{"id":102111,"date":"2026-07-01T21:39:19","date_gmt":"2026-07-01T21:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102111"},"modified":"2026-07-01T21:39:19","modified_gmt":"2026-07-01T21:39:19","slug":"stc15958-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15958-2018\/","title":{"rendered":"STC15958-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15958-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03709-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Antonio Caro Valencia contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Octavo de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de toda la actuaci\u00f3n surtida\u2026 en el proceso que se tramita ante el Juzgado 8 de Familia de Cali\u2026 y disponer dar por terminado el\u2026 proceso ejecutivo, por haberse cumplido a cabalidad lo acordado en la conciliaci\u00f3n realizada entre las partes\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1. Carolina Escobar Fern\u00e1ndez, en representaci\u00f3n de su hija Mar\u00eda Alejandra Caro Escobar, promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva en contra de Diego Antonio Caro Valencia. <\/p>\n

2.2. En audiencia celebrada el 2 de agosto de 2016, las partes conciliaron que \u00absin perjuicio de continuar con el pago de la cuota alimentaria\u2026, la cual ser\u00e1 cancelada entre el d\u00eda 13 y 15 de cada mes, la parte demandada pagar\u00e1 el saldo adeudado ($3.163.909), en tres cuotas iguales por valor de $1.054.636)\u00bb, quienes, adem\u00e1s, pidieron \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n hasta tanto se acredite el pago total de lo adeudado\u2026\u00bb, acuerdo aprobado por el juzgado accionado con auto de esa misma fecha. <\/p>\n

2.3. Seguidamente, el ejecutado reclam\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, \u00abpor pago de la obligaci\u00f3n\u00bb, petici\u00f3n negada con auto del 3 de abril de 2018, decisi\u00f3n que aquel recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.4. Con auto del 4 de mayo siguiente, se desestim\u00f3 el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, siendo esta \u00faltima determinaci\u00f3n reprochada en reposici\u00f3n y queja. <\/p>\n

2.5. A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 19 de julio de 2018, el a quo desech\u00f3 la reposici\u00f3n y orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para surtir la queja, la cual result\u00f3 impr\u00f3spera, conforme lo reconoci\u00f3 el Tribunal convocado en auto del 26 de julio de estas mismas calendas. <\/p>\n

2.5. Por v\u00eda de tutela, critic\u00f3 el demandado que el juzgado de familia cuestionado le exigi\u00f3 \u00abacreditar otros pagos\u2026, sin que [eso] sea constitucional o legal, pues ya cancel\u00f3 el valor de lo acordado\u00bb en la conciliaci\u00f3n; que fue negada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, \u00abpor ser un proceso que no lo admite, criterio\u2026 que no es de recibo, toda vez que se trata de una providencia, auto interlocutorio, el cual al definir una cuesti\u00f3n de fondo admite recurso de apelaci\u00f3n\u2026\u00bb; y que el Tribunal convocada omiti\u00f3 analizar si, en efecto, se reun\u00edan las condiciones necesarias para terminar la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Octavo de Familia de Cali pidi\u00f3 negar el resguardo, toda vez que \u00abno se han vulnerado derechos fundamentales y no se ha incurrido en v\u00eda de hecho alguna dentro de la tramitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el proceso objeto de reproche constitucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

2. De entrada, ha de precisarse que el promotor cuestion\u00f3 (i) el auto de 26 de julio de 2018, a trav\u00e9s del cual el Tribunal enjuiciado resolvi\u00f3 el recurso de queja formulado frente al auto de 4 de mayo de los corrientes, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada interpuesta por el ejecutado contra el prove\u00eddo de 3 de abril de este mismo a\u00f1o; y (ii) \u00e9sta que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

3. Bajo esa \u00f3ptica, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la mencionada decisi\u00f3n de 26 de julio de 2018, el Tribunal convocado expres\u00f3 los motivos por los que carec\u00eda de competencia para resolver los argumentos enfilados a demostrar los presupuestos necesarios para la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n y, adem\u00e1s, explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable la alzada interpuesta por el tutelante, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n

El recurso de queja en t\u00e9rminos del art\u00edculo 352 del C.G.P, s\u00f3lo tiene por objeto que el ad quem conceda el recurso de apelaci\u00f3n o el de casaci\u00f3n en su caso, cuando se estime que el Juez de primer grado lo deneg\u00f3 sin fundamento legal. Todo otro objetivo que persiga el recurrente so pretexto de la queja, no puede considerarse, entre otros la eventual revocatoria o modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada, pues ello, es objeto propio del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

Para que el a quo pueda conceder el recurso de apelaci\u00f3n, se han de cumplir los siguientes requisitos: (i) Que quien interponga el recurso tenga inter\u00e9s directo en el proceso; (ii) que la providencia recurrida le sea desfavorable; (iii) que ella sea susceptible de impugnaci\u00f3n por medio de apelaci\u00f3n y (iv) que el recurso se interponga ante el juez que la dict\u00f3, en la forma y oportunidad previstas en la ley adjetiva (art\u00edculo 322 C.G.P). <\/p>\n

El examen de tales no deja duda que se encuentran satisfechos los requisitos (i), (ii) y (iv), toda vez que quien interpone el recurso de apelaci\u00f3n es la parte demandada, la providencia recurrida le es desfavorable, y se present\u00f3 en oportunidad ante el juez de instancia. <\/p>\n

