{"id":102117,"date":"2026-07-01T21:41:02","date_gmt":"2026-07-01T21:41:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102117"},"modified":"2026-07-01T21:41:02","modified_gmt":"2026-07-01T21:41:02","slug":"stc15978-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15978-2018\/","title":{"rendered":"STC15978-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15978-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03585-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jerson Yadith Barrera Sep\u00falveda en frente de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El quejoso depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas al interior del juicio criminal adelantado en su contra. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, afincando su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- A secuela de hechos acontecidos en el mes de julio de 2011, en que accedi\u00f3 carnalmente en varias oportunidades a la menor XXX1, aprovechando que la v\u00edctima se desplazaba en el bus de transporte escolar que \u00e9l conduc\u00eda, fue denunciado por la progenitora de la v\u00edctima imput\u00e1ndosele el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n

2.2.- Rituadas las actuaciones correspondientes y practicados los medios de convicci\u00f3n decretados -y no desistidos- a excepci\u00f3n de la \u00abvaloraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb de la menor ofendida ya que la testigo especializada no compareci\u00f3 en la fecha correspondiente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja, a trav\u00e9s de sentencia adiada 18 de abril de 2017, lo absolvi\u00f3. <\/p>\n

2.3.- Frente a dicho fallo la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n enderez\u00f3 alzada que el tribunal enjuiciado desat\u00f3 el 16 de noviembre de 2017, imponi\u00e9ndole, \u00abde forma sorpresiva y totalmente alejada de los presupuestos de la sana cr\u00edtica\u00bb, como condena la pena de 168 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del punible de marras. Pregona que dicha providencia aloja anomal\u00eda dado que aquilat\u00f3 deficientemente las acreditaciones compiladas, sobre todo cuando quiera que \u00abconfundi\u00f3 la existencia de un dictamen psicol\u00f3gico que no fue incorporado al proceso con uno psiqui\u00e1trico\u00bb, no le otorg\u00f3 \u00abvalor suasorio a un dictamen pericial que conten\u00eda la edad cl\u00ednica de la menor\u00bb, am\u00e9n que \u00abno tuvo en cuenta los testimonios [\u2026] de la defensa\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Tal la raz\u00f3n por la que interpuso \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, siendo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 30 de mayo de 2018. <\/p>\n

Esa resoluci\u00f3n, en su criterio, tambi\u00e9n encierra irregularidad porque soslay\u00f3 \u00abla efectividad del derecho material\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, se deje sin valor ni efecto el auto inadmisorio que profiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal y se le ordene que \u00abadmita la demanda de casaci\u00f3n y contin\u00fae el tr\u00e1mite procesal hasta llegar a una decisi\u00f3n de fondo sobre los cargos formulados\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la discrepancia elevada, surge que el gestor cuestiona que dentro del litigio punitivo objeto de esta salvaguardia, supuestamente fue indebidamente condenada por el tribunal encartado el d\u00eda 16 de noviembre de 2017, resoluci\u00f3n ante la cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que la hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 30 de mayo de 2018, todo lo cual engendra la presencia de la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y material. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales demostraciones que ata\u00f1e con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Sentencia revocatoria emitida por el tribunal cuestionado, mediante la cual conden\u00f3 a la tutelista a 168 meses de c\u00e1rcel al hallarlo responsable del delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Demanda de casaci\u00f3n formulada por el petente. <\/p>\n

3.3.- Prove\u00eddo CSJ AP2191-2018 de 30 de mayo de 2018 y Radicado N\u00ba. 52356, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, mediante el cual determin\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n\u00bb presentada por el peticionario. <\/p>\n

