{"id":102066,"date":"2026-07-01T21:30:00","date_gmt":"2026-07-01T21:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102066"},"modified":"2026-07-01T21:30:00","modified_gmt":"2026-07-01T21:30:00","slug":"stc15808-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15808-2018\/","title":{"rendered":"STC15808-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15808-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001 02 04 000 2018 02215 01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la tutela instaurada por Yair Dar\u00edo Cifuentes Moreno contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, extensiva al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad e intervinientes en el decurso a revisar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El escrito introductorio y sus anexos admiten el siguiente compendio f\u00e1ctico: <\/p>\n

El accionante fue acusado ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso heterog\u00e9neo con \u00abhomicidio\u00bb en grado de tentativa, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, falsedad marcaria y uso de documento falso; posteriormente, el ente investigador present\u00f3 preacuerdo suscrito con aqu\u00e9l consistente en la aceptaci\u00f3n de la responsabilidad penal a cambio de la imposici\u00f3n de una \u00abpena total de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb, lo cual fue aprobado por el sentenciador de conocimiento el 15 de diciembre de 2017. <\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico y el apoderado de las v\u00edctimas apelaron, y la Sala Penal del Tribunal Superior de la capital del Meta revoc\u00f3 la decisi\u00f3n para, en su lugar, desechar el convenio porque \u00abresulta atentatorio del principio de legalidad, dado que, aunque el mismo converge sobre un solo beneficio punitivo, no es posible conceder una rebaja punitiva mayor a la permitida en la ley para los casos de captura en flagrancia\u00bb, acorde a lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, seg\u00fan el cual, \u00aben los casos de situaci\u00f3n de flagrancia s\u00f3lo se tendr\u00e1 una cuarta parte (1\/4) parte del beneficio de que trata el art\u00edculo 351 de la Ley 906 de 2004, y como en este caso la negociaci\u00f3n se efectu\u00f3 luego de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, el descuento debe ser del ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%)\u00bb. Por manera que, \u00abla pena de veinticinco (25) a\u00f1os negociada, resulta inferior a la sanci\u00f3n que arroja la labor de dosificaci\u00f3n del concurso de conductas punibles y la aplicaci\u00f3n del m\u00e1ximo descuento punitivo posible\u00bb. <\/p>\n

Adujo el precursor que con tal determinaci\u00f3n se le vulner\u00f3 el debido proceso, ya que \u00abest\u00e1 alejada de la l\u00f3gica y de la realidad jur\u00eddica, porque si el argumento del Tribunal fuera cierto, no ser\u00eda viable acordar las consecuencias de los art\u00edculos 56 y 57 de la normativa sustantiva penal, puesto que ellas estar\u00edan muy por debajo del porcentaje que la ley prev\u00e9 para los flagrantes, como tampoco ser\u00eda viable conceder libertad condicional o domiciliaria\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00aben el caso presente, no se someti\u00f3 el acuerdo a lo que establezca la ley, sino a lo que las partes convinieron\u00bb, por lo que \u00abla Magistratura debi\u00f3 confirmar la aprobaci\u00f3n que hiciera el a-quo, toda vez que en el acuerdo no se modificaron los acontecimientos ni los cargos imputados en las audiencias concentradas\u00bb. <\/p>\n

Por ello, suplic\u00f3 que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n del Tribunal accionado y en su reemplazo se confirme la aprobaci\u00f3n del acuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Penal Especializado de Villavicencio, las V\u00edctimas y la Procuradur\u00eda 87 Judicial Penal II respondieron que el pronunciamiento rebatido no revela la transgresi\u00f3n que se le atribuye, puesto que se ajusta a los par\u00e1metros legales que gobiernan la situaci\u00f3n debatida. <\/p>\n

Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 improcedente la salvaguarda tras cavilar que \u00abel demandante equivoc\u00f3 la ruta para proponer su queja, [dado que] le corresponde ventilar su inconformidad al interior del respectivo diligenciamiento que contin\u00faa en curso a trav\u00e9s de los mecanismos all\u00ed dispuestos, verbigratia, solicitudes de nulidad o la interposici\u00f3n de los recursos a que haya lugar, lo cual per se torna improcedente el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 con apoyo en que \u00abno hay manera de acudir a recursos ordinarios en el curso del proceso mismo, atendiendo que la acci\u00f3n de tutela deriva precisamente de la alzada presentada por los intervinientes en el proceso, habiendo sido desatado tal recurso de manera desfavorable al encartado\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no fue destinado a replicar los interlocutorios jurisdiccionales, ya que permitirlo ser\u00eda contrariar la libertad y autonom\u00eda de quienes cumplen esa loable funci\u00f3n; empero, resulta id\u00f3neo, de manera residual, para garantizar prerrogativas fundamentales y convencionales s\u00f3lo en aquellos eventos en los que se verifique una equivocaci\u00f3n ostensible y grosera en el desarrollo de aqu\u00e9lla labor. <\/p>\n