Sin embargo, respecto al presupuesto (iii), esta Magistratura, revisar\u00e1 si la providencia de que se trata es o no susceptible de alzada. Si ocurre lo primero, deber\u00e1 concederse en el efecto que se\u00f1ale la ley, si acontece lo segundo, habr\u00e1 de declararse bien denegada su concesi\u00f3n <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

Ahora bien, de conformidad con el numeral 7\u00ba del mandato 21 del C\u00f3digo General del Proceso, los juicios de alimentos, incluidos los coercitivos son de \u201c\u00fanica instancia\u201d, norma\u2026 que\u2026 ha sido atendida por la jurisprudencia, al se\u00f1alar: \u201clos procesos ejecutivos de alimentos son de \u00fanica instancia, tr\u00e1mite especial fundado en [la] (…) especialidad del asunto, que prevalece sobre las reglas de la cuant\u00eda\u201d1. <\/p>\n

Armonizado ello con lo consignado en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, contra determinaciones tomadas en procesos de esa catadura, por expresa restricci\u00f3n del legislador no admiten el recurso de alzada. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso de queja y el proceso ejecutivo de alimentos, concluyendo, inicialmente, que su competencia se circunscrib\u00eda a resolver sobre la procedencia de la apelaci\u00f3n formulada por el quejoso, lo que le imped\u00eda hacer an\u00e1lisis adicionales, entre ellos, respecto del pago alegado por el ejecutado; para luego destacar que la alzada formulada era inviable, comoquiera que el asunto en el que fue interpuesto es de \u00fanica instancia. <\/p>\n

Entonces, las deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n

4. A igual conclusi\u00f3n se llega en lo que ata\u00f1e al prove\u00eddo del 3 de abril de 2018, habida cuenta que en \u00e9ste el juzgado de familia convocado argument\u00f3 las razones por las que era inviable terminar la ejecuci\u00f3n seguida en contra de Caro Valencia, sobre lo cual dijo lo siguiente: <\/p>\n

\u2026 mediante auto interlocutorio No. 1780 del 2 de agosto de 2016, se aprob\u00f3 el acuerdo logrado por las partes \u201c…la parte demandada pagar\u00e1 el saldo adeudado (3.163.909) en tres cuotas iguales por valor de $1.054.636, cada una los d\u00edas 30 de los meses de agosto, septiembre y octubre de la anualidad que transcurre. Las partes solicitan seguir adelante la ejecuci\u00f3n hasta tanto se acredite el pago total de lo adeudado, sin perjuicio de seguir cancelando la cuota alimentaria\u201d, por lo anterior, el ejecutado deber\u00e1 acreditar el pago total de la obligaci\u00f3n alimentaria a la fecha… hasta tanto, forzoso es negar la solicitud de terminaci\u00f3n incoada <\/p>\n

Posteriormente, en el auto de 4 de mayo de 2018, al resolver la reposici\u00f3n formulada contra la citada determinaci\u00f3n, agreg\u00f3 el prenotado estrado que: <\/p>\n

Para resolver la inconformidad indicada por el recurrente, es preciso tener en cuenta lo dispuesto por las partes en el auto de fecha 6 de agosto de 2016, producto del acuerdo logrado y luego de establecer el saldo a cargo del demandado al mes de julio de 2016 por $3.163.909, acuerdan: "2.- En consecuencia, sin perjuicio de continuar con el pago de la cuota alimentaria que actualmente asciende a $1.067.700 mensuales, la cual ser\u00e1 cancelada entre el d\u00eda 13 y 15 de cada mes, la parte demandada pagar\u00e1 el saldo adeudado (3.163.909) en tres cuotas iguales por valor de $1.054.636, cada una los d\u00edas 30 de los meses de agosto, septiembre y octubre de la anualidad que transcurre. 3 – Las partes solicitan seguir adelante la ejecuci\u00f3n hasta tanto se acredite el pago total de lo adeudado, sin perjuicio de seguir cancelando la cuota alimentaria. Una vez se acredite el pago del saldo adeudado se dispondr\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares…". <\/p>\n

Conforme lo anterior, queda claro para el despacho que las partes condicionaron la terminaci\u00f3n del proceso al pago del saldo adeudado y el pago peri\u00f3dico de la cuota alimentaria, condici\u00f3n que se ajusta a derecho, siendo que en el numeral tercero del mandamiento de pago se consign\u00f3: "Por las mesadas que en lo sucesivo se llegaren a causar durante el transcurso del proceso hasta el pago total de la obligaci\u00f3n", conforme al par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 431 del C.G.P, ordenamiento no satisfecho por el recurrente a la fecha al oponerse a la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y as\u00ed acreditar el pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Luego de establecerse que la negativa a la terminaci\u00f3n del proceso obedece a un requisito dispuesto en consuno por las partes y correspondiendo a una decisi\u00f3n en firme, mal har\u00eda este juzgador emitir un pronunciamiento contrario, el que comportar\u00eda violaci\u00f3n de derechos a la menor MARIA ALEJANDRA\u2026 <\/p>\n

La rese\u00f1ada decisi\u00f3n tampoco muestra arbitrariedad, pues en \u00e9sta el juzgado interpret\u00f3 la conciliaci\u00f3n a la que arribaron los contendientes en el tr\u00e1mite atacado e infiri\u00f3 que no s\u00f3lo cobijaba las cuotas alimentarias adeudadas al momento de su celebraci\u00f3n, sino las que se causaran en adelante, conclusi\u00f3n que encuentra soporte en lo consignado en el acta contentiva de dicho acuerdo. <\/p>\n

5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abSTC472 del 25 \tde enero de 2017\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15958-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03709-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Antonio Caro Valencia contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}