{"id":102078,"date":"2026-07-01T21:32:41","date_gmt":"2026-07-01T21:32:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102078"},"modified":"2026-07-01T21:32:41","modified_gmt":"2026-07-01T21:32:41","slug":"stc15885-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15885-2018\/","title":{"rendered":"STC15885-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15885-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03733-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la tutela entablada por Rosal\u00eda Machado Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; extensiva a los participantes en el decurso que se revisa. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

La promotora busc\u00f3 la salvaguarda de su \u00abderecho al debido proceso\u00bb con el prop\u00f3sito de que se \u201crevoque\u201d \u00abla sentencia de fecha 22 de octubre de 2018 proferida por la Sala (\u2026) dentro del proceso declarativo (\u2026) [iniciado por ella] contra Vehicosta S.A. y General Motors S.A., bajo radicado (\u2026) 2015-00297-03\u00bb y, en consecuencia, se emita \u00abla decisi\u00f3n que en derecho corresponda, valorando integralmente las pruebas (\u2026) teniendo en cuenta los derechos de los consumidores (\u2026) atendiendo con exclusividad a los argumentos que plantearon los apelantes en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y no en los nuevos argumentos dados en la audiencia de alegatos y fallo\u00bb. <\/p>\n

Tales pedimentos fueron sustentados en que llam\u00f3 a juicio a Vehicosta S.A.S. y General Motors S.A. para \u00abhacer efectiva la condici\u00f3n resolutoria del contrato celebrado incluyendo el pago de los perjuicios que le fueron ocasionados\u00bb, porque adquiri\u00f3 una camioneta \u00abModelo Chevrolet Tracker FWD LS MT\u00bb que, \u00abpese a su uso normal y adecuado\u00bb, present\u00f3 \u00abfallas sistem\u00e1ticas, graves y repetitivas\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que las reclamaciones fueron parcialmente acogidas por el Juzgado ya que declar\u00f3 \u00abla resoluci\u00f3n del contrato al haberse demostrado que el demandado VEHICOSTA vendi\u00f3 un producto defectuoso y por lo tanto incumpli\u00f3 el contrato, as\u00ed mismo, declara que GENERAL MOTORS es solidariamente responsable por ser el productor del veh\u00edculo, ordenando a restituir (sic) lo pagado (\u2026) con intereses\u00bb, aunado a que reconoci\u00f3 el \u00abda\u00f1o emergente futuro y consolidado por el arrendamiento de veh\u00edculo [suplente] (\u2026) m\u00e1s intereses moratorios (\u2026), asumir el valor de parqueos [del veh\u00edculo averiado] (\u2026) y se condena en costa (sic) a la parte demandada por 8% del valor de las pretensiones para cada demandado\u00bb. <\/p>\n

Cont\u00f3 que ese desenlace fue apelado, lo que le permiti\u00f3 al Tribunal revocar parcialmente el veredicto con inobservancia de las reglas que gobiernan la materia; por ejemplo, \u00abse desconoce flagrantemente lo dispuesto en el inc. 1\u00ba del art. 78 de la Constituci\u00f3n y art. 6 de la ley 1480 de 2011, y (\u2026) [el] inc. Final del art. 327 e inciso 1 del art. 328 del C.G.P.\u00bb, en raz\u00f3n a que \u00abdeclar[\u00f3] la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de GENERAL MOTORS\u00bb cuando \u00abno fue un punto de los (\u2026) esbozados por la apoderada judicial ante el juez de primera instancia\u00bb; sobre todo, debido a que \u00abuna de las pretensiones de la demanda, era establecer que exist\u00eda una responsabilidad solidaria de GENERAL MOTORS por producto defectuoso al ser el productor del VEH\u00cdCULO\u00bb. <\/p>\n

Aleg\u00f3 \u00abun defecto f\u00e1ctico, en relaci\u00f3n a la prueba de los perjuicios\u00bb, pues \u00abel Tribunal en su fallo, consider\u00f3 que [el contrato de arrendamiento de veh\u00edculo sustituto] no era suficiente para establecer el perjuicio porque no se aport\u00f3 constancia de los pagos mensuales\u00bb, lo que entiende como un desafuero \u00abya que no existe tarifa legal para la demostraci\u00f3n de tal hecho (\u2026). Adem\u00e1s se desconoce o se deja de lado la declaraci\u00f3n de mi representada en su interrogatorio en la que manifiesta claramente que si hizo dichos pagos, frente a esta declaraci\u00f3n el Tribunal omiti\u00f3 valoraci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3 que la autoridad cuestionada <\/p>\n

