{"id":102125,"date":"2026-07-01T21:43:26","date_gmt":"2026-07-01T21:43:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102125"},"modified":"2026-07-01T21:43:26","modified_gmt":"2026-07-01T21:43:26","slug":"stc15988-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15988-2018\/","title":{"rendered":"STC15988-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

STC15988-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03776-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Fernanda Romero Guzm\u00e1n en frente de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, integrada por los magistrados Amanda Janneth S\u00e1nchez Tocora, Benjam\u00edn de J. Yepes Puerta y Nelson Ruiz Hern\u00e1ndez1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La quejosa depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura encartada dentro del juicio de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que instauraron Mar\u00eda Luisa Mu\u00f1oz y Juan de Jes\u00fas Parra Grimaldos, en el cual ella formul\u00f3 co-oposici\u00f3n2. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 sustentando su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- El litigio sub examine avocado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, mismo que gravit\u00f3 en punto del inmueble llamado \u00ab\u201cAgua Bonita\u201d, ubicado en la vereda La G\u00f3mez del municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander, identificado con la [M]atr\u00edcula [I]nmobiliaria N\u00ba. 303-24772\u00bb, luego que la aludida c\u00e9lula judicial recaudara el material probatorio, fue remitido a la corporaci\u00f3n entutelada. <\/p>\n

2.2.- Una vez lo propio, la sala querellada mediante sentencia datada 25 de septiembre de 2018, desestim\u00f3 su oposici\u00f3n y dispuso la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio materia de pronunciamiento. <\/p>\n

2.3.- Tal providencia, esgrime, encierra anomal\u00eda ya que, en compendio, \u00abno se detuvo a analizar el m\u00e9rito de las pruebas documentales y testimoniales arrimadas al proceso, y fundament\u00f3 la sentencia en la total credibilidad de la versi\u00f3n del solicitante, quien encontr\u00f3 eco a sus mentiras, pues ning\u00fan testigo confirm\u00f3 ni soport\u00f3 su versi\u00f3n [\u2026] y en un ligero raciocinio, nos excluy\u00f3 de manera err\u00e1tica de la calidad de opositores de buena fe exenta de culpa, adem\u00e1s de la de segundos ocupantes, complementando esta vulneraci\u00f3n con la afirmaci\u00f3n que como ten\u00edamos otros bienes y capacidad econ\u00f3mica y no depend\u00edamos del predio\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se resguarden sus prerrogativas. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente configurarse causal especial de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico, enfila su inconformismo contra la colegiatura cuestionada habida cuenta que dict\u00f3 sentencia estimatoria de 25 de septiembre de hoga\u00f1o. <\/p>\n

3.- Obra como cardinal acreditaci\u00f3n que incumbe al asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el fallo de 25 de septiembre de 2018 que, tras declarar no probados los argumentos expuestos por la tutelista, que fungi\u00f3 como opositora dentro del sub lite, am\u00e9n de no reconocerle la condici\u00f3n de segundo ocupante, dispuso la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio denominado \u00abAgua Bonita\u00bb, entre otras cosas m\u00e1s. <\/p>\n

Lo anterior, en vista que relativamente a la manera como precis\u00f3 que obran concurrentes los \u00edtems que estructuran \u00abla acci\u00f3n de restituci\u00f3n\u00bb a favor de Mar\u00eda Luisa Mu\u00f1oz y Juan de Jes\u00fas Parra Grimaldos en punto del mentado bien ra\u00edz, y asimismo dio resoluci\u00f3n a la precisa \u00aboposici\u00f3n\u00bb planteada por la reclamante, sostuvo, entre otras reflexiones, tras valorar las pruebas que al efecto fueron practicadas, que relativo al t\u00f3pico de la \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb, era menester relievar que \u00abla parte opositora argument\u00f3 que no era obligaci\u00f3n del comprador hacer inferencias sobre alg\u00fan vicio del consentimiento que pudiera afectar el negocio jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que consider\u00f3 que no estaba obligado a pensar o suponer posibles antecedentes de violencia en la zona, adem\u00e1s que tampoco fue advertido por el entonces vendedor sobre el hecho que alguno de sus anteriores propietarios hubiera sido despojado de su propiedad. Se a\u00f1adi\u00f3 que su esposo y padre Fernando Mantilla Romero (q.e.p.d) adquiri\u00f3 la propiedad a trav\u00e9s del comisionista Antonio Fuentes, y mediante documento p\u00fablico que conserva validez, precisando que dentro del contrato de compraventa se incluyeron tambi\u00e9n las fincas \u201cAgua Bonita\u201d, \u201cSelva I\u201d,\u201d Selva II\u201d y \u201cLa Victoria\u201d \u00bb. <\/p>\n

