{"id":102115,"date":"2026-07-01T21:40:01","date_gmt":"2026-07-01T21:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102115"},"modified":"2026-07-01T21:40:01","modified_gmt":"2026-07-01T21:40:01","slug":"stc15976-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15976-2018\/","title":{"rendered":"STC15976-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15976-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2018-00037-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de octubre de 2018 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Olivo Moscoso Coronado contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal del mismo lugar, la Defensor\u00eda de Familia, el Agente del Ministerio P\u00fablico para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y Familia y los intervinientes del juicio criticado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, propiedad y \u00abrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado judicial accionado (folio 1, cuaderno 1). <\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene \u00abdejar sin efectos la sentencia de segunda instancia\u2026\u00bb y profiera una nueva \u00abacorde con la Constituci\u00f3n Nacional, la ley, la naturaleza del proceso y las pruebas aportadas que dan cuenta de la real posesi\u00f3n de demandante con el lleno de los requisitos de la ley para pretender el dominio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria\u2026\u00bb (folios 22 y 23, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Olivo Moscoso Coronado promovi\u00f3 un juicio de pertenencia contra Mariana Cer\u00f3n, Sandra Liliana P\u00e9rez, Mario Andr\u00e9s Moscoso Mellizo, Antonio Jos\u00e9 y Mar\u00eda del Pilar Moscoso Becerra, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n. <\/p>\n

2.2. Una vez surtidas las actuaciones de rigor, el 9 de febrero de 2018, el referido despacho declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas y que el demandante adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el derecho de dominio del inmueble. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en alzada. <\/p>\n

2.3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad en fallo de 15 de mayo de 2018 revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado y en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

2.4. Indic\u00f3 el accionante que cumpliendo con todos los requisitos exigidos instaur\u00f3 el proceso criticado, en el que demostr\u00f3 fehacientemente que ostenta la posesi\u00f3n desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os con el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, lo que fue reconocido expresamente por quienes lo rodean, adem\u00e1s de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica a la que someti\u00f3 el bien y las mejoras efectuadas. <\/p>\n

2.5. Se\u00f1al\u00f3 que previamente hab\u00eda interpuesto otro proceso de pertenencia, en el que sus pretensiones fueron desestimadas porque no cumpl\u00eda con el tiempo de posesi\u00f3n, lo que no hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada; que ahora el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os se redujo a 10; que en nada influye el t\u00edtulo que se presente, si la posesi\u00f3n lo sobrepasa; y si alguien pretende recuperar su propiedad instaura un juicio reivindicatorio. <\/p>\n

2.6. Adujo que la sentencia de primera instancia se ajust\u00f3 al contenido de las normas sustanciales y procesales, existiendo estrecha relaci\u00f3n entre los supuestos de hecho, las pruebas practicadas y las pretensiones invocadas, sin que las circunstancias expuestas por los demandados interrumpieran la posesi\u00f3n que el demandante ejerci\u00f3 por m\u00e1s de diez a\u00f1os; y el extremo pasivo acomod\u00f3 las pruebas y tom\u00f3 parcialmente los testimonios <\/p>\n

2.7. Sostuvo que el juzgador criticado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues no analiz\u00f3 los requisitos de la prescripci\u00f3n, el animo de se\u00f1or y due\u00f1o, la ostentaci\u00f3n material del bien y la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del mismo; que tuvo como error del a-quo que solo se hubieran analizando los 4 \u00faltimos prediales, sin tener en cuenta que en algunos estaban acumulados los de los a\u00f1os anteriores; su posesi\u00f3n no es equivoca o ambigua, sino clara e incontrovertible. <\/p>\n

2.8. Refiri\u00f3 que la prueba testimonial da cuenta de su posesi\u00f3n, la que no se ha visto afectada por ninguna de las oposiciones presentadas por los demandados, como el poder general otorgado para gestionarle los asuntos a Antonio Jos\u00e9 Coronado en el 2009, el que nunca ejerci\u00f3, pues su poderdante retom\u00f3 sus negocios, en los que nunca estuvo la casa perseguida en el juicio criticado; la contestaci\u00f3n del primer proceso de pertenencia, ni el secuestro ordenado en el juicio de sucesi\u00f3n. <\/p>\n

2.9. Afirm\u00f3 el juzgador querellado realizaba su argumentaci\u00f3n con \u00abelucubraciones insustanciales\u00bb, extrayendo consecuencias irrelevantes como que por qu\u00e9 se consign\u00f3 que el acreedor hipotecario era Antonio Jos\u00e9 Moscoso, el pago de recibos catastrales, el poder general y la existencia de un libro de cuentas que nunca fue allegado; adem\u00e1s no tuvo en cuenta que el paso del tiempo puede hacer olvidar detalles del contrato de obra celebrado, documento al que no se le otorg\u00f3 valor, pese a que no fue tachado (folio 15, cuaderno 1). <\/p>\n

2.10. Puntualiz\u00f3 que no se hizo un estudio de la posesi\u00f3n sino de temas ajenos a la misma; nadie le reclam\u00f3 el inmueble hasta que lo inventariaron en la masa sucesoral de su hermano; no es determinante para el proceso el valor del canon de arrendamiento, el que casi no se ha incrementado porque la arrendataria se encarga de su mantenimiento y pago de servicios p\u00fablicos, lo que adem\u00e1s consiente; el estrado criticado le quit\u00f3 valor a dicho contrato por el poder general otorgado, pues consideraba que todo lo hac\u00eda en virtud de dicho mandato, sin valorar la \u00e9poca en la que fue otorgado; y no se pod\u00eda dejar de lado su posesi\u00f3n, de la que \u00fanicamente se podr\u00eda haber afirmado que adolec\u00eda de alg\u00fan vicio. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popay\u00e1n indic\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia del juicio criticado; que la valoraci\u00f3n probatoria se ajust\u00f3 a lo reglado en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso; que respecto de los recibos de pago del impuesto predial se analiz\u00f3 no solo del contenido del documento sino tambi\u00e9n de la fecha en que se efectu\u00f3 la cancelaci\u00f3n, lo que se confront\u00f3 con diversos testimonios, observando que fue concomitante a la presentaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n por parte de los herederos de Antonio Moscoso; que para la posesi\u00f3n valor\u00f3 la prueba documental aportada, los interrogatorios de parte y los testimonios, concluyendo que se observaban serias contradicciones entre la prueba documental y testimonial; que estaban sin sustento las manifestaciones del promotor relacionadas con la parcializaci\u00f3n en la decisi\u00f3n proferida, evidenci\u00e1ndose que lo que en realidad se presenta es un desacuerdo con el fallo emitido, sin que la tutela sea una instancia adicional ni se evidencie la existencia de yerro alguno. <\/p>\n

