{"id":102139,"date":"2026-07-01T21:46:19","date_gmt":"2026-07-01T21:46:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102139"},"modified":"2026-07-01T21:46:19","modified_gmt":"2026-07-01T21:46:19","slug":"stc16027-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16027-2018\/","title":{"rendered":"STC16027-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16027-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00931-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados, Juan Morales, el Banco BBVA S.A., la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de esa capital, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda Regionales de Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales contenidos en los \u00abart 13, 83, 29, 299 CN, Carta Iberoamericana de usuarios de Justicia Art 121\u00bb (sic), en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2018-459, que instaur\u00f3 Juan Morales y en la que interviene como coadyuvante, dado que \u00abNUNCA SE HA APLICADO POR PARTE DEL JUEZ EL ART 5 LEY 472 DE 1998 Y SE TIPIFICA EL ART 84 LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, solicita: i) \u00abse orden (sic) al tutelado DE MANERA INMEDIATA aplicar art 5, 84 ley 472 de 1998, (sic), ii) \u00abde no amparar mi tutela, pido se consigne, que medios en derecho tengo que acudir a fin q (sic) la tutelada aplique lo que le ordene y manda art 5, 84 (\u2026), pues mis tutelas nunca prosperan\u00bb, iii) \u00abSOLICITO IGUALMENTE SE ME BRINDE COPIA FISICA DE TODO LO ACTUADO EN ESTA TUTELA, A FIN DE PRESENTAR DE SER NECESARIO TUTELA CONTRA TUTELA (\u2026)\u00bb, iv) escanee copia de mi tutela y del fallo a mi correo electr\u00f3nico\u00bb, v) \u00abse pruebe a travez (sic) de q (sic) medio id\u00f3neo se informara de la existencia de mi tutela a los tercer interesados y de no hacerlo desde ya pido nulidad de todo lo actuado por indebida notificaci\u00f3n, vi) \u00abaportar copia de esta tutela a la acci\u00f3n popular a fin que obre en ella, como prueba de aparente MORA JUDICIAL O RENUENCIA\u00bb, y, vii) \u00abse ordene la vinculaci\u00f3n a mi tutela del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u00bb para que \u00abaporten copia de todas mis solicitudes de vigilancia judicial y administrativa en cualquier tiempo (\u2026)\u00bb (f. 1, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1.\tEl Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda inform\u00f3 que el convocante no ha solicitado vigilancia judicial administrativa en la demanda que da origen a la queja, refiri\u00f3 que, por el contrario, el gestor \u00abha presentado paquetes contentivos de m\u00faltiples solicitudes de Vigilancia, la primera ocasi\u00f3n fue el 27 de mayo de 2015, para un total de 65 solicitudes, la segunda fue el 01 de junio de 2015, con 47 solicitudes y la tercera fue el 14 de marzo de 2016 con 20 solicitudes (\u2026), pero esa entidad, \u00abdentro de los t\u00e9rminos legales, para el \u00faltimo caso y al igual en los anteriores, estudi\u00f3 la solicitud en cuesti\u00f3n y mediante oficio CSJRSA 16-237 de marzo 17 de 2016, dio respuesta a lo pedido por el Actor de Tutela, en donde SE LE EXPRES\u00d3 LA NO PROCEDENDIA DE LA SOLICITUD POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN EL ACUERDO N\u00ba PSAA11-8716 DEL 2011, expres\u00e1ndosele que subsanados los requisitos faltante, pod\u00eda acudir nuevamente a esta instancia; sin embargo, HASTA LA FECHA EL INTERESADO HA GUARDADO SILENCIO\u00bb (ff. 9 y 10, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Alcald\u00eda de Pereira se opuso a la prosperidad del resguardo respecto del municipio, ante la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (ff. 16 y 17, \u00eddem.). <\/p>\n

3.\tLa Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que en el asunto en cuesti\u00f3n no se le endilga ninguna vulneraci\u00f3n, y, las pretensiones interpuestas son ajenas a sus funciones por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (f. 21, ib\u00edd.). <\/p>\n

4.\tEl Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 las copias de las actuaciones surtidas, resaltando que a la fecha se encuentra pendiente de realizaci\u00f3n \u00abla notificaci\u00f3n al demandado y la publicaci\u00f3n del aviso de acuerdo al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, carga procesal que le corresponde al actor y al coadyuvante de la acci\u00f3n popular de la referencia\u00bb (f. 23, \u00eddem.). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que: \u00abson inexistentes memoriales del accionante orientados a que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n de las mentadas normas (Expediente digital del disco compacto visible a folio 23, vuelto, este cuaderno), justamente el medio ordinario con el que todav\u00eda cuenta y resulta id\u00f3neo para poner a consideraci\u00f3n de la a quo las supuestas irregularidades que se le endilgan en el petitorio de amparo; en consecuencia, habr\u00e1 de declararse improcedente la acci\u00f3n de tutela. En todo caso, si el problema jur\u00eddico se centrara en la falta de publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad, diligencia que a\u00fan est\u00e1 pendiente de realizar, seg\u00fan el estado actual del asunto popular (Expediente digital, ib\u00eddem), tambi\u00e9n es di\u00e1fano que la tutela es improcedente, por carecer de subsidiariedad, si en cuenta se tiene que se trata de una carga procesal que la juez encausada impuso a la parte actora por intermedio del prove\u00eddo datado el 17\u201305-2018, ejecutoriado, sin ser recurrido en reposici\u00f3n (Art\u00edculo 36, Ley 472)\u00bb (ff. 30 a 32, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La propuso el convocante sin indicar las razones para ello (f. 35, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el promotor en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2018-00475, en la que interviene como coadyuvante, iniciada por Juan D. Morales contra el Banco BBVA S.A, por presuntamente omitir la realizaci\u00f3n del impulso oficioso que ordena la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

