{"id":102121,"date":"2026-07-01T21:41:59","date_gmt":"2026-07-01T21:41:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102121"},"modified":"2026-07-01T21:41:59","modified_gmt":"2026-07-01T21:41:59","slug":"stc15982-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15982-2018\/","title":{"rendered":"STC15982-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15982-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02784-00
\nAprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Comoquiera que este asunto fue remitido1 al despacho de la suscrita magistrada en tanto el proyecto otrora presentado fue derrotado por la mayor\u00eda de esta Sala, dec\u00eddese la tutela instaurada, mediante letrada, por el Banco Davivienda S. A. en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n y Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El extremo promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del ejecutivo hipotecario que le formul\u00f3 a herederos determinados e indeterminados de Bernardo Enrique Santos (q. e. p. d.). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 sustentando su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.2.- Apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n, siendo ratificada por la sala cuestionada a trav\u00e9s de fallo de 27 de julio de hoga\u00f1o. <\/p>\n

2.3.- Alude que esas providencias albergan irregularidad, habida cuenta que soslayaron, primeramente, que \u00abla demanda fue interpuesta dentro de los tres a\u00f1os siguientes al vencimiento del primer instalamento en mora, cuyo mandamiento de pago se notific\u00f3 [\u2026] tan solo 6 d\u00edas despu\u00e9s [de proferido], a la heredera Ana Sof\u00eda Santos Cobos\u00bb, de donde emerge que se dio cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en segundo t\u00e9rmino, que \u00abla interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en relaci\u00f3n de uno de los deudores solidarios perjudica a los dem\u00e1s\u00bb, lo cual contraviene el precepto 2536 del C\u00f3digo Civil; y, en tercer orden, que la acreencia cobrada \u00abestipul\u00f3 para Bernardo Enrique Santos [q. e. p. d.], una obligaci\u00f3n solidaria; [por ende], sus herederos [\u2026] la adquirieron como signatarios [en el] mismo grado\u00bb. <\/p>\n

A la par, esgrime, de un lado, que el despacho encartado tuvo en cuenta, para efectos de la notificaci\u00f3n, una fecha se\u00f1alada en un fallo de tutela sin que tal acci\u00f3n constitucional tenga fuerza para definir lo debatido; y, de otro, que \u00abla falta de notificaci\u00f3n [\u2026] se produce por negligencia de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, por lo que ning\u00fan reproche se le puede endilgar sobre el particular. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efecto\u00bb la sentencia de segunda instancia emitida en el sub judice. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la parte reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos material, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el tribunal encartado por cuanto en el sub judice profiri\u00f3 la sentencia ratificatoria de 27 de julio de 2018. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales acreditaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Acta fechada 15 de febrero de 2018, contentiva, entre otras cosas, de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado dictada en esa data por la c\u00e9lula judicial querellada. <\/p>\n

3.2.- Disco compacto en que se halla el fallo confirmatorio de 27 de julio del a\u00f1o que avanza, emitido por la sala querellada. <\/p>\n

All\u00ed expuso, entre otras reflexiones, que \u00absi el ejecutante pretend\u00eda paralizar el suceso extintivo con la radicaci\u00f3n de la demanda, debi\u00f3 intimar a su contraparte dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago librado en su favor, pues de lo contrario esa interrupci\u00f3n civil se verificar\u00eda, solamente con el enteramiento del ejecutado, tal cual no ocurri\u00f3 en el sub judice al no cumplirse aquella carga procesal, sin que ahora pueda afirmarse [\u2026] que ese deber era irrealizable al proferirse la orden de pago tiempo despu\u00e9s de haberse vencido el plazo prescriptivo respecto del capital acelerado, pues si bien el mandamiento se libr\u00f3 el 7 de marzo de 2011, notificado en estado de diez de marzo siguiente, el ejecutado contaba hasta el 11 de marzo de 2012, para enterar al extremo pasivo, y con ello atajar la prescripci\u00f3n desde el momento en que present\u00f3 el libelo introductorio, esto es, el 18 de diciembre de 2007\u00bb. <\/p>\n

Realz\u00f3, a esas cotas, que \u00abconforme a lo anterior, deb\u00eda tenerse en cuenta que los demandados se enteraron de la ejecuci\u00f3n[, as\u00ed:] el 20 de junio de 2014 los herederos indeterminados [\u2026], el 22 de septiembre de ese mismo a\u00f1o Ana Sof\u00eda Santos y Claudia Cobos, y, el 16 de abril de 2015 el curador ad litem de Bernardo Edgar Santos [q. e. p. d.], estos \u00faltimos como causahabientes conocidos del obligado cambiario, y al conformar todos ellos un litis consorcio necesario [\u2026], dado que como sucesores determinados y desconocidos de Bernardo Enrique Santos [q. e. p. d.] habr\u00edan de comparecer al litigio en representaci\u00f3n del deudor, contra quienes adem\u00e1s se dirigi\u00f3 la demanda compulsiva, por tanto, se impon\u00eda concluir que la interrupci\u00f3n civil se verific\u00f3 el 16 de abril de 2015, con la intimaci\u00f3n del \u00faltimo sujeto que conformaba dicho litisconsorcio forzoso, ello es as\u00ed, porque el art\u00edculo 90 [del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026] dispon\u00eda que a fines de interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n, si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo los efectos de la notificaci\u00f3n se surtir\u00e1n para cada uno separadamente [\u2026], mientras que si el litisconsorcio fuere necesario, como aqu\u00ed ocurre, ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u00bb. <\/p>\n