2. Mariana Cer\u00f3n, Mario Andr\u00e9s Moscoso Mellizo y Sandra Liliana P\u00e9rez se\u00f1alaron que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia del resguardo ni se configuraba una v\u00eda de hecho; que ninguna falencia se present\u00f3 en el tr\u00e1mite de la alzada, pues se dio cumplimiento a la regulaci\u00f3n procesal sobre el punto; que las actuaciones de su apoderada fueron transparentes y ajustadas a las pruebas; que los reparos formulados y la sustentaci\u00f3n de la alzada se encaminaron a demostrar los errores en los que incurri\u00f3 el a-quo al dictar la decisi\u00f3n de primer grado; que si el juzgador del circuito acogi\u00f3 los argumentos expuestos, lo hizo mediante el an\u00e1lisis detallado; que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se cont\u00f3 a partir del 28 de diciembre de 2002, bajo la vigencia de la Ley 791 de 2002, pero se le dio valor a presuntos actos de posesi\u00f3n realizados en el a\u00f1o 2001; que ning\u00fan testigo dio cuenta de que en esa fecha empezara la posesi\u00f3n; que el derecho de los nuevos titulares fue adquirido con la sentencia de 18 de diciembre de 2013; que el demandante falt\u00f3 a la verdad al afirmar que pagaba el impuesto predial, pues la cancelaci\u00f3n realizada en los \u00faltimos a\u00f1os, no implica la de los anteriores, tal como lo declar\u00f3 el estrado acusado; que no se aport\u00f3 prueba que acreditara el pago del precio del inmueble; que no se les pod\u00edan atribuir los efectos adversos de la presunta inactividad del fallecido Antonio Moscoso; que no es aceptable que el no ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria tenga como consecuencia la p\u00e9rdida del derecho de los nuevos titulares, pues el a-quo no tuvo en cuenta los actos de oponibilidad adelantados desde que adquirieron el derecho; que el incidente de desembargo ejercido por el petente fue desestimado; que no hay posesi\u00f3n pacifica; que no pod\u00eda edificarse una sentencia en los dichos de los testigos; que es mentira que el poder general no se hubiera ejercido nunca; que los hermanos Moscoso eran muy organizados, por lo que no era razonable que hubieren transcurrido muchos a\u00f1os sin que ejercieran las acciones tendientes a legalizar la titularidad del bien; que existen contradicciones en el testimonio de Alirio; y no hay lugar a proteger derecho alguno. <\/p>\n

3. El Procurador 22 Judicial de Familia de Popay\u00e1n refiri\u00f3 que se incurri\u00f3 en causal de nulidad por no haber citado al Ministerio P\u00fablico al tr\u00e1mite censurado, pese a que debe intervenir en las actuaciones en las que se discutan derechos relacionados con la familia, los menores o incapaces; que se debe conceder el resguardo, no por los argumentos del accionante, sino porque incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto porque el juez actu\u00f3 al margen del tr\u00e1mite establecido. <\/p>\n

4. La Defensora de Familia de Popay\u00e1n adujo que el pronunciamiento que se realice por la autoridad judicial debe ser el que garantice los derechos del interdicto Antonio Jos\u00e9 Moscoso Becerra, teniendo en cuenta el material probatorio, la legislaci\u00f3n y jurisprudencia. <\/p>\n

