{"id":102135,"date":"2026-07-01T21:45:16","date_gmt":"2026-07-01T21:45:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102135"},"modified":"2026-07-01T21:45:16","modified_gmt":"2026-07-01T21:45:16","slug":"stc16012-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16012-2018\/","title":{"rendered":"STC16012-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16012-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00305-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 29 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam Pinz\u00f3n Ovalle contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Cundinamarca. <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, la solicitante, quien funge como Inspectora Primera Municipal de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridades convocadas al imponer y ejecutar sanciones de orden pecuniario por abstenerse de cumplir las diligencias judiciales para las cuales se le comision\u00f3. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, el Tribunal a-quo present\u00f3 los hechos as\u00ed: <\/p>\n

\u00abEl Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, libr\u00f3 con destino a la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, diferentes despachos comisorios, pero por prohibici\u00f3n expresa del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda hizo saber al Juzgado accionado que no era competente para adelantar las comisiones encargadas, por lo que orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n

Atendiendo lo anterior el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 ordena la devoluci\u00f3n de los despachos comisorios a la Inspecci\u00f3n Municipal indicando que el C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda no modific\u00f3 el deber de los alcaldes e inspectores de polic\u00eda de realizar diligencias por v\u00eda de comisi\u00f3n de un juzgado, conminando a obedecer la comisi\u00f3n so pena de las sanciones previstas en el art\u00edculo 39 del C.G.P. <\/p>\n

La actora nuevamente orden\u00f3 devolver las comisiones al juzgado accionado con el argumento antes se\u00f1alado y la interpretaci\u00f3n que sobre el particular han sentado diferentes operadores judiciales, no obstante el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 le impuso como sanci\u00f3n una multa equivalente a 5 smlmv, en cada una de las providencias proferidas el 17 de abril de 2018 dentro de los procesos con radicado No. 2018-0006100, 2017-0021900, 2015-0023800, 2017-0065700, 2017-0008700, 2017-0010700,2017-0063400, 2013-0018900, 2015-0010600, 2017-005000 y 2016-0064400, multas que sirvieron de fundamento al cobro persuasivo por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1-Cundinamarca.
\nContra las anteriores decisiones la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, que fueron decididos en forma negativa en providencia del 8 de mayo de 2018, para luego insistir en queja, de las cuales se ocuparon los Juzgado Primero y Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, quienes en forma parcial en providencias del 25 de junio y 13 de agosto de 2018, declararon bien denegado el recurso, faltando a\u00fan por decidir algunos recursos de queja. <\/p>\n

El titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, sin suficientes motivaciones aduj\u00f3 que la actora estaba obligada a obedecer la orden judicial de secuestro o entrega y que no hacerlo ser\u00eda acreedora de las sanciones previstas en el art\u00edculo 39 del C.G.P., sin brindar la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, al no permit\u00edrsele plantear argumento alguno y menos controvertir y solicitar pruebas, m\u00e1xime cuando no han sido pacificas las posiciones sobre la materia. <\/p>\n

La sentencia citada por el se\u00f1or Juez accionado, como fundamento de la sanci\u00f3n impuesta, no puede servir de base, ya que en el caso all\u00ed descrito se involucra un alcalde municipal y no un inspector de polic\u00eda, a la fecha existe controversia en la materia y en los fundamentos de las providencias censuradas no aparece en lo m\u00e1s m\u00ednimo la raz\u00f3n que motiv\u00f3 al juez para imponer multa de 5 smlmv en cada uno de los procesos, que adem\u00e1s de ser desproporcionada la sanci\u00f3n ya que al individualizarlas rompe el m\u00e1ximo establecido, ya que a la fecha ascienden a $42.968.310. Con apoyo en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Nacional a la actora le era permitido tomar la decisi\u00f3n de devolver las comisiones. <\/p>\n

