{"id":102094,"date":"2026-07-01T21:35:46","date_gmt":"2026-07-01T21:35:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102094"},"modified":"2026-07-01T21:35:46","modified_gmt":"2026-07-01T21:35:46","slug":"stc15913-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15913-2018\/","title":{"rendered":"STC15913-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15913-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03523-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular conocida con radicado 2018-00694. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por el Tribunal accionado por cuanto previo a rechazar la demanda, era necesario que la inadmitiera y lo requiriera a efectos de que allegara las copias necesarias para el traslado y archivo conforme lo han hecho otros despachos. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Caja Social S.A. y el Instituto Colombiano de Normas T\u00e9cnicas y Certificaci\u00f3n \u2013 ICONTEC, por no contar en las instalaciones con el servicio de ba\u00f1os p\u00fablicos aptos para personas en silla de ruedas <\/p>\n

2. El asunto fue radicado directamente en la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Pereira, autoridad que el 11 de septiembre de 2018 se declar\u00f3 incompetente para conocer la demanda y dispuso la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, por ser los facultados para conocer el asunto en primera instancia, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, teniendo en cuenta la naturaleza jur\u00eddica de las instituciones accionadas y su direcci\u00f3n de domicilio principal, que es la que determina la competencia por el factor territorial, en virtud de la elecci\u00f3n que el actor popular estableci\u00f3 en su demanda. <\/p>\n

3. En desacuerdo, el promotor de la queja interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

4. El 26 de septiembre, la sede judicial cuestionada mantuvo su determinaci\u00f3n. <\/p>\n

5. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos invocados por cuanto el Tribunal no pod\u00eda rechazar su acci\u00f3n popular por falta de competencia sin exigirle antes que aportara las copias de la misma para traslado y archivo del despacho como lo hizo el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en otra demanda con radicado 2018-0352. [Folio 1, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 13 de noviembre de 2018, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 4, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en esos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra actuaciones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo decisiones que vulneran derechos fundamentales. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, a partir del examen de la decisi\u00f3n judicial acusada, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, toda vez que el Tribunal, con base en lo establecido en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998 y de acuerdo con lo manifestado por el actor en su demanda, estableci\u00f3 que no era la autoridad judicial competente para resolver el asunto, disponiendo, entonces, la remisi\u00f3n del expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

El interesado pretendi\u00f3 formular el amparo en el domicilio de las accionadas que, seg\u00fan lo informa, corresponde a esta municipalidad (Folio 1, este cuaderno); empero, como se trata de personas jur\u00eddicas es preciso que medie la prueba de su existencia y representaci\u00f3n que da cuenta, adem\u00e1s, de su domicilio real o sede principal. No basta con una simple afirmaci\u00f3n de parte. Es claro que el actor por su propia cuenta decidi\u00f3 que una de las muchas sucursales que dichas entidades tienen a nivel nacional era su domicilio, sin soporte de \u00edndole alguna. <\/p>\n

Ahora, como la Ley 472 no establece que ese documento sea un anexo que deba aportarse de forma obligatoria, esta Corporaci\u00f3n, de conformidad con la potestad que le confiere el art\u00edculo 85 CGP, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 44, Ley 472, consult\u00f3 los estatutos sociales de las accionadas en sus portales web y descubri\u00f3 que su domicilio principal es en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., y como quiera que la intenci\u00f3n del accionante era formular la acci\u00f3n popular en su domicilio, y no el lugar de los hechos, se decidi\u00f3 remitir el expediente a los Jueces Civiles del Circuito \u2013 Reparto \u2013 de esa localidad.\u00bb <\/p>\n

As\u00ed las cosas, establecido por parte del accionado su incompetencia para conocer el asunto, no es posible exigirle, como pretende el actor, que realice la calificaci\u00f3n de la demanda y le advierta las falencias que aquella presenta, pues tal facultad es exclusiva del juez competente para tramitar el asunto. <\/p>\n

De esa manera, ser\u00e1 el Juez del Circuito de Bogot\u00e1 a donde se orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n, quien deber\u00e1 evaluar, inicialmente, si es el competente para conocer la acci\u00f3n popular y solamente, una vez establezca que as\u00ed lo es, proceder\u00e1 a verificar si la demanda popular cumple los requisitos para su admisi\u00f3n o no, siendo claro que en caso de que \u00e9sta no satisfaga alguna de las exigencias se\u00f1aladas en la ley 472 de 1998, proceder\u00e1 a su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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