{"id":102124,"date":"2026-07-01T21:42:59","date_gmt":"2026-07-01T21:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102124"},"modified":"2026-07-01T21:42:59","modified_gmt":"2026-07-01T21:42:59","slug":"stc15986-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15986-2018\/","title":{"rendered":"STC15986-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15986-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03758-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante letrado, por Ana Luc\u00eda Mayorga de Mestizo en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Ricardo Acosta Buitrago y Jos\u00e9 Alfonso Isaza D\u00e1vila, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La gestora depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades querelladas dentro del juicio de usucapi\u00f3n extraordinaria que le formul\u00f3 a Luis Alberto Mestizo Mayorga, otros y personas indeterminadas. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 apuntalando su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En aras de que se le declarase propietaria del 50% del inmueble \u00abubicado en la calle 5 N\u00ba. 30-50\u00bb de Bogot\u00e1, formul\u00f3 la demanda que origin\u00f3 el sub lite. <\/p>\n

2.2.- Luego de ser admitido su libelo, trabada la litis y adelantar ciertas las etapas procedimentales, la c\u00e9lula judicial encartada \u00abcomienza una serie de requerimientos injustificados\u00bb como \u00abque allegue las actuaciones surtidas, en copias aut\u00e9nticas e integras, de un proceso ejecutivo que curs\u00f3 en el a\u00f1o 1994 cuya medida cautelar recay\u00f3 sobre el bien inmueble objeto\u00bb de usucapi\u00f3n y \u00abexige que se vincule a la otra condue\u00f1a del bien inmueble objeto de la litis[, Rosaura Mestizo Mayorga], como parte demandada, pasando por alto que la demanda se present\u00f3 al tenor de lo presupuestado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 375 del C. G. del P., el cual es enf\u00e1tico, en que la pertenencia se puede alegar por un comunero con exclusi\u00f3n de condue\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Tras la verificaci\u00f3n de otras varias actuaciones procedimentales, el despacho entutelado dict\u00f3 fallo desestimatorio calendado 11 de abril de 2018, en que, entre otras cosas, se dirigi\u00f3 a ella \u00aben t\u00e9rminos netamente jur\u00eddicos que [\u2026] no comprende, m\u00e1xime cuando [es]una persona de avanzada edad\u00bb; \u00abno valor[\u00f3] ni se pronunci[\u00f3] a casi cincuenta (50) pruebas documentales que le solicit[\u00f3] en tiempo\u00bb; la \u00abconfunde a todo momento [con] la demandada Rosaura Mestizo\u00bb; y, \u00abdicta [el] fallo en total descompostura\u00bb aludiendo que se halla en un \u00abestado psicol\u00f3gico de afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Apel\u00f3 tal decisi\u00f3n, aconteciendo que la corporaci\u00f3n recriminada, luego de que fuera revocada la determinaci\u00f3n anulatoria que en principio adopt\u00f3, la confirm\u00f3 mediante sentencia de 11 de octubre de hoga\u00f1o, lo cual, en su criterio, quebranta sus prerrogativas por cuanto, en compendio, \u00ablimit[\u00f3] el tiempo para la correspondiente sustentaci\u00f3n del recurso, cuando el art\u00edculo 327 del C. G. del P., estipula que el recurrente \u201cdeber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u201d, sin especificar tiempo para hacerlo\u00bb; \u00abagrav[\u00f3 su] situaci\u00f3n [como] apelante [\u2026] \u00fanico, [ya que] trae a colaci\u00f3n y para basar su fallo de segunda instancia, que [ella] no es condue\u00f1a, para que pueda pedir en pertenencia, confundiendo el esp\u00edritu de la norma, cuando especific\u00f3 que una cosa es condue\u00f1o y otra comunera\u00bb; declin\u00f3 \u00abref[erirse\u2026] al hecho que el juzgador de primer grado no valor\u00f3 casi cincuenta (50) pruebas documentales pedidas en tiempo en el transcurso del proceso\u00bb, que \u00abaleg[\u00f3] falta de competencia [\u2026] al punto de haber solicitado vigilancia judicial del proceso\u00bb y que \u00abla sentencia de primer grado fue dictada bajo serios indicios de afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica grave\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sentencia ratificatoria de 11 de octubre de 2018 dictada por la corporaci\u00f3n querellada dentro del sub judice, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico, material y procedimental absoluto. <\/p>\n

