{"id":102092,"date":"2026-07-01T21:35:31","date_gmt":"2026-07-01T21:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102092"},"modified":"2026-07-01T21:35:31","modified_gmt":"2026-07-01T21:35:31","slug":"stc15911-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15911-2018\/","title":{"rendered":"STC15911-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15911-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2018-00169-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 5 de octubre de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, en acci\u00f3n de tutela promovida por Mois\u00e9s Salvador Altahona de la Hoz, como Delegado Nacional de Las Comunidades Negras y Afrocolombianas por el Departamento del Magdalena ante el Espacio Nacional de Consulta Previa contra la Alcald\u00eda Municipal de El Reten Magdalena y el Consorcio INPROCOS S.A.S. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la autonom\u00eda de las comunidades afrocolombianas y consulta previa que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada toda vez que adjudic\u00f3 al Consorcio INPROCOS S.A.S, el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de la carretera que va de Aracataca- El Reten, desconociendo que en el contrato de concesi\u00f3n bajo esquema de APP No 001 de abril de 2017 se estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de realizar consulta previa a las comunidades \u00e9tnicas en los casos que aplique. [Folio 1, c1] <\/p>\n

Por consiguiente, solicita que se ordene i) la suspensi\u00f3n de los efectos de la resoluci\u00f3n No 132 del 23 de agosto de 2016 proferida por la Alcald\u00eda Municipal de El Reten y en consecuencia, dejar sin efectos el contrato bajo esquema APP No 001 de abril del 2017 celebrado con Consorcio INPROCOS S.A.S. ii) al Consorcio INPROCOS S.A.S la suspensi\u00f3n del inicio de obras del proyecto y la realizaci\u00f3n del tr\u00e1mite de consulta previa y iii) al Ministerio de Interior convocar para que se surta tramita de consulta previa. [Folio 5, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El \t23 de agosto de 2016 a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n No 132, la \tAlcald\u00eda Municipal de El Reten, adjudic\u00f3 al Consorcio \tINPROCOS S.A.S el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, \trehabilitaci\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de la \tcarretera que va de Aracataca- El Reten. [Folio 1, c1] <\/p>\n

2. En \tconsecuencia en abril del a\u00f1o 2017 se celebr\u00f3 contrato \tde concesi\u00f3n bajo esquema APP No 001 entre la Alcald\u00eda \tMunicipal de El Reten y el Consorcio INPROCOS S.A.S. [Folio 23, c1] <\/p>\n

3. En \tel numeral 4.4 literal \u201cg\u201d del contrato se estableci\u00f3 \tla obligaci\u00f3n de realizar consulta previa a las comunidades \t\u00e9tnicas en los casos en los que aplique. [Folio 1, c1] <\/p>\n

4. En \tconsecuencia el accionante, en representaci\u00f3n de las \tComunidades Negras y Afrocolombianas por el Departamento del \tMagdalena ante el Espacio Nacional de Consulta Previa, interpuso \tacci\u00f3n de tutela. [Folio 46, c.2] <\/p>\n

5. El \tconocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero \tPenal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de \tSanta Marta. [Folio 46, c1] <\/p>\n

6. El \t31 de agosto de 2018, el Juzgado profiri\u00f3 sentencia donde \tdeclar\u00f3 la incompetencia por factor territorial para conocer \tde la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del \texpediente para su reparto. <\/p>\n

7. En \tcriterio del peticionario del amparo, se vulneraron los derechos \tfundamentales invocados con las determinaciones adoptadas, toda vez, \tque no se \trealiz\u00f3 el tr\u00e1mite de consulta previa establecido en \tel numeral 4.4 literal \u201cg\u201d del contrato de concesi\u00f3n \tbajo esquema APP No 001 suscrito entre la Alcald\u00eda Municipal \tde El Reten y el Consorcio INPROCOS S.A.S. <\/p>\n

1. Por auto del 27 de septiembre de 2018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, dispuso la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Jose Francisco Fern\u00e1ndez y orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 165, c.1] <\/p>\n

2. El Alcalde del Municipio accionado aleg\u00f3 que el proyecto busca mejorar la movilidad y que la presencia de los accionantes no se halla registrada por el Ministerio del Interior en ese lugar para realizar la consulta previa. Asimismo, resalt\u00f3 que ya se hab\u00eda promovido una acci\u00f3n con igual caracter\u00edsticas por lo que en su sentir se configur\u00f3 una cosa juzgada y concluy\u00f3 que el actor cuenta con otra via para controvertir el acto administrativo que busca se deje sin efectos. [Folio 165, c.1] <\/p>\n

3. Mediante sentencia proferida el 5 de octubre del presente a\u00f1o la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito de Santa Marta deneg\u00f3 el amparo solicitado por el accionante pues consider\u00f3 que efectivamente en sentencia de 18 de septiembre de 2017, el Tribunal estudi\u00f3 lo concerniente a la viabilidad o no de la consulta previa para la ejecuci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n bajo esquema de APP No 001 de abril de 2017 y accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n buscada, en consecuencia orden\u00f3 a INPROCOS S.A.S. la suspensi\u00f3n de la obra por 4 meses mientras la Direcci\u00f3n de Consulta Previa determina la necesidad o no de la misma, es decir que la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n ya fue decretada en el pasado por la Corporaci\u00f3n. [Folio 170 y 171, c1] <\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n el accionante la impugn\u00f3. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia ha reconocido que las comunidades afrocolombianas son grupos culturalmente diferenciados que cuentan con derechos grupales especiales y que pueden clasificarse de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba del Convenio 169 de la OIT, como un \u00abpueblo tribal\u00bb, para efectos de la aplicaci\u00f3n de dicho Acuerdo. <\/p>\n

