{"id":102091,"date":"2026-07-01T21:35:25","date_gmt":"2026-07-01T21:35:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102091"},"modified":"2026-07-01T21:35:25","modified_gmt":"2026-07-01T21:35:25","slug":"stc15910-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15910-2018\/","title":{"rendered":"STC15910-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15910-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00876-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 22 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ambas de la Regional de Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de Pereira. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien rechaz\u00f3 por falta de competencia las acciones populares bajo radicado 2018-359 y 2018-361. <\/p>\n

Por consiguiente, solicita que se ordene: (i) al juzgado accionado admitir inmediatamente las acciones populares; (ii) a la Corte Suprema de Justicia aplicar su propia jurisprudencia y abstenerse de remitir esos tr\u00e1mites otros juzgados y iii) acreditar por intermedio de que medio se informar a los terceros interesados en esta acci\u00f3n de tutela y de no hacerlo declarar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n. [Folio 27, c1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante \tpresent\u00f3 acciones populares contra el Bancolombia, sucursal \tubicada en la Calle 78 b No 69-240 de Medell\u00edn, bajo los \tradicados 2018-319 \ty 2018-203. <\/p>\n

2. El \tconocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero \tCivil del Municipal de Pereira. <\/p>\n

3. Mediante \tauto del 3 de setiembre de este a\u00f1o, el Juzgado rechaz\u00f3, \tpor falta de competencia, las acciones interpuestas y dispuso su \tremisi\u00f3n a los jueces civiles del circuito de Medell\u00edn \tpara que asumieran su conocimiento. [Folio 12] <\/p>\n

4. Inconforme con lo \tanterior, el actor popular present\u00f3 acci\u00f3n de tutela \tpara que se disponga la protecci\u00f3n de sus derechos \tfundamentales, los que afirma fueron vulnerados por el despacho \taccionado quien rechaz\u00f3 las demandas \tpopulares por falta de competencia y orden\u00f3 su remisi\u00f3n \ta los jueces civiles del circuito de la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de instancia <\/p>\n

1. Por auto del 3 de octubre de 2018, el Tribunal inadmiti\u00f3 la tutela en raz\u00f3n de que del escrito tutela no era posible inferir los hechos que motivaran el amparo frente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia y se le otorg\u00f3 al accionante un plazo de 3 d\u00edas para indicar de qu\u00e9 forma le estaban siendo vulnerados sus derechos por parte de esta Corporaci\u00f3n. [Folio 6, c.1] <\/p>\n

Como quiera que el accionante no atendi\u00f3 ese requerimiento, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 9 de octubre del mismo a\u00f1o se rechaz\u00f3 la tutela frente a esa Corporaci\u00f3n y se admiti\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn. Adicionalmente, se orden\u00f3 vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ambas de la Regional de Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de Pereira y se dispuso correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa <\/p>\n

2. El Juzgado accionado y la Defensor\u00eda del pueblo guardaron silencio. El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n

3. En sentencia de 22 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras advertir que la tutela no puede ser empleada como mecanismo para decidir lo relacionado con la admisi\u00f3n de las acciones populares, pues primero es necesario agotar la v\u00eda judicial ordinaria en la que se defina la competencia territorial. [Folio 29, c1] <\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la demanda de tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse. <\/p>\n

En efecto, es claro que la queja del actor se suscita en el rechazo de la acci\u00f3n popular que formul\u00f3 contra una de las sucursales de Bancolombia y la remisi\u00f3n que por competencia territorial se hizo de las respectivas diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, por ser esta ciudad en donde en consideraci\u00f3n del accionante se presenta la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, no obstante, es claro que, en caso de que los jueces receptores no acojan el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone: <\/p>\n

\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. <\/p>\n

El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. <\/p>\n

El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. <\/p>\n

El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. <\/p>\n

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. <\/p>\n

La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.\u00bb <\/p>\n

3. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia entre autoridades de diferente distrito judicial. <\/p>\n

En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC15910-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00876-01 Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 22 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102091\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}