5. El curador ad litem de Antonio Moscoso Becerra sostuvo que la vinculaci\u00f3n de la Defensor\u00eda y la Procuradur\u00eda salvaguarda las prerrogativas de su representado; que de encontrarse cumplidos los requisitos generales o espec\u00edficos de procedencia de la tutela, se debe dejar sin efectos la sentencia proferida en el proceso criticado; y conforme al art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil se suspende a favor de los incapaces la prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no avizoraba las serias inconsistencias en las probanzas recolectadas que encontr\u00f3 el juzgador acusado; que la negociaci\u00f3n verbal que el demandante expres\u00f3 haber realizado con el causante sobre el inmueble, fue desechada por el estrado criticado porque consider\u00f3 que la compraventa debi\u00f3 perfeccionarse conforme a la edad con la que contaba Antonio Moscoso, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia se busca consolidar la misma para evitar futuros contratiempos entre los herederos, con lo que se castig\u00f3 al demandante, rest\u00e1ndole credibilidad al pacto de palabra realizado entre hermanos \u00aba m\u00e1s de enfatizarse que si de reglas de la experiencia se trata, el causante Antonio podr\u00eda por su edad, honrar y creer m\u00e1s en su palabra que en alguna documentaci\u00f3n\u00bb; que si el ad-quem consideraba que no deb\u00edan valorarse las reparaciones efectuadas en el inmueble por el maestro de construcci\u00f3n, porque al ser un documento declarativo no necesitaba ratificaci\u00f3n, no pod\u00eda m\u00e1s adelante desechar la versi\u00f3n del testigo aduciendo que era contraria a lo que dec\u00eda el contrato, pues excluy\u00f3 su valoraci\u00f3n y despu\u00e9s dijo que su contenido no se acompasa con la prueba testimonial. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n tuvo incidencia en el fallo \u00abel hecho de destruir, sin estar habilitado para ello, lo que el medio de prueba testimonial\u00bb de las arrendatarias aportaba al proceso, m\u00e1s cuando afirmaron ser arrendatarias desde el 2005 y cancelarle los c\u00e1nones de arrendamiento \u00fanica y exclusivamente al demandante, lo que se encuentra documentado en el contrato y fue constatada la ocupaci\u00f3n de estas y de otros subarrendatarios en la inspecci\u00f3n judicial; que el juzgador repar\u00f3 en circunstancias propias del contrato, de las que indic\u00f3 que eran poco cre\u00edbles bajo su argumento de las reglas de la experiencia, entre estas, el pacto del precio que no le reportaba utilidad; que lo anterior en nada afecta la calidad de poseedor que alega el demandante, ni la demostraci\u00f3n de que con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, ha pagado los arreglos de la casa y ha arrendado el predio, lo que fue constatado por dos demandados en sus declaraciones de parte, en las que incluso uno de ellos dijo que nunca le reclam\u00f3 a Olivo el dinero de los alquileres ni hab\u00edan percibido utilidad del bien, sin que sea aceptable que el a-quo alterara el medio probatorio solo porque no le resultaban veros\u00edmiles las cl\u00e1usulas contractuales; que la existencia de un poder general dado a Olivo por Antonio no pod\u00eda llevarse al traste la posesi\u00f3n que en conjunto demostraba la prueba, mandato del que los testimonios dieron cuenta que nunca se ejerci\u00f3 y es posterior a la data en la que se iniciaron los actos posesorios, \u00ablos que rep\u00e1rese que si se quisieran mirar solo desde el 2005 (fecha en que lo empez\u00f3 a arrendar) acreditar\u00edan la posesi\u00f3n por m\u00e1s de diez a\u00f1os\u2026 resultando inexigible que en ese poder se excluyeran actos de mandato sobre el inmueble que aqu\u00ed se persigue\u00bb, adem\u00e1s de desafortunado concluir que al no estar consignada dicha exclusi\u00f3n, Olivo acept\u00f3 ser mandatario de Antonio para ejercer acciones inclusive, en el inmueble que se persigue, siendo esa una inferencia ajena a lo que la prueba valorada en conjunto, deja ver el proceso (folio 204 vuelto, cuaderno 1).
\nA\u00f1adi\u00f3 que el despacho querellado indic\u00f3 que en el anterior proceso de pertenencia no se estudi\u00f3 la posesi\u00f3n ejercida, sin embargo, all\u00ed s\u00ed se expuso que el demandante tan solo acreditaba 12 a\u00f1os de posesi\u00f3n, lo que lejos de transformar la calidad de poseedor, la engrandece m\u00e1s cuando los ahora demandados son los mismos y no invocaron reivindicaci\u00f3n alguna; que no pod\u00eda concluir el ad quem que por el hecho de negarse el levantamiento del embargo del inmueble dentro de la sucesi\u00f3n, no era dable declarar la pertenencia en su favor, pues si bien el inmueble fue secuestrado, lo cierto es que la diligencia fue simb\u00f3lica, ya que el predio contin\u00faa en poder del demandante en pertenencia, neg\u00e1ndose las arrendatarias a cancelar los c\u00e1nones de arrendamiento a persona diferente a Olivo Moscoso, por lo que el secuestro no ha tenido el poder de alterar los actos de se\u00f1or y due\u00f1o del usucapiente, ni detener dicha continuidad en el tiempo, como lo precisa la jurisprudencia; que no es de recibo la solicitud que hace el Ministerio P\u00fablico de que se conceda el amparo por incurrirse en defecto procedimental absoluto, pues los juzgadores siguieron el tr\u00e1mite previsto para este tipo de procesos y la solicitud de nulidad no se ha impetrado ante el juez de conocimiento, adem\u00e1s que es un aspecto sobre el que las partes no se han pronunciado. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Mariana Cer\u00f3n, Mario Andr\u00e9s Moscoso Mellizo y Sandra Liliana P\u00e9rez impugnaron la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no era cierto que no hubieran puesto en conocimiento del juzgador ordinario la interdicci\u00f3n; que el Tribunal Constitucional invadi\u00f3 la \u00f3rbita del juez natural al introducir una nueva valoraci\u00f3n probatoria, convirti\u00e9ndose en una instancia adicional; que no es cierto que el apoyo probatorio del ad-quem sea inadecuado; que las contradicciones en los testimonios saltan a la vista; que el Tribunal Constitucional no realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria en conjunto de todos los medios de convicci\u00f3n y dej\u00f3 de pronunciarse frente a los mismos. <\/p>\n

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popay\u00e1n tambi\u00e9n apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n con fundamento en que no incurri\u00f3 en vicio alguno; que en la providencia atacada no plasm\u00f3 que el gestor fuera o no poseedor del bien, sino que esa calidad se encontraba en entredicho, por lo que no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad la prescripci\u00f3n adquisitiva invocada; \tque analiz\u00f3 todos los elementos recaudados en el juicio, incluida la prueba testimonial y documental; que una de las arrendatarias si bien dio cuenta de la negociaci\u00f3n del contrato, la otra dijo que no conoc\u00eda como hab\u00eda sido pactado el mismo, pese a que su firma aparece impresa; que el demandante y las arrendatarias reclamaron para s\u00ed las mejoras en la vivienda, las \u00faltimas para justificar el aumento irrisorio en el precio de la vivienda; que el comisionista en su testimonio indic\u00f3 que no conoc\u00eda el negocio celebrado entre hermanos, pero ello con el poder general en el que Antonio le dio la administraci\u00f3n de sus bienes a Olivo, finca duda en cuanto a que el primero haya dejado el bien para el provecho de su hermano; que fueron analizados los recibos del impuesto predial, pues Olivo solo inici\u00f3 con su pago despu\u00e9s de la muerte de su hermano, reconociendo que los recibos se los entreg\u00f3 a este \u00faltimo, por lo que concluy\u00f3 que actuaba bajo sus \u00f3rdenes; que el gestor ubica su posesi\u00f3n desde el 2001 pero las arrendatarias lo hacen desde el 2005; que las mismas arrendatarias aceptaron en el interrogatorio que desconoc\u00edan a otro propietario, conforme a las \u00f3rdenes que les dio su arrendador; que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares interpuesto en el juicio de sucesi\u00f3n fue denegado; que los vicios endilgados no se configuraron, pues su an\u00e1lisis fue profundo y pormenorizado; que el simple desacuerdo con una providencia no genera una v\u00eda de hecho, sin que la tutela sea una tercera instancia <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, como pasa a verse. <\/p>\n