Previo a emitir los autos de fecha 17 de abril de 2018, el juez accionado debi\u00f3 aplicar el principio constitucional del debido proceso, conforme al cual el inculpado tiene derecho a ser o\u00eddo para presentar sus descargos y controvertir las pruebas recaudadas, mas no proceder a decidir de plano, desconociendo lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 44 del C.G.P., adem\u00e1s pese a formular recursos de queja, los cuales no han sido resueltos en su totalidad, el juez de conocimiento remiti\u00f3 las diligencias de inmediato al Consejo Superior de la judicatura, donde se inici\u00f3 el cobro coactivo, donde van afectarse con medidas cautelares los bienes de la actora, bienes que son el sustento de \u00e9sta y de su n\u00facleo familiar, por lo que se encuentra ante un perjuicio irremediable, por lo que formula la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende \u00abse revoquen\u00bb las providencias mediante las cuales el Juzgado accionado \u00abimpuso como sanci\u00f3n en cada una de ellas una multa equivalente a cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, as\u00ed como las decisiones correspondientes a los \u00abcobros persuasivos\u00bb (fls. 6 a 20, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. La presidenta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, tras indicar que en el asunto planteado \u00abnada tiene que ver la Sala\u00bb, inform\u00f3 que esa colegiatura \u00abha mantenido su precedente horizontal sobre el tema presentado como aparentes conflictos de competencia entre Inspecciones de Polic\u00eda y Juzgados Municipales y del Circuito, sobre el cumplimiento o no, por parte de las primeras frente a las comisiones libradas por los segundos en ejercicio de sus funciones y por virtud del principio de colaboraci\u00f3n, concluyendo que en tales casos la competencia en si no se pone en duda, pues corresponde al juez que conoce del asunto sin que pueda considerar que \u00e9ste en manera alguna estar\u00eda pretendiendo despojarse de aquella\u00bb (fls. 32 a 34, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 – Cundinamarca, indic\u00f3 que contra la ac\u00e1 accionante se est\u00e1n adelantando los \u00abcobros coactivos\u00bb de multas impuestas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, dentro de los procesos 2017-00657, 2017-00107, 2017-00027, 2017-00219 y 2015-00238, atendiendo las \u00abclaras facultades\u00bb atribuidas a esa oficina, pues los documentos allegados para ello dan cuenta \u00abde obligaciones a favor de la Naci\u00f3n\u00bb cuya \u00abpresunci\u00f3n de legalidad (\u2026) no puede ser desvirtuada por el funcionario ejecutor, sino por una decisi\u00f3n judicial que la corrija, modifique, aclare o revoque\u00bb, y \u00abmientras ello no ocurra se debe continuar la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos y condiciones establecidas en la normatividad vigente\u00bb (fls. 35 y 36, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. El Juez Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, remiti\u00f3 al tribunal \u00abpara una mayor ilustraci\u00f3n en cuanto a las actuaciones surtidas\u00bb, los once expedientes contentivos de las sanciones que la actora cuestiona (fls. 50 y 51, \u00eddem), y el titular de ese despacho respondi\u00f3 la demanda, reiterando que se soporta en \u00abfallo proveniente de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, en el que se indica que las inspecciones de polic\u00eda est\u00e1n facultadas para realizar las diligencias de entrega y de secuestro \u00absolo en cuanto a su funci\u00f3n administrativa\u00bb, ante \u00abla irreverencia de la funcionaria de polic\u00eda\u00bb, aplic\u00f3 la \u00abm\u00ednima\u00bb sanci\u00f3n contemplada en \u00abel art\u00edculo 39 del CGP, inciso 5\u00ba\u00bb, y que manteniendo su \u00abrebeld\u00eda\u00bb, la inspectora \u00abutiliz\u00f3 todos los recursos\u00bb para controvertir la decisi\u00f3n (fls. 52 a 55, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 parcialmente la salvaguarda al indicar que si bien esta Corporaci\u00f3n, en sede de tutela, defini\u00f3 que \u00ablas inspecciones de polic\u00eda deben adelantar las diligencias de secuestro y entrega, ordenadas judicialmente por comisi\u00f3n, ya que resulta ser una funci\u00f3n meramente administrativa y no jurisdiccional (\u2026) el se\u00f1or juez acusado no debi\u00f3 sancionar de plano a la accionante ya que debi\u00f3 garantizar el debido proceso y derecho a la defensa de la misma, siguiendo para tales efectos las directrices previstas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 44 del C.G.P.\u00bb, y como criterio de autoridad cit\u00f3 reciente pronunciamiento de esta Sala. As\u00ed, aclarando que en uno de los casos incluidos en el auxilio la sanci\u00f3n ya fue revocada, y en otro se anot\u00f3 mal el radicado, declar\u00f3 \u00absin valor ni efecto los autos de fecha 17 de abril de 2018\u00bb proferidos en los asuntos en los que fue sancionada la querellante, disponiendo que el juzgado inicie el tr\u00e1mite incidental echado de menos, y orden\u00f3 a la accionante que proceda a la pr\u00e1ctica de las diligencias para las cuales fue comisionada (fls. 76 a 82, continuaci\u00f3n del cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la promotora del amparo aduciendo que el tribunal a-quo no abord\u00f3 en su totalidad de los reparos que le fueron planteados, puesto que no realiz\u00f3 \u00abpronunciamiento de fondo\u00bb acerca de la vigencia de los cobros coactivos, afectando as\u00ed el \u00abprincipio de congruencia ente lo pedido y lo resuelto\u00bb, aunado a que no obstante haber invalidado la imposici\u00f3n de las sanciones producidas con violaci\u00f3n al debido proceso, dispuso que adelantara las diligencias para las cuales fue comisionada por el juzgado. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que con la orden anterior, se desconoci\u00f3 \u00abel par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 206 de la Ley 1801 de 2016\u00bb, seg\u00fan el cual \u00ablos Inspectores de Polic\u00eda no ejercer\u00e1n funciones ni realizar\u00e1n diligencias jurisdiccionales por comisi\u00f3n de los jueces\u00bb, lo cual tambi\u00e9n refiri\u00f3, \u00abcon lujo de detalles\u00bb, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017, acotando que la sentencia STC22050-2017 citada por el tribunal, \u00abno puede servir para fundamentar la sanci\u00f3n\u00bb, ya que all\u00ed se involucraba una Alcald\u00eda Municipal \u00abjam\u00e1s un inspector de Polic\u00eda\u00bb como ocurre en este evento (fls. 400 a 403, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la imposici\u00f3n de sanciones pecuniarias y su consecuente ejecuci\u00f3n por parte de las autoridades convocadas, configura vicio que amerite censura constitucional, en tanto que cuestiona la competencia de la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, para llevar a efecto las diligencias de secuestro y entrega para las cuales fue comisionada por el Juzgado Primero Civil Municipal de dicha localidad. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.
\nPor regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

