{"id":102086,"date":"2026-07-01T21:34:19","date_gmt":"2026-07-01T21:34:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102086"},"modified":"2026-07-01T21:34:19","modified_gmt":"2026-07-01T21:34:19","slug":"stc15904-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15904-2018\/","title":{"rendered":"STC15904-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15904-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03610-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, as\u00ed como los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.
\nSolicit\u00f3, en consecuencia, se ordene al Tribunal acusado \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos la sentencia de segunda instancia\u2026 y en su lugar declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito prescripci\u00f3n cambiaria directa\u2026 tal como acertadamente la promulg\u00f3 el a-quo\u2026\u00bb (folio 1 vuelto, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Banco BCSC S.A. promovi\u00f3 juicio hipotecario contra Inversiones Ortiz Mart\u00ednez y C\u00eda. S. en C., el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, siendo remitido posteriormente al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad, el que sentencia de 27 de abril de 2017 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa\u00bb y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en fallo de 15 de mayo de 2018 revoc\u00f3 la providencia de primer grado y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Indic\u00f3 la sociedad accionante que en el a\u00f1o 1999 el Banco present\u00f3 un primer proceso que termin\u00f3 por ministerio de la ley, conforme a la Ley 546 de 1999, siendo desglosados los documentos contentivos de la obligaci\u00f3n 2 a\u00f1os y 8 meses despu\u00e9s; que cuando se finaliz\u00f3 dicho juicio, el Banco ejecutante deb\u00eda llamarlo para encontrar una soluci\u00f3n respecto de la reliquidaci\u00f3n y restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero ello nunca ocurri\u00f3. <\/p>\n

2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no se pod\u00eda considerar interrumpida la prescripci\u00f3n en el segundo juicio, toda vez que al terminarse el primer proceso por ministerio de la ley, se dej\u00f3 sin efectos el mandamiento de pago y se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, volviendo el t\u00edtulo desglosado a las manos del acreedor, sin que el juicio pudiera proseguir por la inexigibilidad del t\u00edtulo; adem\u00e1s, el vencimiento del plazo se activ\u00f3 desde la presentaci\u00f3n de la primera demanda, el ejecutante confes\u00f3 que su contraparte se encontraba en mora desde el 31 de diciembre de 1999 y este nunca ha renunciado a la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

2.5. Adujo que la sentencia que emiti\u00f3 el Tribunal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico al valorar err\u00f3neamente una prueba determinante para verificar los hechos, as\u00ed como en defecto sustantivo por no realizar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del derecho; el tiempo prescriptivo empez\u00f3 a correr desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible -17 de mayo de 1999-, pero el acreedor se demor\u00f3 en desglosar los documentos dos a\u00f1os y 8 meses, por lo que con la decisi\u00f3n dictada se favorece su negligencia. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali indic\u00f3 que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 27 de abril de 2017; que dict\u00f3 la providencia que en derecho correspond\u00eda, contestando cada uno de los puntos de inconformidad expuestos; que se respetaron las garant\u00edas de las partes; y \tque se estaba a los argumentos esbozados en la determinaci\u00f3n proferida. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad adujo que conoci\u00f3 del proceso adelantado por Colmena en contra de Inversiones Ortiz Mart\u00ednez y C\u00eda. S. en C., en el que dict\u00f3 sentencia el 20 de enero de 2004 declarando la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite, decisi\u00f3n que fue confirmada por su superior el 27 de julio de 2007; y que no ha transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 15 de mayo de 2018, revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, tras considerar que: <\/p>\n

\u2026en este asunto se trata de una obligaci\u00f3n cuyo pago se pact\u00f3 por instalamentos que incuestionablemente tendr\u00e1n una exigibilidad independiente que ocurre desde el momento del vencimiento de cada uno de las cuotas. Asimismo, se advierte que para efectos de la prescripci\u00f3n alegada se impone analizar por separado las cuotas exigibles y el saldo de capital acelerado. <\/p>\n

