{"id":102093,"date":"2026-07-01T21:35:41","date_gmt":"2026-07-01T21:35:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102093"},"modified":"2026-07-01T21:35:41","modified_gmt":"2026-07-01T21:35:41","slug":"stc15912-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15912-2018\/","title":{"rendered":"STC15912-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15912-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-001934-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la autoridad judicial accionada quien no ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia emitida el 8 de febrero de 2018 dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene a la Corporaci\u00f3n accionada desatar de manera inmediata el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del accionante, el 8 de febrero de 2018 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 sentencia en la que lo declar\u00f3 culpable del delito de homicidio en persona protegida, desaparici\u00f3n forzada y concierto para delinquir, por lo que lo conden\u00f3 a pena de prisi\u00f3n de 524 meses de prisi\u00f3n. [Folio 4, c1] <\/p>\n

2. Contra la anterior decisi\u00f3n, el enjuiciado formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

4. El proceso ingres\u00f3 al Tribunal el 21 de marzo de 2018. [Folio 39, c1] <\/p>\n

5. El 2 de abril del presente a\u00f1o, la defensora del accionado solicito la libertad condicionada, raz\u00f3n por la cual, de conformidad con el art\u00edculo 5 del Decreto 277 de 2017 se dispuso la remisi\u00f3n inmediata al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

6. El 16 de abril de 2018, el Juez se abstuvo de resolver la solicitud de libertad condicionada y la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la orden de captura y en su lugar orden\u00f3 remitir de forma inmediata la petici\u00f3n a la Secretaria Ejecutiva de la JEP. [Folio 40, c1] <\/p>\n

7. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

8. Mediante prove\u00eddo del 17 de mayo del mismo a\u00f1o, el Juez decidi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

9. El proceso fue remitido al Tribunal Superior para que desatara el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del 16 de abril. [Folio 40, c1] <\/p>\n

10. En acta No 355 del 25 de mayo de 2018, el Tribunal confirm\u00f3 el auto recurrido, manifest\u00f3 que el accionante no se encontraba privado de la libertad por cuenta de este proceso y que adicionalmente est\u00e1 a la espera del pronunciamiento de la JEP, quien mediante resoluci\u00f3n 000160 del 11 de mayo de 2018 ya inici\u00f3 el tr\u00e1mite establecido en el inciso primero del art\u00edculo 53 de la Ley 1820 de 2016. [Folio 40, c1] <\/p>\n

11. Toda vez que el auto se encontraba en firme, el expediente pas\u00f3 nuevamente al despacho del Tribunal para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2018. [Folio 40, c1] <\/p>\n

12. El actor acude al amparo constitucional por estimar que la mora judicial en que ha incurrido el estrado judicial convocado, vulnera gravemente sus derechos fundamentales pues tiene derecho a que se le resuelva de una manera pronta el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 y adicionalmente esto le ha impedido postularse a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. [Folio 4, c1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 10 de septiembre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que no ha podido resolver la impugnaci\u00f3n del actor debido a la carga laboral que tiene asignada, tiene 70 procesos de segunda instancia para decidir los cuales se est\u00e1n evacuando en orden de GT de ingreso, a excepci\u00f3n de la prevalencia de los procesos pr\u00f3ximos a prescribir y autos que tiene relaci\u00f3n con libertad de los procesados, acusado y\/o sentenciados, am\u00e9n de los asuntos prioritarias como acciones de tutela y habeas corpus. Asimismo, manifest\u00f3 que el recurso actualmente se encuentra en turno 4 en el listado de sentencias. <\/p>\n

A su turno el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n procesal, advirtiendo que el 20 de marzo del presente a\u00f1o se remitieron las diligencia al Tribunal para la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3. En fallo de 18 de septiembre de 2018 la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo constitucional por estimar que si bien existe una dilaci\u00f3n en resolver el asunto, ello obedece al elevado c\u00famulo de trabajo que presenta la sala, resulta claro entonces que la causa de la tardanza no es la voluntaria o descuidada inactividad de la autoridad accionada, sino la congesti\u00f3n judicial existente. Manifest\u00f3 que no toda dilaci\u00f3n del proceso judicial es vulneradora de derechos tal y como ocurri\u00f3 en el caso estudiado por la sala. [Folio 58 y 59, c1] <\/p>\n

4. Inconforme, el actor present\u00f3 impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

2. En el presente caso, aduce el reclamante que la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se origina con la falta de resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia que se emiti\u00f3 en primera instancia, a trav\u00e9s de la cual se le declar\u00f3 culpable del delito de homicidio en persona protegida, desaparici\u00f3n forzada y concierto para delinquir. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n

\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01). <\/p>\n

Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n

Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00). <\/p>\n

3. De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la colegiatura accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por los promotores del amparo, pues si bien el t\u00e9rmino previsto en la normatividad adjetiva para que fuera decidido el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio de primer grado, el estado de tal actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del Tribunal acusado que justifique la intervenci\u00f3n del juez de tutela en la \u00f3rbita de acci\u00f3n de la misma para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

Pues de acuerdo a la respuesta ofrecida por el Tribunal accionado el asunto del accionante se encuentra en el turno No. 4 en atenci\u00f3n a la elevada carga laboral que tiene asignada, pues a la fecha tiene 70 procesos de segunda instancia para decidir los cuales se est\u00e1n evacuando en orden de fecha de ingreso, a excepci\u00f3n de la prevalencia de los procesos pr\u00f3ximos a prescribir y autos que tiene relaci\u00f3n con libertad de los procesados, acusados y\/o sentenciados, am\u00e9n de los asuntos prioritarios como acciones de tutela y habeas corpus. <\/p>\n

Luego, el estado del proceso no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso de la Corporaci\u00f3n accionada que justifique la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En ese orden, no es atribuible a la autoridad judicial cuestionada, la paralizaci\u00f3n del asunto penal que se tramita en contra del actor y por ende, ninguna vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales se le puede imputar, m\u00e1xime que se observa que el quejoso no ha elevado solicitud ante la <\/p>\n

autoridad demandada en el sentido que se d\u00e9 una pronta resoluci\u00f3n a su caso y en su lugar opt\u00f3 por acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

4. Aunado a lo anterior, observa la Sala que las pretensiones del actor no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que al interior de la actuaci\u00f3n cuestionada a\u00fan cuenta con mecanismos de defensa eficaces para lograr la satisfacci\u00f3n de los derechos frente a los cuales reclama protecci\u00f3n. <\/p>\n

Ha de recordarse, que una de las caracter\u00edsticas esenciales de la acci\u00f3n de tutela es la prevalencia que debe d\u00e1rsele al principio de la subsidiariedad, ya que la protecci\u00f3n que a trav\u00e9s de aquella se pide s\u00f3lo es viable ante la ausencia de un instrumento eficaz que salvaguarde oportunamente el derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele un componente alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los procedimientos legales que tambi\u00e9n pueden amparar el bien jur\u00eddico invocado. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n estaba avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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