Esto porque cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3. De la competencia de los Inspectores de Polic\u00eda para adelantar diligencias judiciales. <\/p>\n

Sobre las diligencias de secuestro y entrega de bienes decretadas en los distintos procesos y para cuya realizaci\u00f3n los jueces comisionan a los inspectores de polic\u00eda, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que dicha pr\u00e1ctica no corresponde al ejercicio de facultades de \u00edndole jurisdiccional, sino que comprende una gesti\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente administrativo, y en tales circunstancias ha precisado que esos despachos municipales o distritales est\u00e1n legalmente facultados para prestar su apoyo en la actividad judicial, sin que con ello comprometan las funciones que son propias al comitente ni desborden las que corresponden a la naturaleza jur\u00eddica del funcionario comisionado.
\nAl respecto, atendiendo la discusi\u00f3n surgida a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia contenido en la Ley 1801 de 2016, con observancia en las concordantes disposiciones del actual estatuto adjetivo (Ley 1564 de 2012), esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) El imperium de la iurisdictio, esto es, la potestad de decir el derecho, constitucionalmente est\u00e1 atribuida -y reservada- prevalentemente a los jueces, salvo concretas excepciones puntualmente regladas (art\u00edculo 116 Superior). <\/p>\n

Por supuesto, solamente los funcionarios p\u00fablicos que encarnan la \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb son quienes pueden dirimir los conflictos jur\u00eddicos sometidos a su competencial conocimiento, emitiendo al efecto decisiones que son vinculantes para los administrados, siendo que aquellos, en veces, bajo la \u00f3ptica de arm\u00f3nica colaboraci\u00f3n que debe mediar entre las diversas Ramas del Poder P\u00fablico a fin de lograr los fines esenciales del Estado, pueden servirse, articuladamente, de otros servidores para lograr materializar las disposiciones que adopten. <\/p>\n

