{"id":102079,"date":"2026-07-01T21:32:58","date_gmt":"2026-07-01T21:32:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102079"},"modified":"2026-07-01T21:32:58","modified_gmt":"2026-07-01T21:32:58","slug":"stc15890-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15890-2018\/","title":{"rendered":"STC15890-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC15890-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03544-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Gabriel Ayala Becerra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2016-00308. <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, al resolver las instancias otorg\u00e1ndole valor probatorio a un dictamen pericial sin que se le otorgara la posibilidad de ejercer contradicci\u00f3n.
\n2. De lo expuesto, en s\u00edntesis se extracta que el 15 de diciembre de 2017, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga dict\u00f3 fallo desestimatorio dentro del ejecutivo singular incoado por el ac\u00e1 accionante contra Socarin Ltda., en el cual se acumul\u00f3 la pretensi\u00f3n del Banco Colpatria Multibanca \u2013 Colpatria S.A., advirtiendo que para ello \u00abse acept\u00f3 un peritaje de oficio\u00bb que no fue puesto a su consideraci\u00f3n para ser refutado, lo que dio lugar a que su apoderada judicial apelara esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

Explic\u00f3 que el 4 de octubre de 2018 se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia, y en esa ocasi\u00f3n el tribunal tampoco \u00abme da el derecho de controvertir dicho dictamen\u00bb, a lo cual reitera que \u00absi bien se acept\u00f3 por parte m\u00eda como valido (sic) dentro del proceso y se renunci\u00f3 al tiempo de 10 d\u00edas (\u2026), JAM\u00c1S se renunci\u00f3 a dicha contradicci\u00f3n\u00bb, aunado a que \u00abnunca debi\u00f3 haber sido tenido en cuenta ya que fue aportado de una manera irregular\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3 que frente a los documentos \u00abentregados por la parte demandada a mi persona y los cuales en mi buena fe recib\u00ed a satisfacci\u00f3n y con los cuales inici\u00e9 el proceso\u00bb, los acusados declararon la tacha de falsedad propuesta como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, bas\u00e1ndose el referido dictamen \u00abque ya hab\u00eda sido rechazado por el juez\u00bb, y que pese al \u00abfalso testimonio\u00bb en que incurri\u00f3 su contraparte al afirmar \u00abque el documento era falso y que nunca existi\u00f3 dicho v\u00ednculo contractual (\u2026), el juez no fue imparcial (\u2026), ya que no se midi\u00f3 con el mismo racero dicha actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. Se infiere que lo pretendido con esta acci\u00f3n es que se invaliden las decisiones adoptadas en el recaudo en menci\u00f3n, y se ordene a los acusados fallar de nuevo previo otorgamiento del derecho de contradicci\u00f3n al dictamen pericial incorporado como prueba (fls. 1 a 3, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

1. El magistrado del tribunal que actu\u00f3 como ponente del fallo de segunda instancia por la que se duele el querellante, dijo que para confirmar \u00ab\u00edntegramente la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2017\u00bb, se explicaron las razones que consider\u00f3 \u00absuficiente soporte de defensa\u00bb para tal proceder (fl. 28). <\/p>\n

2. El Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, aport\u00f3 copia de las actuaciones objeto de censura y pidi\u00f3 se denegara lo pretendido por no afectar los derechos invocados por el reclamante (fl. 38). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el demandante, al declarar la prosperidad de las defensas propuestas dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2016-00308, soport\u00e1ndose en un medio de prueba que, supuestamente, no fue objeto de contradicci\u00f3n, o si por el contrario la decisi\u00f3n confutada denota razonabilidad que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Lo anterior, porque si bien el reproche tambi\u00e9n fue dirigido contra la resoluci\u00f3n adoptada en primer grado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad el 15 de diciembre de 2017, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, por corresponder a la que defini\u00f3 el asunto que en esta sede se pretende debatir. <\/p>\n

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que \u00abes inane detenerse\u00bb en el estudio de la decisi\u00f3n inicial, comoquiera que \u00e9sta \u00abal haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras en STC14487-2018, 7 nov. 2018, rad. 03275-00). <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

En l\u00ednea de principio la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. Caso concreto <\/p>\n

Realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, se advierte que habr\u00e1 de negarse el amparo implorado, comoquiera que para desatar el grado de conocimiento a su cargo, la colegiatura acusada no incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ni de ninguna otra \u00edndole que conlleve el quebrantamiento de la determinaci\u00f3n censurada, sino que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n

3.1. En efecto, para que mediante providencia del 4 de octubre de 2018, la corporaci\u00f3n accionada confirmara \u00ab\u00edntegramente\u00bb lo decidido en primera instancia, se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en \u00abdeterminar si las pruebas recaudadas demuestran la falsedad de la firma del otorgante, o mejor, del signatario del contrato o del otro s\u00ed del contrato de arrendamiento contentivo de la obligaci\u00f3n que se ejecutando\u00bb, realiz\u00f3 las siguientes reflexiones partiendo de la tesis afirmativa, esto es, que la prueba en cuesti\u00f3n era \u00abeficaz y v\u00e1lida para sostener la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb, puesto que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) de acuerdo al art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente en rigor, se presumen aut\u00e9nticos todos los documentos que re\u00fanan los requisitos para ser t\u00edtulo ejecutivo; seg\u00fan 269 (\u2026) \u201cla parte a quien se atribuya un documento, afirm\u00e1ndose que est\u00e1 suscrito o manuscrito por ella, podr\u00e1 tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda, se acompa\u00f1\u00f3 a \u00e9sta, y en los dem\u00e1s casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba\u201d. A voces del art\u00edculo 270 (\u2026), en los procesos de ejecuci\u00f3n la tacha deber\u00e1 proponerse como excepci\u00f3n y quien la formule debe expresar en qu\u00e9 consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostraci\u00f3n, disponiendo esa misma norma que surtido el respectivo traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se ordenar\u00e1 el cotejo pericial de la firma o dictamen sobre las posibles alteraciones. La prueba por excelencia que desvirt\u00faa la autenticidad de una firma es la pericial, como lo previene el art\u00edculo 232 del CGP, estatuto bajo el cual se practicaron las pruebas, la eficacia de la prueba pericial depende entre otros aspectos de su solidez, de su claridad de su exhaustividad y precisi\u00f3n y tambi\u00e9n de la idoneidad del perito, tambi\u00e9n, desde luego, de su an\u00e1lisis conjunto con los dem\u00e1s elementos probatorios que obren en el proceso\u00bb (17:07). <\/p>\n

En cuanto a las premisas f\u00e1cticas, dijo que \u00abse tiene por demostrado lo siguiente: en el proceso se arrim\u00f3 prueba pericial para establecer la autenticidad atribuida al t\u00edtulo ejecutivo contenido en el otro s\u00ed al contrato de arrendamiento, o lo que es lo mismo, para verificar si la firma que en el mismo aparece es del representante legal de Socarin ltda., aqu\u00ed demandado, es decir de la sociedad aqu\u00ed demandada, mediante el cotejo de la firma impuesta por \u00e9ste en el referido contrato con la muestras manuscriturales o de la r\u00fabrica del demandado que tom\u00f3 el perito designado o ante la prueba pertinente a la que aparec\u00eda all\u00ed como firma de \u00e9l\u00bb (17:55). <\/p>\n

Sobre la experticia precis\u00f3 que \u00abfue realizada por un perito en documentolog\u00eda adscrito al Laboratorio Regional de Polic\u00eda Cient\u00edfica y Criminal\u00edstica n\u00ba 5 de la Polic\u00eda Nacional, quien determin\u00f3 que la firma impuesta en el contrato denominado otro s\u00ed que se atribuye al se\u00f1or Jorge Emilio Castillo Giraldo, representante legal de la sociedad demandada, no se le pudo realizar el an\u00e1lisis caligr\u00e1fico, en cuanto se trataba de una firma digital por impresi\u00f3n inkjet, es decir, que era escaneada del contrato de arrendamiento. El dictamen pericial que inicialmente fuera arrimado por el apoderado de la sociedad demandada, fue decretado como prueba documental de oficio por parte del juez de la ejecuci\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, y se le corri\u00f3 traslado a las partes para que manifestaran si ten\u00edan necesidad de convocar o si hab\u00eda la necesidad o quer\u00edan que se convocara al perito a nueva audiencia para interrogarlo, oportunidad en la cual que tanto la apoderada del ejecutante como del ejecutado no encontraron reparo alguno en tenerlo como prueba sin la citaci\u00f3n del perito a la audiencia\u00bb (19:03). <\/p>\n

