{"id":102060,"date":"2026-07-01T21:28:11","date_gmt":"2026-07-01T21:28:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102060"},"modified":"2026-07-01T21:28:11","modified_gmt":"2026-07-01T21:28:11","slug":"stc15802-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15802-2018\/","title":{"rendered":"STC15802-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15802-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00933-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo de 2 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a Juan Morales, Alcald\u00eda y Personar\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ambas de Risaralda y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2018-00418-00 y 2018-00422-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El libelista invoc\u00f3 el respeto del \u00abdebido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb presuntamente desconocidos por el querellado y por ende, se le ordene anular los interlocutorios emitidos en los radicados mencionados, que decretaron el desistimiento t\u00e1cito por contrariar el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998 am\u00e9n de tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia \u00abconsign\u00f3 que el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso no aplica en acciones populares y siendo as\u00ed menos aplicar\u00eda el art\u00edculo 317\u00bb; probar \u00aba trav\u00e9s de qu\u00e9 medio id\u00f3neo se inform\u00f3 a los terceros\u00bb de esta queja, y de no hacerlo se invalide lo actuado; remitir copia de la sentencia al correo electr\u00f3nico y aportar una reproducci\u00f3n de lo deprecado en el ac\u00e1pite de pruebas. <\/p>\n

En sustento narr\u00f3 que los referidos juicios fueron terminados en virtud de lo reglado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 cree que la carga de informar a la comunidad sobre la existencia de los mismos compete a \u00e9l dada su calidad de promotor. <\/p>\n

2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito asever\u00f3 que las determinaciones criticadas se dictaron porque \u00abel actor popular no realiz\u00f3 la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 ni la notificaci\u00f3n a la entidad demandada\u00bb. Sin embargo, \u00e9stas fueron controvertidas v\u00eda reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, recursos pendientes por desatar a la hora actual. <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda manifest\u00f3 que la situaci\u00f3n descrita en el escrito de amparo es \u00abajena a esta agencia de Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb. <\/p>\n

3.- El a quo neg\u00f3 el auxilio por falta de subsidiariedad \u00abtoda vez que el interesado promovi\u00f3 estas acciones de forma anticipada, sin siquiera esperar que el problema jur\u00eddico aqu\u00ed planteado se decidiera en los tr\u00e1mites ordinarios. Pretiri\u00f3 que el a quo reconsiderara (\u2026) sus decisiones antes de cuestionarlas con este mecanismo\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, \u00abaccedi\u00f3 al pedimento de las copias\u00bb previo pago de las expensas correspondientes. <\/p>\n

4.- Impugn\u00f3 el gestor, pero no fundament\u00f3 su desacuerdo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Se precisa que no es viable \u00abla declaratoria de nulidad\u00bb implorada por Arias Id\u00e1rraga con p\u00e1bulo en que los \u00abterceros\u00bb no fueron vinculados a este rito, pues basta ver la foliatura para comprobar que se les previno tanto del \u00abauto admisorio\u00bb como de la resoluci\u00f3n de primer grado (fls. 9 y 24, c. 1). Y aun cuando no hubiese sido as\u00ed, cierto es que, quien la s\u00faplica carece de inter\u00e9s por no ser el afectado con el presunto yerro. <\/p>\n

2.- No se requieren prolijas razones para mantener el veredicto confutado, habida cuenta que lucen plausibles las adveraciones con las que se concluy\u00f3 la inviabilidad del ruego tuitivo planteado. <\/p>\n

En rigor, persigue el impulsor por este sendero que se dejen sin efectos los autos que en \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso se expidieron el 18 de octubre pasado. <\/p>\n

Sin embargo, de la contestaci\u00f3n del fustigado y de las documentales anejas vislumbra la Corporaci\u00f3n que Arias Id\u00e1rraga recurri\u00f3 dichos prove\u00eddos; inconformidades que a esta altura no se han zanjado. <\/p>\n

Entonces, se colige que para esta justicia especial est\u00e1 vedado el examen de legalidad sobre las citadas decisiones, en tanto que proceder en sentido contrario, ser\u00eda avalar que aqu\u00e9lla est\u00e1 habilitada a reemplazar al iudex del escenario natural, en el sub lite, el de \u00ablas acciones populares\u00bb. <\/p>\n

Y no se olvide que <\/p>\n

[l]a acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n (CSJ STC 10 ago. 2009 rad. 00189-01, reiterada en STC 29 ago. 2011, rad, 00982-01, 25 may. 2012 rad. 00134-01 y CSJ STC12629-2016 Sep. 8 de 2016, rad. 2016-00363-01). (CSJ STC5459-2018). <\/p>\n

3.- Ahora, esta Colegiatura comparte lo solventado por el a quo \u00abconstitucional\u00bb de cara a las \u00abcopias\u00bb que procura el quejoso una vez cancele el valor pertinente. Ello, en tanto no se observa que dicha \u00abcarga\u00bb imposibilite que el actor ejercite sus \u00abderechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

4.- Colof\u00f3n de lo anterior, no se acceder\u00e1 a la guarda implorada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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