As\u00ed, verbi gratia, cumple se\u00f1alar que los inspectores de polic\u00eda, en trat\u00e1ndose de lo concerniente con el \u00absecuestro\u00bb y \u00abentrega\u00bb de bienes, si bien no pueden dispensar justicia habida cuenta que carecen de jurisdicci\u00f3n para manifestarse en torno a la definici\u00f3n de tales t\u00f3picos, la que recae en cabeza de los administradores judiciales, s\u00ed pueden concurrir con su gesti\u00f3n a dar efectividad a las \u00f3rdenes judiciales que relativamente a aquellas ya han sido adoptadas; dicho de otro modo, ellos en manera alguna pueden disponer que un bien deba ser secuestrado o entregado, en tanto que tal atribuci\u00f3n no est\u00e1 dentro de la espec\u00edfica \u00f3rbita de su gesti\u00f3n p\u00fablica, m\u00e1s en cambio son aptos para hacer cumplir aquellas.
\nDe suyo, mal puede confundirse que la realizaci\u00f3n material de las diligencias de entrega y\/o secuestro por cuenta de los inspectores de polic\u00eda sea, propiamente hablando desde el punto de vista legal, el arrogamiento o la traslaci\u00f3n de la facultad de administrar justicia, cuando las mismas les son comisionadas por los operadores judiciales. No, en modo alguno; ello meramente es el ejercitamiento de una funci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo, que propende a realizar lo que un juez de la Rep\u00fablica al efecto dispuso mediante providencia ejecutoriada, pues su gesti\u00f3n se halla desprovista de cualesquiera injerencia resolutoria desde el punto de vista judicial. <\/p>\n

(\u2026) V\u00e9ase que el C\u00f3digo General del Proceso, en su canon 596, que junto con otros regula lo concerniente con la pr\u00e1ctica del \u00absecuestro\u00bb como medida cautelar, dispone en su numeral 2\u00ba, ata\u00f1edero con las \u00aboposiciones\u00bb al mismo, que \u00ab[a] las oposiciones se aplicar\u00e1 en lo pertinente lo dispuesto en relaci\u00f3n con la diligencia de entrega\u00bb (n\u00f3tese). A la par, la regla 309 ejusdem, dispone en su numeral 7\u00ba, que \u00ab[s]i la diligencia [de entrega] se practic\u00f3 por comisionado y la oposici\u00f3n se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitir\u00e1 inmediatamente el despacho al comitente, y el t\u00e9rmino previsto en el numeral anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposici\u00f3n fuere parcial la remisi\u00f3n del despacho se har\u00e1 cuando termine la diligencia\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n

Surge de lo anterior que de materializarse, a trav\u00e9s de \u00abcomisionado\u00bb, ya el secuestro ora la entrega de bienes, tal no puede entrar a definir aspecto alguno concerniente con el debate judicial que en derredor de la oposici\u00f3n pueda surgir, habida cuenta que inmediatamente se presente esta, es su invariable deber, remitir al \u00abcomitente\u00bb el despacho comisorio que le fuera enviado para que sea el juez que comision\u00f3, y nadie m\u00e1s, quien se ocupe de tal formulaci\u00f3n a fin de darle la definici\u00f3n que legalmente corresponda.
\nErgo, entendido que los \u00abinspectores de polic\u00eda\u00bb cuando son \u00abcomisionados\u00bb para la pr\u00e1ctica de un \u00absecuestro\u00bb o una \u00abdiligencia de entrega\u00bb no emprenden un labor\u00edo distinto al de sencillamente servir de instrumentos de la justicia para materializar las \u00f3rdenes previamente impartidas por los funcionarios judiciales que as\u00ed disponen, por lo propio deviene que bajo ninguna \u00f3ptica puede predicarse que est\u00e1n desarrollando funci\u00f3n o diligenciamiento de tenor judicial, sino que simplemente, it\u00e9rase, lo que all\u00ed cumplimentan es el ejercicio de una eminente \u00abfunci\u00f3n administrativa\u00bb, por lo que no es plausible predicar que a la luz del canon 206 de la Ley 1801 de 2016 o C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia se hallen impedidos para asumir el diligenciamiento de las comisiones que en ese sentido se les impongan los jueces de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