All\u00ed, entre otras reflexiones, acot\u00f3 que \u00abel error en la orientaci\u00f3n y sustento del cargo surge n\u00edtido desde el inicio de la demanda, pues desde all\u00ed la recurrente plantea que aspira a reivindicar la teor\u00eda del caso propuesta por la defensa en la fase del juicio, esto es, la existencia de un error de tipo vencible sobre la edad de la v\u00edctima, la cual fue demostrada en el proceso. Con esta formulaci\u00f3n, la libelista pierde de vista que el objeto de la casaci\u00f3n no es reabrir los debates de instancia, pues las cuestiones planteadas en esa fase ya fueron resueltas en la sentencia, la cual llega a esta sede amparada en la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. Y el desarrollo de los diversos reproches que contiene la demanda no muestra cosa distinta a la discrepancia con lo resuelto en sede de instancia, sin demostrar un error evidente y trascendente\u00bb. <\/p>\n

Expres\u00f3, entonces, que \u00abdonde el juzgador apreci\u00f3 que la conclusi\u00f3n del perito sobre la edad cl\u00ednica de la menor es subjetiva y no le lleva el suficiente poder de convicci\u00f3n, [el censor] pretende que se le otorgue un mejor poder suasorio; mientras que para el juzgador el v\u00ednculo entre la v\u00edctima y sus dos amigas no era lo suficientemente cercano como para deponer sobre sus circunstancias personales, para [el] recurrente s\u00ed lo fue; all\u00ed donde el fallador apreci\u00f3 que en su momento existi\u00f3 un v\u00ednculo sentimental entre la menor y el procesado Jerson Yadith Barrera Sep\u00falveda para la libelista dicho v\u00ednculo no existi\u00f3 y, en fin, mientras que el tribunal determin\u00f3 que el conductor del bus escolar sab\u00eda que la v\u00edctima no hab\u00eda alcanzado la edad de catorce a\u00f1os, la impugnante pretende negar dicha conclusi\u00f3n a trav\u00e9s de la pretensi\u00f3n de que se le otorgue un mejor m\u00e9rito a unas fotograf\u00edas\u00bb, siendo tal \u00abel contexto general del libelo, es decir, un escrito que muestra un conjunto de discrepancias frente a las conclusiones judiciales, mecanismo que no es id\u00f3neo para ense\u00f1ar a la Corte la necesidad de cumplir cualquiera de los fines de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, reliev\u00f3 que \u00abal margen de lo anterior, cada uno de los reproches formulados contiene diversas falencias que refuerzan la falta de aptitud de la demanda para satisfacer las aspiraciones de[l] demandante\u00bb. <\/p>\n

Con todo, precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n precedente, en el sentido de inadmitir la demanda, no es \u00f3bice para recordar que en la Ley 906 de 2004 la casaci\u00f3n constituye una herramienta de control constitucional y legal, orientada a hacer efectivo el derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y a reparar los agravios inferidos a \u00e9stos. Por tanto, la ausencia de los requisitos de l\u00f3gica necesarios para su admisibilidad no impiden la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia promueva su debido respeto, cuando encuentre que han sido conculcadas durante el proceso penal; en este sentido, es preciso mencionar que el legislador, a trav\u00e9s del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, le ha conferido a la Corte la facultad discrecional sujeta \u00aba los fines de la casaci\u00f3n [\u2026] posici\u00f3n del impugnante dentro del proceso e \u00edndole de la controversia planteada\u00bb, para \u00absuperar los defectos de la demanda\u00bb y as\u00ed \u00abdecidir de fondo\u00bb. En consecuencia, no obstante que en el an\u00e1lisis de los presupuestos de l\u00f3gica y debida fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n la Sala no encuentra argumentos f\u00e1cticos, normativos o probatorios que muestren un yerro trascendente en los razonamientos a partir de los cuales el tribunal revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n proferida en primera instancia, de todos modos es del caso revisar la actuaci\u00f3n surtida y en particular el fallo de segunda instancia a fin de verificar la necesidad de ejercer la potestad discrecional (como se hace en todos los casos que arriban en sede de casaci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n), seg\u00fan lo prev\u00e9 y a la vez exige el referido mandato legal, aspecto sobre el cual ya se ha pronunciado la Sala (Cfr. CSJ, SP, 8292-2016)\u00bb. <\/p>\n

