{"id":102131,"date":"2026-07-01T21:44:41","date_gmt":"2026-07-01T21:44:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102131"},"modified":"2026-07-01T21:44:41","modified_gmt":"2026-07-01T21:44:41","slug":"stc16000-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16000-2018\/","title":{"rendered":"STC16000-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16000-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00115-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el convocante frente al fallo de 19 de julio de 2018, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Adolfo Montenegro Parra contra el Juzgado 1\u00ba Promiscuo de Familia y la Comisar\u00eda de Familia -Turno 1-, ambos de Palmira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del asunto objeto de la presente queja constitucional, as\u00ed como Diego Fernando Montenegro Parra y Superservicios del Oriente del Valle S.A., GANE Palmira. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \taccionante, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \tirremediable, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de \tsus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al \tm\u00ednimo vital y a la honra, supuestamente desconocidos por las \tautoridades encausadas. <\/p>\n

Suplic\u00f3, en s\u00edntesis, conminar a los entes accionados le otorguen \u00ab[un tiempo de espera para ir[s]e de la casa]\u00bb porque la orden de desalojo inmediato lo dejar\u00eda a la intemperie (folio 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De \tla solicitud y las probanzas obrantes en el expediente, se extractan \tlos siguientes hechos (folios 1 a 9; 62 a 65, cuaderno 1): <\/p>\n

2.1.\tEl 15 de enero de 2018 ante la Comisar\u00eda de Familia de Palmira -Turno 1-, V\u00edctor Manuel Montenegro Tobar instaur\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n contra el gestor del amparo, en su condici\u00f3n de hijo, por violencia intrafamiliar1; el d\u00eda 30 siguiente2 dicha autoridad otorg\u00f3 medida cautelativa en favor de las partes, en procura del respeto en las relaciones de hogar, so pena de imposici\u00f3n de multa o arresto en caso de incumplimiento. <\/p>\n

2.2.\tEl 3 de mayo posterior, merced a que Montenegro Tobar denunci\u00f3 nuevos hechos de violencia, la comisar\u00eda referida a espacio en audiencia de modificaci\u00f3n n.\u00ba \u00abCF.1175.13.3.381\u00bb orden\u00f3 que el aqu\u00ed accionante desalojara \u00abla casa de habitaci\u00f3n que comparte con la v\u00edctima\u00bb3, al representar su presencia un peligro para los miembros del hogar; decisi\u00f3n confirmada por el Juzgado 1\u00ba Promiscuo de Familia de esa ciudad el 8 de junio de 2018, al desatar la apelaci\u00f3n4 interpuesta por el peticionario. <\/p>\n

Anot\u00f3 que se vio enfrentado a su padre y a un hermano por repetitivos episodios de embriaguez del primero y porque aquel dilapidaba el dinero producto del negocio familiar de venta de chance (colocaci\u00f3n de apuestas) en licor, que pese a ello es una persona respetable y seria, de lo que pueden dar fe en GANE Palmira – Superservicios del Oriente del Valle S.A., empresa para la que dijo laborar durante catorce a\u00f1os. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado 1\u00ba de Familia de Palmira se opuso a la prosperidad del \tresguardo, al resaltar que la apelaci\u00f3n se surti\u00f3 con \trespaldo en un estudio de orden legal y jurisprudencial frente al \tfen\u00f3meno de la violencia intrafamiliar, lo que conllev\u00f3 \ta confirmar la determinaci\u00f3n de la Comisar\u00eda de \tFamilia que consider\u00f3 acertada (folio 23, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tComisar\u00eda de Familia de Palmira -Turno 1-, tras hacer un \trecuento de las actuaciones, sugiri\u00f3 la improcedencia del \tamparo con sustento en que el quejoso en su petici\u00f3n de \ttutela acept\u00f3 t\u00e1citamente los hechos de violencia \tcuando pidi\u00f3 que se le ampliara el t\u00e9rmino para \tdesalojar. Acot\u00f3 que dio prelaci\u00f3n a los derechos de \tla v\u00edctima, en atenci\u00f3n a su condici\u00f3n de \tadulto mayor con fundamento en la ley 1850 de 2017 (folio 25 y 26, \tcuaderno 1). <\/p>\n

3. Superservicios \tdel Oriente del Valle S.A. -GANE Palmira- inform\u00f3 que \tsuscribi\u00f3 contrato mercantil para colocaci\u00f3n de \tapuestas permanentes con V\u00edctor Manuel Montenegro Tobar y \tV\u00edctor Adolfo Montenegro Parra, v\u00ednculo que estos \t\u00faltimos terminaron unilateralmente el 17 de mayo de 2018, con \tocasi\u00f3n de sus diferencias y problemas familiares (folios 28 \ty 29, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga deneg\u00f3 la salvaguarda, comoquiera que la decisi\u00f3n de desalojo por violencia intrafamiliar luce razonable, m\u00e1xime cuando la v\u00edctima de las agresiones es un adulto mayor, a lo que adicion\u00f3 que el peligro esbozado por el memorialista de convertirse en un habitante calle es una simple especulaci\u00f3n (folios 69 a 72, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Fue formulada por el convocante, quien recalc\u00f3 que en la diligencia \u00abCF.1175.13.3.381\u00bb, de 3 de mayo su padre y hermano manipularon a los funcionarios para recibir el 100% de apoyo; que Superservicios del Oriente del Valle S.A. le termin\u00f3 el contrato de venta de chances sin justa causa; que la due\u00f1a de la casa donde habitaba con su familia le pas\u00f3 carta de desahucio de arrendamiento; y que persisten sus padecimientos originados en la lesi\u00f3n varicosa, ahora sumado a trastornos de migra\u00f1a (folio 82 y 83, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n

