{"id":102107,"date":"2026-07-01T21:38:30","date_gmt":"2026-07-01T21:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102107"},"modified":"2026-07-01T21:38:30","modified_gmt":"2026-07-01T21:38:30","slug":"stc15951-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15951-2018\/","title":{"rendered":"STC15951-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15951-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03746-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alexander Mogoll\u00f3n Rojas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Fiscal\u00eda Segunda Especializada y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de dicha ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a la libertad, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, se ordene \u00abque sea escuchado\u2026 Ismael G\u00f3mez Garc\u00eda, alias \u201ctomate\u201d, y que la copia de dicha declaraci\u00f3n [le] sea notificada por escrito\u00bb al centro carcelario; pues con dicho testimonio se demostrar\u00eda su inocencia. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. En contra del tutelante se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abhomicidio agravado y concierto para delinquir agravado\u00bb, por el que fue condenado a trav\u00e9s de sentencia del 9 de febrero de 2009, dictada por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad con providencia del 3 de agosto siguiente. <\/p>\n

2.2. Luego, ante la versi\u00f3n libre que rindiera Robinson Solano Gonz\u00e1lez ante la Fiscal\u00eda 51 de Justicia y Paz de Bucaramanga, en la que manifest\u00f3 que el condenado no tuvo participaci\u00f3n en los delitos por los que fue procesado, el actor, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda, acudi\u00f3 al recurso extraordinario de revisi\u00f3n a fin de \u00abindicar una verdad diferente a la establecida en el fallo de segunda instancia\u00bb; sin embargo, el 27 de abril de 2016 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 infundada la causal invocada (rad. 39087). <\/p>\n

2.3. Sostuvo el tutelante que, posteriormente, le solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda Segunda Especializada de Bucaramanga que escuchara en \u00abversi\u00f3n de indagatoria\u00bb a \u00abalias tomate\u00bb, a fin de que esclareciera los hechos ocurridos y por los que \u00e9l fue condenado, empero, el 12 de octubre de 2017 no accedi\u00f3 a tal solicitud; resalt\u00f3 que para esa data no conoc\u00eda la identificaci\u00f3n de dicho se\u00f1or. <\/p>\n

2.4. Anot\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de muchos a\u00f1os\u00bb logr\u00f3 identificar al referido ciudadano como Ismael G\u00f3mez Garc\u00eda, pues aqu\u00e9l est\u00e1 purgando una pena en el mismo centro carcelario donde \u00e9l se encuentra, raz\u00f3n por la que requiere que \u00e9ste sea escuchado, en aras de que se conozca la verdad, pues, a su parecer, est\u00e1 condenado siendo inocente. <\/p>\n

2.5. Refiri\u00f3 que le solicit\u00f3 al Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga que \u00abreab[riera] [el proceso] y llama[ra] a juicio en versi\u00f3n libre a\u2026 G\u00f3mez Garc\u00eda\u00bb, no obstante, el despacho le indic\u00f3 que \u00abno es de competencia\u2026 escuchar al se\u00f1or Ismael\u2026 pues no tiene la facultad de reabrir nuevamente el caso\u00bb. <\/p>\n