3.- Obra como cardinal demostraci\u00f3n recaudada que ata\u00f1e con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el disco compacto en que reposa la sentencia revalidatoria que el tribunal querellado profiri\u00f3 el d\u00eda 11 de octubre del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n

Entre otras reflexiones all\u00ed sostuvo, primeramente, referente a las supuestas irregularidades procedimentales que adujo la censora acontecieron en el decurso del sub lite, que tales asuntos \u00abno pueden ser abordados en esta instancia [\u2026] para efectos de discutir de alguna manera la eficacia o no de la sentencia o de los fundamentos jur\u00eddicos de la sentencia en s\u00ed mismos considerados, porque realmente la apelaci\u00f3n s\u00f3lo se debe centrar a los reparos que se formulen a los argumentos utilizados por el juez en la sentencia; desde ese punto de vista, pues, no podemos, [\u2026al] resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia, hacer ning\u00fan cuestionamiento o ning\u00fan pronunciamiento relativo a todas las inconformidades que [hubo] en el tr\u00e1mite de la [primera] instancia [por cuanto que a] eso no se concreta la competencia del tribunal\u00bb. <\/p>\n

Dicho lo anterior, tras referirse en punto de los presupuestos de la acci\u00f3n de usucapi\u00f3n extraordinaria adelantada y citando jurisprudencia, esgrimi\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n a las pretensiones cuando se demanda una cuota parte del derecho dominio, el actor debe probar una posesi\u00f3n exclusiva sobre la cosa con exclusi\u00f3n de los otros comuneros, cuando se trata de pertenencia. Por esta v\u00eda [la tutelista] cuestion\u00f3 de la sentencia el hecho que sea le haya objetado la prescripci\u00f3n adquisitiva de una cuota parte, [ello] fundado en el art\u00edculo 375 numeral 3 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Asever\u00f3, inmediatamente, que si bien \u00abla declaraci\u00f3n de pertenencia puede pedirse por el comunero con exclusi\u00f3n de los otros comuneros\u00bb, lo cierto es que la \u00absituaci\u00f3n particular que [la peticionaria] invoca [\u2026] no es el supuesto b\u00e1sico de su demanda dado que [ella] realmente no es due\u00f1a de la otra parte o la otra cuota parte del inmueble que no se demand\u00f3 en prescripci\u00f3n. Entonces, el fundamento del art\u00edculo 375 numeral 3\u00ba [ejusdem] no se acomoda al caso en concreto, dado que [ese precepto] est\u00e1 previsto es para la pertenencia entre comuneros, [o sea] la pertenencia que reclama uno de los due\u00f1os contra otro de los due\u00f1os que no ha estado en posesi\u00f3n de la cosa al haberla abandonado o dejado a la deriva\u00bb, lo que en el particular no se vislumbra comoquiera que la actora no denot\u00f3 que en ella exista el \u00e1nimo de poseedora que era menester para salir avante sus pretensiones, dado que sin que se discuta que vive en el inmueble desde \u00abtiempo atr\u00e1s\u00bb pero en calidad de \u00abtenedora\u00bb, condici\u00f3n que no mut\u00f3 en \u00abposesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Lo propio, entre otras cosas, dado que \u00abcuando ese bien entra en la sucesi\u00f3n, en la masa conyugal, y se le adjudica incluso a los herederos, pues claramente all\u00ed se puede decir hasta ese momento no hab\u00eda un animus posesorio concreto y si lo hubo pues aqu\u00ed en este momento se diluye en virtud de que la propiedad misma se les adjudica a los herederos, hijos de la demandante, pero de ah\u00ed en adelante viene el tema de que se hizo el tal acuerdo privado, ese negocio privado cierto por medio del cual la madre de los herederos pretendi\u00f3 comprarle esos derechos que se les hab\u00edan adjudicado a los hijos en virtud de ese acuerdo que mencionaron y que de alguna manera sin que exista un documento que lo pruebe, sabiendo la informalidad con la que se hizo y la falta de constituir El documento respectivo y sin promesa o una escritura que acreditar\u00e1 la transferencia de ese derecho de dominio, pues obviamente all\u00ed mientras est\u00e9 pendiente de alguna manera ese negocio jur\u00eddico ella est\u00e1 reconociendo el dominio que recae en los hijos adjudicatarios del bien; entonces no se puede decir que es precisamente por la adjudicaci\u00f3n o en la fecha coet\u00e1nea o simult\u00e1nea de la adjudicaci\u00f3n que ella inici\u00f3 una posesi\u00f3n con animus que es el elemento que se ha echado de menos, porque si fue a partir de la sucesi\u00f3n que ella empez\u00f3 a realizar ese acuerdo y estuvo durante varios a\u00f1os tratando de concretar la adquisici\u00f3n del derecho de dominio por parte de sus hijos en virtud ese negocio en ese per\u00edodo mientras estuvo latente el negocio mencionado pues indudablemente se puede decir que ella estaba reconociendo el dominio ajeno\u00bb. <\/p>\n