En punto de dicho labor\u00edo, sostuvo que \u00abluego de sopesar las circunstancias f\u00e1cticas y probatorias acreditadas en las diligencias, as\u00ed como las tesis defensivas, [\u2026] no se avizoran impropiedades en las reflexiones del juzgador que condujeron a la condena\u00bb, entre otras cosas, por cuanto que \u00absi la conclusi\u00f3n es que los razonamientos defensivos resultan infundados ello no se debe \u00fanicamente a su falta de idoneidad formal y material para acometer exitosamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sino porque no encuentran respaldo en la realidad probatoria y en una apreciaci\u00f3n ajustada a las reglas de la sana cr\u00edtica. En ese orden, al cotejar la Corte lo pertinente, pues en su labor de constataci\u00f3n de la ausencia de lesi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales ha de examinar el expediente para verificar si las decisiones que ponen fin al proceso penal son consistentes con lo acaecido durante el mismo (CSJ AP, 23 mar. 2006, rad. 24927), surge n\u00edtido que la conducta desplegada por el hoy procesado Jerson Yadith Barrera Sep\u00falveda se ajusta a los presupuestos del art\u00edculo 208 de la Ley 599 de 2000\u00bb. <\/p>\n

4.- Concerniente con la censura enfilada contra el tribunal accionado, advierte la Corte que el reclamo constitucional resulta inane por el incumplimiento del principio de residualidad, en tanto que no es factible acudir a este excepcional\u00edsimo escenario luego de haber sido dilapidados los mecanismos legales de defensa que se tuvieron al alcance. <\/p>\n

Lo propio, en vista que pese a que el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado proferida por la referida colegiatura, tal devino inadmitido por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal mediante auto de 30 de mayo de hoga\u00f1o, a causa de las falencias al efecto all\u00ed apuntadas. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose desperdiciado por el reclamante la memorada v\u00eda de resguardo por motivo de no ejercitarla id\u00f3neamente, se frustra la salvaguarda instada a consecuencia de la inobservancia del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n

Esta Sala, en CSJ STC13448-2014, 2 oct. 2014, rad. 02174-00, citada en CSJ STC3345-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00594-00, resalt\u00f3 que: <\/p>\n

Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n

5.- Relativamente a la disconformidad que se endereza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es de ver que analizada la determinaci\u00f3n por esta emitida el 30 de mayo de 2018, se observa que en ella no obr\u00f3 anomal\u00eda. <\/p>\n

5.1.- En efecto, las inferencias recogidas al margen de que sean o no prohijadas, mal pueden tildarse de abiertamente caprichosas o arbitrarias para que sean objeto de cuestionamiento en sede tutelar, aparte que no se vulner\u00f3 el derecho de defensa ni las garant\u00edas procesales, seg\u00fan as\u00ed qued\u00f3 expuesto en la providencia transcrita, puesto que en ella expresamente se se\u00f1al\u00f3 que \u00absin que, por otra parte, del estudio de las diligencias la Corte encuentre motivo que amerite superar sus falencias, para asegurar oficiosamente el cumplimiento de las garant\u00edas fundamentales o los fines del recurso\u00bb, m\u00e1xime cuando no es est\u00e1 v\u00eda de amparo el camino para abordar un nuevo estudio, si el realizado por la instancia adecuada no se observa subjetivo o irracional, toda vez que su resoluci\u00f3n de no dar tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en el marco normativo que regula el preciso tema abordado, particularmente, lo establecido en los art\u00edculos 180, 181 y 184 del C. de P. Penal (Ley 906 de 2004), preceptos que contemplan la potestad de inadmitir el aludido recurso extraordinario. <\/p>\n

5.2.- As\u00ed las cosas, como ha sostenido la Sala, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras decisiones, en Cfr. CSJ STC3345-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00594-00). <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tEn virtud del art\u00edculo \t47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado \tcon el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres \tde los menores de edad.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15978-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03585-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jerson Yadith Barrera Sep\u00falveda en frente de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}