{"id":102116,"date":"2026-07-01T21:40:28","date_gmt":"2026-07-01T21:40:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102116"},"modified":"2026-07-01T21:40:28","modified_gmt":"2026-07-01T21:40:28","slug":"stc15977-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15977-2018\/","title":{"rendered":"STC15977-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15977-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03590-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mercedes Esquivel Losada y Numael Cuellar Chinchilla en frente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, integrada por los magistrados Enasheilla Polan\u00eda G\u00f3mez, Edgar Robles Ram\u00edrez y Juli\u00e1n Sosa Romero. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los petentes, quienes son c\u00f3nyuges entre s\u00ed, deprecan la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n encartada dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que le formularon a Roger Monje Osorio, \u00d3scar Ricardo Charry Reinoso y Generali Colombia Seguros Generales S. A. <\/p>\n

2.- Aducen sustentando su dolencia, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Formularon el sub lite a secuela del accidente de tr\u00e1nsito acontecido el d\u00eda 3 de septiembre de 2011, en que se vio involucrado el veh\u00edculo de placas TZY-000 de propiedad de ella y que conduc\u00eda \u00e9l, mismo que fue declarado como \u00abp\u00e9rdida total\u00bb, incidente que se produjo con el rodante de placas KLV-087 que \u00abinvadi\u00f3\u00bb su carril y \u00abpara la \u00e9poca del accidente ten\u00eda la P\u00f3liza de Seguros de Autom\u00f3viles N\u00ba. 4019784 expedida el 16\/03\/2011 por la aseguradora Generali Colombia Seguros Generales S. A.\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Una vez agotadas las actuaciones procedimentales correspondientes, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva dict\u00f3 fallo fechado 31 de mayo de 2017 y \u00abprofiri\u00f3 las siguientes condenas: *Da\u00f1os Morales: Para [\u00e9l] la suma de $7\u2019500.000. *Neg\u00f3 este derecho para [ella], argumentando que si bien es cierto a la pareja [\u2026] se les vio por los testigos tristes, afligidos, desesperados por el insuceso acaecido, el valor reconocido a [\u00e9l] era suficiente, agregando que su inter\u00e9s en este da\u00f1o es netamente econ\u00f3mico dado que lo que ella persegu\u00eda era el pago del veh\u00edculo y que en tal sentido, su sufrimiento era de tipo econ\u00f3mico. *Lucro Cesante Consolidado: Lo reconoci\u00f3 en favor de [\u00e9l en] la suma de $2\u2019213.151, como suma equivalente a 90 d\u00edas de incapacidad determinados por el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre una base equivalente al Salario M\u00ednimo Legal Mensual Vigente ($737.717). *Neg\u00f3 el lucro cesante futuro para [\u00e9l] argumentando que uno de los testigos [\u2026] con posterioridad al accidente, lo hab\u00eda visto conducir una turbo. *Neg\u00f3 el lucro cesante para [ella], no tomando como prueba el dictamen pericial rendido por el contador p\u00fablico y abogado H\u00e9ctor Fabio Muriel V\u00e1rela, al no encontrarlo ajustado a los requisitos exigidos por la Norma Procesal Civil. *Neg\u00f3 el da\u00f1o emergente, bajo la consideraci\u00f3n que no estaba en debida forma establecido el valor del veh\u00edculo para el momento de los hechos, no considerando como prueba la cotizaci\u00f3n aportada al proceso ni lo manifestado por los testigos en relaci\u00f3n con que el veh\u00edculo, desde que le ocurriera el siniestro, y hasta ahora, ha estado bajo la custodia de la aseguradora en uno de sus parqueaderos. *El da\u00f1o emergente para [\u00e9l] lo determin\u00f3 en la suma de $3\u2019955.000, producto de los gastos de transporte y otros en los que incurri\u00f3 para atender sus quebrantos de salud cada vez que ten\u00eda necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Neiva para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica y terapias.*Sobre el da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n, neg\u00f3 su reconocimiento, sosteniendo que dicho da\u00f1o se encuentra subsumido por el perjuicio material\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, \u00abdeclar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u201cindebida pretensi\u00f3n en relaci\u00f3n a los da\u00f1os morales\u201d y por tal conden\u00f3 al pago de costas\u00bb; igualmente, \u00abconden\u00f3 a la aseguradora en forma solidaria pero hasta el l\u00edmite del valor asegurado eximi\u00e9ndola de la condena por da\u00f1os morales\u00bb. <\/p>\n