En ese orden de ideas, afirm\u00f3, si para el a\u00f1o 2008 la gestora reconoc\u00eda en cabeza de sus hijos el derecho de dominio que les asist\u00eda \u00abpor haber sido los adjudicatarios del derecho de dominio en la sucesi\u00f3n de su padre, pues al momento en que se presenta la demanda que es el 5 de septiembre de 2016, pues no se podr\u00eda considerar que se hayan cumplido por lo menos los 10 a\u00f1os que requiere la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio para efectos de que se reconozca en el proceso bajo la ley que redujo los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de 20 a 10 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, a vuelta de lo anterior, que si la quejosa \u00abquer\u00eda prescribir basada en el usufructo que ten\u00eda\u00bb del 50%, esa hip\u00f3tesis tampoco se puede encuadrar en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abporque el usufructo no es derecho de dominio\u00bb, por lo cual \u00abentonces no se trataba de una prescripci\u00f3n entre comuneros porque la [enjuiciante] no tiene la condici\u00f3n de comunera respecto de la cosa que prescribe\u00bb. A la par, denot\u00f3 que \u00abentendida su demanda por el 50% de los derechos o la cuota parte del derecho de dominio que le corresponde [a] Luis Alberto Mestizo, el allanamiento que haya hecho [\u2026] Rosaura Mestizo de Mayorga en nada afectar\u00eda o favorecer\u00eda el derecho de la demandante, porque ese allanamiento que dar\u00eda lugar a considerar que ella consiente en la pertenencia del 50%, pues es el 50% de Rosaura y no es el [del] demandado en esta demanda, no es el requerido, no es el que se quiere adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria en este proceso\u00bb. <\/p>\n

Acentu\u00f3, por dem\u00e1s, que \u00abes clar\u00edsimo que no existe el animus posesorio requerido para demandar la pertenencia por lo menos [\u2026] hasta esta fecha 2008. Y si, como bien tambi\u00e9n lo mencionaba el juez [a quo], se tratara de acreditar que de alguna manera [pudo] intervertir el t\u00edtulo de mera posesi\u00f3n que ella ten\u00eda a partir de otras circunstancias probatorias, no se evidencia en el proceso ese punto crucial, ese hito necesario para decir que a partir de tal momento se intervierte el t\u00edtulo, por lo menos se podr\u00eda discutir hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, si no se tiene esa observaci\u00f3n claramente resulta que la sentencia debe confirmarse porque no hay m\u00e9rito para acceder a las pretensiones\u00bb. <\/p>\n

4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto de la sentencia de segunda instancia ut supra rese\u00f1ada, proferida por la corporaci\u00f3n cuestionada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, tal no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, habida cuenta que no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico, material y procedimental absoluto enrostrada, en tanto que de la transcripci\u00f3n arriba vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, am\u00e9n que las demostraciones obrantes en el plenario fueron apreciadas seg\u00fan la sana cr\u00edtica, como lo imponen las reglas probatorias. <\/p>\n