\u00abEn conclusi\u00f3n se demostr\u00f3 para este despacho, de acuerdo con esto, no solamente la falsedad de la firma impuesta en el otro si del contrato de arrendamiento que se le atribuye a Jorge Emilio Castillo Giraldo, representante legal de la sociedad demandada, se demostr\u00f3 que es una reproducci\u00f3n mec\u00e1nica que no es original y por ello de la misma no puede derivar una obligaci\u00f3n exigible, no es un t\u00edtulo proveniente del deudor, y adem\u00e1s, con esa actuaci\u00f3n que se realiz\u00f3 en la audiencia, pues la convalidaci\u00f3n de esa prueba, la aceptaci\u00f3n de esa prueba allegada de esa manera por el juez a-quo, en efecto como acertadamente lo concluy\u00f3 el juzgador de primera instancia, la prueba practicada es la id\u00f3nea y apropiada para establecer la autenticad de la firma, su veracidad o su procedencia en relaci\u00f3n con los documentos presentados en el proceso, entendiendo por tales los arrimados o el que sirve aqu\u00ed de t\u00edtulo ejecutivo. En ese orden es claro para la sala que el dictamen pericial rendido ofrece credibilidad y es eficaz para demostrar la firma impuesta en el otro si del contrato de arrendamiento, que funge aqu\u00ed como t\u00edtulo ejecutivo, y en el que constan las prestaciones que aqu\u00ed se pretenden cobrar\u00bb (20:42). <\/p>\n

Frente a los cuestionamientos realizados a dicha prueba advirti\u00f3: \u00abpara la sala es claro que la parte apelante no ofrece argumentos v\u00e1lidos o ver\u00eddicos para derruir la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el dictamen y en su apelaci\u00f3n tan solo se refiere o se\u00f1ala que no se acredit\u00f3 la idoneidad del perito, y que no tuvo la oportunidad de tener conocimiento de su trabajo y de controvertir el dictamen, aspectos que, se reitera, son alejados de la realidad procesal, en primer lugar porque si bien es cierto en el proceso no se cit\u00f3 al experto que emiti\u00f3 el dictamen pericial, n\u00f3tese que el juzgador decret\u00f3 de oficio esta prueba pericial otorg\u00e1ndole la posibilidad a las partes, para que acotaran su contradicci\u00f3n como lo dispone el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, supeditando la referida audiencia y convocando al experto a rendir la experticia en esa audiencia\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que pese a lo anterior, \u00abel mismo juez ilustr\u00f3 a las partes indic\u00e1ndoles que el derecho de contracci\u00f3n pod\u00eda ser objeto de desistimiento para lo cual las requiri\u00f3 para que manifestaran una decisi\u00f3n al respecto y en el audio claramente, tanto el ejecutado como la propia ejecutante, seg\u00fan lo que all\u00ed se parec\u00eda, prescindieron expresamente de esa contradicci\u00f3n, en palabras de la togada dicente, se\u00f1al\u00f3 expresamente (…) \u201cse\u00f1or juez, nosotros decidimos que se tenga como v\u00e1lido el peritazgo, y desistimos de los diez d\u00edas\u00bb. Esto aparece exactamente en la grabaci\u00f3n transcurrida 1 hora, 43 min y 5 segundos (\u2026), luego fue la misma ejecutante quien prescindi\u00f3 de esa oportunidad de discutir cualquier aspecto de esta prueba, no siendo de recibo que en la apelaci\u00f3n alegue que se le cercen\u00f3 tal derecho cuando se puede advertir que la no citaci\u00f3n del perito fue una decisi\u00f3n de consuno entre las partes, o mejor concordante en las que concordaron las partes, debiendo recordarle al recurrente el aforismo de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa\u00bb (23:17). <\/p>\n