Pregon\u00f3, entonces, que \u00abla prescripci\u00f3n no se entend\u00eda interrumpida civilmente en este asunto, por tratarse de un litisconsorcio forzoso, hasta que la totalidad de esos convocados estuvieren enterados de la orden de apremio, lo que se logr\u00f3 como qued\u00f3 dicho, el 16 de abril de 2015, con la notificaci\u00f3n al curador ad litem de Bernardo Edgar Santos Ram\u00edrez [q. e. p. d.], esa circunstancia, por dem\u00e1s, descarta toda la alegaci\u00f3n [de la entidad tutelista] sobre la intimaci\u00f3n de la heredera Ana Sof\u00eda Santos Cobos, que seg\u00fan la actora se verific\u00f3 por conducta concluyente el 17 de marzo de 2011, pues al margen de que tal entendimiento desconoce que el mandamiento de pago deb\u00eda ser comunicado de forma personal [\u2026], lo cierto es que esa sola notificaci\u00f3n, sea en aquella data, o el 22 de septiembre de 2014 [\u2026], ning\u00fan efecto tendr\u00eda en tanto que el \u00faltimo de los litisconsortes se enter\u00f3 del proceso, el 16 de abril de 2015, fecha a la cual la obligaci\u00f3n ya estaba prescrita\u00bb. <\/p>\n

4.- Ata\u00f1edero con la disconformidad planteada en punto de la sentencia revalidatoria referida en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, la colegiatura enjuiciada no incurri\u00f3 en anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que tanto la ponderaci\u00f3n probatoria, como la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio ejecutivo hipotecario planteado. <\/p>\n

4.1.- Esto es, que por cuanto entre los herederos determinados e indeterminados del causante Bernardo Edgar Santos Ram\u00edrez se verific\u00f3 la presencia de un \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb, ya que ellos se erigieron como ejecutados en el sub judice dada la calidad de \u00abcausahabientes conocidos del obligado cambiario\u00bb, lo propio depar\u00f3 que a fin de que la parte ejecutante, aqu\u00ed tutelista, pudiera atajar el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva que corr\u00eda, hab\u00edan de ser notificados todos ellos dentro del lapso que al efecto demarcaba el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo propio por cuanto que ese fue el compendio legal que regul\u00f3 dicha tem\u00e1tica en el sub lite, y siendo que el \u00faltimo de los demandados fue intimado en data posterior a aquella en que se cumpli\u00f3 el a\u00f1o que demarca la ley computado a partir de la fecha en que se notific\u00f3 por estado la orden de apremio, esa circunstancia deriv\u00f3 que se hubiera materializado ese modo de extinguir obligaciones, hermen\u00e9utica respetable que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo y, as\u00ed, entonces, la enunciada providencia no se ve desprovista de las presunciones de legalidad y acierto que la sostienen. <\/p>\n

4.2.- Relativamente a la necesidad de notificar a todos los ejecutados que fungen como herederos del causante que se oblig\u00f3 al pago de la deuda perseguida dentro de un litigio coercitivo, dada la presencia de un litisconsorcio necesario entre ellos, a fin de que se d\u00e9 la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n extintiva, la Sala ha dicho lo siguiente: <\/p>\n

4.2.1.- En CSJ STC8412-2014, 1\u00ba jul. 2014, rad. 2014-01309-00, adujo que: \u00ab[s]in embargo, tal pronunciamiento omiti\u00f3 analizar que sobre ese tema espec\u00edfico la jurisprudencia se ha pronunciado se\u00f1alando que cuando son varios los demandados en representaci\u00f3n de una sucesi\u00f3n, es necesario notificarlos a todos para que opere la interrupci\u00f3n civil del t\u00e9rmino prescriptivo, habida cuenta de que dichos herederos conforman un litisconsorcio necesario\u00bb (subrayado propio, como todos los dem\u00e1s). <\/p>\n

4.2.2.- En CSJ STC10266-2016, 27 jul. 2016, rad. 2016-01957-00, precis\u00f3 que el aserto expuesto en la providencia all\u00ed cuestionada, consistente en que \u00ab[e]n la demanda nada se dijo en torno a la existencia o no de proceso de sucesi\u00f3n del fallecido, por lo que se present\u00f3 la hip\u00f3tesis del literal b) del art\u00edculo 81 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y siendo as\u00ed, era procedente la convocatoria al proceso de los herederos determinados conocidos y de los indeterminados, quienes tienen, como dijo la Corte, la connotaci\u00f3n de litisconsortes necesarios, de tal suerte que se hac\u00eda ineludible la notificaci\u00f3n a todos ellos para que surtieran los efectos del art\u00edculo 90 del c\u00f3digo del rito civil [\u2026]\u00bb, era una hermen\u00e9utica \u00abproducto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable y debida valoraci\u00f3n del material probatorio recopilado, a partir del cual el ad quem determin\u00f3 que los demandados eran litisconsortes necesarios y, por ende, la declaratoria de prescripci\u00f3n favorec\u00eda a todos, as\u00ed uno de ellos no lo hubiere alegado, dada las implicaciones de dicha figura procesal en el procedimiento y la necesidad de resolver de manera uniforme\u00bb. <\/p>\n

4.2.3.- En similar sentido, ver, entre otras, las providencias CSJ SC, 29 sep. 1984, G. J. 2415, p\u00e1ginas 270 a 279; CSJ SC, 15 mar. 2001, rad. 6370; CSJ SC, 29 mar. 2001, rad. 5740; CSJ SC, 2 sep. 2005, rad. 7781; CSJ AC, 20 may. 2013, rad. 2010-01109-00; CSJ STC078-2014, 17 ene. 2014, rad. 2013-02024-01; CSJ SC10200-2016, 27 jul. 2016, rad. 2004-00327-01. <\/p>\n

4.3.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(salva voto) <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02784-00 <\/p>\n

No comparto la decisi\u00f3n que precede. Se impon\u00eda conceder el amparo deprecado por el Banco Davivienda respecto de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por cuanto la determinaci\u00f3n adoptada \u2013en segunda instancia- por \u00e9ste, al dar por sentada la configuraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario, es lesiva de sus garant\u00edas y se muestra apartada del orden jur\u00eddico vigente y del correcto entendimiento de dicho fen\u00f3meno. <\/p>\n