2.6. Por otra parte, agreg\u00f3 que con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n con radicado n\u00b0 39087 solicit\u00f3 la \u00abreapertura\u00bb probatoria \u00abcon base en los dichos del postulado Robinson Solano Gonz\u00e1lez\u2026 [para] que se realizara las vinculaciones a que haya lugar, entre los que corresponde Ismael G\u00f3mez\u00bb sin que tal petici\u00f3n hubiese salido avante. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado con Funciones de \tConocimiento de Bucaramanga inform\u00f3 que consultado el sistema \tde justicia siglo XXI, encontr\u00f3 que en contra del actor se \tadelant\u00f3 un proceso penal por los delitos de homicidio y \tconcierto para delinquir agravado, bajo el imperio de la Ley 600; \tque el 9 de febrero de 2009 fue condenado, decisi\u00f3n \tconfirmada, en sede de alzada, el 3 de agosto siguiente por el \tTribunal; que el 27 de abril de 2016 la Sala de Casaci\u00f3n \tPenal de esta Corte declar\u00f3 infundada la causal de revisi\u00f3n \tinvocada por el gestor; que el 13 de marzo de 2018, Alexander \tMogoll\u00f3n le solicit\u00f3 que escuchara \u00aben \tdeclaraci\u00f3n al se\u00f1or ISMAEL G\u00d3MEZ GARC\u00cdA \talias tomate, quien es el autor material del homicidio\u2026 seg\u00fan \tel dicho del accionante delito por el que fue condenado\u00bb, \tpetici\u00f3n \tdenegada, por cuanto \u00abel \tproceso culmin\u00f3 con sentencia condenatoria habi\u00e9ndose \tagotado todas las instancias procesales incluso la acci\u00f3n de \trevisi\u00f3n\u00bb; que \tno vulner\u00f3 las garant\u00edas del promotor. <\/p>\n

2. La \tFiscal\u00eda Segunda Especializada de Bucaramanga remiti\u00f3 \tcopia de la petici\u00f3n elevada por el quejoso, as\u00ed como \tsu respuesta; anot\u00f3 que \u00abdej\u00f3 \tde conocer tramites bajo el imperio de la ley 600 del 2000, pues los \tmismos fueron asumidos por las homologas 1-5 y 6\u00bb; que \tdesconoce las actuaciones judiciales surtidas respecto del \taccionante. <\/p>\n

3. La \tSala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \tBucaramanga inst\u00f3 la improcedencia del resguardo al \tconsiderar que incumpl\u00eda, de una parte, con el presupuesto de \tla inmediatez, pues el fallo que confirm\u00f3 la condena en \tcontra del gestor data de 3 de agosto de 2009; y por otro lado, \tporque si la inconformidad de \u00e9ste radica en que se dej\u00f3 \tde recaudar el testimonio de Ismael G\u00f3mez Garc\u00eda, \talias tomate, tal pretensi\u00f3n la pod\u00eda invocar a trav\u00e9s \tdel recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, desde la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n adoptada en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, esto es, la dictada el 27 abril de 2016, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 infundada la causal invocada, en punto a la valoraci\u00f3n de la versi\u00f3n libre rendida por Robinson Solano Gonz\u00e1lez, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 16 de octubre de 2018, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que:
\n…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n

4. Por \totra parte, sobre la prueba testimonial de Ismael G\u00f3mez \tGarc\u00eda, \u00abalias \ttomate\u00bb, \tla que alude el gestor puede esclarecer los hechos por los cuales \u00e9l \tfue condenado, a su parecer, siendo inocente, la solicitud de amparo \ttambi\u00e9n deviene improcedente, \tcomoquiera \tque el accionante tiene a su alcance (previa la constituci\u00f3n \tde prueba que incluso puede obtener con la denuncia penal \trespectiva), acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en \taras de provocar un pronunciamiento del fallador natural, frente a \tlo que, en su sentir, demostrar\u00eda su inocencia. <\/p>\n

En efecto, el actor cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, entre otros eventos: \u00ab3. Cuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u00bb. <\/p>\n

Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto a la prueba con la que se puede demostrar la inocencia, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

\u2026tambi\u00e9n se incumple con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, dado que si bien el actor pregona que tiene prueba testimonial que demuestra que actu\u00f3 en leg\u00edtima defensa, esto es, bajo un eximente de responsabilidad penal (Art. 32-6 Ley 599\/00), lo cual se enmarcar\u00eda en la causal 3\u00aa de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 908\/04), debe acudir al mecanismo que el procedimiento le otorga con el prop\u00f3sito de conseguir los fines que pretende por esta v\u00eda (CSJ STC1382-2018, 7 feb., rad. 2018-00199-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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