Denot\u00f3, a vuelta de lo anterior, que \u00abpara dar una aplicaci\u00f3n flexible o incluso inaplicar el requisito de forma excepcional es necesario verificar que i) no favorezcan ni legitimen el despojo de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las v\u00edctimas; ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la tierra y iii) no puede darse para quienes tuvieron una relaci\u00f3n directa o indirecta con el despojo\u00bb. <\/p>\n

Empero, prosigui\u00f3, \u00abno se acredit\u00f3 que Romero Mantilla hubiere adelantado actuaci\u00f3n o diligencia alguna para establecer con certeza la realidad de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien que adquiri\u00f3, de tal manera que le diera seguridad de que su obrar estaba encaminado a evitar conductas antijur\u00eddicas, impropias o actos contrarios a los par\u00e1metros morales que existen en un conglomerado social, pues lo \u00fanico que evidencia el proceso es una relaci\u00f3n de recibos de pago que acreditan la forma en que se realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n del bien, adem\u00e1s de la consulta de documentos de pagos de impuestos, constancias de estar libres de hipotecas, recibos de servicios p\u00fablicos, actuaciones que tan s\u00f3lo resultan ser la que de manera normal y l\u00f3gica realiza cualquier comprador en cualquier parte o regi\u00f3n del pa\u00eds para la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa\u00bb, acaeciendo que \u00absi bien la se\u00f1ora Guzm\u00e1n Osorio se\u00f1al\u00f3 que su esposo indag\u00f3 con amigos sobre el comisionista que lo contact\u00f3 con el propietario del predio y que \u00e9ste les gener\u00f3 confianza por ser una persona reconocida en el sector, lo cierto es que de ello solo obra su dicho, sin prueba alguna que lo respalde, pues como ya se indic\u00f3 no se aport\u00f3 elemento que acredite las acciones adicionales tendientes a verificar la normalidad de la situaci\u00f3n que rode\u00f3 la venta por parte de sus antecesores\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, reliev\u00f3, \u00aben punto a la promesa de compraventa que realiz\u00f3 [\u2026] Luis Alberto Pati\u00f1o Salabarrieta a Romero Mantilla\u00bb, seg\u00fan se evidencia en el sub examine, \u00abel contrato de compraventa se realiz\u00f3 en una sola negociaci\u00f3n de cuatro predios -La Selva I, La Selva II, La Victoria y Agua Bonita-. Los tres primeros, se trasfirieron junto con [sic \u2026] Graciela Pe\u00f1a de Mojica, quien adquiri\u00f3 el (50%) por adjudicaci\u00f3n en la liquidaci\u00f3n notarial de la sucesi\u00f3n intestada de Celestino Mojica Santos, mediante [E]scritura N\u00ba. 462 de septiembre de 1999, otorgada en la Notar[\u00ed]a Tercera del C[\u00ed]rculo de Bucaramanga. En la misma, se estableci\u00f3 la manera en que se pact\u00f3 el pago del precio de los fundos referidos, los mismos que fueron realizados en efectivo -seg\u00fan recibos de egreso- cheque y especie, realiz\u00e1ndose estos desde el 28 de marzo de 2000 hasta el 28 de septiembre del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n

De ah\u00ed que, reflexion\u00f3 inmediatamente, \u00abse desprende incluso que [\u2026] Fernando Mantilla no cont\u00f3 con un tiempo prudencial para realizar una efectiva verificaci\u00f3n sobre los antecedentes del predio que adquiri\u00f3, pues se limit\u00f3 a efectuar los documentos formales de registro y acuerdos de pagos, cuando deb\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1, lo que significaba cuestionar sobre la situaci\u00f3n que rodeaba la transferencia del inmueble y el contexto de violencia en el sector a fin de comprobar las consecuencias del conflicto armado que imper\u00f3 en la regi\u00f3n donde se ubica el mismo. En consecuencia, en caso de haber existido en alg\u00fan momento conciencia de haber cre\u00eddo que se actu\u00f3 correctamente, ello no es suficiente para generar a favor de las hoy opositoras la compensaci\u00f3n que el legislador \u00fanicamente estableci\u00f3 para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos\u00bb. <\/p>\n