[d]esconoci[\u00f3] totalmente la prueba del perjuicio relacionado con el pago al abogado Dr. Jos\u00e9 Luis (\u2026) quien la asesor\u00f3 jur\u00eddicamente para la reclamaci\u00f3n ante VEHICOSTA y la asisti\u00f3 en las conciliaciones en equidad que se celebraron con VEHICOSTA y presentaci\u00f3n de demanda por valor de $ 3.000.000.00. <\/p>\n

Y, <\/p>\n

[e]n cuanto al perjuicio por el pago del parqueadero, existi\u00f3 por parte del Tribunal, en la sentencia proferida, un error en la valoraci\u00f3n de la prueba, puesto que si bien los cobros del parqueadero que hace VEHICOSTA (\u2026) no han sido sufragados por esta (sic), tales cobros continuaban latentes, entrando a la calidad de da\u00f1o emergente futuro, situaci\u00f3n que pas\u00f3 por alto el Tribunal, dejando inconclusa la situaci\u00f3n de las partes por la resoluci\u00f3n del contrato en este punto, puesto que era menester que se pronunciara sobre que [ella] no est\u00e1 obligada al pago del parqueadero, ya que la soluci\u00f3n del caso debe ser completo, en aplicaci\u00f3n del principio constitucional de la tutela judicial efectiva. <\/p>\n

Los convocados, para el santiam\u00e9n en que se sent\u00f3 el proyecto, guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Bien pronto se \tdivisa la inadmisible intromisi\u00f3n exigida, habida cuenta que \ten la determinaci\u00f3n batallada no se descubre un desatino bajo \tla lupa superlativa y, por lo tanto, los empe\u00f1os tra\u00eddos \tdecaen en esta especial\u00edsima y excepcional justicia, como \tpasa a explicarse. <\/p>\n

La causa fue resumida en que Rosal\u00eda compr\u00f3 a la sociedad Vehicosta S.A.S. un carro \u00abcero kil\u00f3metros\u00bb por un valor de $47.800.000; automotor que tuvo \u00abfallas funcionales\u00bb, por lo que, en una visita al taller, \u00abla demandante manifest\u00f3 a VEHICOSTA S.A.S., su decisi\u00f3n de no recibir nuevamente el automotor y procedi\u00f3 a solicitar que se hiciera efectiva la garant\u00eda, es decir, reclam\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero o la reposici\u00f3n del veh\u00edculo, sin obtener respuesta\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, Rosal\u00eda, para adquirir ese bien, obtuvo \u00abun cr\u00e9dito prendario con el Banco Finandina S.A., obligaci\u00f3n que ha tenido que pagar sin poder disfrutar del automotor\u00bb, y \u00abpor sus labores profesionales (m\u00e9dico en el Carmen de Bol\u00edvar)\u00bb le fue indispensable \u00abbuscar soluci\u00f3n al problema de movilizaci\u00f3n y transporte, pagando taxis y alquilando un veh\u00edculo de similares caracter\u00edsticas (\u2026) a raz\u00f3n de $3\u2019000.000 mensuales\u00bb. En \u00faltimas, se sostuvo que \u00abVEHICOSTA S.A.S. como distribuidora o comercializadora y GENERAL MOTORS (COLMOTORES S.A.) como productora, incumplieron sus obligaciones contractuales al vender un veh\u00edculo defectuoso y por lo tanto son solidariamente responsables por los da\u00f1os ocasionados y los perjuicios sufridos\u00bb. <\/p>\n

Como pretensiones, fueron perfiladas: <\/p>\n

1. Declarar que VEH\u00cdCULOS \tDE LA COSTA VEHICOSTA S.A.S. y GENERAL MOTORS (COLMOTORES S.A.) son \tcivilmente responsables por el incumplimiento del contrato de \tcompraventa (\u2026). <\/p>\n