En efecto, se advierte que con providencia de 15 de mayo de 2018 el estrado del circuito acusado dict\u00f3 sentencia, en la que se revoc\u00f3 la de primer grado y desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras considerar que: <\/p>\n

Adentr\u00e1ndonos en la resoluci\u00f3n del caso y en torno a la prueba testimonial, tenemos que en el curso del proceso se recepcionaron las declaraciones de los se\u00f1ores Alirio Jos\u00e9 Moscoso Coronado, Mar\u00eda Nelly Vivas Oquendo, Carlos Burbano Inga, Diana Patricia Oquendo, \u00c1lvaro Taborda Orozco y Juan Carlos Valencia. <\/p>\n

La enunciada indebida valoraci\u00f3n probatoria tiene como punto de apoyo el que el se\u00f1or fallador de conocimiento le otorg\u00f3 plena credibilidad a la realizaci\u00f3n de obras por parte del demandante sobre el bien a usucapir sin tener en cuenta que el causante Antonio Moscoso Coronado tambi\u00e9n hizo parte del negocio, aunado a que un testigo refiri\u00f3 que ambos intentaron vender la casa sin \u00e9xito. Sum\u00f3 que existi\u00f3 incongruencia en las \u00e9pocas en que los diversos testigos refirieron como aquella en la que se realizaron las mentadas obras, pues los arrendatarios dijeron que fue en el 2005, mientras Olivo Moscoso Coronado y otro testigo dijeron que fueron para el 2001. <\/p>\n

Al recibir el interrogatorio al Se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado manifest\u00f3 ser hermano del de cujus Antonio Moscoso Coronado, quien fue el propietario del inmueble al haberlo adquirido en una subasta, dejando sentado que los dos realizaron una hipoteca y ante el incumplimiento de la deudora, se adelant\u00f3 un proceso donde se subast\u00f3 el predio. Asimismo, dijo que le devolvi\u00f3 a Antonio la suma que este invirti\u00f3 en el negocio con sus intereses que fueron 5 millones, por lo que lo que \u00e9l aport\u00f3 fueron 10 millones para un total de 15 millones. <\/p>\n

Es de hacer resaltar que el demandante fue interrogado insistentemente por el funcionario de instancia en orden a establecer por qu\u00e9 la hipoteca se registr\u00f3 a nombre del causante, si seg\u00fan su dicho, no fue este el que puso la mayor parte del dinero, encontrado esta judicatura que las respuestas que emanaron en el interrogatorio absuelto por el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado entorno a ese interrogante, se tornaron evasivas, limit\u00e1ndose a decir inicialmente que no sab\u00eda y al indicar sobre negocios realizados en forma similar\u2026 <\/p>\n

A su vez adujo que para realizar las obras contrat\u00f3 al se\u00f1or Burbano Inga\u2026 duraron aproximadamente las obras, tres meses y posteriormente intent\u00f3 vender la casa por aproximadamente tres a\u00f1os sin \u00e9xito alguno, entonces en el 2005, la arrendadora\u2026 Nelly Vivas Oquendo, quien actualmente contin\u00faa en ella y quien la subarrienda, pero no conoce los pormenores de esa negociaci\u00f3n… En relaci\u00f3n al poder general que le otorg\u00f3 su hermano Antonio Moscoso Coronado en el 2009, afirm\u00f3 que nunca le manej\u00f3 los negocios de este y que en definitiva nunca ejerci\u00f3 ese mandato porque aquel manejaba sus asuntos de manera personal\u2026 En relaci\u00f3n con el pago del impuesto predial dijo que siempre lo asumi\u00f3 aportando los recibos desde el 2013, al ser interrogado sobre el pago de los a\u00f1os anteriores, manifest\u00f3 en primer momento no tenerlos porque se los hab\u00eda entregado a su hermano, ante la intervenci\u00f3n e insistencia del funcionario de instancia, cambi\u00f3 su versi\u00f3n y dijo que los deb\u00eda tener, por ello el juzgado de instancia le dio dos horas para que los allegara, sin que lo hiciera\u2026
\nAhora bien, la importancia de este interrogatorio radica en que la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia se bas\u00f3 en el mismo se\u00f1alando que los dem\u00e1s elementos probatorios le daban firmeza y respaldaban lo indicado por el demandante, sin embargo, de cara a los fundamentos que se han presentado en el recurso de apelaci\u00f3n por parte de la apoderada de los demandados, el despacho advierte varias falencias de \u00edndole probatorio, tanto en su recaudo con su valoraci\u00f3n que permiten arribar a consecuencias diferente a la plasmada en la providencia objeto de la alzada\u2026 <\/p>\n

En primer t\u00e9rmino el se\u00f1or Alirio Moscoso reprodujo casi exactamente la historia de la casa objeto de litigio, en los t\u00e9rminos en que fue se\u00f1alada por el demandante Olivo Moscoso Coronado, con la diferencia que \u00e9ste testigo afirm\u00f3 que sus hermanos Alirio y Antonio no realizaron la hipoteca de la casa a nombre de ambos porque la deudora les solicit\u00f3 la omisi\u00f3n de tal tr\u00e1mite, en aras de ahorrar dinero en el costo de las escrituras, llam\u00e1ndole la atenci\u00f3n a este Despacho que el demandante Olivo Moscoso no refiriera tal raz\u00f3n para justificar el que no apareciera en la escritura de hipoteca, refiriendo al respecto que entre su hermano y \u00e9l realizaban los negocios de esa manera\u2026 <\/p>\n

Por otro lado, tanto Alirio como Olivo, refirieron que cuando el inmueble fue adquirido por su hermano Antonio, se encontraba en muy malas condiciones, por lo cual requer\u00eda de algunas adecuaciones, que fueron realizadas por Olivo dado que Antonio no ten\u00eda dinero para ello, raz\u00f3n por la cual posteriormente acordaron que el demandante se quedara con el inmueble, siendo este el fundamento en el cual Olivo sent\u00f3 como el inicio de su posesi\u00f3n sobre la vivienda. <\/p>\n