La tesis del tribunal ad quem, y con ella la de la Sala mayoritaria, fundada en una nutrida colecci\u00f3n de fallos2, con abrevadero en las ideas de algunos de los m\u00e1s ilustres expositores patrios, Morales Molina3 y Devis Echand\u00eda4 entre ellos, parte de una afirmaci\u00f3n enteramente err\u00f3nea: cuando una persona fallece no es imprescindible, contrariamente a lo aducido por la autoridad querellada, convocar al pleito a todos y cada uno de sus herederos, pues entre ellos no se integra un litisconsorcio necesario, por no existir una relaci\u00f3n material que los una; y hallarse la obligaci\u00f3n, cuyo pago se persigue, radicada en cabeza de la sucesi\u00f3n, as\u00ed \u00e9sta venga representada por aquellos. <\/p>\n

1. Para la mejor comprensi\u00f3n de los motivos de mi disenso, paso a exponer, brevemente, los hechos nodales basamento del litigio sometido al escrutinio de la Corte. <\/p>\n

i. Ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el Banco Davivienda impetr\u00f3 en contra de los herederos determinados e indeterminados de Bernardo Enrique Santos, juicio \u201cejecutivo hipotecario\u201d zanjado el 15 de febrero de 2018, con sentencia favorable al extremo pasivo, pues se dio por probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201c(\u2026) prescripci\u00f3n extintiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n

ii. Esa determinaci\u00f3n fue apelada por la entidad financiera promotora, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al tribunal querellado, quien en fallo de 27 de julio pasado, confirm\u00f3 la providencia de primera instancia. <\/p>\n

iii. Se duele el quejoso porque los falladores convocados \u201c(\u2026) desconocie[ron] que la demanda fue interpuesta dentro de los tres a\u00f1os siguientes al vencimiento del primer instalamento (sic) en mora, cuyo mandamiento de pago se notific\u00f3 (\u2026) tan solo 6 d\u00edas despu\u00e9s [de emitido], a la heredera Ana Sof\u00eda Santos Cobos (\u2026)\u201d; por tanto, se dio cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 90 del C.P.C5. <\/p>\n

Esgrime que \u201c(\u2026) la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en relaci\u00f3n de uno de los deudores solidarios perjudica a los dem\u00e1s (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n inobservada por los tutelados, contravini\u00e9ndose el canon 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Acota que la acreencia cobrada \u201c(\u2026) estipul\u00f3 para Bernardo Enrique Santos, una obligaci\u00f3n solidaria; [por tanto], sus herederos (\u2026) la adquirieron como signatarios [en el] mismo grado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que el juez a quo tuvo en cuenta, para efectos de la notificaci\u00f3n, una fecha se\u00f1alada en un fallo de tutela, escenario que configura una v\u00eda de hecho, pues esa acci\u00f3n de resguardo no ten\u00eda la fuerza suficiente para definir de fondo lo debatido en el pleito censurado. <\/p>\n

Aduce que los convocados incurrieron en defectos sustantivos y procedimentales; adem\u00e1s de desconocer el precedente constitucional referente a la \u201c(\u2026) inactividad del acreedor (\u2026), pues cuando la falta de notificaci\u00f3n (\u2026) se produce por negligencia de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d ning\u00fan reproche se le puede endilgar al demandante. <\/p>\n

iv. La Sala mayoritaria, en la decisi\u00f3n de la cual disiento, no accedi\u00f3 al resguardo exigido, tras observar que la determinaci\u00f3n fustigada, emitida por el Colegiado atacado, no se mostraba distante del orden jur\u00eddico, m\u00e1s a\u00fan, se dict\u00f3 en apego a lo prescrito en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y lo sentado reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corte, seg\u00fan la cual, cuando son varios los demandados en representaci\u00f3n de una sucesi\u00f3n, \u201c(\u2026) es necesario notificarlos a todos para que opere la interrupci\u00f3n civil del t\u00e9rmino prescriptivo, habida cuenta de que dichos herederos conforman un litisconsorcio necesario\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) entre los herederos determinados e indeterminados del causante Bernardo Edgar Santos Ram\u00edrez se verific\u00f3 la presencia de un \u201clitisconsorcio necesario\u201d, ya que ellos se erigieron como ejecutados en el sub j\u00fadice dada la calidad de \u201ccausahabientes conocidos del obligado cambiario\u201d, lo propio depar\u00f3 que a fin de que la parte ejecutante, aqu\u00ed tutelista, pudiera atajar el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva que corr\u00eda, hab\u00edan de ser notificados todos ellos [los herederos de Santos Ram\u00edrez] dentro del lapso que al efecto demarcaba el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo propio por cuanto que ese fue el compendio legal que regul\u00f3 dicha tem\u00e1tica (\u2026), y siendo que el \u00faltimo de los demandados fue intimado en data posterior a aquella en que se cumpli\u00f3 el a\u00f1o que demarca la ley (\u2026), esa circunstancia deriv\u00f3 que se hubiera materializado ese modo de extinguir las obligaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. Como disiento de esas apreciaciones, procedo, como es mi deber, a especificar las razones que me impiden compartir la tesis mayoritaria, que en suma ser\u00e1n las mismas -aunque ampliadas y complementadas- expuestas en el proyecto del cual fui ponente, derrotado en sesiones celebradas en d\u00edas pasados. <\/p>\n

2.1. El auxilio se concretaba en establecer si el tribunal fustigado menoscab\u00f3 las prerrogativas superiores del Banco Davivienda con las actuaciones de los convocados al declarar probada la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n extintiva\u201d en el comentado sublite. <\/p>\n