En esa secuencia, no cualquier animadversi\u00f3n torna triunfante este privilegiado sendero, menos si se dirige contra reflexiones que, miradas con la lupa propia de este medio especial\u00edsimo, resultan admisibles dentro de una hermen\u00e9utica racional. <\/p>\n

2. En el sub examine, se encuentran colmados todos los requisitos generales de procedencia del ruego superlativo, entre ellos, el de subsidiariedad, porque no se observa que el inconforme tuviera a su alcance alg\u00fan remedio id\u00f3neo en el pleito \u00abpenal\u00bb para rebatir el auto que cuestiona por esta v\u00eda. Sin embargo, del dossier no dimana siquiera un defecto constitutivo de v\u00eda de hecho que justifique la intromisi\u00f3n de esta extraordinaria justicia en la controversia analizada. <\/p>\n

La censura de Yair Dar\u00edo Cifuentes Moreno se perfila contra el prove\u00eddo de 22 de agosto hoga\u00f1o, por medio del cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en segunda instancia, rechaz\u00f3 el \u00abacuerdo celebrado entre \u00e9l y la Fiscal\u00eda\u00bb por no hallarlo ajustado a los preceptos que rigen la cuesti\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, la Magistratura obr\u00f3 de esa forma tras se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u00abEn el presente caso, se tiene que el acuerdo efectuado entre la Fiscal\u00eda y Cifuentes Moreno (\u2026) fue aprobado por el a-quo, tras considerar que respeta el principio de legalidad y la congruencia que debe existir entre la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y la jur\u00eddica, dado que el \u00fanico beneficio que se concede es la fijaci\u00f3n de la pena por el concurso de delitos en veinticinco (25) a\u00f1os de prisi\u00f3n (\u2026) [sin embargo], el preacuerdo resulta atentatorio del principio de legalidad, dado que, aunque el mismo converge sobre un solo beneficio punitivo, no es posible conceder una rebaja punitiva mayor a la permitida en la ley para los casos de captura en flagrancia. Ello es as\u00ed, porque seg\u00fan el par\u00e1grafo del art\u00edculo 301 de la Ley 906 de 2004, en los casos de situaci\u00f3n en flagrancia s\u00f3lo se tendr\u00e1 una cuarta parte (1\/4) del beneficio de que trata el art\u00edculo 351 de la Ley 906, y como en este caso la negociaci\u00f3n se efectu\u00f3 luego de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, el descuento debe ser del ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%)\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3: <\/p>\n

\u00abAl respecto, la Corte Suprema de Justicia, precis\u00f3: [e]n lo atinente a los preacuerdos posteriores a la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, dado que el art\u00edculo 352 de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9 una rebaja de pena imponible de una tercera parte, \u00e9sta quedar\u00e1 \u00fanicamente en un 8.33 por ciento. M\u00e1s recientemente la jurisprudencia aclar\u00f3: [d]entro de las modalidades de preacuerdo, contempladas en el Libro III, T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo \u00danico del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, una es la que modula el delito imputado o por el cual se acusa, y otra la que ofrece al incriminado una rebaja de pena por aceptaci\u00f3n de responsabilidad en la conducta endilgada. Por consiguiente, si el pacto se hace sobre la base de la aceptaci\u00f3n de los cargos formulados en la imputaci\u00f3n y la negociaci\u00f3n se concreta en la cantidad de pena a imponer, habr\u00e1 de examinarse el momento en el que ese convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, ya sea conforme a los par\u00e1metros del primero inciso del art\u00edculo 351 o del 352 ib\u00eddem. En estos eventos, si la captura fue en flagrancia, es claro que la rebaja deber\u00e1 observar los l\u00edmites all\u00ed previstos, de cara a lo demarcado en el par\u00e1grafo del precepto 301 de la Ley 906 de 2004, con la modificaci\u00f3n de la Ley 1453 de 2011\u00bb (la \u00faltima sentencia citada corresponde a la de 24. Feb. 2016, radicado 45.736, C.S.J. M.P. \u00c9yder Pati\u00f1o Cabrera). <\/p>\n