(\u2026) De ese modo las cosas, como los inspectores de polic\u00eda en las diligencias ut supra mentadas se desempe\u00f1an sencillamente como netos ejecutores de las providencias judiciales, lo cual, se insiste, les anula para adoptar decisi\u00f3n alguna que por supuesto le corresponde emitir s\u00f3lo al funcionario judicial comitente, es que cumple proceder a la intervenci\u00f3n ius fundamental reclamada, seg\u00fan en ello se converge con el tribunal a quo, por lo que pasa a adoptarse el sentido decisorio correspondiente, habida cuenta que el argumento aducido por el Alcalde del Municipio de Palmira no se compadece con la ley y s\u00ed, en cambio, se yergue como un infundado obst\u00e1culo en la dispensaci\u00f3n de la pronta y cumplida justicia que perennemente ha de perseguirse proveer\u00bb (CSJ STC22050-2017, 19 dic. 2017, rad. 00310-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n

Recientemente, aludiendo la providencia anterior, la Corte dijo que \u00abno puede la autoridad policiva justificar el desobedecimiento de una orden judicial en una interpretaci\u00f3n inadecuada del ordenamiento jur\u00eddico, ni menos a\u00fan exculpar su desidia ampar\u00e1ndose en directrices emitidas por otras dependencias administrativas de mayor jerarqu\u00eda; por cuanto dicho comportamiento contraviene las obligaciones procesales que le han sido designadas por la ley\u00bb, y cuestion\u00f3 a la autoridad judicial all\u00ed querellada por \u00abdesconocer deliberadamente el precedente jurisprudencial antes citado, donde se precisa que el acatamiento de las comisiones ordenadas judicialmente con ocasi\u00f3n de las diligencias procesales de entrega o secuestro, no constituyen, en manera alguna una funci\u00f3n jurisdiccional sino una gesti\u00f3n meramente administrativa de las autoridades policivas, raz\u00f3n por la cual no pueden eludir el cumplimiento de dichas delegaciones\u00bb (CSJ STC10670-2018, 21 ago. 2018, rad. 00090-01). <\/p>\n

4. Del debido proceso en el uso de los poderes correccionales del juez. <\/p>\n

Preliminarmente es necesario recordar que para la imposici\u00f3n de medidas correccionales por parte de la autoridad responsable del proceso judicial, debe adelantarse un tr\u00e1mite breve y sumario, dirigido a evitar tropiezos en el ejercicio de su labor jurisdiccional y con ello a que se mantenga la disciplina y el orden en aras a una pronta y eficiente administraci\u00f3n de justicia, sin que ello implique afectaci\u00f3n a las garant\u00edas superiores para el implicado. <\/p>\n

Precisando que salvo el caso de las sanciones impuestas por el titular del despacho a los empleados del mismo, \u00ablos actos que imponen sanciones a los particulares, son jurisdiccionales\u00bb, los cuales \u00abno son susceptibles de ser controlados a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, por no tener el car\u00e1cter de actos administrativos\u00bb (T-351\/93), el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso le otorga al juez \u00abpoderes correccionales\u00bb (enunciados como disciplinarios en el canon 39 del derogado estatuto procedimental civil), para \u00ab3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los dem\u00e1s empleados p\u00fablicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las \u00f3rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecuci\u00f3n\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n

En esas circunstancias, el sumario procedimiento no impide que el presunto infractor tenga la posibilidad de explicar y argumentar objetivamente las razones que pudieron dar lugar el desacato o la demora en el cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales, sin que ello signifique una oportunidad adicional para seguir dilatando el proceso ni para que pretenda revivir etapas ya superadas, en tanto que el juez debe desechar aspectos que vayan m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable pues tal situaci\u00f3n ri\u00f1e con el especial tratamiento procesal referido en la normativa en estudio. <\/p>\n

