{"id":102068,"date":"2026-07-01T21:30:26","date_gmt":"2026-07-01T21:30:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102068"},"modified":"2026-07-01T21:30:26","modified_gmt":"2026-07-01T21:30:26","slug":"stc15866-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15866-2018\/","title":{"rendered":"STC15866-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02498-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por Gustavo Ernesto Bello contra los Juzgados Veintid\u00f3s Civil Municipal y Treinta y Uno Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por William Ernesto Calder\u00f3n Nieto frente a Armando Veloza Mej\u00eda. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderado judicial, el promotor procura la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales denunciadas. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su queja, sostiene que el asunto reprochado fue iniciado por Calder\u00f3n Nieto contra el abogado Veloza Mej\u00eda, este \u00faltimo, representante judicial del primero en varios tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n

En dicho litigio, avanzado con una \u201c(\u2026) celeridad muy inusual (\u2026)\u201d, demand\u00f3 su intervenci\u00f3n bajo la figura de \u201c(\u2026) llamamiento de oficio (\u2026)\u201d, pues, seg\u00fan demostr\u00f3, existe \u201c(\u2026) una simulaci\u00f3n ilegal y colusi\u00f3n entre los sujetos procesales. Ficci\u00f3n adjetiva preparada con aparentes t\u00edtulos, todos orientados a privar[lo] y despojar[lo] (\u2026) de su \u00fanica vivienda (\u2026)\u201d, habitada por \u00e9l, sin interrupci\u00f3n, desde hace 25 a\u00f1os. <\/p>\n

Pese a lo expuesto, sus pedimentos fueron negados por la juzgadora municipal el 3 de abril de 2018 y aunque promovi\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, el primer remedio se desestim\u00f3 el y, el segundo se declar\u00f3 inadmisible por el juez de circuito acusado. <\/p>\n

Los acusados incurrieron en v\u00eda de hecho porque desconocieron la cercan\u00eda entre los sujetos procesales y el \u00e1nimo de \u00e9stos de despojarlo de su casa (fls. 1 al 5, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, suspender \u201c(\u2026) la acci\u00f3n perturbadora que ha lesionado (\u2026)\u201d sus derechos (fl. 3, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl estrado municipal se\u00f1al\u00f3 que neg\u00f3 la intervenci\u00f3n del querellante, por cuanto no observ\u00f3 un fraude o una situaci\u00f3n que ameritara lo contrario; adem\u00e1s, le sugiri\u00f3 concurrir a las autoridades competentes en raz\u00f3n de los delitos arg\u00fcidos. Acot\u00f3 que la apelaci\u00f3n concedida respecto de esa determinaci\u00f3n fue inadmitida por su superior y asever\u00f3 no haber lesionado las prerrogativas invocadas por el censor (fls. 85 y 86, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl juez del circuito refiri\u00f3 la decisi\u00f3n por \u00e9l adoptada en el juicio criticado y sostuvo haberlo remitido al despacho de origen (fls. 94 y 95, \u00eddem). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n de los funcionarios fustigados. <\/p>\n

Reliev\u00f3 que el inmueble donde habita, presuntamente, el promotor, es propiedad de Armando Veloza Mej\u00eda, \u201c(\u2026) persona ajena a los debates suscitados entre Luis Fernando Contreras y Gustavo Ernesto Bello (\u2026)\u201d, referentes a los juicios reivindicatorios y de posesi\u00f3n suscitados por \u00e9stos, respectivamente (fls. 230 al 236, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el libelo introductor. Adicionalmente, resalt\u00f3 que los accionados debieron reconocerlo como tercero interesado en las diligencias criticadas, pues la \u201c(\u2026) citaci\u00f3n de las personas que puedan resultar perjudicadas (\u2026)\u201d, conforme al art\u00edculo 72 del C\u00f3digo General del Proceso, no es \u201cfacultativa\u201d, sino \u201cimperativa\u201d (fls. 252 al 254, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDelanteramente, se constata la improcedencia del auxilio reclamado por incumplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n