2. Declarar que la demandante \tcumpli\u00f3 todas sus obligaciones. <\/p>\n

3. En consecuencia, condenar a \tlas demandadas a resarcir los siguientes da\u00f1os: <\/p>\n

1. $133\u2019440.583.75, por \t\u201cda\u00f1o emergente\u201d, derivado de los gastos asumidos \tpor i) el valor pagado al momento de la compra del veh\u00edculo; \tii) honorarios del asesor jur\u00eddico quien asisti\u00f3 a las \taudiencias de conciliaci\u00f3n en equidad e hizo las \treclamaciones pertinentes; iii) pago por alquiler de veh\u00edculo \tdesde [el] 12 de abril de 2014 hasta 12 de mayo de 2015; y, iv) \tparqueo del veh\u00edculo en los talleres autorizados de la \tdemandada. <\/p>\n

2. $34\u2019435.000, por \t\u201cda\u00f1o moral\u201d causado al demandante. <\/p>\n

4. Declarar la resoluci\u00f3n \tdel contrato de compraventa (\u2026). <\/p>\n

5. Que la condena sea en \tconcreto, indexada y se liquide en la sentencia. <\/p>\n

En la \u00abprimera instancia\u00bb se \u00abdeclar\u00f3 que VEHICOSTA S.A.S. y GENERAL MOTORS (COMOTORES S.A.) eran civil y solidariamente responsables por el incumplimiento de compraventa (\u2026)\u00bb, as\u00ed como \u00abla resoluci\u00f3n del contrato y conden\u00f3 a las demandas al pago de: a) $47\u2019800.000 por concepto del precio del veh\u00edculo, m\u00e1s los intereses de mora desde el 12 de abril de 2014; b) $57\u2019000.000 por concepto de da\u00f1o emergente \u201ccomo consecuencia de los c\u00e1nones de renta que debi\u00f3 asumir \u2013la demandante- entre el 12 de abril de 2014 y el 12 de noviembre de 2015, con los respectivos intereses moratorios comerciales a partir de la primera de las fechas antedichas\u201d. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 el valor del parqueadero a cargo de la demandante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Se alzaron los vencidos. General Motors formul\u00f3 los siguientes reparos: <\/p>\n

1. El a quo debi\u00f3 \tabstenerse de declarar resuelto el contrato y, en todo caso, debi\u00f3 \tabsolver a GENERAL MOTORS (COLMOTORES S.A.);
\n2. El juzgador de primer grado \tno advirti\u00f3 que, en su caso, la responsabilidad ser\u00eda \textracontractual, por no haber intervenido en el contrato de \tcompraventa;
\n3. Si bien el veh\u00edculo \tpresent\u00f3 algunas deficiencias, no hubo un verdadero \tincumplimiento;
\n4. La demandante quer\u00eda \tel cambio de veh\u00edculo, pero no tuvo dinero para aceptar la \toferta que en ese sentido se le hizo, lo que deja ver que no hab\u00eda \tdesconfianza en la marca;
\n5. Los perjuicios no fueron \tdemostrados, dado que las pruebas son d\u00e9biles, principalmente \tlos contratos de alquiler que se trajeron con la demanda. <\/p>\n

Por su lado, Veh\u00edculos de la Costa S.A.S., adujo: <\/p>\n

1. El contrato de compraventa \tcelebrado con la demandada s\u00ed se cumpli\u00f3, pues se \trealizaron las reparaciones pertinentes cuando la demandante lo \tpidi\u00f3, se prest\u00f3 asistencia t\u00e9cnica y se \tatendi\u00f3 la garant\u00eda;
\n2. El Veh\u00edculo \tincialmente se entreg\u00f3 en perfectas condiciones;
\n3. Hay diferencias entre la \tresponsabilidad contractual y la responsabilidad por productos \tdefectuosos;
\n4. No se valor\u00f3 el \tdictamen que VEHICOSTA S.A.S. alleg\u00f3 con la contestaci\u00f3n \tde la demanda, realizado a pocos d\u00edas del abandono del \tveh\u00edculo por la demandante, de donde se concluye que el \tautomotor se encontraba en perfectas condiciones;
\n5. No se verific\u00f3 un \tbuen uso del veh\u00edculo por parte de la demandante;
\n6. No hubo \u201ccumplimiento \timperfecto\u201d. <\/p>\n