Al respecto, la corporaci\u00f3n accionada razon\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i el ejecutante pretend\u00eda paralizar el suceso extintivo con la radicaci\u00f3n de la demanda, debi\u00f3 intimar a su contraparte dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago librado en su favor, pues de lo contrario esa interrupci\u00f3n civil se verificar\u00eda, solamente con el enteramiento del ejecutado, tal cual no ocurri\u00f3 en el subj\u00fadice al no cumplirse aqu\u00e9lla carga procesal, sin que ahora pueda afirmarse (\u2026) que ese deber era irrealizable al proferirse la orden de pago, tiempo despu\u00e9s de haberse vencido el plazo prescriptivo respecto del capital acelerado, pues si bien el mandamiento se libr\u00f3 el 7 de marzo de 2011, notificado en estado de diez de marzo siguiente, el ejecutado contaba hasta el 11 de marzo de 2012, para enterar al extremo pasivo, y con ello atajar la prescripci\u00f3n desde el momento en que present\u00f3 el libelo introductorio, esto es, el 18 de diciembre de 2007\u201d. <\/p>\n

\u201cConforme a lo anterior, deb\u00eda tenerse en cuenta que los demandados se enteraron de la ejecuci\u00f3n: el 20 de junio de 2014, los herederos indeterminados (\u2026), el 22 de septiembre de ese mismo a\u00f1o Ana Sof\u00eda Santos y Claudia Cobos, y el 16 de abril de 2015 el curador ad-litem de Bernardo \u00c9dgar Santos, estos \u00faltimos como causahabientes conocidos del obligado cambiario, y al conformar todos ellos un litis consorcio necesario (…), dado que como sucesores determinados y desconocidos de Bernardo Enrique Santos, habr\u00edan de comparecer al litigio en representaci\u00f3n del deudor, contra quienes adem\u00e1s se dirigi\u00f3 la demanda compulsiva, por tanto, se impon\u00eda concluir que la interrupci\u00f3n civil se verific\u00f3 el 16 de abril de 2015, con la intimaci\u00f3n del \u00faltimo sujeto que conformaba dicho litisconsorcio forzoso, ello es as\u00ed, porque el art\u00edculo 90 (…) dispon\u00eda que a fines de interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n, si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo los efectos de la notificaci\u00f3n se surtir\u00e1n para cada uno separadamente (…), mientras que si el litisconsorcio fuere necesario, como aqu\u00ed ocurre, ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La prescripci\u00f3n no se entend\u00eda interrumpida civilmente en este asunto, por tratarse de un litisconsorcio forzoso, hasta que la totalidad de esos convocados, estuvieren enterados de la orden de apremio, lo que se logr\u00f3 como qued\u00f3 dicho, el 16 de abril de 2015, con la notificaci\u00f3n al curador ad-litem de Bernardo \u00c9dgar Santos Ram\u00edrez, esa circunstancia por dem\u00e1s, descarta toda la alegaci\u00f3n [del recurrente] sobre la intimaci\u00f3n de la heredera Ana Sof\u00eda Santos Cobos, que seg\u00fan la actora se verific\u00f3 por conducta concluyente el 17 de marzo de 2011, pues al margen de que tal entendimiento desconoce que el mandamiento de pago deb\u00eda ser comunicado de forma personal (…), lo cierto es que esa sola notificaci\u00f3n, sea en aqu\u00e9lla data, o el 22 de septiembre de 2014 (…), ning\u00fan efecto tendr\u00eda en tanto que el \u00faltimo de los litisconsortes se enter\u00f3 del proceso, el 16 de abril de 2015, fecha a la cual la obligaci\u00f3n ya estaba prescrita (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.2. Bajo esa tesitura, se avizora palmaria la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del actor, por cuanto existe un defecto sustantivo, al establecer el ad quem que en el asunto bajo estudio se presentaba un litisconsorcio necesario, raz\u00f3n para desatender los argumentos de la apelaci\u00f3n incoados contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

2.3. Teniendo en cuenta que el comentado subex\u00e1mine se rigi\u00f3 bajo las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es necesario hacer las siguientes apreciaciones. <\/p>\n

El art\u00edculo 81 ib\u00eddem cuyo texto inicial de 1970 fue adicionado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1, modif. 33, no regulaba el litisconsorcio necesario, ni tampoco lo impon\u00eda perentoriamente para todos los tipos de procesos, ni pod\u00eda confundirse la obligatoria comparecencia o intervenci\u00f3n procesal de partes all\u00ed prevista, porque en verdad el precepto de la apoyatura, simplemente consigna una disposici\u00f3n de linaje exclusivamente procesal, y nada m\u00e1s, en relaci\u00f3n del extremo fallecido; eso s\u00ed, complementaria del canon 60 de esa misma normatividad, relativo a la sucesi\u00f3n procesal. <\/p>\n

Muy por el contrario, el litisconsorcio necesario ("litis" que significa conflicto o litigio; "con" junto; y, "sors" suerte), reviste una doble naturaleza: Es un instituto procesal, pero, con esencia, tesitura y determinaci\u00f3n causal, sustantiva; raz\u00f3n por la cual, puede ligarse con la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n

Su textura se hallaba descrita en los arts. 51 y 83 del C. de P. C. Esta \u00faltima regla, dispon\u00eda: <\/p>\n

\u201cCuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, no fuere posible resolver de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere as\u00ed, el juez en el auto que la admite la demanda ordenara dar traslado a \u00e9sta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el termino de comparecencia dispuestos para el demandado. <\/p>\n

\u201cEn caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondr\u00e1 la citaci\u00f3n de las mencionadas personas, de oficio o a petici\u00f3n de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y conceder\u00e1 a los citados el mismo t\u00e9rmino para que comparezcan. El proceso se suspender\u00e1 durante el t\u00e9rmino para comparecer los citados\u201d (subrayas ex texto). <\/p>\n

Y el 51, se\u00f1alaba: <\/p>\n

\u201cCuando la cuesti\u00f3n litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecer\u00e1 a los dem\u00e1s. Sin embargo, los actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio s\u00f3lo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u201d. <\/p>\n

De modo que el litisconsorcio necesario, en cualquiera de sus modalidades, puede ser calificado como tal, no porque lo demandara la regla 81 trasuntada, sino por cuanto el asunto llevado a la judicatura versa en su esencia, y se halla directamente referido y ligado a una relaci\u00f3n o a un acto jur\u00eddico de estirpe sustantiva, respecto del cual, \u201c(\u2026) por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal (\u2026)\u201d, jam\u00e1s ser\u00e1 posible resolver sin la presencia obligada de quienes son sujetos o intervinientes en esa relaci\u00f3n. <\/p>\n