Es preciso tambi\u00e9n recordar que, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 2539 del C.C., \u00e9sta figura extintiva de las obligaciones se interrumpe ya sea de manera civil, con la presentaci\u00f3n de la demanda, en los t\u00e9rminos que dispon\u00eda el art\u00edculo 90 del C.P.C. vigente para la \u00e9poca en que se interpuso la misma; y naturalmente: "por el hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente" como lo indica el Art. 2539 del C, Civil. <\/p>\n

Ahora bien, en el caso concreto existe una circunstancia particular como es la existencia de una demanda ejecutiva con base en el mismo t\u00edtulo valor, radicada en el a\u00f1o 1999 en el Juzgado 1o Civil del Circuito de Cali. De acuerdo con la certificaci\u00f3n de desglose allegada\u2026, dicho proceso culmin\u00f3 mediante pronunciamiento del 26 de junio de 2007 que resolvi\u00f3 en segunda instancia la terminaci\u00f3n por ministerio de la ley sin efecto de cosa juzgada material ni novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que es aceptada tanto por el demandante como por la sociedad demandada. <\/p>\n

Conforme al anterior iter procesal, para la Sala no cabe duda que el auto, por medio del cual se declar\u00f3 terminado el proceso ejecutivo hipotecario, es el hito a partir del cual empieza a contarse el fen\u00f3meno prescriptivo, pues si legalmente el proceso ejecutivo termin\u00f3 en la fecha enantes mencionada, los efectos obstaculizadores de la consumaci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo desaparecen, pues huelga decir que una vez cobr\u00f3 firmeza el auto que puso conclusi\u00f3n al mismo, la finalidad compulsiva del proceso ejecutivo -que no es nada distinto a un cobro a trav\u00e9s del aparato judicial y que es lo que en realidad de verdad interrumpe la prescripci\u00f3n-, ha terminado, y con ello el reclamo del derecho de cr\u00e9dito, por lo que a partir de all\u00ed se empieza a computar el nuevo t\u00e9rmino, tal como lo precept\u00faa el tercer inciso del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, el cual para este caso es de tres (3) a\u00f1os. <\/p>\n

Y ello es as\u00ed por cuanto con aquella primera demanda en donde se alegaba mora a partir de mayo de 1998, se logr\u00f3 interrumpir el t\u00e9rmino ya que para el a\u00f1o 1999 cuando se radic\u00f3 la misma, no hab\u00edan trascurrido tres a\u00f1os desde el vencimiento de las cuotas no pagadas. Pero adem\u00e1s, habr\u00e1 de decirse que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no ha devenido ineficaz por no darse los presupuestos del art. 91 del C.P.C. en su momento, ni los del art. 95 del C.G.P. que rigen desde el 01 de octubre de 2012. <\/p>\n

En este orden de ideas, dado que el nuevo t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se toma desde el 26 de junio de 2007, se observa que si la fecha de presentaci\u00f3n de la actual demanda fue el 01 de marzo de 2010, no han trascurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os. <\/p>\n

D\u00edgase adem\u00e1s, que esta nueva demanda debido a que se notific\u00f3 por aviso el 22 de agosto de 2010, esto es, dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago al ejecutante, esto es, del 23 de abril de 2010, se interrumpi\u00f3, una vez m\u00e1s, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda, raz\u00f3n por la cual no ha prescrito el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, y con ello resulta ineludible concluir que la sentencia recurrida respecto de la prescripci\u00f3n en menci\u00f3n habr\u00e1 de ser revocada, declar\u00e1ndose no probadas las excepciones de "prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda", "Prescripci\u00f3n de las cuotas", "Prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva art. 2536 del c\u00f3digo civil". Resta entonces resolver los dem\u00e1s medios exceptivos propuestos\u2026 <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la sociedad tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada sobre la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, en cuanto a la contabilizaci\u00f3n del lapso previsto legalmente para que opere dicho fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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