El juez colegiado para desatar lo encomendado, precis\u00f3 que <\/p>\n

[u]na primera cosa por se\u00f1alar tras revisar la demanda, es que su contenido es ambiguo, en la medida en que su encabezado hace referencia a la existencia de una responsabilidad civil contractual, pero en las pretensiones, finalmente, se reclama la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa celebrado entre las partes. <\/p>\n

Por lo que <\/p>\n

(\u2026) luego de emprender una labor de interpretaci\u00f3n de la demanda, el Tribunal estima que la parte demandante tuvo como prop\u00f3sito adelantar la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato de compraventa celebrado con VEHICOSTA S.A.S., conclusi\u00f3n a la que se arriba si se tiene en cuenta la forma en que se redact\u00f3 la pretensi\u00f3n sexta, la reclamaci\u00f3n para que se devolviera a la demandante la totalidad del precio pagado, la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y el inter\u00e9s velado de la actora porque la vendedora conserve el veh\u00edculo que fue objeto de negociaci\u00f3n, al punto que lo dej\u00f3 en las instalaciones de la referida demandada y renunci\u00f3 a volver por \u00e9l. <\/p>\n

Con dicha aclaraci\u00f3n, coligi\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) las pretensiones contra GENERAL MOTORS (COLMOTORES S.A.) est\u00e1n llamadas al fracaso, como quiera que, por sus efectos y en virtud del principio de relatividad de los contratos, la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n s\u00f3lo puede tener cabida entre quienes celebraron el negocio jur\u00eddico, calidad que no es predicable de dicha demandada. Por ende, habr\u00e1 de acogerse la excepci\u00f3n de \u201cfalta de legitimidad por pasiva\u201d que propuso dicha sociedad, dado que, se insiste, no fungi\u00f3 como parte en la compraventa referida en la demanda. (Resalta la Sala). <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a lo dem\u00e1s, <\/p>\n

(\u2026) juzga el Tribunal que ciertamente estaban dados los presupuestos para acceder a la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Por ende, se abr\u00eda paso la resoluci\u00f3n del contrato, para devolver a la demandante los $47.800.000 que entreg\u00f3 como precio, suma que al ser indexada, para determinar su valor actual y guardar las respectivas proporciones, de acuerdo con la f\u00f3rmula utilizada de anta\u00f1o por la jurisprudencia y las series de empalme del DANE en torno a las variables del IPC, arroja la suma de $59.926.414 (\u2026). <\/p>\n

Sin embargo, <\/p>\n

[n]o se reconocer\u00e1n intereses de mora sobre esa suma desde la celebraci\u00f3n del contrato, como quiera que la obligaci\u00f3n de restituir el precio s\u00f3lo surge a partir de este fallo, lo que deja ver que en torno a esta prestaci\u00f3n la demandada no estaba en mora. <\/p>\n

Por su parte, a la demandada le asiste el derecho a recibir la cosa vendida, esto es, el automotor de marras. No obstante, el mismo se dej\u00f3 a su disposici\u00f3n desde abril de 2014, lo que deja ver que, materialmente, ya est\u00e1 en sus manos. Sin embargo, se ordenar\u00e1 oficiar a las autoridades de tr\u00e1nsito, con el fin de que cancelen la anotaci\u00f3n relativa al traspaso hecho a favor de la demandante y se restituya el dominio a VEHICOSTA S.A.S. <\/p>\n

Por otro lado, en cuanto a las sumas que dijo haber asumido la demandante entre el 12 de abril de 2014 y el 12 de noviembre de 2015, por concepto de alquiler de otro autom\u00f3vil para suplir la necesidad de transporte que se vio frustrada por las animalias del veh\u00edculo que compr\u00f3 a VEHICOSTA S.A.S., debe anotarse que en el expediente no obra prueba de que dichos pagos se hubieran efectuado. <\/p>\n

Al respecto es preciso anotar que si bien se allegaron al proceso unos contratos de arrendamiento (fls. 58 y 59, Cd. 1), que demostrar\u00edan que la actora convino recibir a t\u00edtulo de tenencia el veh\u00edculo de placas BPU-69 a cambio de un costo de $3\u2019000.000 mensuales, a la postre no se demostr\u00f3 en este juicio que efectivamente hubiera eso (sic) hecho esos desembolsos durante el tiempo referido en la demanda, esto es, que no puede darse por establecido el menoscabo econ\u00f3mico que dijo sufrir. <\/p>\n