2. Nulidad \talegada por el actor. <\/p>\n

Preliminarmente debe indicarse que desde la admisi\u00f3n de la demanda constitucional la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira orden\u00f3 enterar a los intervinientes en la acci\u00f3n popular que motiva la queja, lo cual se cumpli\u00f3 en las direcciones reportadas para recibir correspondencia, por lo que no hay motivo para invalidar lo actuado como pretende Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

3. Hechos \tprobados. <\/p>\n

Se encuentran acreditados los siguientes: <\/p>\n

3.1.\tJuan D. Morales inici\u00f3 una acci\u00f3n popular contra el Banco BBVA S.A., que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira admiti\u00f3 el 17 de mayo pasado, ordenando entre otros asuntos: \u00abComun\u00edquese de la existencia de la presente acci\u00f3n popular a los miembros de la comunidad, a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, para lo cual se se\u00f1ala la emisora de la Polic\u00eda Nacional, toda vez que la misma ofrece garant\u00eda de suficiente publicidad. Los costos que genere dicha publicaci\u00f3n ser\u00e1n de cargo del accionante\u00bb (archivo digital). <\/p>\n

3.2.\tJavier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga fue reconocido como coadyuvante el 14 de junio anterior, en la acci\u00f3n popular que se radic\u00f3 con el n\u00ba 2018-00475 (archivo digital). <\/p>\n

3.3.\tEl 29 de junio de 2018 se accedi\u00f3 a la notificaci\u00f3n de la entidad bancaria accionada por correo electr\u00f3nico conforme lo solicit\u00f3 el aqu\u00ed gestor (archivo digital). <\/p>\n

3.4.\tEl despacho accionado ofici\u00f3 a los juzgados del circuito a fin de recaudar la informaci\u00f3n necesaria para determinar el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n (archivo digital). <\/p>\n

3.5.\tEl 17 de octubre de los corrientes se reconoci\u00f3 personer\u00eda al representante del municipio y se orden\u00f3 agregar su contestaci\u00f3n (archivo digital). <\/p>\n

4. De \tlos presupuestos generales de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los requisitos de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026) (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u00bb. (CC. Sentencias C-590\/05; SU-198\/13). <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n

5.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el pertinente an\u00e1lisis de la queja constitucional y con observancia de las piezas procesales allegadas al expediente, se establece que el fallo denegatorio del resguardo habr\u00e1 de avalarse, comoquiera que, no se advierte la circunstancia transgresora de derechos fundamentales que se atribuyen a ese despacho, por cuanto, seg\u00fan se pudo confirmar, ha cumplido las etapas procesales necesarias para lograr tanto la verificaci\u00f3n del agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, como la vinculaci\u00f3n del demandado y de la comunidad, respecto de la cual se orden\u00f3 su enteramiento a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n

Resulta entonces que es el actor popular y el aqu\u00ed promotor como coadyuvante, quienes han dejado de cumplir con las ordenes emanadas en el auto admisorio, pues a\u00fan no han notificado la demanda popular en los t\u00e9rminos del auto de 17 de mayo del presente a\u00f1o, siendo que es precisamente el motivo de la demora en el tr\u00e1mite de su litigio. <\/p>\n

Seg\u00fan lo expuesto, la alegaci\u00f3n sobre la que se edifica este amparo no se configura, coligi\u00e9ndose que la queja del accionante en torno a ese punto se aviene claramente infundada, de ah\u00ed que no se aprecia un actuar de parte del juzgado censurado que imponga dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos reclamados, dado que resulta indudable que el juzgado citado est\u00e1 dando el impulso oficioso necesario en los t\u00e9rminos que le ordena la Ley 472 de 1998, por lo que no puede hablarse de una actuaci\u00f3n omisiva como se acus\u00f3. <\/p>\n

Respecto de la solicitud concerniente a que \u00ab (\u2026) se consigne, que medios en derecho tengo que acudir a fin q (sic) la tutelada aplique lo que le ordene y manda art 5, 84 (\u2026), pues mis tutelas nunca prosperan\u00bb, el auxilio tampoco prospera, en tanto no est\u00e1 instituido para absolver consultas como las planteadas, sino para la preservaci\u00f3n de los privilegios esenciales cuando \u00e9stos hayan sido quebrantados por la \u00abacci\u00f3n\u00bb u \u00abomisi\u00f3n\u00bb de las autoridades. <\/p>\n

De otro lado, las pretensiones para que se ordene \u00abCOPIA FISICA DE TODO LO ACTUADO EN ESTA TUTELA\u00bb, y se aporte \u00ab copia de esta tutela a la acci\u00f3n popular a fin que obre en ella, como prueba de aparente MORA JUDICIAL O RENUENCIA\u00bb, ser\u00e1n despachadas desfavorablemente, pues este mecanismo excepcional no ha sido dise\u00f1ado para dar tr\u00e1mite a ese tipo de pedimentos, m\u00e1xime cuando los mismos no han sido propuestos ante la autoridad competente para resolverlos, pues nada obra en el plenario al respecto, por lo que el interesado deber\u00e1 acudir ante las instancias pertinentes para el efecto. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la petici\u00f3n para que se escanee copia del fallo, dado que el actor suministr\u00f3 un correo electr\u00f3nico, se ordenar\u00e1 por Secretar\u00eda se realice el correspondiente env\u00edo. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo examinado que neg\u00f3 el resguardo, porque la circunstancia particular denunciada no ocurri\u00f3 como lo adujo el quejoso, conllevando entonces la inexistencia de la vulneraci\u00f3n aducida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado por las razones indicadas. <\/p>\n

Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16027-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00931-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}