Dicha resoluci\u00f3n la tildan de an\u00f3mala, comoquiera que, de una parte, obra \u00abomisi\u00f3n [\u2026] cuando en la parte considerativa [\u2026] refiere que procede la condena por lucro cesante a favor de [ella] por causa de los ingresos que su veh\u00edculo automotor tipo cami\u00f3n, de placas TZY-000, dej\u00f3 de percibir desde el momento del accidente (3 de septiembre de 2011) y hasta la reparaci\u00f3n del automotor, debidamente actualizados, que fueron estimados en la suma de 4\u2019000.000,oo como ingresos netos declarados como probados\u00bb, siendo que \u00abpor un lapsus, en la parte resolutiva, no se profiri\u00f3 tal condena\u00bb. Y, de otra, se evidencia \u00abla limitaci\u00f3n o la restricci\u00f3n que se hizo en el fallo cuando profiere condena en contra de la compa\u00f1\u00eda aseguradora Generali Colombia Seguros Generales S. A. \u00fanicamente por el da\u00f1o inmaterial, esto es, el da\u00f1o moral, relev\u00e1ndola de toda obligaci\u00f3n relacionada con los da\u00f1os materiales, en cuanto tiene relaci\u00f3n con el lucro cesante, siendo legal la limitaci\u00f3n de las condenas hasta por el monto asegurable determinado en la P\u00f3liza de Seguros 4019784 del 16 de marzo de 2011\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que les fue denegado por auto de 6 de julio de hoga\u00f1o \u00abpor ausencia de cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n

3.- Instan, conforme a lo relatado, se ordene \u00abdejar sin efectos\u00bb el fallo de segundo grado emitido por la colegiatura encartada, \u00abpara que en su lugar emitan nueva sentencia en [\u2026] que se tenga en cuenta no s\u00f3lo la condena por lucro cesante del veh\u00edculo a favor de su propietaria [\u2026] sino tambi\u00e9n la condena de los da\u00f1os extrapatrimoniales y patrimoniales no s\u00f3lo a cargo de Roger Monje Osorio y \u00d3scar Ricardo Charry Reinoso sino que tambi\u00e9n estos da\u00f1os son extensivos para su indemnizaci\u00f3n plena a la compa\u00f1\u00eda de seguros Generali Colombia Seguros Generales S. A.\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La sala encartada, en breve, relat\u00f3 el decurso de lo actuado. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que los reclamantes, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfilan su inconformismo contra la sentencia de segunda instancia adiada 12 de junio de hoga\u00f1o dictada por la colegiatura querellada dentro del sub lite, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y material. <\/p>\n

3.- Obra como cardinal demostraci\u00f3n que ata\u00f1e con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el disco compacto en que reposan los archivos contentivos de, entre otras cosas, las sentencias dictadas dentro del sub judice tanto en primera como en segunda instancias, en el cual se denota: <\/p>\n

3.1.- La parte resolutiva de la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, dictada el d\u00eda 31 de mayo de 2017, se emiti\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abPrimero: reiterar el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica para actuar en defensa de los intereses de la sociedad Generali Colombia Seguros Generales S. A. a la [abogada] M\u00f3nica Alejandra D\u00edaz Goyeneche. Segundo: declarar civilmente responsable a Roger Monje Osorio, \u00d3scar Ricardo Charry y a Generali Colombia Seguros Generales S. A. de los perjuicios causados a los [tutelistas] en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 3 de septiembre de 2011 en la v\u00eda que de Neiva conduce a Palermo a la altura del kil\u00f3metro 4 en el que se vieron involucrados los veh\u00edculos de placas TZY-000 y KLV-087. Tercero: condenar a los demandados [\u2026] Roger Monje Osorio y \u00d3scar Ricardo Charry al pago de $2\u2019213.151 [a] favor de [\u2026] Numael Cuellar Chinchilla, por concepto de lucro cesante de conformidad con lo previsto en la parte motiva. Cuarto: declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada inexistencia de cobertura para el lucro cesante alegada por la demandada Generali Colombia Seguros Generales S. A. Quinto: condenar al pago por concepto de da\u00f1o emergente en la suma de $3\u2019955.000 de manera solidaria a todos y cada uno de los sujetos que hacen parte del extremo pasivo, con la aclaraci\u00f3n de que la aseguradora tan s\u00f3lo habr\u00e1 de responder hasta el monto asegurable de acuerdo a la P\u00f3liza de Seguros n\u00famero 4019784 de 16 de marzo 2011 a favor de [\u2026] Numael Cu\u00e9llar Chinchilla. Sexto: condenar al pago de la suma de $7\u2019500.000 a cada uno de los sujetos que conforman la parte pasiva de la presente causa, con la observaci\u00f3n de que la aseguradora s\u00f3lo habr\u00e1 de responder hasta el monto asegurable de acuerdo a la P\u00f3liza de Seguros N\u00ba. 4019784 de 16 de marzo 2011 a favor de [\u2026] Numael Cu\u00e9llar Chinchilla por concepto de perjuicios morales. S\u00e9ptimo: negar las restantes pretensiones de la demanda por los argumentos expuestos en precedencia. Octavo: declarar probada la [defensa] denominada indebida pretensi\u00f3n en relaci\u00f3n a los da\u00f1os morales, propuesta por Generali Colombia Seguros Generales S. A., de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Noveno: declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada objeci\u00f3n a las cuant\u00edas propuesta por Generali Colombia Seguros Generales, al tenor de lo dispuesto en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. D\u00e9cimo: condenar a los [querellantes] a pagar [a] favor de los demandados la suma de $3\u2019500.000, al tenor de lo reglado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. Und\u00e9cimo: condenar en costas a los demandados [\u2026]. F\u00edjense como agencias en derecho la suma de $2\u2019500.000 a favor de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n