Ciertamente, revisadas las copias adosadas, se encuentra que si bien el solicitante inco\u00f3 apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo de 3 de abril de 2018, mediante el cual se neg\u00f3 su intervenci\u00f3n en el decurso criticado -remedio concedido por el a quo-, omiti\u00f3 incoar la reposici\u00f3n frente al pronunciamiento de 27 de julio de 2018, donde el fallador de circuito querellado inadmiti\u00f3 dicho mecanismo por improcedente, dada su inapelabilidad. <\/p>\n

Esa herramienta resultaba id\u00f3nea y pertinente en orden a lograr un pronunciamiento en segundo grado sobre la problem\u00e1tica aqu\u00ed descrita; no obstante, al soslayarse su uso, se revela el fracaso de esta salvaguarda. <\/p>\n

En lo atinente a la eficacia del mecanismo horizontal, esta Sala expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Se memora, esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este instrumento constitucional. <\/p>\n

En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Ciertamente, en providencia de 3 de abril de 2018, se expuso lo anterior porque ese juzgador no observ\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) colusi\u00f3n o fraude o situaci\u00f3n similar que amerit[ara la] vinculaci\u00f3n [del tutelante] (\u2026), como quiera que el acreedor en [ese] asunto es el se\u00f1or William Ernesto Calder\u00f3n Nieto, que no guarda relaci\u00f3n con los fundamentos f\u00e1cticos que [aqu\u00e9l] relaciona en su escrito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAdicionalmente, si no se demuestra simulaci\u00f3n en la venta por la cual resulta propietario el se\u00f1or Veloza Mej\u00eda, mal podr\u00eda el despacho considerar que la escritura p\u00fablica de hipoteca no guarda validez, adem\u00e1s que la base de la presente acci\u00f3n son t\u00edtulos valores que resulta[n] ser una obligaci\u00f3n independiente [de] lo sucedido entre el se\u00f1or Bello y su compa\u00f1ero permanente que no es parte en este asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cIgualmente, no puede perder de vista que en el proceso ya fue proferido auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLo anterior, no obsta para que de considerarlo necesario, acuda a las autoridades competentes a fin de poner en su conocimiento, para que sean \u00e9stas dentro de sus funciones quienes realicen las investigaciones a que hubiere lugar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Recurrida en reposici\u00f3n esa decisi\u00f3n, la juez la mantuvo con argumentos similares a los rese\u00f1ados y, en adici\u00f3n, destac\u00f3 la imposibilidad de reconocer al solicitante como tercero en los t\u00e9rminos de la normatividad procesal civil, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) de lo que se trata es de una posible \u2018posesi\u00f3n\u2019 que dice ostentar [el actor] sobre el inmueble que se encuentra embargado y del cual es propietario el aqu\u00ed ejecutado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor ello, de ninguna manera resulta viable la injerencia del se\u00f1or Bello, dado que se trata de temas totalmente ajenos al asunto que aqu\u00ed se debate, adem\u00e1s, este cuenta con otros medios para defender su dicho que se itera, (\u2026) no [es] (\u2026) por la v\u00eda del llamamiento o intervenci\u00f3n pregonada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

No hay desafuero en las consideraciones transcritas, por cuanto, de un lado, la funcionaria accionada no evidenci\u00f3 \u201c(\u2026) colusi\u00f3n, fraude o cualquier otra situaci\u00f3n similar (\u2026)\u201d que pudiera perjudicar al querellante, criterio a respetarse a la luz de la independencia y sana cr\u00edtica de dicha autoridad. <\/p>\n

Y de otro, el hecho de alegar el gestor la posesi\u00f3n sobre el inmueble cautelado en dicho litigio y que entre los involucrados hubiese existido otrora un contrato de representaci\u00f3n judicial, tampoco revela, per se, el prop\u00f3sito de defraudarlo a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

Aun cuando no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento de la convocada, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

4.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n2 \tCSJ. STC \tde \t6 \tde julio de 2010, exp. 2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de \t2011, exp. 2010-000380-01.
\n3 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102068\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}