Al rompe, se infiere que el litisconsorcio necesario depende en puridad de verdad de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial, de tal forma que la intervenci\u00f3n procesal ser\u00e1 obligatoria cuando aqu\u00e9lla lo demande para forjar una relaci\u00f3n com\u00fan e interdependiente que obliga y comprende inexcusablemente a todos los participantes o intervinientes en el acto jur\u00eddico material al componer una relaci\u00f3n \u00fanica, indivisible e inescindible; y por consecuencia, esa modalidad litisconsorcial no depende de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, sino que \u00e9sta, por el contrario, ha de estribarse en aqu\u00e9lla, al estar determinado causalmente por \u00e9sta. <\/p>\n

Por tanto, concurren dos requisitos: presencia procesal obligatoria de sujetos en el juicio, y relaci\u00f3n sustancial que determina incondicionalmente esa presencia. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que una cosa es una intervenci\u00f3n procesal forzosa y otra el litisconsorcio necesario. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte lo ha identificado en forma muy clara: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Como es sabido, la figura procesal del litis-consorte necesario surge cuando la relaci\u00f3n de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, est\u00e1 integrada por una pluralidad de sujetos, bien sea activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una sola, \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hip\u00f3tesis, por consiguiente un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. Solo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relaci\u00f3n sustancial, queda debida e \u00edntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, y por lo mismo solo cuando las cosas son as\u00ed podr\u00e1 el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario, deber\u00e1 limitarse a proferir fallo inhibitorio\u201d [CSJ SC de 4 de junio de 1970, G.J. T. CXXXIV, p\u00e1g. 170, 2\u00aa (M.P. C\u00e9sar G\u00f3mez Estrada)]6. <\/p>\n

Son ejemplos de ese litisconsorcio la nulidad de una promesa de contrato; la resoluci\u00f3n o la simulaci\u00f3n de los contratos7; la declaraci\u00f3n de dominio respecto de los titulares de los derechos reales; porque en todos estos casos, al proceso deben comparecer aqu\u00e9llos que celebraron la promesa, quienes son parte del contrato objeto de resoluci\u00f3n o los titulares del derecho de propiedad. Si debi\u00e9ndose integrar el litisconsorcio necesario no se compone, la rituaci\u00f3n queda afectada de nulidad hasta los alegatos de primera instancia, inclusive. <\/p>\n

Caracterizando el litisconsorcio necesario se\u00f1al\u00f3 la sentencia de esta Corte del 25 de abril del 20058 (M.P. Jaime Arrubla Paucar). <\/p>\n

"1.- El litisconsorcio necesario supone una pluralidad de personas integrando los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, raz\u00f3n por la cual la doctrina suele dividirlo en activo, pasivo o mixto, seg\u00fan que la pluralidad de sujetos se encuentre en la parte demandante o demandada, o en una y otra. Al lado de esta clasificaci\u00f3n, la propia ley distingue, nomin\u00e1ndolos, dos clases de litisconsorcio: el facultativo (art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y el necesario (art\u00edculos 51 y 83, ib\u00eddem). <\/p>\n

\u201cEl segundo, que es el que interesa al caso, el cual propende por resguardar el derecho de defensa de todos aquellos interesados a quienes se extender\u00eda la autoridad de la cosa juzgada material, se determina por la relaci\u00f3n sustancial que se discute, ya sea \u201cpor su naturaleza\u201d, ora por \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d. Por esto, si la cuesti\u00f3n ha de resolverse, como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, de \u201cmanera uniforme para todos los litisconsortes\u201d (art\u00edculo 51), la sentencia, entonces, tambi\u00e9n ha de ser \u00fanica para todas las \u201cpersonas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u201d (art\u00edculo 83). <\/p>\n

\u201cEn ese sentido la Corte tiene dicho que la figura del litisconsorcio surge cuando no es posible escindir la decisi\u00f3n en tantos \u201csujetos activos o pasivos individualmente considerados existan\u201d, sino que debe presentarse \u201ccomo \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u201d. En otros t\u00e9rminos, \u201cun pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aqu\u00e9lla, sino necesariamente con la de todos\u201d (sentencia de 4 de junio de 1970, CXXXIV-170)\u201d9. <\/p>\n

Entonces, no hay litisconsorcio necesario porque una norma procesal lo imponga, sino que su existencia y determinaci\u00f3n exigen un minucioso examen de la cuesti\u00f3n a partir de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, tal como el precedente inserto en la providencia del 25 de abril del 2005, reitera, apoyado en doctrina de 1999: <\/p>\n

\u201c(\u2026) para establecer si la cuesti\u00f3n litigiosa reclama o no una decisi\u00f3n \u201cuniforme\u201d, se impone en cada caso concreto, como se explic\u00f3 en la sentencia No. 068 de 6 de octubre de 1999, \u201chacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cu\u00e1l es la naturaleza y el alcance personal de la relaci\u00f3n sustancial sometida a controversia, para deducir de all\u00ed si el litisconsorcio es o no necesario\u201d (subrayas ex texto)10. <\/p>\n

Son muchas m\u00e1s las determinaciones que siguen id\u00e9ntico derrotero. En obsequio de la brevedad, me limito a dejarlas referenciados en nota al pie, a fin de incentivar su consulta y estudio11. <\/p>\n

2.4. En el sentido que reci\u00e9n vengo evidenciando se ha pronunciado \u2013tambi\u00e9n- la doctrina de los procesalistas nacionales y extranjeros. <\/p>\n

Ugo Rocco, destacando los rasgos que identifican al litisconsorcio necesario y le diferencian del facultativo o voluntario, hace las siguientes precisiones: <\/p>\n