Para decirlo en t\u00e9rminos m\u00e1s simples, no hay prueba del monto en que se disminuy\u00f3 el patrimonio de la demandante a ra\u00edz del alquiler que \u2013seg\u00fan se explic\u00f3- debi\u00f3 acordar para suplir su necesidad de veh\u00edculo, de modo que en tales circunstancias, no es posible predicar la existencia del da\u00f1o que aleg\u00f3. <\/p>\n

En consecuencia, la decisi\u00f3n de primer grado, en torno a este punto, se revocar\u00e1. <\/p>\n

Finalmente, tambi\u00e9n se revocar\u00e1 el reconocimiento de los gastos de parqueadero aludidos en la demanda, como quiera que en el expediente tampoco obran pruebas de que la demandante haya sufragado tal servicio, lo que deja sin piso que por esa causa haya sufrido una disminuci\u00f3n patrimonial atribuible a la demandada. <\/p>\n

En suma, pues, se modificar\u00e1 el fallo de primer grado para declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la sociedad GENERAL MOTORS (COLMOTORES S.A.), para disponer la resoluci\u00f3n del contrato celebrado entre las partes y para ajustar las prestaciones mutuas en los t\u00e9rminos que vienen de referirse. <\/p>\n

Con ese panorama, no es palpable un error insalvable para consentir la injerencia requerida ya que las deducciones confrontadas lucen comprensibles, as\u00ed como se encuentran dentro de los l\u00edmites de la hermen\u00e9utica plausible, lo que, como se dijo desde el comienzo, desde\u00f1a los anhelos de la censora. <\/p>\n

N\u00f3tese que la Colegiatura fustigada desat\u00f3 los argumentos insuperables en que se afincaron los alzados, y declar\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb respecto de General Motors S.A., lo que si bien no fue propuesto por \u00e9sta en esa sede, en todo caso dicho obrar parece seguir los lineamientos fijados por el art\u00edculo 328, en concordancia con el 282, del C\u00f3digo General del Proceso, ya que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, y \u00abcuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed lo ha revelado esta Corporaci\u00f3n en STC21818-2017, posici\u00f3n reiterada en STC14793-2018, cuando al resolver un caso con algunos visos de similitud, apunt\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) repasada la vista p\u00fablica en la que se solucion\u00f3 la alzada, se pudo constatar c\u00f3mo, en la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb referida el confutador centr\u00f3 su sustentaci\u00f3n en la solicitud de nulidad que encontr\u00f3 al no haberse llamado al titular del dominio del inmueble que deb\u00eda soportar eventualmente las consecuencias de lo prove\u00eddo. Miramiento que dej\u00f3 de dilucidar el ad quem, al estimar la cosa juzgada como \u00fanico punto de su decisi\u00f3n. <\/p>\n

Desde esta perspectiva, parece razonable, pese a que pudiera no compartirse, la determinaci\u00f3n adoptada, ya que \u00abcuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (Negrillas propias. art. 282, Ley 1564 de 2012), y como fue encontrada una \u00abexcepci\u00f3n de m\u00e9rito\u00bb -distinta de las que deben ser propuestas por las partes- que ocasionaba la declinaci\u00f3n de las aspiraciones del demandante, se presencia comprensible que se haya obrado como se hizo. <\/p>\n

En \u00faltimas, el actuar examinado, desde el enfoque supralegal, se halla dentro de los l\u00edmites de la hermen\u00e9utica, toda vez que, como se dijo, al haber confirmado esa Magistratura la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb es entendible que no haya resuelto \u00ablos reparos concretos\u00bb tra\u00eddos por el recurrente, dado que, como se advirti\u00f3, los art\u00edculo 328 y 282 del C.G.P., permiten suponer que hace parte de la competencia del superior las \u00abdecisiones oficiosas\u00bb aunque no constituyan el reparo concreto. Por lo tanto se negar\u00e1 la salvaguarda invocada. <\/p>\n

Ahora bien, revisada la causa es impropio afirmar que \u00abuna de las pretensiones de la demanda, era establecer que exist\u00eda una responsabilidad solidaria de GENERAL MOTORS por producto defectuoso al ser el productor del VEH\u00cdCULO\u00bb, ya que esa clase de \u00abobligaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n