3.2.- De dicho disco \u00f3ptico tambi\u00e9n emerge que el tribunal acusado, al emitir el fallo de segundo grado, resolvi\u00f3: \u00ab1.- Confirmar los numerales segundo, cuarto y s\u00e9ptimo de la sentencia objeto de apelaci\u00f3n, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva [\u2026]. 2.- Modificar los numerales tercero, quinto y sexto de la sentencia de primera instancia, en el sentido, en su orden, de incrementar la condena a cargo de los demandados Royer Monje Osorio y \u00d3scar Ricardo Charry Reinoso, a favor de Numael Cuellar Chinchilla por concepto de lucro cesante, a la suma de $3\u2019600.000 actualizado al momento de su pago e incrementar la condena por concepto de da\u00f1o emergente en la suma de $37\u2019552.900, actualizado al momento de su pago a partir de diciembre de 2011; incrementar la condena al pago de perjuicios morales a la suma de $20\u2019000.000 e imponerla a favor de cada uno de los demandantes. 3.- Revocar los numerales octavo, noveno y d\u00e9cimo del mismo prove\u00eddo, en su lugar, declarar no probadas las excepciones de indebida pretensi\u00f3n en relaci\u00f3n con los da\u00f1os morales y objeci\u00f3n a las cuant\u00edas, formuladas por Generali Colombia Seguros Generales S. A. y no condenar a los demandantes al pago all\u00ed ordenado acorde con lo reglado en el art\u00edculo 206 del C. G. P. 4.- Sin lugar a pronunciamiento con relaci\u00f3n a los numerales primero y once. 5.- Condenar en costas de segunda instancia a la aseguradora Generali Colombia Seguros Generales S. A. a favor de los [tutelistas]\u00bb. <\/p>\n

Ello, entre otras reflexiones, citando jurisprudencia in extenso, dado que \u00abla competencia de la sala, de acuerdo con el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, se circunscribe a los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia, los que giran de manera general en torno a la valoraci\u00f3n probatoria respecto de la declarada responsabilidad civil y las condenas fulminadas\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3, seguidamente, en cuanto hace con el \u00abejercicio de actividades peligrosas, en orden a determinar el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable en asuntos como el presente\u00bb, que \u00aben desarrollo de lo previsto en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil\u00bb, la responsabilidad \u00abse juzga al abrigo de la presunci\u00f3n de culpa y que cualquier exoneraci\u00f3n debe plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un elemento extra\u00f1o: fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v\u00edctima, es decir, el sistema de imputaci\u00f3n de culpa presunta diferente al de culpa probada del art\u00edculo 2341 idem, por lo que solo es posible al convocado desvirtuar la responsabilidad atribuible demostrando cualquiera de las referidas causas extra\u00f1as\u00bb, siendo que de presentarse el concurrente ejercitamiento de actividades peligrosas se impone un an\u00e1lisis probatorio cuidadoso en torno a la incidencia del comportamiento desplegado por cada uno de los implicados, respecto del acontecer f\u00e1ctico que motiv\u00f3 la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n

Depurado lo anterior, relev\u00f3 que el demandado \u00d3scar Ricardo Charry Reinoso \u00abno contest\u00f3 la demanda, no asistiendo sin justificaci\u00f3n a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u00bb, am\u00e9n que su par Roger Monje Osorio tampoco asisti\u00f3 a la audiencia en que ambos hab\u00edan de \u00ababsolver interrogatorio, circunstancias que tanto a la luz del art\u00edculo 97, como 205 del C\u00f3digo General del Proceso, hacen presumir, en su orden, ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n, contenidos en la demanda\u00bb. <\/p>\n