\u201cEste tipo de litisconsorcio [el necesario] se deriva de la naturaleza de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, que constituye el objeto de la declaraci\u00f3n que deben hacer los \u00f3rganos jurisdiccionales. Efectivamente., en ocasiones la relaci\u00f3n jur\u00eddica, si bien presenta pluralidad de sujetos activos o pasivos, es tal que no constituye un v\u00ednculo unitario, pues se subdivide en tantas relaciones singulares cuantos son los sujetos, activos y pasivos, de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que se discute. En este caso existe una pluralidad de sujetos y, por lo tanto, puede existir un litisconsorcio, pero simplemente facultativo, por cuanto la relaci\u00f3n jur\u00eddica puede dividirse en tantas relaciones jur\u00eddicas cuantas sean las parejas de los sujetos activos y pasivos, y podr\u00eda tenerse no s\u00f3lo un juicio, sino tantos juicios separados cuantas son las relaciones que constituyen el contenido de la relaci\u00f3n unitaria considerada en su conjunto\u201d12. <\/p>\n

El maestro italiano adiciona: <\/p>\n

\u201cPuede suceder, en cambio, que la relaci\u00f3n jur\u00eddica tenga como caracter\u00edstica una unidad tal, que no pueda existir frente a uno de los varios sujetos sin tener que existir necesariamente frente a los otros, en raz\u00f3n de que por su misma estructura se presenta como \u00fanica e indivisible. En tal caso es obvio que no es posible pedir una providencia judicial respecto a tal relaci\u00f3n, si no est\u00e1n presentes en el juicio todos los sujetos de esa relaci\u00f3n, ya que la sentencia que fuese pronunciada respecto a algunos de los sujetos solamente, ser\u00eda inutiliter data (\u2026). Con tal frase se quiere aludir al hecho de que la sentencia, si no es pronunciada frente a todos y con la presencia de todos los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, carecer\u00eda de todo valor\u201d. <\/p>\n

An\u00e1logos razonamientos esgrime el argentino Lino E. Palacio: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la necesidad del litisconsorcio se halla determinada por la misma naturaleza de la relaci\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica controvertidas. Como principio de car\u00e1cter general, sin embargo, puede decirse que el litisconsorcio necesario procede siempre que, por hallarse en tela de juicio una relaci\u00f3n o estado jur\u00eddico que es com\u00fan e indivisible con respecto a una pluralidad de sujetos, su modificaci\u00f3n, constituci\u00f3n o extinci\u00f3n no tolera un tratamiento procesal por separado y s\u00f3lo puede lograrse a trav\u00e9s de un pronunciamiento judicial \u00fanico para todos los litisconsortes\u201d13. <\/p>\n

Similar criterio es el del espa\u00f1ol Jaime Guasp14; y, entre los expositores patrios, el de Hernando Morales Molina15.
\n2.5. Ahora, trat\u00e1ndose de ejecuci\u00f3n por obligaciones dejadas por un causante, la demanda compulsiva no se entiende dirigida contra los herederos determinados, o indeterminados, sino frente a una universalidad jur\u00eddica, la sucesi\u00f3n, personificada, eso s\u00ed, por quienes son revestidos por ley de la respectiva representaci\u00f3n. <\/p>\n

La sucesi\u00f3n (o la herencia, si se quiere), no es ning\u00fan secreto, carece de personalidad jur\u00eddica, pues no se ven, en ella, la existencia de un ser colectivo y de un inter\u00e9s distinto de los intereses particulares; ni tampoco un organismo destinado a concentrar los esfuerzos de los asignatarios o a utilizar los bienes para un fin com\u00fan; ni vida interna, voluntad social, gobierno, nombre propio domicilio; ni nacionalidad; ni activo de su dominio propio que no sea esencialmente un bien de los herederos16. <\/p>\n

Pero lo anterior no obsta para que sea representada por conducto de sus herederos, quienes act\u00faan a su nombre -o si se quiere a nombre del causante-, como es propio de toda la idea que envuelve la representaci\u00f3n legal y directa. <\/p>\n

As\u00ed lo ha puntualizado la Sala de Casaci\u00f3n en repetidas ocasiones, al decir: <\/p>\n

\u201cEl heredero es obligado a responder de las deudas y cargas de la herencia, es decir, de las obligaciones que gravan el patrimonio del difunto, as\u00ed como de las que ha hecho nacer la transmisi\u00f3n misma de tal patrimonio, o de aquellas a que su muerte ha dado lugar de las que el difunto impuso a su sucesor como tal. Estando colocado el heredero en el lugar y en reemplazo del de cujus, tanto para responder de sus obligaciones, como para el ejercicio de los derechos que le competen, los t\u00edtulos ejecutivos conservan la misma fuerza que ten\u00edan contra \u00e9l (\u2026). En resumen, los acreedores pueden obrar contra los herederos de su obligado de la misma manera que contra el causante, salvo el cumplimiento previo de la formalidad de hacer conocer la existencia de su cr\u00e9dito (\u2026)\u201d [CSJ SC del 28 de julio de 1947 (M.P. Manuel J. Vargas)] (Subrayas y negrillas propias). <\/p>\n

Con notable acierto precis\u00f3, en prove\u00eddo de 3 de septiembre de 1940 (M.P. Liborio Escall\u00f3n), lo siguiente: <\/p>\n

\u201cLos acreedores hereditarios pueden asumir tres posiciones para obtener el reconocimiento de sus cr\u00e9ditos: 1\u00aa. Demandar a la sucesi\u00f3n representada por sus herederos para obtener el pago de lo que les adeudaba el causante; 2\u00ba. Esperar a la terminaci\u00f3n del juicio y liquidaci\u00f3n de la herencia, para demandar a los herederos a prorrata de su cuota hereditaria; y 3\u00ba. Intervenir en el juicio de sucesi\u00f3n para que, cuando sea el caso, sus r\u00e9ditos sean incluidos en el inventario y para pagarlos se se\u00f1alen bienes en la partici\u00f3n\u201d (Resaltado para destacar) [reiterado en otro del 4 de agosto de 1959 (M.P. Enrique Coral Velasco)]. <\/p>\n

