{"id":102113,"date":"2026-07-01T21:39:40","date_gmt":"2026-07-01T21:39:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102113"},"modified":"2026-07-01T21:39:40","modified_gmt":"2026-07-01T21:39:40","slug":"stc15967-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15967-2018\/","title":{"rendered":"STC15967-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15967-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03664-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Palmeras de la Costa S.A. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00absupremac\u00eda de los derechos sustanciales\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, buena fe y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia\u2026 proferida\u2026 el 23 de febrero de 2017\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tLa Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Ana Cecilia Daza Cuello, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicaci\u00f3n 2015-00113), con la finalidad de obtener la restituci\u00f3n del predio denominado \u00abCasa Loma\u00bb, ubicado en la vereda \u00abLa Ley de Dios\u00bb, del municipio de El Copey (Cesar), tr\u00e1mite en el que Palmeras de la Costa S.A., present\u00f3 oposici\u00f3n, de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n

2.2. Mediante sentencia del 19 de julio de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que revoc\u00f3, en grado de consulta, el Tribunal accionado con providencia del 23 de febrero de 2017, para en su lugar, acceder a dicha s\u00faplicas, por lo que, entre otras determinaciones, declar\u00f3 la \u00abinexistencia del contrato de compraventa perfeccionado entre\u2026 Ana Cecilia Daza Cuello y\u2026 Palmeras de la Costa S.A.\u00bb, adem\u00e1s dispuso la entrega del predio objeto del litigio, que se llev\u00f3 a cabo el pasado 23 de julio.
\n2.3. Expres\u00f3 la gestora del resguardo que la compraventa declarada inexistente \u00abse celebr\u00f3 libre y espont\u00e1neamente\u2026 dando cumplimiento estricto a las disposiciones de Ley\u00bb, conforme dio fe el notario que la autoriz\u00f3, por lo que debi\u00f3 permanecer inc\u00f3lume; que la decisi\u00f3n del Tribunal gener\u00f3 un enriquecimiento sin causa de la peticionaria de la restituci\u00f3n, comoquiera que ella \u00abha disfrutado por m\u00e1s de 15 a\u00f1os de un capital\u2026 recibido en efectivo por venta de su predio\u00bb; y que en el proceso fustigado \u00abno se demostr\u00f3 participaci\u00f3n alguna de la sociedad en actos de violencia o en abuso de sus derechos\u00bb. <\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del fallador ad quem \u00abdesatiende el derecho adquirido conforme a la Ley\u00bb; que la aludida compraventa \u00abbrind\u00f3 la seguridad de su celebraci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abuna Ley posterior que estableciera condiciones\u2026 diferentes\u2026 es indudable su inaplicaci\u00f3n\u00bb, pues ello va en contra del principio de seguridad jur\u00eddica; que no fue convocada al tr\u00e1mite administrativo adelantado por la UAEGRTD, en el que, adem\u00e1s, la inclusi\u00f3n del predio en el Registro de Tierras y Predios Despojados o Abandonados Forzosamente se hizo por fuera del t\u00e9rmino previsto en la Ley. <\/p>\n

2.5. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00abante la existencia de opositor, la competencia para dictarse sentencia en \u00fanica instancia corresponde al Tribunal\u00bb, teniendo en cuenta que fue reconocido en dicha condici\u00f3n en el proceso fustigado, raz\u00f3n por la cual \u00abno debi\u00f3 remitirse al superior funcional en consulta, sino que lo era para continuarse en su conocimiento por \u00e9ste para efecto de dictar sentencia\u00bb; y que \u00ablas normas invocadas para la expedici\u00f3n del fallo no son las que deben corresponder en su aplicaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.6. Finalmente, resalt\u00f3 que se cumple con el presupuesto de inmediatez, comoquiera que la ejecuci\u00f3n de la sentencia que ataca, representada en la entrega en \u00e9sta ordenada, se adelant\u00f3 el pasado 23 de julio. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena destac\u00f3 que \u00abatendiendo que el actor ya present\u00f3 sobre la misma providencia judicial acci\u00f3n constitucional, la cual\u2026 fue resuelta por la\u2026 Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, sumado a que no se encuentran acreditados los presupuestos generales de procedencia (inmediatez y subsidiariedad)\u00bb pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n

2. El Juzgado tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar solicit\u00f3 negar el amparo, comoquiera que \u00abno ha trasgredido los derechos invocados por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n

3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abno tiene competencia respecto a la solicitud del accionante\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. Pues bien, analizada la demanda de tutela, se advierte que su promotora cuestion\u00f3: (i) la competencia del Tribunal para proferir la sentencia de 23 de febrero de 2017, que resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta frente al fallo dictado el 19 de julio de 2016, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar; (ii) la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en la primera de las mencionadas providencias; y (iii) el procedimiento administrativo que adelant\u00f3 la UAEGRTD, previo a iniciar el tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n

3. Bajo ese entendido, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, de manera liminar se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de similares hechos y pretensiones elevadas por el accionante, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En efecto, en aquella \u00e9poca est\u00e1 Sala precis\u00f3 que la entidad tutelante: <\/p>\n

Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En el juicio sub examine, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, por auto de 5 de octubre de 2015, le reconoci\u00f3 \u00abpersoner\u00eda jur\u00eddica para actuar dentro del proceso\u00bb y a la par le rechaz\u00f3 la \u00aboposici\u00f3n\u00bb que present\u00f3 por \u00abextempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n

2.2.- No obstante lo anterior, la aludida c\u00e9lula judicial, posteriormente, emiti\u00f3 sentencia desestimatoria adiada 19 de julio de 2016. <\/p>\n

2.3.- As\u00ed las cosas, la colegiatura acusada aduciendo que desataba \u00abel grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de primera instancia\u00bb, mediante fallo de 23 de febrero de 2017 la infirm\u00f3 y dispuso la restituci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

Aduce que tal providencia es an\u00f3mala, comoquiera que pese a \u00abque no ten\u00eda competencia para conocer la consulta\u00bb, habida cuenta que si bien \u00abno hubo oposici\u00f3n\u00bb, lo cierto es que el tribunal encartado \u00abten\u00eda y tiene\u00bb la \u00abcompetencia\u00bb para emitir dicha decisi\u00f3n pero \u00aben \u00fanica instancia\u00bb.
\n2.4.- Ya que \u00abdicha sentencia carece de recursos, [\u2026] en su condici\u00f3n de opositora present\u00f3 un incidente de nulidad contra dicha sentencia alegando falta de competencia insubsanable\u00bb, aconteciendo que tal fue despachado adversamente mediante resoluci\u00f3n de 6 de marzo de 2018, que \u00abhasta la fecha no ha sido notificado por estado\u00bb. <\/p>\n

Tal pronunciamiento, asevera, \u00abse fundamenta en una norma equivocada como lo es el inciso 2\u00ba [del] art[\u00edculo] 79 [de la] Ley 1448\/11 sobre la inadmisi\u00f3n de la oposici\u00f3n, cuando debi\u00f3 aplicar el inciso 3\u00ba ibidem [\u2026] que regula la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y procesal\u00bb. <\/p>\n

3.- Pide, conforme a lo relatado, que el litigio vuelva \u00abal estado anterior [al] momento en que la [sala cuestionada] dict\u00f3 sentencia [y] orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio Casa Loma [\u2026], toda vez que carec\u00eda de competencia para ello\u00bb. (CSJ STC6038-2018). <\/p>\n

Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n

Observada la censura planteada resulta evidente que la empresa reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente configurarse causal especial de procedibilidad por defecto procedimental absoluto, enfila su inconformismo contra la colegiatura cuestionada habida cuenta que, de una parte, en sede de consulta dict\u00f3 sentencia revocatoria de 23 de febrero de 2017 disponiendo la restituci\u00f3n de tierras deprecada, y, de otra, profiri\u00f3 auto fechado 6 de marzo de 2018 con que deneg\u00f3 la nulidad que propuso. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

4.- Ata\u00f1edero con la disconformidad enderezada contra la corporaci\u00f3n encartada habida cuenta que profiri\u00f3, en grado jurisdiccional de consulta, sentencia infirmatoria dentro del juicio de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras sub examine, advierte la Corte que la misma deviene improcedente, pues el extremo peticionario soslay\u00f3 el requisito general de procedencia de la inmediatez, ya que el fallo fustigado tiene fecha de 23 de febrero de 2017, siendo que la solicitud de auxilio fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 27 de abril de 2018, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, y ata\u00f1edero con la protesta enfilada frente al prove\u00eddo de 6 de marzo de 2018 con que la sala accionada neg\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb que formul\u00f3 la empresa querellante, igualmente advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la subsidiariedad, exigido para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que aquella no impugn\u00f3, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, el auto cuestionado de marras. <\/p>\n

En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la gestora del resguardo es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n

En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n

[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n

(\u2026)
\nBajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n

4. Respecto a las otras dos inconformidades, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que el proceso de restituci\u00f3n de tierras criticado culmin\u00f3 con la sentencia de 23 de febrero de 2017, que resolvi\u00f3 la consulta frente al fallo del 19 de julio de 2016, dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar; entonces, entre la fecha de proferimiento de esa providencia y la data de interposici\u00f3n de la demanda de amparo que ahora ocupa a la Corte, noviembre de 2018, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.
\nCabe a\u00f1adir que las circunstancias aducidas por la tutelante para excusar la rese\u00f1ada demora, no son de recibo para la Sala, pues lo cierto es que la orden de entrega se consolid\u00f3 con el proferimiento de la prenotada sentencia del 23 de febrero de la anualidad pasada. <\/p>\n

Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n

Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n

5. Lo anterior es suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tBARROS \tBOURIE Enrique (2009), Tratado \tde Responsabilidad Extracontractual, \tCap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de \tChile, Santiago-Chile.
\n7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15967-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03664-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Palmeras de la Costa S.A. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102113\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}