4.1.- Es decir, que del acervo demostrativo compilado eman\u00f3 que la actora en manera alguna soport\u00f3 el onus probandi que le incumb\u00eda en pro de acreditar el pleno de los estructurales presupuestos de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva ventilada, pues no denot\u00f3 la calidad de \u00abposeedora\u00bb que esgrimi\u00f3, dado que siempre ha admitido el dominio ajeno en cabeza de sus hijos, quienes son los propietarios del inmueble pretenso en usucapi\u00f3n en virtud de la adjudicaci\u00f3n que del mismo se le hizo en la sucesi\u00f3n de su padre, como que tampoco mostr\u00f3 que hubiera mutado el t\u00edtulo de tenedora que detent\u00f3, ni aun con la intensi\u00f3n de comprarle los derechos a aquellos pues justamente con ese proceder reiter\u00f3 el apuntado reconocimiento, de donde emergi\u00f3 que la pertenencia extraordinaria que intent\u00f3 edificar no se materializ\u00f3, hermen\u00e9utica plausible que no impone la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Relativamente a un asunto de estirpe an\u00e1loga, la Sala puso de presente, en CSJ STC8529-2018, 5 jul. 2018, rad. 2018-01790-00, que \u00abal contrario de lo determinado en el fallo de primera instancia, del haz de acreditaci\u00f3n diman\u00f3 que la censora no logr\u00f3 asumir el onus probandi que le concern\u00eda a fin de satisfacer todos los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de pertenencia impetrada, pues no pudo acreditar la calidad de poseedora al efecto invocada, am\u00e9n que tampoco denot\u00f3 que hubiera operado a su favor la terminaci\u00f3n de la mera tenencia e iniciaci\u00f3n de la posesi\u00f3n en vista de que no demostr\u00f3 \u00aben qu\u00e9 momento se rebel\u00f3 en contra de su compa\u00f1ero para ejercer de manera exclusiva los actos de posesi\u00f3n, y desconoci\u00e9ndolo como titular del dominio\u00bb para \u00abempezar [a] ejercer \u201csolitariamente\u201d actos de se\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb, de donde emergi\u00f3 que la usucapi\u00f3n que intent\u00f3 edificar no se materializ\u00f3, explicativa respetable que no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental\u00bb (v\u00e9ase). <\/p>\n

Y es que, valga decirlo, seg\u00fan explicit\u00f3 la Corte en CSJ STC7922-2018, 21 jun. 2018, rad. 2018-01576-00, para que se pueda predicar el ejercicio \u00abposesorio\u00bb en cabeza de una persona a partir de la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, se precisa: <\/p>\n

[E]l fehaciente cumplimiento de ciertos requisitos que en su conjunto determinan la franca voluntad y actitud relativas a la disposici\u00f3n de la cosa por parte de quien se atribuye el se\u00f1or\u00edo que es menester frente a s\u00ed mismo y ante los dem\u00e1s. Por ello, quien toma contacto material con un bien determinado en calidad de \u00abmero tenedor\u00bb (persona que reconoce se\u00f1or\u00edo ajeno) no puede pretender usucapir el bien que le fuera entregado a t\u00edtulo precario, salvo que sobrevenga una circunstancia nueva que ponga fin a dicha \u00abtenencia\u00bb, momento en que se inicia una \u00abnueva posesi\u00f3n\u00bb; tal hecho ha de constituirse como notorio hito que acredite paladinamente la mutaci\u00f3n del \u00abt\u00edtulo\u00bb por cuanto que, seg\u00fan el art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[e]l simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u00bb (se destaca), lo que impone que el interesado debe, en pro de acreditar la \u00abposesi\u00f3n\u00bb aseverada, demostrar que su condici\u00f3n inicial de \u00abmera tenencia\u00bb cambi\u00f3 con el tiempo, y que por conducto de ello, troc\u00f3 su \u00abtenencia\u00bb al campo del ense\u00f1oramiento en nombre personal, propio de un verdadero \u00abposeedor\u00bb -quien ha de tener \u00ednfulas de propietario-. <\/p>\n