Decantado lo de marras, y tocante con la auscultaci\u00f3n de la tem\u00e1tica de ser \u00absegundos ocupantes\u00bb, ment\u00f3 que \u00abno se puede considerar a las opositoras como segundas ocupantes por cuanto actualmente no presentan nivel de vulnerabilidad, pues, aunque Guzm\u00e1n manifest\u00f3 depender en parte del predio objeto de este asunto para cubrir la educaci\u00f3n profesional de su menor hijo, lo cierto es que poseen otros bienes inmuebles, adem\u00e1s de percibir ingresos que le proporcionan su subsistencia y la de su familia. Asimismo, el hermano de la se\u00f1ora Guzm\u00e1n, no resulta afectado frente a la dependencia que tiene con su pariente, pues tiene la administraci\u00f3n de los dem\u00e1s fundos de su propiedad\u00bb. <\/p>\n

4.- Analizada la sentencia censurada ut supra referida, se observa que el tribunal acusado no incurri\u00f3 en anomal\u00eda que comporte la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada en punto de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras materia de pronunciamiento, que en particular se circunscribi\u00f3 al predio \u00abAgua Bonita\u00bb, relativamente al cual se opuso la enjuiciante, est\u00e1 soportada en el acervo demostrativo recaudado y en la interpretaci\u00f3n de los preceptos legales en que la apoy\u00f3, asentada en el ejercicio de las atribuciones competenciales que le corresponden. <\/p>\n

4.1.- Es decir, que se hallaron entera y cabalmente materializados los factores constitutivos de la \u00abacci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras\u00bb que fue emprendida por Mar\u00eda Luisa Mu\u00f1oz y Juan de Jes\u00fas Parra Grimaldos, quienes en el sub lite fungieron como solicitantes, lo que de suyo depar\u00f3 que su petitum restitutorio deviniera avante al demarcarse en ellos la condici\u00f3n de v\u00edctimas. <\/p>\n

Empero, parejamente se advirti\u00f3 que la gestora, all\u00ed opositora junto con Astrid Guzm\u00e1n Osorio, por contrario a lo que le incumb\u00eda, no demostr\u00f3 que a su vez ella tambi\u00e9n era v\u00edctima como que tampoco se evidenci\u00f3 la buena fe exenta de culpa que era menester develar, tanto m\u00e1s cuando quiera que al adquirir el bien ra\u00edz objeto de pronunciamiento no emprendi\u00f3 ning\u00fan tipo de diligencia en aras de proveerse \u00abuna efectiva verificaci\u00f3n sobre los antecedentes del predio que adquiri\u00f3\u00bb, habida cuenta que se content\u00f3 con \u00abefectuar los documentos formales de registro y acuerdos de pagos\u00bb no obstante que debi\u00f3 ser proactiva en torno a indagar acerca de la \u00absituaci\u00f3n que rodeaba la transferencia del inmueble y el contexto de violencia en el sector a fin de comprobar las consecuencias del conflicto armado que imper\u00f3 en la regi\u00f3n donde se ubica el mismo\u00bb, siendo que lo que obr\u00f3, entonces, fueron simplemente sus palabras en tal sentido y sin que contaran con respaldo probatorio ninguno. <\/p>\n

Aparte, se reliev\u00f3 que se verific\u00f3 que en punto de la tutelista, as\u00ed como tampoco respecto de la otra opositora, no se dan los requisitos para ser tenida como \u00absegundos ocupantes\u00bb por cuanto que no deriva su m\u00ednimo vital de lo que produce el predio, no constituye poblaci\u00f3n vulnerable en tanto sus necesidades y las de su grupo familiar est\u00e1n satisfechas, aparte que es propietaria de otros bienes ra\u00edces, hermen\u00e9utica que se apuntal\u00f3, cardinalmente, en lo establecido por la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo, m\u00e1xime cuando, como viene de verse, se expusieron con suficiencia las causas por las cuales as\u00ed se resolvi\u00f3. <\/p>\n

4.2.- Por dem\u00e1s, sobre los juicios de la naturaleza del aqu\u00ed auscultado, la Sala, entre otras tantas cosas, revel\u00f3: <\/p>\n

La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u201cuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u201d, se definieron en la norma \u201cgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00). <\/p>\n

4.3.- Por tanto, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, la circunstancia de que el resultado de la providencia censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juzgador constitucional, ya que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en CSJ STC, 23 oct. 2015, rad. 02505-00). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tDicho \ttogado, en la fecha de proferirse el fallo aqu\u00ed cuestionado, \testaba en \u00abuso de permiso\u00bb.
\n2 \tJunto \tcon Astrid Guzm\u00e1n Osorio.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO STC15988-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03776-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Fernanda Romero Guzm\u00e1n en frente de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}