Precisamente, en cuanto a la capacidad econ\u00f3mica el causante Antonio Moscoso Coronado se debe tener presente los dichos de los se\u00f1ores Olivo y Alirio Moscoso Coronado, Mariana Cer\u00f3n y Mario Andr\u00e9s Moscoso Mellizo, quienes son consistentes en afirmar que el de cujus se dedicaba a los negocios, en especial al pr\u00e9stamo de dinero con hipoteca y que para tener un control de los mismos consignaba las transacciones en un libro de contabilidad, del cual todos los involucrados conocieron su existencia y que ten\u00eda en el archivo en su casa de habitaci\u00f3n; adem\u00e1s, el propio demandante reconoci\u00f3 haber recibido intereses de negocios de su hermano\u2026 y finalmente manifestaron que el extinto era pensionado y que pose\u00eda otro inmueble en el barrio Ciudad Jard\u00edn de \u00e9sta ciudad… Entonces, s\u00ed el demandante reconoci\u00f3 que con su hermano era prestamista y que \u00e9l ten\u00eda un libro de contabilidad, como lo dej\u00f3 en claro su otro hermano Alirio Moscoso Coronado, implica que no era persona de escasos recursos econ\u00f3micos para asumir el costo de las reparaciones que en su momento se deb\u00edan de hacer para el predio, adem\u00e1s de que el causante tambi\u00e9n devengaba de forma adicional una pensi\u00f3n. <\/p>\n

El hecho de tener un libro de contabilidad en donde se registraban las transacciones de los pr\u00e9stamos que otorgaba el se\u00f1or Antonio Moscoso Coronado, implica que no era uno o dos cr\u00e9ditos los que conced\u00eda a terceras personas, entendi\u00e9ndose por este Despacho que, por su mismo volumen o cantidad, el causante necesitaba llevar ese registro para tener un control de los recursos que prestaba, pues las reglas de la experiencia demuestran que nadie que no tenga cr\u00e9ditos a gran escala se va a tomar el trabajo de llevar un libro de contabilidad para registrar esa clase de movimientos. En los autos se encuentra incorporado las escrituras p\u00fablicas\u2026, mediante las cuales el se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Moscoso Coronado otorg\u00f3 cr\u00e9ditos hipotecarios, adicionalmente el que el precitado era una persona con capacidad econ\u00f3mica tambi\u00e9n se deriva de los bienes que conforman su masa sucesoral, la que asciende a $330.300.000 y en el que se evidencia una serie de cr\u00e9ditos hipotecarios y quirografarios que se le adeudaban. <\/p>\n

Por otro lado, si bien la parte demandada no tach\u00f3 el testimonio de Olivo Moscoso Coronado como lo permite el art\u00edculo 211 del C\u00f3digo General del Proceso, eso no significa que el Juzgado no valore su dicho y credibilidad, puesto que as\u00ed lo permite la referenciada disposici\u00f3n, lo cual conlleva que este testimonio, por el mismo parentesco que lo une al demandante como a los demandados, sea examinado con una mayor rigurosidad. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

De la negociaci\u00f3n que se adujo existi\u00f3 entre Antonio Moscoso Coronado y su hermano Olivo, no existen testigos presenciales, afirmando el se\u00f1or Alirio Moscoso Coronado que esa negociaci\u00f3n se dio de la manera que antes se indic\u00f3 porque su hermano Antonio se lo coment\u00f3, dejando rese\u00f1ado que esa negociaci\u00f3n se dio de manera verbal por el nivel de confianza que se ten\u00edan entre ellos, m\u00e1s sin embargo, no se puede dejar de lado que si esa negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el 2001 y que el se\u00f1or Antonio Moscoso Coronado falleci\u00f3 el 25 de mayo de 2011, transcurrieron cerca de 10 a\u00f1os para que se hubiese perfeccionado el presunto negocio jur\u00eddico. <\/p>\n

El se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Moscoso Coronado naci\u00f3 el 20 de agosto de 1930, contando con 81 a\u00f1os de edad cuando falleci\u00f3; las mismas reglas de la experiencia se\u00f1alan que, cuando una persona se encuentra en tan avanzada edad y alguien ha realizado alguna negociaci\u00f3n con la misma, la cual no ha perfeccionado, se busca consolidar esa negociaci\u00f3n con el fin de evitar contratiempos futuros que se puedan presentar con los herederos, no obstante, no hay evidencia de que el demandante Olivo Moscoso Coronado hubiere realizado esa clase de gesti\u00f3n\u2026 <\/p>\n

El se\u00f1or Juan Carlos Valencia afirm\u00f3 ser comisionista y en virtud de ello haberlo contactado los hermanos Olivo y Antonio Moscoso Coronado para encontrar un comprador de la vivienda y que posteriormente asumi\u00f3 que entre los citados se desarroll\u00f3 alguna negociaci\u00f3n porque al se\u00f1or Antonio le dijo que se entendiera con su hermano Olivo, pero precis\u00f3 que no sab\u00eda con exactitud qu\u00e9 tipo de negociaci\u00f3n fue la que realizaron y que desconoc\u00eda la misma, por ende este testimonio no prueba de forma alguna que entre los antes mencionados se realiz\u00f3 la compraventa argumentada por el demandante. Se debe aunar que, la compraventa de bienes inmuebles es solemne, pues as\u00ed lo consagra el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil, por tanto, al tenor de lo regulado por el art. 256 del C\u00f3digo General del Proceso, la prueba testimonial no suple esa solemnidad\u2026 <\/p>\n