Ciertamente el par\u00e1grafo del citado art\u00edculo 44, se\u00f1ala que para la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria, entre otras, \u00ab(\u2026) el juez seguir\u00e1 el procedimiento previsto en el art\u00edculo 59 de la ley estatutaria de la administraci\u00f3n de Justicia. El juez aplicar\u00e1 la respectiva sanci\u00f3n, teniendo en cuenta la gravedad de la falta\u00bb; en su inciso 2\u00ba prev\u00e9 que \u00abCuando el infractor no se encuentre presente, la sanci\u00f3n se impondr\u00e1 por medio de incidente que se tramitar\u00e1 en forma independiente de la actuaci\u00f3n principal del proceso\u00bb, y culmina se\u00f1alando que \u00abcontra las sanciones correccionales s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n, que se resolver\u00e1 de plano\u00bb, lo cual reitera tanto el precepto al que lo remite como el canon 60 de la misma Ley 270 de 1996. <\/p>\n

Al respecto esta Sala ha dicho que \u00abel procedimiento sancionatorio, entonces, no implica sino un brev\u00edsimo tr\u00e1mite que no puede catalogarse como incidente, pese a que el presunto infractor tenga la posibilidad de manifestar la \u201cjusta causa\u201d que pudo llevarlo a incumplir la orden judicial, o para que rinda las explicaciones para demostrar que no hubo de su parte una dilaci\u00f3n del proceso. La decisi\u00f3n que adopta el juez, independientemente de que la norma la llame resoluci\u00f3n, no es m\u00e1s que un auto contra el que solo procede el recurso de reposici\u00f3n y sin que ello implique violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CSJ STC6442-2016, 18 may. 2016, rad. 00100-01, citada en STC14840-2018, 15 nov. 2018, rad. 02403-01). <\/p>\n

Ahora, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996, en especial la parte consistente en que \u00abel magistrado o juez har\u00e1 saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanci\u00f3n y de inmediato oir\u00e1 las explicaciones que \u00e9ste quiera suministrar en su defensa\u00bb, esta Corte dijo que esa norma alude a las \u00abactuaciones correccionales que se surtan en audiencia\u00bb, pues de lo contrario el requerido no podr\u00eda explicar su conducta, y en caso de estar inconforme con lo resuelto, interponer all\u00ed mismo el recurso de reposici\u00f3n, previa notificaci\u00f3n del acto \u00aben estrados\u00bb, siendo evidente que \u00abel legislador previ\u00f3 un tr\u00e1mite distinto para los casos en los que el proceso en que se suscita la desobediencia no se adelanta por las ritualidades de la oralidad sino de forma escritural como ocurre en el asunto bajo estudio, donde, de conformidad con el inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 44 citado, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n debe surtirse a trav\u00e9s de incidente\u00bb (CJS STC11051-2015, 20 ago. 2015, rad. 01771-00). Subraya la Sala. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que se realiza a la queja constitucional, con vista en la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y de la extractada de las pertinentes piezas procesales, encuentra la Sala que el fallo de primer grado ser\u00e1 modificado en cuanto a algunas de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas, siendo necesario realizar precisiones sobre los temas controvertidos a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta jur\u00eddica, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n

5.1. En primer lugar, conforme a las premisas anteriormente desarrolladas, es claro que los argumentos tra\u00eddos por la titular de la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, para intentar que se tenga por justificada su renuencia a realizar las diligencias para las cuales fue comisionada por el Juzgado Primero Civil de ese municipio dentro de procesos ejecutivos a su cargo, no tiene asidero jur\u00eddico y de ah\u00ed que la denegaci\u00f3n del auxilio en lo que refiere a esa pretensi\u00f3n, deba ser convalidada. <\/p>\n