Expuso, a esas cotas, que \u00aba partir del hecho indiscutible de ejercer las partes litigantes involucradas en el indicado accidente de tr\u00e1nsito, actividad peligrosa, corresponde establecer, acorde con las pruebas recaudadas, el comportamiento desplegado por cada conductor, en aras de determinar qu\u00e9 culpa se excluye, por lo que la exoneraci\u00f3n se plantea en el terreno de la causalidad, con la prueba del elemento extra\u00f1o: fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, pregon\u00f3 que \u00abla culpa del conductor demandado, la tuvo por probada la juzgadora a quo, no solamente con la documental que destaca la parte pasiva, que corresponde a los elementos materiales probatorios que hacen parte de la noticia criminal, remitida por la Fiscal\u00eda General [y] adelantada por homicidio culposo y lesiones personales culposas, contra el demandado Roger Monje Osorio, en la que se recaudaron entrevistas relativas a los hechos base del presente asunto a Jairo Herrera Correa, Jorge Enrique P\u00e9rez, Efra\u00edn Andrade Fiesco, Jhon Jaiber P\u00e9rez Rojas [y] Oswaldo P\u00e9rez Chinchilla, [\u2026] quienes afirman se transportaban en el cami\u00f3n doble cabina conducido por el actor, relatando coincidentemente, el trayecto desde el municipio de Palermo, que al descolgarse por Chontaduro, el carro que ven\u00eda en sentido contrario invadi\u00f3 la v\u00eda, autom\u00f3vil conducido por [\u2026] Roger Monje Osorio, chocando con el cami\u00f3n, pese a que el actor le pit\u00f3 y maniobr\u00f3 para orillarse\u00bb, versiones que \u00abson reafirmadas en la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso por Oswaldo Cuellar Chinchilla, Efra\u00edn Andrade Fiesco y Jairo Herrera Correa, precisando que se trataba de una v\u00eda plana, que iban despacio, cuando vieron que el otro veh\u00edculo invadi\u00f3 el carril en el que se transportaban, pitando el actor, orill\u00e1ndose, siendo impactados por el lado izquierdo, ilustrando el material fotogr\u00e1fico, constante de 8 fotos, [\u2026] los da\u00f1os de los veh\u00edculos siniestrados, no llevando a duda que las anteriores pruebas, conducen a establecer claramente la forma en la que ocurri\u00f3 el suceso base para pedir, en donde, el veh\u00edculo conducido por el [demandante] Numael Cuellar Chinchilla, fue chocado por el veh\u00edculo autom\u00f3vil, que transitaba en sentido contrario, conducido por demandado Roger Monje Osorio, quien invadi\u00f3 el carril por el que transitaba el cami\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Ergo, elucid\u00f3, \u00abcontrario al reparo de la aseguradora recurrente, en cumplimiento de los mandatos del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre la apreciaci\u00f3n conjunta de los medios de prueba recaudados, la culpa del conductor Roger Monje Osorio se encuentra acreditada no solamente con la documental que destaca, sino con la coincidente prueba testimonial, deponentes directos del suceso da\u00f1oso, por encontrarse en el cami\u00f3n colisionado, que refirieron la forma en la que ocurri\u00f3 el indicado accidente de tr\u00e1nsito, versiones que claramente establecen la negligencia e imprudencia del conductor del autom\u00f3vil invadiendo el carril contrario por el que transitaba el cami\u00f3n, sin que se acredite o pruebe causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad, de fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la v\u00edctima o intervenci\u00f3n de un tercero, estando llamado a ser confirmada la declaraci\u00f3n de responsabilidad contenida en el numeral segundo de la sentencia apelada\u00bb. <\/p>\n

Por supuesto, anot\u00f3 que \u00abrespecto del valor de la reparaci\u00f3n del automotor equivalente a la suma $37\u2019552.900, la cotizaci\u00f3n aportada con la demanda, sin firma ni fecha, con base en la cual el [\u2026] perito H\u00e9ctor Fabio Muriel Varela dictamin\u00f3 que efectivamente es el valor correspondiente, con vista al estado del automotor que personalmente examin\u00f3 en el parqueadero donde se encuentra, conforme lo expuso en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, evidenciando el material fotogr\u00e1fico aportado los da\u00f1os del automotor, prob\u00e1ndose entonces con la referida documental, el valor cotizado de reparaci\u00f3n del automotor, reafirmado por la prueba pericial que surti\u00f3 el tr\u00e1mite de contradicci\u00f3n regulado en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso. Ahora bien, no es predicable que la parte actora no haya mitigado el da\u00f1o del automotor, ante la manifestaci\u00f3n de la demandante de haber dejado el automotor en el parqueadero y nunca haber ido a ver que le pasaba, ya que expuso no contar con recursos para su reparaci\u00f3n y haber ofertado la aseguradora por un valor que no cubr\u00eda ni el saldo del cr\u00e9dito adquirido para su compra, afirmaciones que permiten concluir la imposibilidad de repararlo por no contar con recursos econ\u00f3micos para hacerlo, unido a que el veh\u00edculo no fue dejado a la deriva, sino a buen resguardo en un parqueadero, y no por ejemplo, abandonado a la orilla de la carretera donde sucedi\u00f3 el accidente, por lo que se concluye que se encuentra probado el valor de la reparaci\u00f3n del automotor, el que debe ser objeto de condena, porque es un da\u00f1o material consecuente a la responsabilidad civil que se declara, valor que debe ser actualizado a la fecha de pago, con base en el \u00cdndice de Precios al Consumidor, desde que fue aportada la cotizaci\u00f3n al proceso, el 12 de diciembre de 2012, fecha cierta de conformidad con el art\u00edculo 253 [ejusdem]\u00bb; abund\u00f3 que \u00abla factura original, sobre la desmontada de piezas para diagn\u00f3stico, por valor de $250.000, no se encuentra firmada, la que acorde con lo expuesto se presume su autenticidad a la luz del art\u00edculo 244 [ibidem], con alcance probatorio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 260 [ibid], probando el expresado valor en ella contenido, por concepto de un hecho consecuente con el da\u00f1o del automotor siniestrado, en orden a establecer el valor de su reparaci\u00f3n, por lo que es procedente la condena por este concepto, la que igualmente debe ser adicionada a la de primera instancia, actualizada con base en el \u00cdndice de Precios al Consumidor al momento de su pago\u00bb. <\/p>\n