A su vez que exist\u00edan unas obras realizadas en el predio en el 2001 por parte del demandante que se deben reconocer como actos de posesi\u00f3n para acreditar la realizaci\u00f3n de las anunciadas obras se trajo como testigo al Se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Burbano Inga, quien refiri\u00f3 que las realiz\u00f3 y recibi\u00f3 su pago de manos del se\u00f1or Olivo Moscoso, sin embargo, al ser indagado sobre el valor de las mismas manifest\u00f3 no recordar absolutamente ning\u00fan valor, ni siquiera aproximado, aclarando que el pago se le hac\u00eda cada 8 d\u00edas seg\u00fan el avance de la obra, pero \u201cno llegamos a un contrato porque cuando uno hace un contrato a veces pide el 50% y 50% a lo \u00faltimo\u201d\u2026 <\/p>\n

Es m\u00e1s al plenario se alleg\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de una obra civil, suscrita entre los antes mencionados, empero, no se someti\u00f3 a reconocimiento este documento; en cuanto tiene que ver la posibilidad de apreciar probatorio un documento proveniente de terceros\u2026 Como el mentado contrato de prestaci\u00f3n de obra civil\u2026 no est\u00e1 revestido de la certidumbre de procedencia puesto que no fue reconocido por su presunto autor Carlos Burbano Inga y tampoco se evidencia nota de autenticaci\u00f3n de firma, no es prueba para establecer que el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado realiz\u00f3 las obras descritas en ese documento, m\u00e1s cuando el se\u00f1or Burbano Inga adujo que el pago que le realiz\u00f3 el demandante por las obras era cada ocho d\u00edas y de acuerdo con el avance de las mismas, mientras que en este documento se consign\u00f3 que el pago era el 50% al iniciar los trabajos y el otro 50% al terminar la obra, es decir, no hay consistencia entre lo expresado por el declarante y lo reportado en el documento, aunado a que afirm\u00f3 que no hab\u00eda llegado a un contrato con el demandante. <\/p>\n

En igual sentido, el demandante plante\u00f3 que es el poseedor del inmueble pero no recuerda tampoco el valor de la obra que dice dijo realiz\u00f3 con su propio patrimonio, ni siquiera aproximadamente, no obstante, existe en el mentado contrato que se supone obr\u00f3 en su poder y le entreg\u00f3 a su mandatario judicial para que lo incorporar\u00e1 como prueba para acreditar actos posesorios, continuando con el an\u00e1lisis de este aspecto, se advierte de otra falencia, quiz\u00e1s de mayor envergadura y es la relacionada con la \u00e9poca en la cual se realizaron las supuestas obras, pues en la demanda afirm\u00f3 que fue en el 2001 y se reiter\u00f3 a lo largo de la declaraci\u00f3n de los hermanos Olivo y Mario Moscoso Coronado y el se\u00f1or Carlos Burbano Inga y se acogi\u00f3 en la sentencia de primera instancia, expresando adem\u00e1s que una vez se conclu\u00edan las obras, la vivienda fue arrendada a la se\u00f1ora Nelly Vivas Oquendo, sin embargo, en la declaraci\u00f3n que la mencionada present\u00f3 ante el juez de primera instancia afirm\u00f3 que m\u00e1s o menos en el a\u00f1o 2005 se percat\u00f3 de que la vivienda objeto litigio se encontraba en arreglo, acerc\u00e1ndose al se\u00f1or Olivo y pactaron el arrendamiento, negocio en el cual tambi\u00e9n particip\u00f3 la se\u00f1ora Diana Patricia Oquendo Herrera como arrendataria, es decir que conforme a lo anterior el primer grupo de testigos y arrendataria existe una diferencia de 4 a\u00f1os en la ubicaci\u00f3n del negocio en el tiempo, no obstante si revisamos el contenido del contrato de arrendamiento suscrito entre el demandante y la testigo en cita, se aprecia que fue celebrado el 1\u00ba de junio de 2005… acordando que el predio se entregar\u00eda un a\u00f1o despu\u00e9s, el 1\u00ba de julio del 2006, sin que se hubiese establecido en el plenario, si se trato de un error de digitaci\u00f3n o si fue eso lo que en realidad se dio en la ejecuci\u00f3n del contrato\u2026 <\/p>\n

Con base en lo expuesto no existe certeza entonces en cuanto a la \u00e9poca en la cual que el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado comenz\u00f3 a tomar posesi\u00f3n del bien para su provecho, lo que s\u00ed queda claro es que no lo hizo en el 2001 c\u00f3mo se afirm\u00f3 la demanda y tampoco en el 2002, como se consign\u00f3 en la sentencia de primera instancia, en aplicaci\u00f3n al nuevo t\u00e9rmino prescriptivo del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 791, que modific\u00f3 el art\u00edculo 23 y 2536 del C\u00f3digo Civil; otro aspecto de trascendental importancia que desvirtu\u00f3 lo afirmado en cuanto al incremento del canon de arrendamiento que se dijo pagar las arrendatarias, es que afirm\u00f3 que ese incremento hab\u00eda sido poco desde el\u2026 2005\u2026 cuando se tom\u00f3 en tenencia el inmueble por la se\u00f1ora Vivas Oquendo, a partir de que ella se comprometi\u00f3 a realizar las mejoras que requer\u00eda el inmueble\u2026, extrayendo esta judicatura del texto del contrato que las partes acordaron \u201cel canon podr\u00e1 ser incrementado anualmente de acuerdo con el porcentaje autorizado legalmente\u201d, un pacto poco com\u00fan, mas si se tiene en cuenta que el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado adujo ser prestamista y al ejercer esta actividad se entiende que es una persona que en sus negocios busca un aprovechamiento, unos r\u00e9ditos. <\/p>\n

En cuanto a las reparaciones del inmueble se pact\u00f3: el arrendatario tendr\u00e1 a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la ley y no podr\u00e1 realizar otra sin el consentimiento escrito del arrendador\u2026, a menos que las partes acuerden otra cosa\u2026 <\/p>\n

Por otro lado, dentro de las causales de terminaci\u00f3n del contrato se pact\u00f3 que se dar\u00eda por el subarriendo total o parcial del inmueble, entre otros, sin consentimiento expreso del arrendador y las mejoras cambios y ampliaciones que se hagan en el inmueble sin autorizaci\u00f3n expresa tambi\u00e9n del arrendador. <\/p>\n