En fallo de 19 de junio de 1950 (M.P. Manuel J. Vargas), acot\u00f3: <\/p>\n

\u201cLos herederos representan al difunto en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Es la herencia una comunidad sui generis sobre la universalidad de los bienes del causante, cuya representaci\u00f3n en estado de indivisi\u00f3n corresponde a todos los herederos, y dividida, a cada uno de los herederos adjudicatarios, respecto de los bienes que haya recibido por la partici\u00f3n y respecto de la cuota que le quepa\u201d. <\/p>\n

3. Por lo tanto, en estricto sentido, no se trata de un litisconsorcio necesario, como se indica en la motivaci\u00f3n, pues en el caso de autos el patrimonio obligado corresponde exclusivamente al del causante y no al de los herederos, en s\u00ed mismo considerados; muy distinto es que ese patrimonio aut\u00f3nomo del fallecido tenga por representantes un n\u00famero plural de sujetos llamados a recoger la herencia. <\/p>\n

Sin duda, el litisconsorcio necesario tiene su fuente en la multiplicidad de personas que deben conformar de manera indisoluble, la condici\u00f3n de parte demandante o demandada para la adecuada resoluci\u00f3n jur\u00eddica del litigio, al requerirlo perentoriamente la relaci\u00f3n sustantiva o material. Es un imperativo jur\u00eddico ineludible gobernado soberanamente por la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial por mandato legal, al margen de la relaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

Y, realmente, como se expres\u00f3 con una nutrida jurisprudencia17, en estas hip\u00f3tesis existe una pretensi\u00f3n \u00fanica con apoyo en una relaci\u00f3n material inescindible, con pluralidad de sujetos que reclaman su presencia obligatoria para dar validez a la relaci\u00f3n procesal y para resolver el fondo de la controversia; y como consecuencia, la sentencia afecta a todos de manera uniforme. <\/p>\n

Es inobjetable, todo heredero est\u00e1 llamado a responder por las obligaciones dejadas por el causante y que gravan el patrimonio herencial, por ocupar su lugar por disposici\u00f3n legal con relaci\u00f3n a los derechos y obligaciones; y, por tanto, debe notific\u00e1rsele la existencia del t\u00edtulo, para promover o continuar la ejecuci\u00f3n, so pena de la invalidez de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

No debe perderse de vista: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el car\u00e1cter necesario de un litisconsorcio tiene su causa o raz\u00f3n de ser, no en el derecho procesal que apenas se ocupa de describir el fen\u00f3meno y se\u00f1alarle su tratamiento, sino en el derecho material, vale decir en la relaci\u00f3n sustancial objeto del litigio que, por su propio modo de ser o por obra del sistema legal que la regula, exige que vengan a ser partes en el correspondiente proceso \u2013partes en sentido procesal- por lo tanto \u2013los mismos sujetos activa o pasivamente legitimados \u2013partes en sentido sustancial respecto de la acci\u00f3n entablada-, para que sobre esta \u00faltima sea posible un pronunciamiento jurisdiccional de fondo, configur\u00e1ndose en consecuencia y dada la condici\u00f3n unitaria e indivisible de aquella relaci\u00f3n, un supuesto excepcional de legitimaci\u00f3n forzosamente conjunta (\u2026)\u201d [CSJ SC del 19 de oct. de 1994 (M.P. Carlos E. Jaramillo)]. <\/p>\n

Si en la ejecuci\u00f3n frente a la deuda de un causante, se insiste, el litisconsorcio fuera necesario, habr\u00eda que borrar de tajo el art. 1580 del C\u00f3digo Civil, cuando se\u00f1ala: \u201cLos herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero ser\u00e1 solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porci\u00f3n hereditaria\u201d (negrillas propias).
\nObs\u00e9rvese, en el caso, siendo la obligaci\u00f3n solidaria, cuando uno de los deudores muere, son sus herederos quienes van a ocupar el lugar y el grado obligacional del fallecido, pero comparecen conjuntamente, como si ostentasen relaciones jur\u00eddicas individualizadas y separadas unas de otras, respondiendo cada cual \u201c(\u2026) de aquella cuota parte de la deuda que corresponda a su porci\u00f3n hereditaria\u201d (art. 1580 C.C.). Y ello es coherente con lo previsto en el canon 1411 del C\u00f3digo Civil, cuando dice: \u201cLas deudas hereditarias se dividen entre los herederos, a prorrata de sus cuotas (\u2026). Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de las deudas hereditarias sino hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda\u201d. <\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo entender, entonces, que en las obligaciones hipotecarias o simplemente quirografarias pueda predicarse la existencia de un litisconsorcio necesario, si las deudas a cargo de cada heredero corren destinos separados? \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la obligaci\u00f3n de comparecer todos a la vez a juicio, tornando interdependiente la responsabilidad de cada uno con respecto al acreedor?. <\/p>\n

Trat\u00e1ndose de obligaciones conjuntas, los fen\u00f3menos extintivos (prescripci\u00f3n; novaci\u00f3n; compensaci\u00f3n, etc.) son individuales respecto de cada uno de los sujetos vinculados. No existiendo suerte com\u00fan sino independiente, jam\u00e1s puede estructurarse entre ellos un litisconsorcio de la naturaleza apuntada. <\/p>\n