Esgrimi\u00f3, de seguido, que \u00aben cuanto al reparo de la demandada, relativo a los reconocidos gastos de trasporte y compra de muletas y brace de rodillas con articulaci\u00f3n, se advierte que contrario a su sustento, dichos \u00edtems, se acreditan en el plenario, en su orden, con el documento privado suscrito por Fray Luis Reyes Narv\u00e1ez y el actor a 9 de marzo de 2012, as\u00ed como los recibos de caja, aportados en original, fechados el 21 de septiembre de 2011 y 10 de enero de 2012, documentos emanados de terceros, respecto de los \u00faltimos no se solicit\u00f3 su ratificaci\u00f3n y del primero no se insisti\u00f3 en la misma, los que tienen car\u00e1cter de aut\u00e9nticos y apreciables a la luz de los citados art\u00edculos 244 y 262 del C. G. P., por tanto la condena a su pago debe ser confirmada, debidamente actualizada al momento de su pago, a partir de la fecha de emisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Referente con el \u00ablucro cesante\u00bb, afirm\u00f3 que \u00abla condena a favor del [petente] se limita en el fallo recurrido a 90 d\u00edas y su liquidaci\u00f3n sobre un salario m\u00ednimo legal, bajo la estimaci\u00f3n de la juzgadora a quo, que dicho per\u00edodo corresponde a la probada incapacidad m\u00e9dico legal y contradecirse la certificaci\u00f3n expedida por contadora sobre ingresos independientes y los interrogatorios absueltos por los actores, que lo ubican en un contrato de trabajo, trat\u00e1ndose la explotaci\u00f3n del veh\u00edculo siniestrado de un negocio familiar, la que centran la inconformidad del [promotor]\u00bb, por lo cual apunt\u00f3 que \u00aben cuanto al per\u00edodo de incapacidad del actor, efectivamente obran [\u2026] tres informes t\u00e9cnico m\u00e9dico legales de lesiones no fatales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que fijan a 24 de septiembre de 2011 una incapacidad m\u00e9dico legal provisional de 90 d\u00edas, a 2 diciembre del mismo a\u00f1o y 29 de febrero de 2012, se califica la incapacidad definitiva en 90 d\u00edas, y deformidad f\u00edsica permanente, precisando el tercer informe, como secuelas perturbaci\u00f3n funcional del miembro inferior izquierdo, \u00f3rgano de locomoci\u00f3n a definir, por lo que sin desconocer la historia cl\u00ednica integrante de las fotocopias remitidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n [\u2026], ilustrativa de la atenci\u00f3n brindada al actor con ocasi\u00f3n del insuceso, y su prolongada recuperaci\u00f3n temporal de que da cuenta la prueba testimonial, lo real y t\u00e9cnicamente acreditado, es la referida incapacidad m\u00e9dico legal y las secuelas, no excluyendo estas por s\u00ed la imposibilidad de trabajar, para que haya lugar a condenar a un lucro cesante futuro, o sea superior al certificado de 90 d\u00edas definitivos de incapacidad m\u00e9dico legal\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abel testigo Efra\u00edn Andrade Fiesco informa que despu\u00e9s del accidente ha apreciado al actor manejar una turbo, hecho indicador de no haber quedado incapacitado para continuar desarrollando la misma labor que ejerc\u00eda el d\u00eda del accidente\u00bb. <\/p>\n