(\u2026) deviene de introducir en el mercado un producto que vulnera la seguridad del consumidor, pues as\u00ed lo dispone la norma superior (art\u00edculo 78). En ese orden de ideas, fabricantes y proveedores enfrentan, en cuanto empresarios profesionales, un juicio de imputaci\u00f3n de responsabilidad, fundado, primordialmente, en el hecho de haber puesto en circulaci\u00f3n un producto defectuoso. <\/p>\n

Y, <\/p>\n

(\u2026) un pro\u00adducto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que una persona puede leg\u00edtimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias, esto es, entre otras, las relativas a su presentaci\u00f3n y al uso que razonablemente pudiera esperarse de \u00e9l al mo\u00admento en que fue introducido en el mercado (\u2026). (CSJ Sentencia de Casaci\u00f3n de 30 abr. 2009. Rad. 1999 00629 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena). <\/p>\n

De manera que, bien vistas las cosas, la insatisfacci\u00f3n se produjo por la imposibilidad de utilizar el veh\u00edculo por \u00abfallas mec\u00e1nicas y el\u00e9ctricas\u00bb, sin que se desprenda de ello consecuencias frente a la salud o la vida de Rosal\u00eda, lo que corrobora que se propuso, en verdad, \u00abhacer efectiva la condici\u00f3n resolutoria del contrato celebrado incluyendo el pago de los perjuicios que le fueron ocasionados\u00bb. Por lo tanto, la \u00abinterpretaci\u00f3n realizada a la demanda\u00bb por la Sala se divisa inteligible. <\/p>\n

Tampoco fue desconocida \u00abtotalmente la prueba del perjuicio relacionado con el pago al abogado Dr. Jos\u00e9 Luis (\u2026) quien la asesor\u00f3 jur\u00eddicamente para la reclamaci\u00f3n ante VEHICOSTA y la asisti\u00f3 en las conciliaciones en equidad que se celebraron con VEHICOSTA y presentaci\u00f3n de demanda por valor de $ 3.000.000.00\u00bb, en tanto repasada la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento adelantada ante el Juzgado, dicho ruego fue desestimado, conclusi\u00f3n que no fue repelida por la aqu\u00ed petente, por lo que era elemental que el Tribunal no se refiriera frente a dicho t\u00f3pico. <\/p>\n

Por otro lado, es cierto que en \u00abel fallo de segunda instancia\u00bb no se hizo referencia expresa a la declaraci\u00f3n de parte dada por la quejosa; empero, dicha circunstancia no es trascendental, habida cuenta que si bien no existe tarifa legal para acredita el \u00abpago de c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb, lo cierto es que analizado en conjunto por el colegiado los \u00abmedios suosorios\u00bb, no hab\u00eda certeza mas all\u00e1 del arrendamiento; criterio que no es antojadizo como quiera que parece factible que esos dos \u00abelementos de convicci\u00f3n\u00bb, sin m\u00e1s, no arrojan la s\u00edntesis que se quiere asentar. <\/p>\n

Tampoco se avista \u00abun error en la valoraci\u00f3n de la prueba\u00bb en punto al \u00abda\u00f1o emergente futuro\u00bb, por \u00ablos corbos del parqueadero que hace VEHICOSTA\u00bb, toda vez que el Tribunal fue certero en afirmar que \u00aben el expediente tampoco obran pruebas\u00bb que acrediten ese perjuicio, y como quiera que la quejosa no indic\u00f3 en el libelo cu\u00e1l fue la prueba que dej\u00f3 de estimar o que tas\u00f3 indebidamente, la cr\u00edtica cae al vac\u00edo. <\/p>\n

No se olvide que el \u00abadministrador de justicia\u00bb tiene entera libertad para aplicar sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n, supuesto que no se advierte configurado, por lo que le est\u00e1 vedado al \u00abjuez del amparo\u00bb interferir en lo acometido por el deber de respeto de los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan esta funci\u00f3n. <\/p>\n

Estimar lo contrario equivaldr\u00eda a desautorizar e invadir esferas ajenas sin existir un estribo aceptable, lo que ser\u00eda irracional y excesivo, teniendo en cuenta que (\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades (CSJ. SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01). <\/p>\n

Basten tales raciocinios para proceder como se indic\u00f3. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes, y, de no impugnarse, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15885-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03733-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la tutela entablada por Rosal\u00eda Machado Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}