2. En \tel presente asunto, \tel quejoso cuestiona la sanci\u00f3n de desalojo que le impusiera \tla Comisar\u00eda de Familia de Palmira -Turno 1- el 3 de mayo de \t2018, con ocasi\u00f3n del desacato a la medida de protecci\u00f3n \tpor violencia intrafamiliar solicitado por su progenitor V\u00edctor \tManuel Montenegro Tobar, la cual fuera confirmada el d\u00eda 8 \tdel mismo mes y a\u00f1o por el Juzgado 1\u00ba Promiscuo de \tFamilia de esa municipalidad, en sede de alzada. <\/p>\n

2. Al \trespecto, cumple precisar que en esta sede se examinar\u00e1 la \t\u00faltima de las determinaciones cuestionadas, debido a que fue \tla que cerr\u00f3 el debate en torno a la medida de protecci\u00f3n \tadoptada en favor de la v\u00edctima. <\/p>\n

Pues bien, la autoridad judicial denunciada con fundamento en la normatividad vigente y de cara al caso concreto, al analizar el tr\u00e1mite impartido por la Comisar\u00eda tutelada consign\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026Para determinar de acuerdo con los elementos f\u00e1cticos del caso en concreto, esta judicatura debe analizar el problema jur\u00eddico, a saber: <\/p>\n

\u00bfVulner\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia de Turno 1 de este municipio el derecho al debido proceso del citado, seg\u00fan lo apelado por este al proferir la resoluci\u00f3n CF 1175.13.381, donde se ordena la medida de protecci\u00f3n de desalojo de manera inmediata de la residencia compartida [con] la v\u00edctima? <\/p>\n

\u2026En orden a verificar en este tr\u00e1mite los presupuestos aludidos y en acatamiento del principio de la carga de la prueba consagrado en el art. 167 del C.G.P., observa el Despacho que la inconformidad del se\u00f1or VICTOR ADOLFO MONTENEGRO PARRA frente a la decisi\u00f3n tomada por la Comisar\u00eda de Familia, no tiene mayor sustento, ni se observa prueba alguna que permita inferir que hubo vulneraci\u00f3n al debido proceso o que la decisi\u00f3n tomada fue contraria a derecho; se puede observar a contrario sensu que el derecho de defensa fue plenamente garantizados (sic) en el desarrollo del tr\u00e1mite administrativo, pues el citado fue debidamente notificado, se present\u00f3 a los respectivos descargos, teniendo su oportunidad para solicitar las pruebas que consideraba pertinentes, y no acoge el despacho el argumento que no fue escuchado el d\u00eda 27 de abril de 2018, pues a folio 54 del expediente, aparece formato diligenciado de descargos suscrito por el citado, donde bajo la gravedad de juramento manifiesta sobre los hechos ocurridos el 26 de abril de 2018 y era all\u00ed, donde pod\u00eda solicitar las pruebas que deseaba hacer valer, consider\u00e1ndose que es ajustada a derecho la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de Familia al resolver la medida de protecci\u00f3n e incluso no tom\u00e1ndose decisi\u00f3n como incidente de sanci\u00f3n, sino modificando la resoluci\u00f3n de 30 de enero de 2018, ordenando el desalojo de manera inmediata como mecanismo de protecci\u00f3n por las dificultades que se ven\u00edan presentando entre el citante y citado que pueden llevar a riesgos mayores de violencia intrafamiliar que amenazan la vida y la integridad f\u00edsica no solo de la v\u00edctima, sino del presunto agresor, al verse inmersos en el conflicto otros miembros de la familia, siendo esta una decisi\u00f3n conforme a derecho, m\u00e1s a\u00fan cuando el mismo recurrente afirma que en el mes de junio abandonar\u00eda el inmueble. Es por ello que la resoluci\u00f3n CF 1175.13.3.381 de fecha 03 de mayo de 2018, proferida por la funcionaria administrativa de la Comisar\u00eda de Familia Turno N\u00ba 1 de esta ciudad, es legal y se observ\u00f3 el debido proceso, razones por dem\u00e1s suficientes para que haya lugar a confirmarla\u2026 (folio 9, cuaderno 1). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, lo que descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del opugnante no tiene eco en esta sede excepcional, m\u00e1s cuando las irregularidades denunciadas no pasan de ser conjeturas carentes de respaldo probatorio. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la decisi\u00f3n tomada en el marco del tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar, a lo que se destaca que el quejoso ni siquiera fue sancionado en incidente de desacato a la medida de protecci\u00f3n inicialmente adoptada por la autoridad administrativa, pues simplemente lo que esta hizo fue variar la cautela para disponer el desalojo del agresor de la residencia de la v\u00edctima, en procura de salvaguardar la integridad de esta y de aquel, dado que se podr\u00edan ver involucrados m\u00e1s miembros de la familia en el conflicto. <\/p>\n

La Corte ha doctrinado que discrepar del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial o administrativa, de por s\u00ed no desemboca en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01; reiterada el 10 nov. 2017, rad. STC18711). <\/p>\n

4.\tPor lo dicho en precedencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tHistoria n.\u00ba 027-18 (folio 1, cuaderno 2). <\/p>\n

3\u0002 \tFolio 8, cuaderno 1.
\n4\u0002 \tFolios 7 a 9, cuaderno 1.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16000-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00115-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el convocante frente al fallo de 19 de julio de 2018, proferido por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}