{"id":102059,"date":"2026-07-01T21:27:50","date_gmt":"2026-07-01T21:27:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102059"},"modified":"2026-07-01T21:27:50","modified_gmt":"2026-07-01T21:27:50","slug":"stc15801-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15801-2018\/","title":{"rendered":"STC15801-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02298-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 de octubre de 2018, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Parmeri Franco en contra del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso verbal sumario de \u201cprotecci\u00f3n al consumidor\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Caribe S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad querellada. <\/p>\n

2. De lo consignado en el ruego tuitivo y sus anexos, se colige que ante la Superintendencia de Industria y Comercio se adelant\u00f3 el juicio materia de este amparo constitucional, en el cual se requiri\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la \u201cgarant\u00eda\u201d del automotor de placas IZT-817. <\/p>\n

En ese litigio mediante providencia de 6 de marzo de 2018, se concedieron las pretensiones invocadas, conden\u00e1ndose a Caribe S.A., a devolver el dinero recibido por la venta del referido veh\u00edculo, decisi\u00f3n recurrida por el extremo pasivo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien en prove\u00eddo de 19 de julio pasado, revoc\u00f3 la sentencia impugnada. <\/p>\n

Sostiene que el convocado zanj\u00f3 el comentado pleito \u201c(\u2026) como si se tratara de un proceso civil contractual (\u2026)\u201d, pues invirti\u00f3 \u201c(\u2026) la carga de la prueba (\u2026)\u201d referente al deber de demostrar la \u201c(\u2026) efectividad de la garant\u00eda (\u2026)\u201d reclamada, quebrantando \u201c(\u2026) la presunci\u00f3n de inferioridad (\u2026) del consumidor ante quien provee bienes y servicios (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora, se resguarden sus derechos fundamentales.
\n1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Remiti\u00f3 copia del acta contentiva de la audiencia del fallo de segunda instancia, emitido en el asunto bajo estudio (fl. 60). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el sublite (\u2026) no concurren los requisitos de procedibilidad (\u2026) como quiera que el tutelante no identific\u00f3 de manera razonable, los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, cuyo resguardo depreca, pese a haber sido requerido para tal fin (\u2026)\u201d (fls. 75 a 77). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El gestor de este auxilio, censura el prove\u00eddo de 19 de julio de 2018, mediante el cual el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se hab\u00eda condenado a Caribe S.A. a devolver el dinero producto de la venta del veh\u00edculo de placas IZT-817 al aqu\u00ed actor. <\/p>\n

Al respecto, el estrado confutado razon\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]el inciso segundo del art\u00edculo 10 de la Ley 1480 de 2011, se infiere que el consumidor est\u00e1 obligado a demostrar el defecto del producto, para poder predicar la responsabilidad del vendedor o productor (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los elementos de juicio [practicados] demuestran que, si bien, el veh\u00edculo present\u00f3 un defecto, [esto es] falta de fuerza en subida (\u2026), se surti[\u00f3] el proceso t\u00e9cnico que consider\u00f3 la vendedora ante esa situaci\u00f3n (\u2026) y le hace el cambio del dispositivo que ayuda a la mezcla de gasolina (\u2026), una vez remplazado el calculador, el 6 de enero de 2017, ingresa nuevamente el veh\u00edculo, bajo el mismo se\u00f1alamiento (\u2026), la concesionaria opta por remplazar, de acuerdo con criterios t\u00e9cnicos, la bomba de gasolina (\u2026), el demandante presenta el 21 de febrero de 2017, una reclamaci\u00f3n, y el 22 el veh\u00edculo nuevamente ingresa con el mismo reclamo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El despacho estima que no es factible aplicar la consecuencia jur\u00eddica que hizo el juez de primera instancia, porque no estaba demostrada (\u2026), la caracter\u00edstica de la falla, frente a la naturaleza misma del bien (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a informaci\u00f3n que da el testigo t\u00e9cnico es: con las piezas que se cambi\u00f3, se le hizo los ajustes, se anduvo 50 kil\u00f3metros y el veh\u00edculo no present\u00f3 m\u00e1s el problema (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El carro ha estado de alguna manera funcionando (\u2026), quiere decir que el veh\u00edculo no est\u00e1 afectado de acuerdo con las caracter\u00edsticas del bien (\u2026) en una imposibilidad de su utilizaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La demanda fue presentada el 8 de mayo de 2017, las versiones del testigo, dicen que para ese entonces el veh\u00edculo estaba en buenas condiciones, recordemos que [el actor] efectu\u00f3 [la \u00faltima] reclamaci\u00f3n el 21 de febrero, y se le respond[i\u00f3] el 14 de marzo por parte de [Caribe S.A.]: como expertos en veh\u00edculos y concesionarios autorizados de la marca podemos confirmarle que su veh\u00edculo est\u00e1 t\u00e9cnicamente en condiciones, lo invitamos a que se acerque a su m\u00e1s pronta conveniencia para poder realizar juntos, una prueba de ruta en terreno monta\u00f1oso, lo esperamos para poder tener el gusto de atenderlo, [prueba a la cual el interesado no asisti\u00f3] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Una actitud de rebeld\u00eda o de no colaboraci\u00f3n para hacer la verificaci\u00f3n no necesariamente puede llevar a imponer o exigir la garant\u00eda (\u2026), el despacho estima de que no puede ser as\u00ed, porque (\u2026) de acuerdo con lo dicho por el testigo (\u2026), el cual no fue tachado de sospechoso (\u2026) hay indicios importantes de que la falla o el defecto del veh\u00edculo era superable, y que no era de unas connotaciones que impidieran su uso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]o que tiene m\u00e1s trascendencia para el despacho es el hecho de que (\u2026) Jos\u00e9 Parmeri (\u2026) despu\u00e9s de que dej\u00f3 el carro en febrero, dijo yo no vuelvo por all\u00e1 (\u2026), esa rebeld\u00eda (\u2026) no puede generarle unos beneficios (\u2026), pues se debe colaborar y m\u00e1xime cuando si est\u00e1 reclamando para el 21 de febrero la garant\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Aunque el tutelante no comparta los argumentos adoptados por el juzgado fustigado, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, por cuanto dicho pronunciamiento fue fundamentado en los mandatos jur\u00eddicos respectivos y en las pruebas recaudadas en ese decurso. <\/p>\n

N\u00f3tese, ese fallador se\u00f1al\u00f3 con claridad que en el asunto bajo estudio, no proced\u00eda la devoluci\u00f3n del dinero, pues el actor no demostr\u00f3 que despu\u00e9s del \u00faltimo procedimiento t\u00e9cnico efectuado al automotor por parte de la concesionara, el veh\u00edculo continuara con la falla por la cual reclamaba la garant\u00eda, m\u00e1xime cuando la all\u00ed accionada le inform\u00f3 haber realizado la respectiva reparaci\u00f3n y el quejoso se abstuvo de corroborar si la misma satisfac\u00eda sus exigencias. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

Con ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2018-02298-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ \tSTC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \tde 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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