Surge, pues, la necesidad de evidenciar una intenci\u00f3n conductual que apareje la interversi\u00f3n o mutaci\u00f3n del \u00abt\u00edtulo inicial\u00bb (mera tenencia), en pro de ense\u00f1ar el surgimiento de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb que se precisa para lograr el reconocimiento de la prescripci\u00f3n adquisitiva deprecada. Por ende, para que la \u00abinterversi\u00f3n\u00bb del inicial t\u00edtulo de aprehensi\u00f3n f\u00edsica sea valedera, debe caldearse en el \u00e1nimo -fuero interno- del sujeto en cuesti\u00f3n, una variaci\u00f3n volitiva de tal entidad que sea apreciable en el campo objetivo del plano exterior, de forma irrefutable; esto es, la misma debe presentar una evocaci\u00f3n absolutamente ostensible, siendo que, se insiste, tal metamorfosis factual no deviene por el simple hecho de transcurrir el tiempo. No; esta, adem\u00e1s, debe exteriorizarse y revestirse con los mismos actos que se esperan de un verdadero \u00abdue\u00f1o\u00bb, o sea, aquellos en que desconoci\u00e9ndose cualesquiera dominios extra\u00f1os, solamente son asiduos en quien puede ejercer conductas propias de los designados ius utendi, fruendi y abutendi sobre el bien; llegado ese momento, y contundida la intenci\u00f3n de tenencia -affectio tenendi-, se ha de denotar surgida, sobre el bien objeto de \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb, la \u00abintenci\u00f3n posesoria\u00bb que se requiere, misma que, a efectos del c\u00f3mputo que se impone para acreditar el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n efectivamente ejercido, se inicia s\u00f3lo despu\u00e9s de acaecida ella -valga decir, la posesi\u00f3n-, de donde emerge que el lapso que a partir de all\u00ed se inicia debe colmar el per\u00edodo que normativamente se precisa para que proceda la declaraci\u00f3n de pertenencia, siendo que en los eventos en que tal no se logra satisfacer lo propio comporta la denegaci\u00f3n de lo pretendido por faltar uno de los estructurales requisitos legales que son menester para lo propio, como en el sub lite aconteci\u00f3. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que se debatieron las excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s, quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01). <\/p>\n

4.3.- Cabe destacar, asimismo, que en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, en CSJ STC, 24 jun. 2011, rad. 2011-01225-00, que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho [\u2026], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Por tanto, en punto de la dolencia consistente en que se declin\u00f3 la manifestaci\u00f3n en torno a que \u00abel juzgador de primer grado no valor\u00f3 casi cincuenta (50) pruebas documentales pedidas en tiempo en el transcurso del proceso\u00bb, mal puede perderse de vista que las providencias, in genere, est\u00e1n revestidas de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, entendido tal que comprende, c\u00f3mo no, la connotaci\u00f3n relativa a que no es necesario que el fallador deba pronunciarse, una a una, respecto de las pruebas recaudadas por cuanto que su despliegue valorativo se ha de vislumbrar direccionado a la exposici\u00f3n del \u00abm\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), pero bajo el contexto consignado en los dem\u00e1s par\u00e1metros establecidos en el citado precepto, cual tambi\u00e9n establece que \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica [\u2026]\u00bb, todo lo cual deriva que una cosa es que se deje de ver la plenitud que emerge del haz demostrativo al efecto reunido, y otra, distinta, es que para que se pueda pregonar un adecuado ejercicio ponderativo sea necesario el pronunciamiento discriminado sobre cada elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n

4.5.- Por dem\u00e1s, y ata\u00f1edero con que la corporaci\u00f3n querellada le \u00ablimit[\u00f3] el tiempo para la correspondiente sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb de alzada que enfil\u00f3 contra el fallo de primer grado, ha de se\u00f1alarse que, al margen de que ello fuere o no t\u00f3pico de rebate al interior del juicio, lo cierto es que tal proceder es factible de cara al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso que, al tratar acerca de las \u00abintervenciones\u00bb en las \u00abaudiencias y diligencias\u00bb, enuncia que \u00ab[l]as intervenciones de los sujetos procesales, no exceder\u00e1n de (20) minutos, salvo disposici\u00f3n en contrario. No obstante, el juez de oficio o por solicitud de alguna de las partes, podr\u00e1 autorizar un tiempo superior, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Contra esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno\u00bb (se denot\u00f3), lo cual, por dem\u00e1s, se halla en sinton\u00eda de los deberes y potestades que detentan los juzgadores conforme a los preceptos 8\u00ba y 42-2\u00ba ejusdem. <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15986-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03758-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante letrado, por Ana Luc\u00eda Mayorga de Mestizo en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}