Esto, porque conforme a los precedentes que se acaban de referir, qued\u00f3 suficientemente explicada la postura de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el disenso de la accionante, esto es, que por la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, los inspectores de polic\u00eda perd\u00edan la competencia para llevar a cabo las diligencias de secuestro y entrega de bienes que comisionan los jueces, pues a menos que se suscite oposici\u00f3n y con ello la necesidad de resolverla jur\u00eddicamente por parte del comitente, deber\u00e1 llevarse a t\u00e9rmino la comisi\u00f3n sin obst\u00e1culo alguno. <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de atender el cumplimiento de las comisiones que en su momento dispusiera el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad, empero, para que pueda adelantar una programaci\u00f3n acorde a la disponibilidad de tiempo y sin afectar las dem\u00e1s labores que a esa despacho competen, la funcionaria contar\u00e1 con un lapso m\u00e1s amplio, sin que tal disposici\u00f3n implique prologar su materializaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo prudencialmente razonable. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, deber\u00e1 el comitente indicarle cu\u00e1les de todas las comisiones relacionadas, se encuentran vigentes, pues dado que la problem\u00e1tica surgida entre dichas oficinas al punto de motivarse esa tutela, data del a\u00f1o inmediatamente anterior, es posible que algunas corresponde a casos ya concluidos o en los que no haya un inter\u00e9s actual para surtirlas. <\/p>\n

As\u00ed, teniendo en cuenta lo esbozado, habr\u00e1 de modificarse el numeral 4\u00ba del fallo impugnado, disponiendo que el Juzgado precise los comisorios que habr\u00e1n de ser diligenciados, y a partir del momento en que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda reciba tal informaci\u00f3n, contar\u00e1 con diez (10) d\u00edas para reprogramar esas actuaciones, y de ello dar\u00e1 aviso tanto al juzgado como a los interesados en ellas (demandantes), y al fallador constitucional de primera instancia, a efectos de ejercer el respectivo control de la orden tutelar.
\n5.2. En segundo lugar, esta Corporaci\u00f3n proh\u00edja la protecci\u00f3n constitucional otorgada a la accionante en relaci\u00f3n con la imposici\u00f3n de las sanciones pecuniarias, pues de acuerdo a las premisas se\u00f1aladas en precedencia, \u00e9stas no eran dables obviando el tr\u00e1mite incidental en el que se le brindara a la funcionaria de polic\u00eda, las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n que corresponden al debido proceso. <\/p>\n

Valga recordar que de conformidad con el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, es deber de los jueces \u00abdirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb, lo cual es consecuente con el principio de acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem), habida cuenta que la finalidad de la jurisdicci\u00f3n es impartir pronta y cumplida justicia. <\/p>\n

En ese sentido, como a los jueces se les ha provisto de potestades encaminadas a solucionar eficazmente las contingencias que surjan en los pleitos que conocen, esta Sala, en la ya referida sentencia STC10670-2018, sostuvo que \u00abfrente a la rebeld\u00eda de las autoridades policivas en el acatamiento de las comisiones ordenadas judicialmente, tal como lo disponen los art\u00edculos 39 y 44 del estatuto judicial vigente, sin perjuicio de las acciones disciplinarias procedentes, los jueces pueden hacer uso de sus poderes correccionales para sancionar el desobedecimiento de dichas entidades\u00bb. <\/p>\n

Empero, al presunto infractor de las \u00f3rdenes judiciales no se le puede vulnerar el derecho a ejercer su defensa, y para ello el juzgador debe garantizarle que exponga los motivos que condujeron a que no hubiera acatado su disposici\u00f3n, en este caso, la de practicar las diligencias en cumplimiento a las comisiones libradas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, pues si bien la inspectora recurri\u00f3 la mayor\u00eda de los autos que ordenaron las diligencias, no se surti\u00f3 el procedimiento sumario previsto para al cabo del mismo imponer o no la sanci\u00f3n contemplada en el inciso final del canon 39 del estatuto adjetivo, y por consiguiente, no tienen a\u00fan soporte los cobros coactivos. <\/p>\n