A su turno, exterioriz\u00f3 que \u00abel lucro cesante a favor de la [reclamante] en su calidad de propietaria del automotor accidentado, cami\u00f3n de placas TZY-000, [\u2026] igualmente se ha generado, ante la imposibilidad de explotarlo en el \u00e1rea del transporte que ejerc\u00eda, por los da\u00f1os del mismo, los que conforme se ha expuesto no ha podido reparar, as\u00ed se acoge la cuant\u00eda certificada por la empresa Trasportes Osper Limitada de $4\u2019000.000, valor que es reafirmado con el dictamen pericial, desde la fecha del accidente hasta la reparaci\u00f3n del automotor, debidamente actualizado\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, relativamente a los \u00abperjuicios morales\u00bb, que tales \u00abencuentran acreditaci\u00f3n en el plenario con las referidas declaraciones, que claramente relatan la afectaci\u00f3n de los [accionantes] desde el expresado accidente, en el que sufri\u00f3 da\u00f1os el automotor y la integridad f\u00edsica del demandante, afectaci\u00f3n predicable no solamente por los da\u00f1os del veh\u00edculo en s\u00ed, y la imposibilidad de su explotaci\u00f3n comercial, constituyendo la herramienta de trabajo de los actores, vi\u00e9ndose privados de los ingresos que les proporcionaba, sino por los padecimientos en la salud del actor y sus secuelas, que indudablemente no solamente lo afectan directamente a \u00e9l, sino tambi\u00e9n a la demandante, persona con la que comparte su vida, como lo refiriere de manera general, la prueba testimonial, por lo que es procedente el reconocimiento por este concepto efectuado en el fallo apelado, pero incrementado a la suma de $20\u2019000.000,oo\u00bb. <\/p>\n

Tocante con los perjuicios de \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb, proclam\u00f3 que se \u00abadvierte del rese\u00f1ado material probatorio recaudado, que no establece certeza sobre la causaci\u00f3n de este concepto a favor de los [gestores], no refiriendo los declarantes su apreciaci\u00f3n de circunstancias espec\u00edficas constitutivas del mismo, es decir afectaci\u00f3n de la actividad social, remiti\u00e9ndose de forma general a la afectaci\u00f3n moral a ra\u00edz del accidente, decisi\u00f3n de no condena de primera instancia que debe ser confirmada\u00bb. <\/p>\n

Aludi\u00f3, a la par, que \u00abrepara la parte actora la exclusi\u00f3n de la condena impuesta por concepto de lucro cesante a la aseguradora demandada y llamada en garant\u00eda, resaltando que tal concepto como perjuicio patrimonial est\u00e1 incluido como amparo b\u00e1sico en la p\u00f3liza, la que se identifica con el n\u00famero 4019784, [\u2026] la que revisada, en su numeral 2\u00b0 regula las exclusiones, dentro de las cuales en su numeral 2.14, establece el lucro cesante, precisando el par\u00e1grafo del mismo numeral, que ampara los perjuicios morales del tercero damnificado, siempre que hayan sido tasados en sentencia judicial debidamente ejecutoriada, en donde se haya definido la responsabilidad del asegurado, sujeta al valor m\u00e1ximo a indemnizar por evento, independientemente del n\u00famero de personas afectadas, valor m\u00e1ximo equivalente en pesos colombianos a 3.000 gramos oro, sin exceder en ning\u00fan caso por persona afectada a 1.000 gramos oros, operando como un sub l\u00edmite de la cobertura de responsabilidad civil extra contractual. De esta forma, dentro del indicado marco del contrato de seguro y las estipulaciones de sus amparos y exclusiones, es procedente la no condena a la aseguradora al pago del lucro cesante, pactado como excluido del aseguramiento, no as\u00ed los definidos perjuicios morales, ejecutoriada la presente sentencia y con la expresada limitante, aspectos del fallo que deben confirmarse y revocarse, respectivamente, con la modificaci\u00f3n del monto de los perjuicios morales\u00bb. <\/p>\n

Anunci\u00f3, del mismo modo, que tambi\u00e9n es \u00abinconformidad de la parte actora, la declaraci\u00f3n y condena contenidas en los numerales noveno y d\u00e9cimo del fallo de primer grado, relativas a la prosperidad de la excepci\u00f3n de objeci\u00f3n de las cuant\u00edas y la consecuente condena al pago al tenor del par\u00e1grafo del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, desarrollo de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio prevista en la citada norma, acorde con la cual solo se considerar\u00e1 objeci\u00f3n, la que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n y para el caso se formula como excepci\u00f3n, manifestando que las pretensiones y cuant\u00edas son a todas luces desproporcionadas e infundadas, sin existir material probatorio fehaciente de la responsabilidad de los demandados, pretendi\u00e9ndose suscitar un enriquecimiento sin causa, sin cumplir con la indicada carga, o sea de especificar razonadamente la inexactitud, y en esa medida le asiste raz\u00f3n a la parte actora, y por tanto los referidos numerales deben ser revocados\u00bb. <\/p>\n

4.- Relativamente con la disconformidad planteada en punto de la sentencia adiada 12 de junio de 2018, referida en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, la colegiatura enjuiciada no incurri\u00f3 en anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que tanto la ponderaci\u00f3n probatoria, como la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio de responsabilidad civil extracontractual planteado. <\/p>\n

