{"id":102108,"date":"2026-07-01T21:38:35","date_gmt":"2026-07-01T21:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102108"},"modified":"2026-07-01T21:38:35","modified_gmt":"2026-07-01T21:38:35","slug":"stc15953-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15953-2018\/","title":{"rendered":"STC15953-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15953-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00894-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Oficina de Control F\u00edsico de Ipiales \u2013 Nari\u00f1o, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular N\u00ba 2015-1168, incoada por el aqu\u00ed actor frente al Banco Mundo Mujer. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor exige la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional atacada. <\/p>\n

2.\tAsevera que en el referido decurso el despacho accionado no da cumplimiento a los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y, 8 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso, empero, \u201ccuriosamente\u201d acude a la figura del \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d aun cuando, a su juicio, para el subj\u00fadice \u00e9sta es inviable. <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, ordenar a trav\u00e9s de sentencia de unificaci\u00f3n que en torno a los canones 5 y 84 de la Ley 472 de 1998: i) el juzgado accionado d\u00e9 aplicaci\u00f3n inmediata a la misma; ii) el a quo constitucional proh\u00edba su inobservancia, iii) esclarecer si se deben acatar los t\u00e9rminos perentorios all\u00ed contenidos y si es procedente el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d para el caso de las acciones populares; y, iii) remitir copia del precedente C-221 de 2017 de la Corte Constitucional, as\u00ed como tambi\u00e9n de los autos que disponen la acumulaci\u00f3n de las demandas por \u00e9l incoadas, proferidos por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados. <\/p>\n

1. El juzgado querellado remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n censurada y precis\u00f3 que respecto de la referida demanda popular el actor ya hab\u00eda promovido otras acciones de tutela (fl. 8). <\/p>\n

2. La \tDefensor\u00eda del Pueblo \tsolicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n \ten la causa por pasiva (fls. 10 a 17). <\/p>\n

3. La \tProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \tguard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo impetrado, tras constatar que Arias Id\u00e1rraga adelant\u00f3 otro decurso an\u00e1logo a \u00e9ste, contra el mismo despacho judicial, y con id\u00e9nticas pretensiones, raz\u00f3n por la cual lo conden\u00f3 en costas (fls. 28 a 31). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El quejoso impugn\u00f3, pidiendo revocar la sanci\u00f3n impuesta por el a quo constitucional, aduciendo que no se prob\u00f3 su temeridad (fl. 33). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tNo sale avante el amparo porque el actor, tal como lo sostuvo el tribunal, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en pasada ocasi\u00f3n alegando eventos similares a los actuales. <\/p>\n

La Corte ha desestimado la protecci\u00f3n impetrada en ruegos como el presente, si <\/p>\n

\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2. Se observa que mediante sentencia de 4 de julio de 2018, expediente N\u00b0 2018-442, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira deneg\u00f3 el auxilio reclamado por el querellante frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2015-1168, por carencia de objeto. <\/p>\n

3. Impugnado el citado fallo constitucional, fue confirmado por esta Corte en providencia adiada el 10 de agosto de 2018, en la cual la Sala dedujo la improsperidad de ese ruego, donde el promotor al igual que ahora <\/p>\n

Lo decidido, <\/p>\n

\u201c(\u2026) comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la subsidiariedad, exigido para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que el gestor no impugn\u00f3 ninguna de las decisiones proferidas el 25 de junio y 3 de julio de hoga\u00f1o, mediante las cuales se decret\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito [\u2026] de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 numeral 1\u00ba art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012\u00bb en las \u00abacciones populares (\u2026) 01168 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. De este modo, resulta evidente que no hay lugar a acoger la actual petici\u00f3n, pues el asunto aqu\u00ed ventilado fue ya alegado en el ruego otrora deprecado y frente a \u00e9l se emitieron las determinaciones referenciadas en antelaci\u00f3n, en las cuales, seg\u00fan se vio, se desestim\u00f3 el amparo. <\/p>\n

5.\tEl correctivo dispuesto por el tribunal constitucional a quo, se ratificar\u00e1, pues el mismo deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, y se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces comprobado por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n

El sustento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201c(\u2026) se aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d4, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto. <\/p>\n

Es pertinente memorar que si bien en otros resguardos esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n porque a los accionantes se les ha sancionado sin agotarse un tr\u00e1mite previo5, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, pues es palmario el h\u00e1bito del impulsor del ruego en hacer uso injustificado de \u00e9ste. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Nada se dir\u00e1 respecto a las dem\u00e1s peticiones elevadas por el accionante, por tratarse de cuestiones que desbordan el objeto de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

8. Por los argumentos anteriores, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n

2. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 13 \tde febrero de 2013, exp. 00168-00; \treiterada el 20 \tde marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.
\n2 \tCSJ, \tSTC- 10393-2018.
\n3 \tCorte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
\n4 \tCorte Constitucional. Sentencia T-032 de 1994. <\/p>\n

6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso de \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n12 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a \t308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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