No entiende este despacho judicial, si se dio el contrato escrito, por qu\u00e9 los contratantes no consignaron en el mismo lo que dijeron en sus versiones que… el incremento del arrendamiento era poco en el curso de los 10 a\u00f1os en que hab\u00eda sido arrendado a la se\u00f1ora Nelly Vivas Oquendo y Diana Patricia Oquendo porque ella se encargar\u00eda de las mejoras, adem\u00e1s se pregunta este juzgado qu\u00e9 beneficio tendr\u00eda el demandante y arrendador si las \u00faltimas conforme a lo pactado, esas mejoras ser\u00edan descontadas del 30% del canon mensual. A su vez, si en verdad acordaron lo concerniente a las mejoras por qu\u00e9 se consign\u00f3 en el contrato que de realizarse las mejoras ser\u00eda una causal de terminaci\u00f3n del arrendamiento del inmueble, lo cual es l\u00f3gico de entender que de hacerse las mismas por las arrendatarias sin que existiera un pacto expreso para ello o una autorizaci\u00f3n sobre el particular, era arriesgado a que el arrendador les terminara el contrato por incumplimiento de lo pactado.
\nTambi\u00e9n dijo el demandante y la se\u00f1ora Vivas Oquendo que se le permiti\u00f3 subarrendar el inmueble… y que actualmente ha subarrendado parte del mismo\u2026 empero, al igual que las mejoras exist\u00eda causal expresa de terminaci\u00f3n del contrato por ese hecho… <\/p>\n

Adicionalmente, se tiene que se afirm\u00f3 en la demanda y as\u00ed lo declar\u00f3 el juzgado de primera instancia que el se\u00f1or Olivo Moscoso ha ejercido continuamente actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre la vivienda de propiedad de su hermano Antonio Moscoso Coronado manifestando, el mismo demandante, al absolver el interrogatorio de parte, que ha sido \u00e9l quien se ha encargado de a lo largo del tiempo del mantenimiento de la vivienda, empero, ese dicho fue seriamente rebatido por su arrendataria la se\u00f1ora Nelly Vivas Oquendo, quien si bien en un inicio de su declaraci\u00f3n reprodujo lo se\u00f1alado por el demandante, posteriormente se contradijo y al ser interrogado sobre el casi nulo aumento de la renta en 13 a\u00f1os, afirm\u00f3 que se pact\u00f3 de esa forma, porque era ella la encargada de pintar la casa y que por su parte arregl\u00f3 el patio, la puerta de la cocina y una pared o muros para evitar que se entrara el agua en \u00e9pocas invernales, incluso refiri\u00f3 que este \u00faltimo arreglo lo hizo tan s\u00f3lo hace 2 a\u00f1os, versi\u00f3n que fue respaldada por la tambi\u00e9n arrendataria Diana Patricia Oquendo, quien refiri\u00f3 que su hermana Nelly ha realizado varias adecuaciones en la casa, tales como cambio de chapas, canales, entre otros. <\/p>\n

As\u00ed entonces, no puede darse por cierto que el se\u00f1or Olivo Moscoso es el encargado del mantenimiento al inmueble como \u00e9l lo afirm\u00f3 dado que el testimonio rendido por la arrendataria Nelly Vivas Oquendo lo contradice seriamente y reclama esas labores para si se debe iterar que la compensaci\u00f3n de las mejoras con no hacer los incrementos de los c\u00e1nones y el que se le permiti\u00f3 a la citada subarrendar parte del bien no se acompasa con las causales de terminaci\u00f3n del contrato\u2026 <\/p>\n

A lo anterior, se debe sumar s\u00ed como lo afirm\u00f3 el demandante y se indic\u00f3 por este despacho en apartes anteriores, es una persona que es negociante no es f\u00e1cil creer que arriende un bien para obtener una ganancia que podr\u00eda compensar en un momento dado si el arrendar\u00e1 de forma independiente cada uno de los locales que viene ocupando la arrendataria y los que subarrendara; fuera lo anterior no existe ning\u00fan otro elemento probatorio que le permita establecer que ha sido el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado, la persona que se ha encargado del mantenimiento\u2026 del predio cubriendo las facturas, realizando los contratos de obra necesarios o similares, puesto que como se advirti\u00f3, la arrendataria reclama la realizaci\u00f3n de tales labores por su cuenta, y de esa manera justifica que el canon de arrendamiento s\u00f3lo haya subido $80.000, en m\u00e1s de 10 a\u00f1os del contrato, a pesar de que como se indic\u00f3 a la ejecuci\u00f3n de mejoras en el inmueble est\u00e1 prohibida sin autorizaci\u00f3n del arrendador, autorizaci\u00f3n que dio a entender la arrendataria que se dio verbalmente… <\/p>\n

Existen tambi\u00e9n "dudas" en la forma en que se pact\u00f3 el contrato de arrendamiento, "dado que seg\u00fan se aprecia en el documento correspondiente, el canon acordado fue de $ 550.000 para el 2005 y as\u00ed lo aceptaron las partes en la declaraci\u00f3n rendida ante el Juzgado, sin embargo, a pesar de que han pasado 13 a\u00f1os, dicho valor\u2026 se ha incrementado en $630.000, es decir, $ 80.000 lo que equivalente a aproximadamente $ 6.200 por a\u00f1o, suma que resulta irrisoria de acuerdo con las m\u00e1ximas de la experiencia y la sana cr\u00edtica que se establece para un incremento de un contrato de esa clase. <\/p>\n

Al indagar a las partes sobre este aspecto, se tiene que Olivo no present\u00f3 ninguna raz\u00f3n sobre el particular; por su parte la arrendataria, adujo varias, pero todas ellas desligadas de un argumento de peso\u2026 lo pactado en el contrato da cuenta de hechos que no se ajustan a esa clase de argumentos para no incrementar el canon de arrendamiento por lo menos en el IPC como lo permite la Ley 820 de 2003. <\/p>\n

Aparte de lo expuesto, la apoderada los demandados reclam\u00f3, en el recurso de la alzada, la indebida valoraci\u00f3n por parte del funcionario de primera instancia, en lo relacionado con el pago del impuesto predial de la vivienda, teniendo en cuenta que el demandante s\u00f3lo aport\u00f3 los recibos de los tres \u00faltimos a\u00f1os sin m\u00e1s datos sobre los recibos anteriores… <\/p>\n