4.1.- Esto es, que de la contrastada valoraci\u00f3n de las demostraciones compiladas en el sub lite emergi\u00f3 que la responsabilidad extracontractual que endilgaron los tutelistas, quienes all\u00ed fungieron como demandantes, se verific\u00f3 a secuela de erigirse su contraparte en responsable de la producci\u00f3n de los menoscabos que padecidos por causa del siniestro automovil\u00edstico objeto de an\u00e1lisis, sin que por dem\u00e1s fuere dable predicar existencia de culpas concurrentes que pudieren horadar ese preciso entendido, ya que se estim\u00f3 que tal recay\u00f3 exclusivamente en el conductor del autom\u00f3vil de placas KLV-087 que \u00abinvadi\u00f3\u00bb el carril por donde transitaba el cami\u00f3n de propiedad de la quejosa y que conduc\u00eda el promotor, gener\u00e1ndose entonces los precisos quebrantos materiales y morales al efecto reconocidos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, ad\u00fajose que no hab\u00eda lugar a que la empresa aseguradora demandada y que devino llamada en garant\u00eda, de acuerdo al preciso tenor del contrato aseguraticio celebrado, estuviere compelida a asumir el pago de los perjuicios materiales a t\u00edtulo de lucro cesante, por cuanto tales expresamente fueron \u00abexcluidos\u00bb de los riesgos asegurables que fueron pactados en la p\u00f3liza concertada para amparar los contingentes menoscabos que pudieran dimanar de la actividad de conducci\u00f3n desarrollada por la parte tomadora, hermen\u00e9utica respetable que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo y, as\u00ed, entonces, la enunciada providencia no se ve desprovista de las presunciones de legalidad y acierto que la sostienen. <\/p>\n

Y es que, valga acotarlo, la Corte en CSJ STC16747-2014, 9 dic. 2014, rad. 2014-02648-00, al analizar un asunto que, mutatis mutandis, guarda coherencia con el ahora auscultado, concerniente el t\u00f3pico de la posibilidad de \u00abexclusi\u00f3n\u00bb de amparo en punto de algunos riesgos a la hora de celebrarse el \u00abcontrato de seguro\u00bb, puso de presente que: <\/p>\n

Seguidamente se cuestion\u00f3 si la aseguradora estaba o no llamada a responder solidariamente por los perjuicios reclamados. <\/p>\n

Para absolver tal interrogante revis\u00f3 la p\u00f3liza de seguro de autom\u00f3viles para el veh\u00edculo de placas SSH-910, tomada por Flota San Vicente, asegurando al propietario del rodante Jos\u00e9 El\u00edas Rodr\u00edguez Figueroa y en la que figura como beneficiarios los \u201cterceros afectados\u201d, cuyos amparos fueron estipulados en el ac\u00e1pite de riesgos y amparos, as\u00ed: responsabilidad extracontractual por un monto de noventa y dos millones setecientos mil pesos ($92.700.000); da\u00f1os de bienes de terceros, sesenta (60) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes; muerte o lesi\u00f3n a una persona, sesenta (60) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes; muerte o lesi\u00f3n a dos o m\u00e1s personas, cieno veinte (120) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n

Y a continuaci\u00f3n, citando prove\u00eddo de esta Sala (sent. 19 dic. 2006, rad. 2002-00109-01), absolvi\u00f3 la pregunta, manifestando[:] (\u2026) De cara al problema jur\u00eddico en estudio, la respuesta al mismo es afirmativa comoquiera que si bien la p\u00f3liza n\u00ba 340-40-9940000159, no contiene exclusi\u00f3n alguna, empero, debe tenerse presente lo normado en el art\u00edculo 1088 C. Co., es decir, que ser\u00eda necesario estipular de manera expresa que el seguro tiene como cobertura el lucro cesante y el da\u00f1o moral, pues sin cl\u00e1usula o disposici\u00f3n que as\u00ed lo incluyera, se pensar\u00eda de primera mano que su cobertura se limita al da\u00f1o emergente. <\/p>\n

De ah\u00ed que la norma en cita referida, indica las limitantes de los amparos, sin embargo la p\u00f3liza de seguros no s\u00f3lo tiene cobertura para el da\u00f1o emergente, toda vez que, el precedente jurisprudencial ha contemplado que trat\u00e1ndose del seguro de responsabilidad civil normado en el art\u00edculo 1127 C. Co., no es necesario \u201cacuerdo expreso\u201d para la cobertura del lucro cesante, comoquiera que el mismo, va inmerso dentro de los denominados perjuicios patrimoniales, sin que se pueda predicar similar situaci\u00f3n sobre los da\u00f1os extrapatrimoniales. <\/p>\n