Entonces, como lo record\u00f3 la Corte en sentencia STC9823-2018, \u00abel poder de imponer sanciones de tipo correccional, para evitar la par\u00e1lisis injustificada\u00bb de las actuaciones bajo su conocimiento, \u00aby garantizar as\u00ed su funcionamiento normal, dentro de las etapas y los t\u00e9rminos fijados en la ley de enjuiciamiento civil\u00bb, no implica que \u00e9stas se establezcan de manera arbitraria, sino cumpliendo \u00abpresupuestos esenciales en la imposici\u00f3n de las medidas correccionales, a saber: que el comportamiento que origina la sanci\u00f3n correctiva constituya, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicci\u00f3n; que exista una relaci\u00f3n de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanci\u00f3n; que con anterioridad a la expedici\u00f3n del acto a trav\u00e9s del cual se impone la sanci\u00f3n, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser o\u00eddo y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la pr\u00e1ctica de las mismas\u00bb (CC C-620\/01). <\/p>\n

De lo anterior dimana que tambi\u00e9n habr\u00e1 de adicionarse el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, para determinar que por haberse establecido las sanciones pecuniarias sin que tales determinaciones observaran las reglas del debido proceso, las prematuras condenas a\u00fan no pueden ejecutarse ante la jurisdicci\u00f3n coactiva. Se dispondr\u00e1 entonces, invalidar tambi\u00e9n esas actuaciones y con ello las posibles cautelas decretadas para hacer efectivas las multas. <\/p>\n

6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n

Seg\u00fan lo que acaba de verse, se mantendr\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo porque para imponer la multa a la ac\u00e1 querellante, en cada uno de los asuntos en que se comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n y \u00e9sta no realiz\u00f3 la correspondiente diligencia, el juez incurri\u00f3 en defectos de \u00edndole procedimental, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, al omitir otorgarle la oportunidad de que se pronunciara en el t\u00e9rmino y formas que el legislador estatuy\u00f3, y en esas condiciones, tienen asidero jur\u00eddico las resoluciones contenidas en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba del fallo de primera instancia, adicion\u00e1ndose el 2\u00ba para incluir tambi\u00e9n la invalidez de lo actuado en los procesos de jurisdicci\u00f3n coactiva, habida cuenta que para adelantar tales ejecuciones, a\u00fan no se cuenta con t\u00edtulo id\u00f3neo. <\/p>\n

Empero, frente a la orden contenida en el numeral 4\u00ba, se modificar\u00e1 para en su lugar disponer que la funcionaria accionada, atendiendo la competencia en las condiciones que fueron descritas para este tipo de diligencias, reprograme la realizaci\u00f3n de las mismas conforme a lo descrito en el ac\u00e1pite 5.1 del presente pronunciamiento, conforme se precisar\u00e1 nuevamente en la parte resolutiva. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n

Primero: CONFIRMAR la sentencia impugnada mediante la cual se otorg\u00f3 parcialmente el resguardo a las prerrogativas fundamentales invocadas por Myriam Pinz\u00f3n Ovalle, avalando los numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba. <\/p>\n

Segundo: MODIFICAR el numeral 2\u00ba de dicha providencia, para precisar su alcance y cumplimiento, adicion\u00e1ndolo para declarar que tambi\u00e9n se dejan sin valor ni efecto las actuaciones adelantadas ante la Jurisdicci\u00f3n Coactiva, en relaci\u00f3n con las multas referidas dentro de la presente tutela, habida cuenta que sin t\u00edtulo id\u00f3neo resulta prematura su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Tercero: MODIFICAR el numeral 4\u00ba de dicho fallo, para en su lugar ordenar a la aqu\u00ed querellante, en su calidad de Inspectora Primera Municipal de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1, proceda a diligenciar las comisiones libradas dentro de los procesos bajo el conocimiento del Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad que motivaron la presente queja; para ello, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que reciba del comitente la relaci\u00f3n de aquellas que se encuentren vigentes y exista actual inter\u00e9s en su evacuaci\u00f3n, deber\u00e1 realizar la correspondiente reprogramaci\u00f3n para su pr\u00e1ctica, atendiendo la disponibilidad de su agenda pero sin que ello implique prolongar su realizaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo prudencialmente razonable. <\/p>\n

De lo anterior, oportunamente deber\u00e1 dar aviso tanto al juzgado como a los interesados en dichas actuaciones, as\u00ed como al fallador constitucional de primera instancia, a efectos de que ejerzan el respectivo control y verifiquen su oportuno acatamiento. <\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16012-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00305-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}