{"id":102075,"date":"2026-07-01T21:32:00","date_gmt":"2026-07-01T21:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102075"},"modified":"2026-07-01T21:32:00","modified_gmt":"2026-07-01T21:32:00","slug":"stc15881-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15881-2018\/","title":{"rendered":"STC15881-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15881-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2018-00464-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el 22 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Enrique Ossa Rengifo contra Leasing Bancolombia S.A, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Once Civil del Circuito en Oralidad de Barranquilla. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se conceda un plazo de dos o tres meses para desocupar el inmueble y en consecuencia solicit\u00f3 como medida provisional urgente la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega fijada para el 5 de octubre de 2018 a las 5:00 pm. [Folio 2, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. En \tel a\u00f1o 2015, \tLeasing Bancolombia S.A promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n \tde inmueble arrendado contra el se\u00f1or Ra\u00fal Enrique \tOssa Rengifo \u2013aqu\u00ed accionante- [Folio 64, c1] <\/p>\n

2. El \ttr\u00e1mite del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Once \tCivil del Circuito en Oralidad de Barranquilla. <\/p>\n

3. La \tdemanda fue admitida por el Juzgado el d\u00eda 10 de noviembre de \t2015. <\/p>\n

4. El \tdemandado fue notificado, sin embargo, no contesto la demanda ni \tpropuso ninguna excepci\u00f3n. [Folio 64, c1] <\/p>\n

5. El \t4 de agosto de 2016 el Juzgado profiri\u00f3 sentencia donde \tresolvi\u00f3 dar por terminado el contrato de arrendamiento de \tleasing financiero No 165772 suscrito entre Leasing Bancolombia S.A \ty el se\u00f1or Ra\u00fal \tEnrique Ossa Rengifo y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del \tinmueble dentro de los 5 dias siguientes a la ejecutoria de la \tsentencia. [Folio 64, c1] <\/p>\n

6. Teniendo en \tcuenta que el demandado no hizo entrega del inmueble, el Juzgado \tlibr\u00f3 despacho comisorio No 001 del 26 de enero de 2017 para \tla entrega real y material del bien y comision\u00f3 al Inspector \tde Polic\u00eda del Municipio de Puerto Colombia Atl\u00e1ntico. \t[Folio 64, c1] <\/p>\n

7. El \t27 de agosto de 2018, la Inspecci\u00f3n \tde Polic\u00eda del Municipio de Puerto Colombia Atl\u00e1ntico \tavoc\u00f3 el conocimiento y fij\u00f3 fecha para llevar a cabo \tla diligencia de entrega real y material del inmueble el d\u00eda \t14 de septiembre de 2018 a las 8:30 am, en cumplimiento del despacho \tcomisorio No 001 del 26 de enero de 2017. [Folio 87, c1] <\/p>\n

8. El \t10 de septiembre de 2018 el apoderado del accionante solicit\u00f3 \tal despacho la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento \tt\u00e1cito. [Folio 61, c1] <\/p>\n

9. El \taccionante y la se\u00f1ora M\u00f3nica P\u00e1ez Zamora, \tapoderada judicial de Leasing Bancolombia S.A, suscribieron acta de \tcompromiso ante la Inspecci\u00f3n \tde Polic\u00eda de Sabanilla Montecarmelo de Puerto Colombia el \td\u00eda 13 de septiembre de 2018, por medio de la cual el \ttutelante se comprometi\u00f3 a entregar voluntariamente el \tinmueble el d\u00eda 5 de octubre de 2018 a las 5:00 pm. [Folio \t46, c1] <\/p>\n

10. A \ttrav\u00e9s de auto del 25 de septiembre de 2018, el Juzgado neg\u00f3 \tla solicitud de terminaci\u00f3n del proceso. [Folio 65, c1] <\/p>\n

11. El se\u00f1or \tRa\u00fal \tEnrique Ossa Rengifo present\u00f3 \tacci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de apoderado judicial, para \tque se disponga la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y \tlos de su familia, en consecuencia solicit\u00f3 \tcomo medida provisional urgente la suspensi\u00f3n de la \tdiligencia de entrega fijada para el 5 de octubre de 2018 a las 5:00 \tpm. \t[Folio 2, c1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 4 de Octubre de 2018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 57, c.1] <\/p>\n

2. El representante legal de Leasing Bancolombia S.A como entidad demanda solicit\u00f3 que se declarara la improcedencia de la acci\u00f3n toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

Por su parte el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de los hechos y manifest\u00f3 que no incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho durante el tr\u00e1mite del proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. [Folio 65, c1] <\/p>\n

3. Mediante sentencia proferida el 22 de octubre del presente a\u00f1o la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla deneg\u00f3 el amparo solicitado por el accionante pues consider\u00f3 que el abogado no se encuentra legitimado para interponer acci\u00f3n de tutela al no tener poder especial para actuar en esta sede. [Folio 92, c1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello. <\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y, por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el del ius postulandi. <\/p>\n

2. En lo concerniente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de un proceso o de providencias dictadas dentro de \u00e9ste, la Sala ha considerado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb. (CSJ STC, 6 mar. 2012, rad. 2012-00357-00, reiterada en CSJ ATC, 29 en. 2016, rad. 2015-00782-01) <\/p>\n

Razonamiento del cual se deduce que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que constituyen la litis, participar en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en defensa de los intereses de alguna de aquellas partes, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

3. En el asunto que analiza la Corte, el escrito de tutela aparece elevado por el apoderado de la demandada en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, abogado que carece de poder especial para actuar en sede de tutela. Si bien es cierto que el 6 de septiembre de 2018 el accionante le otorg\u00f3 poder especial al abogado Luis Roberto Arrieta Vergara, este est\u00e1 encaminado a la representaci\u00f3n dentro del proceso que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla. De modo que, en sede de tutela no ostenta legitimidad ni inter\u00e9s para cuestionar la sentencia que ampar\u00f3 el derecho al debido proceso, por tanto, no es posible admitir su intervenci\u00f3n. <\/p>\n

En ese orden, el se\u00f1or Ra\u00fal Enrique Ossa Rengifo en su condici\u00f3n de demandado en el proceso, estaba legitimado para interponer acci\u00f3n de tutela, lo que bien pod\u00eda hacer directamente o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n de amparo, como quiera que cuando lo controvertido mediante el reclamo constitucional son las actuaciones procesales adelantadas en un tr\u00e1mite judicial, la titularidad de las garant\u00edas que all\u00ed se discuten, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que, en lo relativo a la actuaci\u00f3n en sede de tutela a trav\u00e9s de apoderado, la jurisprudencia constitucional ha precisado que: <\/p>\n

(\u2026) [dentro de] los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (CC T-531\/02; reiterada en CC T-1025\/06). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, \u00fanicamente contando con mandato especial de quien funge como demandante en el tr\u00e1mite cuestionado, el tutelante lograr\u00eda la legitimaci\u00f3n necesaria para hacer uso de esta herramienta constitucional, a efectos de solicitar la protecci\u00f3n, como quiera que, como qued\u00f3 dicho, cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados o representantes. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n estaba avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC15881-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2018-00464-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el 22 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}