Con vista en esas disertaciones, indic\u00f3:
\n\u00ab(\u2026) la pena de veinticinco (25) a\u00f1os negociada resulta inferior a la sanci\u00f3n que arroja la labor de dosificaci\u00f3n del concurso de conductas punibles y la aplicaci\u00f3n del m\u00e1ximo descuento punitivo posible de cara a la situaci\u00f3n en flagrancia en la que fueron capturados los procesados y la oportunidad procesal en que se suscribi\u00f3 la negociaci\u00f3n. Luego, para establecer el \u00e1mbito de movilidad punitivo se tiene que el m\u00ednimo resulta ser la pena m\u00e1s grave que ser\u00eda la individualizada por el delito de homicidio agravado, esto es, cuatrocientos (400) meses de prisi\u00f3n, y el m\u00e1ximo resultar\u00eda ser setecientos veinte (720) meses de prisi\u00f3n, puesto que tanto como el aumento \u201chasta otro tanto\u201d (800 meses), como la suma aritm\u00e9tica de las penas (1244 meses), exceden la pena m\u00e1xima permitida en la ley para el concurso de delitos (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 31 de la C.P.)\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, remat\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn ese orden, el \u00e1mbito de movilidad oscila entre cuatrocientos (400) y setecientos veinte (720) meses de prisi\u00f3n, en los cuales deber\u00eda ubicarse la sanci\u00f3n punitiva; de escogerse el m\u00ednimo, esto es, cuatrocientos (400) meses de prisi\u00f3n, el resultante de descontar el m\u00e1ximo posible por virtud del preacuerdo, es decir, un porcentaje de 8.33%, que en este caso equivalen a 33.32, lo que arrojar\u00eda una sanci\u00f3n definitiva a imponer de trescientos sesenta y ocho punto sesenta y ocho meses de prisi\u00f3n, o lo que es lo mismo, treinta (30) a\u00f1os seis (6) meses veinte (20) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, refulgen dos tesituras distintas acerca de la forma como ha debido definirse la alzada: de un lado, el ad-quem razon\u00f3 que no era viable avalar lo pactado entre el \u00abacusado\u00bb y la \u00abFiscal\u00eda\u00bb porque la \u00abpena\u00bb conciliada \u2013 veinticinco (25) a\u00f1os de prisi\u00f3n \u2013 est\u00e1 por debajo del l\u00edmite m\u00ednimo que autoriza la codificaci\u00f3n adjetiva \u00abpenal\u00bb, de cara a las particularidades del asunto, esto es, teniendo en cuenta que hubo \u00abconcurso de delitos\u00bb, que la aprehensi\u00f3n del enjuiciado se realiz\u00f3 en flagrancia y el \u00abacuerdo se suscribi\u00f3 despu\u00e9s de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb; en cambio, en criterio del gestor resultaba imperiosa la ratificaci\u00f3n del \u00abauto aprobatorio\u00bb del mismo, porque adem\u00e1s de reunir las exigencias de \u00abley\u00bb se finc\u00f3 en la voluntad de los \u00abnegociantes\u00bb. <\/p>\n

De all\u00ed se sigue, entonces, que en realidad el discurso de Cifuentes Moreno muestra una disparidad de opiniones sobre la tem\u00e1tica abordada, mas no una actuaci\u00f3n subjetiva ni arbitraria del \u00abTribunal\u00bb. Es que, en rigor, la providencia atacada no revela ning\u00fan agravio de los atributos b\u00e1sicos de Yair Dar\u00edo, pues contiene disquisiciones soportadas en el ordenamiento positivo y en la Jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre en esa materia (Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte); luego, brillan por su ausencia los desafueros endilgados, en tanto no se detecta \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; [ni tiene] lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, [no] se presenta una v\u00eda de hecho\u00bb (STC8733-2017). <\/p>\n

De este modo, lo que en verdad quiere el opugnante es imponer su propia visi\u00f3n sobre el litigio de marras, para cuyo designio no est\u00e1 concebida esta selecta v\u00eda, pues ampliamente se tiene decantado que: <\/p>\n

\u201c[E]l accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera lo desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.\u201d (STC147-2017) <\/p>\n

As\u00ed mismo, es preciso destacar que: <\/p>\n

\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia (\u2026), y la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC20214-2017). <\/p>\n

3. Lo esbozado fuerza prohijar el veredicto confutado, pero por las motivaciones que preceden. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
\nSEGUNDO: Notif\u00edquese a las partes por el medio m\u00e1s expedito. Despu\u00e9s, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15808-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001 02 04 000 2018 02215 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}