparo solicitado, pues la sentencia transgredi\u00f3 gravemente el ordenamiento, pues no aplic\u00f3 los art\u00edculos 2512 y 2535 del C\u00f3digo Civil, e interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990.
\nLos accionados aplicaron el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial desde la fecha de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, sin tener en cuenta que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica exig\u00eda hacer la distinci\u00f3n de las situaciones en las cuales la sociedad patrimonial ha sido previamente declarada, de aquellas en las que no lo ha sido por ausencia de demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que dan origen a esa presunci\u00f3n.
\n6. De otra parte, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales.
\nParticularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control.
\nA mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude.
\nDicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste.
\nLa raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional2, los tratados <\/p>\n

2 Sentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre otras.
\ninternacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 ib\u00eddem, conforme al cual \u00abLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u00bb.
\nDe ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578\u00ad1995), y que las dispoliciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C\u00ad488-2009).
\nAdicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C\u00ad500-2014).
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones.
\n7. En los t\u00e9rminos que preceden, salvo mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMAGISTRADO
\n1 \tCSJ. \tSTC de 11 de junio de 2015, exp.: 2015-01240-00
\n2 \tCSJ. STC de 26 de enero \tde 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. \t00616-00.
\n3 \tAs\u00ed lo afirm\u00f3 en la demanda constitucional.
\n4 \tCSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. \t00111-01, \tratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 \tde agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. \t00068-02.
\n5 \tCSJ. STC 18 \tde marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, \texp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n6 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

R 4 adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03461-00 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC15737-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03461-00 (Aprobado en Sala de veintiocho de noviembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela promovida por Erasmo Rueda Mart\u00ednez frente al Juzgado Primero de Familia de Barranquilla y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}