{"id":102104,"date":"2026-07-01T21:37:33","date_gmt":"2026-07-01T21:37:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102104"},"modified":"2026-07-01T21:37:33","modified_gmt":"2026-07-01T21:37:33","slug":"stc15948-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15948-2018\/","title":{"rendered":"STC15948-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02393-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de \tcinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por Castro Garrido y C\u00eda. S. en C. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital y la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por el Banco Granahorrar a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora procura la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad y defensa, entre otros, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales acusadas. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reclamo, asevera que \u201c(\u2026) adquiri\u00f3 un inmueble hipotecado (\u2026) a la corporaci\u00f3n bancaria Granahorrar (\u2026)\u201d por cesi\u00f3n de cr\u00e9dito efectuada por Augusto Enrique Castro Cort\u00e9s y Euling Daly Garrido Galvis, quienes en el a\u00f1o 1991, obtuvieron ese pr\u00e9stamo en Upacs. <\/p>\n

Relata que ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, esa entidad financiera inco\u00f3 en su contra el litigio objeto de esta salvaguarda, en el cual el 17 de febrero de 1999, se dict\u00f3 sentencia siguiendo adelante con la ejecuci\u00f3n, \u201corden\u00e1ndo[se] realizar el remate del inmueble\u201d dado en garant\u00eda. <\/p>\n

Arguye que requiri\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en ese decurso \u201c(\u2026) por falta de reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en la forma establecida por la Ley 546 de 1999 (\u2026)\u201d, invalidez denegada el 30 de octubre de 2009, pues seg\u00fan el referido despacho \u201c(\u2026) esa prerrogativa no aplica para las personas jur\u00eddicas sino a las naturales (\u2026)\u201d.
\nEsgrime que por su \u201cdif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, inici\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades, proceso de \u201creorganizaci\u00f3n empresarial\u201d, admitido el 16 de febrero de 2018; sin embargo, por petici\u00f3n del cesionario acreedor reconocido en el compulsivo bajo estudio, esa decisi\u00f3n se \u201crevoc\u00f3\u201d mediante auto de 31 de julio pasado, \u201c(\u2026) a pesar que el predio (\u2026) hipotecado, a\u00fan no se hab\u00eda entregado al rematante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tDepreca, en concreto, ordenar: i) la culminaci\u00f3n del juicio coercitivo sublite, y ii) dar \u201ccurso\u201d al tr\u00e1mite por ella impetrado en virtud de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

2. El juzgado fustigado se\u00f1al\u00f3 no haber incurrido en ninguna v\u00eda de hecho, ni vulnerado derecho fundamental alguno a la convocante (fl. 159). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio aduciendo:
\n\u201c(\u2026) En el presente asunto se evidencia que la inconformidad del peticionario del resguardo radic\u00f3, esencialmente, en la emisi\u00f3n del auto del 30 de octubre de 2009, por el cual el juzgado de cognici\u00f3n resolvi\u00f3 adversamente la solicitud de invalidez formulada (\u2026). Desde esa perspectiva, (\u2026) el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por cuanto no se halla acreditado el postulado de la inmediatez, comoquiera que el lapso que dej\u00f3 pasar el reclamante para peticionar la protecci\u00f3n incoada, es relevante y afecta, en su caso, la procedibilidad de la tutela, tardanza reveladora de que la alegada conculcaci\u00f3n de los derechos invocados no es actual, inminente, ni tampoco grave, pues entre la invocaci\u00f3n del auxilio (5 de octubre de 2018) , y la \u00e9poca en que fue proferida la decisi\u00f3n resistida (30 de octubre de 2009), transcurri\u00f3 un per\u00edodo superior a ocho a\u00f1os (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n se revela improcedente en cuanto se refiere al prove\u00eddo del 31 de julio de 2018, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades revoc\u00f3 el auto 430-002373 de 16 de febrero de 2018, que a su vez hab\u00eda admitido [el] proceso de reorganizaci\u00f3n [de] la sociedad Castro Garrido y C\u00eda. S. en C., porque la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa id\u00f3neo para el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, del informe dado por la entidad conminada, se observa que, frente a tal determinaci\u00f3n, no se formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, el cual era procedente conforme al art\u00edculo 318 del C.G.P. (\u2026)\u201d (fls. 124 a 126). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La quejosa impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el libelo introductor (fls. 320 a 322). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El resguardo se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas fundamentales de Castro Garrido y C\u00eda. S. en C., con las siguientes decisiones: i) auto de 30 de octubre de 2009, mediante el cual se neg\u00f3 la nulidad del compulsivo bajo estudio, por falta de \u201creliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n\u201d del cr\u00e9dito, y ii) prove\u00eddo de 31 de julio de 2018, donde la Superintendencia de Sociedades rechaz\u00f3 el proceso de \u201creorganizaci\u00f3n empresarial\u201d impetrado por la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n

2. Frente al primer tema de reproche, es palmario el fracaso del reclamo, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 5 de octubre pasado, esto es, luego de m\u00e1s de ocho (8) a\u00f1os de emitida la providencia censurada, superando ampliamente el t\u00e9rmino estimado por esta Corte como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la promotora se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad querellada y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Respecto a la censura elevada contra la Superintendencia de Sociedades, el auxilio tampoco prospera por la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la actora no utiliz\u00f3 el instrumento a su alcance para atacar la providencia emitida por esa entidad y ahora atacada, pues frente a esa decisi\u00f3n, se abr\u00eda el camino para impugnar mediante el recurso de reposici\u00f3n de conformidad con la regla 318 del C\u00f3digo General del Proceso2. De esta manera, desaprovech\u00f3 la posibilidad de controvertir en el campo id\u00f3neo la acotada determinaci\u00f3n. <\/p>\n

El descuido de la convocante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del pleito. <\/p>\n

En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.
\nNOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 2 de agosto de \t2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, \t16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \t\u201c(\u2026) Art. \t318. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \tprocede contra los autos que dicte el juez (\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ STC, de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n4 \tCSJ. \tSTC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de \tseptiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y \t0176-01, respectivamente.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n

9 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02393-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}