El segundo aspecto tiene relaci\u00f3n con que doctrinalmente se ha considerado que cuando se acredita esa clase de pagos, se demuestra el animus domini del poseedor\u2026 en caso fuerte de que la ausencia de tales documentos en el plenario y reconocimiento del declarante en cuanto que se los entreg\u00f3 a su hermano Antonio Moscoso Coronado, acreditan para ese despacho que el demandante Olivo Moscoso Coronado\u2026 ha actuado bajo las ordenes del primero, no de otra forma se explica que tuviera que devolv\u00e9rselos para que los guardar\u00e1 y no lo contrario, es decir, suponer razonablemente que pag\u00f3 los anteriores… <\/p>\n

Por otro lado, si bien la sentencia 26 de septiembre de 2013, con la cual se defini\u00f3 la anterior proceso de pertenencia, se indic\u00f3 por la se\u00f1ora Jueza Sexta Civil del Circuito que \u201cdel material probatorio obrante en el proceso se encuentra con las declaraciones de los testigos que quienes evidencian las posesiones p\u00fablicas, pac\u00edficas e ininterrumpidas, el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado\u201d y sobre lo cual el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n Sala Civil Familia, en su sentencia de 18 de junio 2014\u2026 refiri\u00f3 \u201cde ah\u00ed que el tiempo en que lleve de posesi\u00f3n el actor, sumado a la ejercida por su hermano, pues ningun reproche mereci\u00f3 para la parte demandada las consideraciones puestas sobre el a-quo, sobre el tema las que el Tribunal no abordara por no haber sido materia del recurso\u201d. <\/p>\n

En verdad una y otra decisi\u00f3n no se hizo estudio a fondo sobre la posesi\u00f3n ejercida por el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado, simplemente porque el t\u00f3pico abordado y que, en \u00faltimas dio al traste con las pretensiones del citado, fue el que no pod\u00eda sumar posesiones porque existi\u00f3 en su momento una venta del bien en p\u00fablica subasta y que al existir esa venta no se pod\u00eda\u2026 acudir a esa alternativa jur\u00eddica, la suma de posesiones. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se debe adicionar que en el sucesorio del causante Antonio Moscoso Coronado se dispuso el secuestro del predio, que se pretende usucapir, y que el se\u00f1or Olivo Moscoso Coronado formul\u00f3 el incidente de levantamiento de embargo, el cual fue despachado desfavorablemente a sus intereses\u2026 <\/p>\n

Es claro entonces que en el presente asunto, en concepto de esta judicatura, la prueba recaudada no cumple con las caracter\u00edsticas que se requiere para alterar el derecho de dominio, dado que no es contundente y de contera es ambigua y equivoca, tal como se acaba de analizar, por lo cual no posee la virtud de alterar los derechos de los demandados que los demandados ostentan sobre la vivienda objeto de litigio…
\nEntonces en ese poder se determin\u00f3 con claridad que el mandatario podr\u00eda incluso comprar y vender bienes y adicionalmente cobrar cr\u00e9ditos y de cara a la prescripci\u00f3n adquisitiva deprecada, implica el reconocimiento expreso de dominio, dicho en otras palabras, cuando Olivo suscribi\u00f3 el poder general en se\u00f1al de aceptaci\u00f3n del mismo, acept\u00f3 igualmente que sus actuaciones sobre el bien del causante Antonio Moscoso Coronado, incluido el bien objeto de la controversia, fueron realizadas siguiendo sus \u00f3rdenes y no como lo se\u00f1ala el demandante con su autonom\u00eda y tendiente a demostrar actos de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no se acredit\u00f3 en cabeza del se\u00f1or Olivo Moscoso la posesi\u00f3n de la vivienda, siendo una mera tenencia, la cual se opone la posesi\u00f3n porque como se dijo la tenencia reconoce dominio ajeno, aspecto sobre el cual es importante destacar que el solo paso del tiempo no muda la tenencia en posesi\u00f3n\u2026 <\/p>\n

3. Bajo el anterior contexto, advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque no realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas sometidas a su conocimiento. <\/p>\n

En efecto, es de observarse que el juzgador criticado si bien enunci\u00f3 los testimonios recaudados, as\u00ed como las pruebas documentales, no los estudi\u00f3 en conjunto, pues se limit\u00f3 a hacer \u00e9nfasis en las llamadas reglas de la experiencia, las que como fueron aplicadas, no garantizaban un estudio de fondo del caso. <\/p>\n

Adem\u00e1s, al estudiar el contrato de arrendamiento celebrado por el ahora accionante sobre el inmueble perseguido en el juicio censurado, centr\u00f3 su atenci\u00f3n en las caracter\u00edsticas del contrato pactado, aduciendo que no eran cre\u00edbles las condiciones del mismo, sin analizar de fondo la certeza que pod\u00eda otorgar dicho convenio. <\/p>\n

Y frente el poder general otorgado a Olivo Moscoso por su hermano Antonio, el funcionario querellado se circunscribi\u00f3 a indicar que al haberlo suscrito, acept\u00f3 las actuaciones o negocios que se celebraran o realizaran respecto del bien, sin embargo, dicho mandato no hace referencia o menci\u00f3n especifica de ning\u00fan predio. <\/p>\n

En este orden de ideas, incuestionable es la trascendencia que ten\u00eda la valoraci\u00f3n conjunta, que no separada, de tales elementos de juicio para la resoluci\u00f3n de la controversia puesta en conocimiento del juzgado accionado, de cara a determinar si deb\u00eda declararse o no la pertenencia, lo que conlleva que al no haber sido apreciados en deb\u00eda forma los mismos, en la sentencia cuestionada, se comprometieron las garant\u00edas constitucionales que invoc\u00f3 el promotor del resguardo. <\/p>\n

4. Sobre la procedencia del amparo, en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n

5. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15976-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2018-00037-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de octubre de 2018 por la Sala Civil \u2013 Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}