En ese sentido, son titulares de unas garant\u00edas especiales ligadas al principio de protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n, reconocidos por la Constituci\u00f3n y el mencionado Convenio, entre ellos, los de propiedad colectiva sobre sus territorios, la participaci\u00f3n, educaci\u00f3n, salud, un medio ambiente sano, la biodiversidad y a determinar el modelo de desarrollo que desean seguir, entre otros. <\/p>\n

De manera, que tal garant\u00eda de los dichos grupos comprende tres aspectos importantes: (i) a la participaci\u00f3n, que hace referencia a que los integrantes de la comunidad puedan hacer parte en los asuntos que los involucren directamente, como por ejemplo el mecanismo contemplado en la Ley 70 de 1993, que exige una consulta previa a \u00e9stos en determinados eventos; (ii) el derecho a participar en la toma de decisiones pol\u00edticas, y (iii) la garant\u00eda de autogobierno. <\/p>\n

Respecto del primero, debe decirse que el elemento fundamental adscrito a la protecci\u00f3n de este derecho lo constituye la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 es una \u00abafectaci\u00f3n directa\u00bb sobre las atribuciones de una comunidad. Concepto del que se ha encargado de desarrollar la jurisprudencia constitucional, para indicar que \u00abhace alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n que una medida (pol\u00edtica, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas\u00bb1, o afrodescendientes. <\/p>\n

De igual forma, tambi\u00e9n se aclar\u00f3 que dicha garant\u00eda de participaci\u00f3n se desarrolla en tres facetas: \u00ab(i) la simple participaci\u00f3n, asociada a la intervenci\u00f3n de las comunidades en los \u00f3rganos decisorios de car\u00e1cter nacional, as\u00ed como en la incidencia que a trav\u00e9s de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen; (ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando esa medida (norma, programa, proyecto, plan o pol\u00edtica) produzca una afectaci\u00f3n intensa de sus derechos, principalmente aquellos de car\u00e1cter territorial.\u00bb
\n\u00a0
\nDe manera, que no existe una \u00fanica forma de hacer efectiva esta atribuci\u00f3n, ya que ello depende de las caracter\u00edsticas de la comunidad que afecte, as\u00ed como de los componentes de la medida. Sin embargo, la complejidad de esa prerrogativa s\u00ed implica la adopci\u00f3n de todas las atribuciones establecidas en cabeza de la administraci\u00f3n p\u00fablica, de manera que el proceso logre articular a todas las personas y permita un di\u00e1logo claro, sincero, completo y fruct\u00edfero, entre \u00e9sta y la comunidad \u00e9tnica.
\n\u00a0 <\/p>\n

2. En el asunto que se examina, la acci\u00f3n se interpuso por parte de la comunidad, toda vez, que las entidades accionadas no realizaron el tr\u00e1mite de consulta previa establecido en el numeral 4.4 literal \u201cg\u201d del contrato de concesi\u00f3n bajo esquema APP No 001 suscrito entre la Alcald\u00eda Municipal de El Reten y el Consorcio INPROCOS S.A.S. por medio del cual se adjudic\u00f3 al Consorcio, el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de la carretera que va de Aracataca- El Reten. <\/p>\n

Sobre este punto es preciso se\u00f1alar que si bien es cierto que no se surti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente a la consulta previa, lo cierto es que en sentencia de 18 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta estudi\u00f3 lo concerniente a la viabilidad o no de la consulta previa para la ejecuci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n bajo esquema de APP No 001 de abril de 2017 y accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n buscada. <\/p>\n

En consecuencia orden\u00f3 a INPROCOS S.A.S. la suspensi\u00f3n de la obra por 4 meses mientras la Direcci\u00f3n de Consulta Previa determina la necesidad o de llevar a cabo el tr\u00e1mite de consulta previa, es decir, que la pretensi\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela ya fue estudiada y concedida en el pasado. <\/p>\n

Teniendo en cuenta que en esta tutela se solicita la suspensi\u00f3n del inicio de obras del proyecto resulta claro que esta solicitud ya fue atendida y ordenada previamente por el Tribunal de Santa Marta en la sentencia anteriormente referida. <\/p>\n

3. De otra parte, frente a la pretensi\u00f3n de ordenar al Ministerio de Interior convocar para que se surta tr\u00e1mite de consulta previa, resta decir que la Corte no evidencia que sea posible prodigar la protecci\u00f3n constitucional reclamada en ese punto espec\u00edfico por prematura, pues atendiendo a la orden proferida por el Tribunal en sentencia del 18 de septiembre de 2007, la Direcci\u00f3n de Consulta Previa debe determinar la necesidad o no de la consulta previa en el caso objeto de estudio y de la revisi\u00f3n del expediente se evidencia que a la fecha la Direcci\u00f3n de Consulta Previa no ha realizado la evaluaci\u00f3n en tal sentido.\t<\/p>\n

\tEs preciso resaltar que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo proceso judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, no se puede entender como un mecanismo instituido con el prop\u00f3sito de anticiparse a las decisiones de las autoridades, desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

4. Ahora bien, si la entidad encargada de determinar la necesidad de la consulta previa se ha sustra\u00eddo de sus obligaciones, el accionante tiene a su alcance el mecanismo de cumplimiento forzoso de orden judicial consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n estaba avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tT-376 \tde 2012\u00a0<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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