Pasando a revisar el interrogatorio de parte rendido por el all\u00ed ejecutante, se\u00f1al\u00f3 que del mismo \u00abno se puede beneficiar pues no le est\u00e1 permitido preconstituir su propia prueba, tampoco ofrece o si se advierte y se analiza, no ofrece credibilidad sobre el asunto, y por el contrario sus respuestas le dan mayor fuerza la dictamen pericial, en la medida en que al pregunt\u00e1rsele insistentemente por el negocio del arriendo de la finca Palogordo, este no fue para nada espont\u00e1neo, present\u00f3 m\u00faltiples evasivas en torno a la forma en que pag\u00f3 el canon de arrendamiento de manera anticipada, seg\u00fan dice, por la suma de trescientos millones de pesos, que dicho sea de paso, no es usual en esta clase de contratos de tracto sucesivo, lo que permite poner en duda la veracidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Sigui\u00f3 exponiendo que \u00aben la parte de su declaraci\u00f3n dijo acogerse al art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Nacional para no responder a lo que el juez de primera vara lo requiri\u00f3 para que contestara so pena de valorar como indicio grave la ausencia de respuesta, lo que finalmente contest\u00f3 diciendo que los dineros los entreg\u00f3 producto de unas ventas o de unos apartamentos y un lote en la ciudad de Bogot\u00e1, sin que obre en el proceso prueba alguna que respalde su dicho. No se entiende como un estudiante de derecho, pago esta suma anticipada de trescientos millones de pesos, supuestamente, para tomar en arriendo durante seis a\u00f1os estos lotes, y realmente no expresa, no dice nada, no explica nada sobre la forma como los pudo obtener (\u2026), sino por el contrario, en ese momento pretende prevalecerse del art\u00edculo 33 constitucional, como si estuvi\u00e9ramos en un proceso penal, para no declarar y para no explicar y no dar la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho\u00bb (25:26). <\/p>\n

Finalmente, indic\u00f3 que \u00aben ese mismo sentido llamada la atenci\u00f3n a la sala de que ninguna persona fuera testigo de la entrega de la suma de trescientos millones de pesos en efectivo, a la fecha de la firma del otro s\u00ed, aspecto que tampoco resulta ser cre\u00edble, comoquiera que al valorar en conjunto con la prueba grafol\u00f3gica decretada de oficio por el juzgador de primera vara resulta contundente porque la verdad es que nunca hubo firma del referido documento, seg\u00fan lo que expresa la prueba pericial, esta tan solo fue una reproducci\u00f3n escaneada a lo sumo del contrato de arrendamiento que tal como lo dedujo el a-quo, no presta ning\u00fan m\u00e9rito ejecutivo y sus efectos contractuales deben ventilarse en otro escenario judicial (\u2026). En semejante contexto no queda otro camino que confirmar en su integridad el fallo apelado\u00bb (26:42). <\/p>\n

3.2. Seg\u00fan lo que acaba de verse, contrario a lo afirmado por el reclamante, las conclusiones a que lleg\u00f3 el juzgado accionado son l\u00f3gicas y por ende no configuran defecto de procedibilidad de la protecci\u00f3n implorada, en tanto se soportan en los medios de prueba recaudados y se analizaron con sujeci\u00f3n a la normativa aplicable. Queda claro que lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la tutela, mecanismo que no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.
\nEn esas condiciones, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda, reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en las instancias, pues valga reiterar que el acto criticado cuenta con una motivaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de catalogarse de caprichoso o antojadizo, y la tutela solo es factible cuando, como en este caso, \u00abde manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada entre otras en STC12188-2018, 19 sept. 2018, rad. 00411-01). <\/p>\n

En ese sentido tambi\u00e9n ha precisado esta Sala que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado entre otras en STC4546-2016, 13 abr., rad. 00770-00). <\/p>\n

Luego, aunque eventualmente pudiera disentirse de las decisiones censuradas, ello no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el resguardo, pues de vieja data se ha dicho que no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto; por tanto, este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC8553-2018, 5 jul. 2018, rad. 00124-01). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo anteriormente discurrido, se denegar\u00e1 la salvaguarda deprecada, en la medida en que lo resuelto por el fallador de segundo grado dentro del pleito ejecutivo, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el auxilio deprecado con la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15890-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03544-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Gabriel Ayala Becerra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}