Sobre este punto, la Corte ha acotado: <\/p>\n

\u201cSi se ha demandado de cada heredero el pago de su cuota, la demanda se ha ajustado a los art\u00edculos 1155, 1581, 1411 y 1412 del C\u00f3digo Civil, y como en nada afecta a tal o cual heredero demandado el que tales o cuales de sus coherederos lo sean tambi\u00e9n o dejen der sujetos de la demanda, puesto que la ausencia o presencia de \u00e9stos en nada altera su cuota, es claro que bien puede el acreedor, renunciado a su derecho conforme al art\u00edculo 15 del C.C., abstenerse e cobrar una o m\u00e1s de las cuotas de los herederos en la deuda, sin que legalmente quepa echar de menos a aqu\u00e9l o aqu\u00e9llos de quienes el acreedor ha prescindido. As\u00ed las cosas, no se ve raz\u00f3n para que por la falta de dos de los herederos en el elenco de los demandados no sea viable la acci\u00f3n, como si ninguno de los demandados pudiera defenderse sin la concurrencia de todos los otros herederos. La presencia de todos \u00e9stos no puede tenerse como indispensable para la viabilidad de un juicio de esta clase. Por el contrario, disposiciones legales expresas autorizan la validez de las controversias no seguidas contra todos y la eficacia de las sentencias respectivas, naturalmente sin alcance contra los que no han litigado\u201d [CSJ SC del 30 de agosto de 1946 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza)] (Resaltado para enfatizar). <\/p>\n

Finalmente, el precepto 90 del C. de P. C. de ninguna manera puede aparejarse con el art. 81 del mismo C\u00f3digo, sino con la respectiva relaci\u00f3n material que demande o no la presencia obligada de litisconsortes necesarios. <\/p>\n

4. Partiendo de las premisas expuestas en precedencia, pronto se advierte la incursi\u00f3n del tribunal en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, al dar por sentada, sin estarlo, la configuraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario, repercutiendo esta consideraci\u00f3n en la defensa del aqu\u00ed actor, pues no se resolvieron de fondo sus alegaciones referentes a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n por la notificaci\u00f3n efectuada a uno de los herederos. <\/p>\n

Ese desafuero de la corporaci\u00f3n tutelada, contrario a lo deducido por la mayor\u00eda, allanaba la v\u00eda a la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n para salvaguardar las garant\u00edas constitucionales del banco promotor. <\/p>\n

5. En los t\u00e9rminos anteriores dejo sustentada mi discrepancia en relaci\u00f3n con el fallo de la referencia. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tMediante \tauto de 20 de octubre (sic) del a\u00f1o que avanza, debi\u00e9ndose \tentender el mes de noviembre seg\u00fan la diacron\u00eda de las \tactuaciones.
\n2 \tLos \tcitados en la providencia objeto de mi disenso: CSJ STC8412-2014, de \t1 de julio; CSJ STC10266-2016, de 27 de julio; CSJ STC078-2014, de \t17 de enero; CSJ SSC del 29 de sept. de 1984; 15 de marzo de 2001; \t29 de marzo de 2001; 2 de sept. de 2005; 27 de julio de 2016; CSJ AC \tde 20 de mayo de 2013, rad. 2010-01109.
\n3 \tCfr. MORALES \tMOLINA, Hernando. Curso \tde Derecho Procesal Civil. Parte General. \tEditorial ABC. Bogot\u00e1. 1978. P\u00e1g. 208.
\n4 \tCfr. DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado \tde Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial \tTemis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 420-421.
\n5 \tLa demanda fue incoada el 18 de diciembre de 2007.
\n6 \tVisible en: ROA G\u00d3MEZ, H\u00e9ctor. Jurisprudencia \tcivil de la Corte Suprema de Justicia. Tomo II. \t Editorial. \tAbg, Bogot\u00e1. \t1978. P\u00e1g. \t695.
\n7 \tAs\u00ed: \tCSJ SSC del 21 de febrero de 1984 (M.P. Horacio Montoya Gil); y del \t11 de oct. de 1988 (M.P. Rafael Romero Sierra). <\/p>\n

9 \tCSJ SC del 25 de abril de 2005, exp. C-14115.
\n10 \tIb\u00edd.
\n11 \tVide: \tCSJ SSC del 4 de septiembre de 1953 (M.P. Rodr\u00edguez Pe\u00f1a); \tdel 21 de febrero de 1984 (M.P. Horacio Montoya Gil); 14 de junio de \t1971 (M.P. Humberto Murcia Ball\u00e9n); 2 de septiembre de 1985 \t(M.P. Jos\u00e9 A. Bonivento); 3 de agosto de 1990 (M.P. Pedro \tLafont); 28 de oct. de 1993 (M.P. Carlos E. Jaramillo); 19 de oct. \tde 1994 (M.P. Carlos E. Jaramillo). Y varios m\u00e1s.
\n12 \tROCCO, \tUgo. Trattato \tdi Diritto Processuale Civile. Tomo II. \tP\u00e1gs. 110-112.
\n13 \tPALACIO, Lino E. Derecho \tProcesal Civil. Tomo III. \tSujetos del Proceso. \tEd. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1970. P\u00e1gs. 207-208.
\n14 \tCfr. \tGUASP, Jaime. Derecho \tProcesal Civil. Tomo I. Introducci\u00f3n y Parte General. \tInstituto \tde Estudios Pol\u00edticos. Madrid. 1968. P\u00e1gs. 201-203.
\n15 \tCfr. \tMORALES MOLINA, Hernando. Curso \tde Derecho Procesal Civil. Parte General. Editorial \tABC. Bogot\u00e1. 1978. P\u00e1gs. 215 y ss.
\n16 \tEn \teste sentido: CSJ SSC del 31 de agosto de 1936 (M.P. Miguel Moreno \tJaramillo); 18 de noviembre de 1936 (M.P. Miguel Moreno Jaramillo); \t8 de marzo de 1944 (M.P. Fulgencio Lequerica V\u00e9lez); 15 de \tmarzo de 1949 (M.P. \u00c1lvaro Leal Morales); 14 de abril de 1955 \t(M.P. Julio Pardo); 23 de abril de 1961 (M.P. Arturo Posada); 31 de \tjulio de 1972 (M.P. Ernesto Escall\u00f3n). Y muchas m\u00e1s.
\n17 \tMe \tremito a la relacionada en el numeral 2.3 del presente documento.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15982-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02784-00 Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Comoquiera que este asunto fue remitido1 al despacho de la suscrita magistrada en tanto el proyecto otrora presentado fue derrotado por la mayor\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}