Concluy\u00f3 entonces, que el seguro \u201cdeb\u00eda ser afectado\u201d \u00fanicamente para el pago de los perjuicios materiales, y que para el caso concreto aplica al lucro cesante, toda vez que no medi\u00f3 condena por da\u00f1o emergente, ni ello fue tema de reclamaci\u00f3n en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Observa la Sala que la corporaci\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 una equivocada interpretaci\u00f3n del precedente referido (19 dic. 2006), pues, si bien all\u00ed se asever\u00f3 que \u00aben lo atinente a la cobertura del lucro cesante, es cierto que la p\u00f3liza que no trae \u201cacuerdo expreso\u201d que lo involucre como materia del negocio aseguraticio, condici\u00f3n que a voces del art\u00edculo 1088 Co. Cio. resultar\u00eda inexorable para que el seguro lo comprendiera\u00bb, tambi\u00e9n, en el p\u00e1rrafo anterior de la providencia, la Corte analiz\u00f3 la situaci\u00f3n espec\u00edfica de la p\u00f3liza, cuando en la misma se ha pactado expresamente la exclusi\u00f3n del da\u00f1o moral y el lucro cesante, indicando[:] (\u2026) es de verse que la p\u00f3liza ni sus condiciones generales [condiciones que por cierto fueron incorporadas al diligenciamiento en copia simple], prev\u00e9n dichas exclusiones, situaci\u00f3n que, en principio, dejar\u00eda sin piso el alegato de la aseguradora, desde luego que si el contrato no contempl\u00f3 de antemano la exclusi\u00f3n de estos rubros, menester es concluir que, cuanto al amparo por muerte y lesiones personales no cabe restringir sus alances, cual lo propone la aseguradora (Resalta la Sala). <\/p>\n

Significa entonces que el Tribunal, al tomar s\u00f3lo una parte del fallo, lo descontextualiz\u00f3, haci\u00e9ndolo decir algo distinto a lo que verdaderamente quiso representar. <\/p>\n

Es tan evidente el yerro cometido por la censurada, que esta misma Corte, en providencia del 5 de julio del a\u00f1o 2012 (exp. 2005-00425-01), frente al tema de la libertad contractual en materia de seguros, se\u00f1al\u00f3[:] (\u2026) Correspondiendo el \u201ccontrato de seguro\u201d a aquellos regidos por el derecho privado, con la connotaci\u00f3n de ser por adhesi\u00f3n, esto es, que admite el establecimiento de cl\u00e1usulas preestablecidas por una de las partes sin que se deduzca de ello una disminuci\u00f3n de la capacidad de aceptaci\u00f3n de la otra, su interpretaci\u00f3n debe responder al criterio contemplado en el art\u00edculo 4\u00ba del estatuto mercantil, esto es, que sus estipulaciones preferir\u00e1n a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles, por lo que s\u00f3lo en caso de ambig\u00fcedad o falta de precisi\u00f3n habr\u00eda lugar a acudir a reglas de hermen\u00e9utica tendientes a producir efectos adversos a quien las redact\u00f3 y favorables a quien las acepta (\u2026). <\/p>\n

Por lo tanto, constituye un error evidente el hecho de que se infieran de las cl\u00e1usulas, contra el sentir de los contratantes, tanto el amparo de riesgos no pactados como la exclusi\u00f3n de aquellos que son materia de acuerdo, cuando no existe duda en la forma como se contemplan dentro del texto de la p\u00f3liza representativa del \u201ccontrato de seguro\u201d. <\/p>\n

Ahora bien, lo que condujo a que el Tribual querellado cometiera el error de interpretaci\u00f3n anotado, fue la indebida valoraci\u00f3n probatoria que de la p\u00f3liza n\u00ba 340-40-994000020159 realiz\u00f3, desatendiendo lo pactado por los contratantes, que en la cl\u00e1usula segunda de \u201cexclusiones\u201d, numeral 2.5., expresamente estipularon: \u00abexclusiones aplicables a todos los amparos de esta p\u00f3liza, si se presenta uno o varios de los siguientes eventos: 2.5.1. Los perjuicios morales y el lucro cesante derivados de cualquiera de los eventos amparados en la presente p\u00f3liza\u00bb (sublineado propio). <\/p>\n

4.2.- Por dem\u00e1s, si la querellante estima que el tribunal acusado, al proferir el fallo de segundo grado repudiado, dej\u00f3 de resolver en torno a la \u00abcondena por lucro cesante\u00bb a su favor, pese a que en las consideraciones s\u00ed apunt\u00f3 sobre el particular, lo que debi\u00f3 fue instar que se produjese la adici\u00f3n correspondiente conforme al precepto 287 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta procedimental que tuvo a su alcance y que declin\u00f3 activar, por lo cual esa dejaci\u00f3n, a fortiori, detona la improcedencia del amparo de cara al postulado de la subsidiariedad, en tanto que esta excepcional\u00edsima v\u00eda no est\u00e1 instituida para remediar las desidias desplegadas por los litigantes. <\/p>\n

4.3.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

4.4.- Cabe destacar, por dem\u00e1s, que en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, en CSJ STC, 24 jun. 2011, rad. 01225-00, que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho [\u2026], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15977-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03590-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mercedes Esquivel Losada y Numael Cuellar Chinchilla en frente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}