{"id":102140,"date":"2026-07-01T21:46:32","date_gmt":"2026-07-01T21:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102140"},"modified":"2026-07-01T21:46:32","modified_gmt":"2026-07-01T21:46:32","slug":"stc16036-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16036-2018\/","title":{"rendered":"STC16036-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16036-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00926-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 6 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y Bancolombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculados Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda, Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda Regional de Barranquilla, en el que se acumularon las acciones constitucionales n\u00ba 2018-00926 y 2018-00983. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en las demandas populares n\u00b0 2015-01275 y 2015-01314, que present\u00f3 Leandro Giraldo contra Bancolombia S.A., dado que \u00abel juzgado 3 civil cto (sic) de Pereira, nunca manifest\u00f3 si el Banco tutelado hoy, Bancolombia, se notific\u00f3 de la existencia de la acci\u00f3n popular o no\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, solicita: i) \u00abse ordene tener como notificado de la acci\u00f3n popular hoy tutelada a BANCOLOMBIA, tal como lo manda la ley, ordenando continuidad de la acci\u00f3n popular a ser CONSTITUCIONAL y de t\u00e9rminos perentorios\u00bb, ii) \u00abde no amparar mi tutela, pido se consigne que medios en derecho tengo que acudir a fin q (sic) la tutelada aplique lo que le ordena la ley\u00bb, iii) \u00abconsigne si Bancolombia se notific\u00f3 d la existencia de la acci\u00f3n popular o si no lo hizo, esto a fin q de continuidad a la acci\u00f3n popular de la referencia\u00bb (sic), iv) \u00abaplicar art 121 CGP, por perdida de competencia\u00bb, v) \u00abSolicito se escanee copia de mi tutela y del fallo a mi correo electr\u00f3nico\u00bb, vi) \u00abse pruebe atravez (sic) de q (sic) medio id\u00f3neo se informara de la existencia de mi tutela a los tercer interesados y de no hacerlo desde ya pido nulidad de todo lo actuado por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, vii) \u00abaportar copia de esta tutela a la acci\u00f3n popular a fin que obre en ella, como prueba de aparente MORA JUDICIAL O RENUENCIA\u00bb , y, viii) \u00abse ordene la vinculaci\u00f3n a mi tutela del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u00bb (ff. 1 y 3, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tBancolombia S.A. pidi\u00f3 desestimar el amparo por considerar que no existe la violaci\u00f3n de los derechos que invoca el reclamante, menos por parte de dicha entidad bancaria que a\u00fan no est\u00e1 vinculada y tan solo recibi\u00f3 un aviso citatorio que no cumple con los requisitos legales al carecer de la fecha de la providencia que le pretend\u00edan notificar (ff. 10 y 11, cd 1).
\n2.\tEl Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 las copias de las actuaciones surtidas (f. 23, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.\tLa Alcald\u00eda de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por lo que no le asiste competencia ni obligaci\u00f3n alguna frente a los derechos que se pretenden tutelar con la misma, configur\u00e1ndose de esta manera la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (\u2026)\u00bb por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (ff. 24 y 25, ib\u00edd.). <\/p>\n

4.\tEl Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda inform\u00f3 que el quejoso no ha solicitado vigilancia judicial administrativa en la demanda que da origen a la queja, refiri\u00f3 que, por el contrario, el gestor \u00abha presentado paquetes contentivos de m\u00faltiples solicitudes de Vigilancia, la primera ocasi\u00f3n fue el 27 de mayo de 2015, para un total de 65 solicitudes, la segunda fue el 01 de junio de 2015, con 47 solicitudes y la tercera fue el 14 de marzo de 2016 con 20 solicitudes (\u2026), pero esa entidad, \u00abdentro de los t\u00e9rminos legales, para el \u00faltimo caso y al igual en los anteriores, estudi\u00f3 la solicitud en cuesti\u00f3n y mediante oficio CSJRSA 16-237 de marzo 17 de 2016, dio respuesta a lo pedido por el Actor de Tutela, en donde SE LE EXPRES\u00d3 LA NO PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN EL ACUERDO N\u00ba PSAA11-8716 DEL 2011, expres\u00e1ndosele que subsanados los requisitos faltante, pod\u00eda acudir nuevamente a esta instancia; sin embargo, HASTA LA FECHA EL INTERESADO HA GUARDADO SILENCIO\u00bb (ff. 32 y 33, \u00eddem.). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que: \u00absi bien el accionante le remiti\u00f3 una citaci\u00f3n al banco, lo cierto es que, seg\u00fan se puede ver en las copias remitidas por el Juzgado, el actor omiti\u00f3 poner en conocimiento de la jueza, las notificaciones que ahora saca a relucir, es decir es falsa la denuncia de que \u201cel juzgado nunca manifest\u00f3 si el banco tutelado hoy, Bancolombia, se notific\u00f3 de la existencia de la acci\u00f3n popular o no\u201d, sencillamente porque la funcionaria desconoc\u00eda la existencia de las citaciones; esa circunstancia basta para negar el amparo, como en efecto se har\u00e1\u00bb (ff. 35 a 37, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el convocante sin indicar las razones para ello (f. 40, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si proced\u00eda el desistimiento t\u00e1cito decretado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en las acciones populares que inici\u00f3 Leandro Giraldo, y en las que interviene el quejoso como coadyuvante; resuelto lo anterior, examinar la procedencia o no de la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n

2. Nulidad \talegada por el actor. <\/p>\n

Preliminarmente debe indicarse que desde la admisi\u00f3n de la demanda constitucional, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira orden\u00f3 enterar a los intervinientes en la acci\u00f3n popular que motiva la queja, lo cual se cumpli\u00f3 en las direcciones reportadas para recibir correspondencia, por lo que no hay motivo para invalidar lo actuado como pretende el querellante. <\/p>\n

3. Hechos \tprobados. <\/p>\n

Se encuentran acreditados los siguientes: <\/p>\n

3.1.\tLeandro Giraldo inici\u00f3 dos acciones populares contra Bancolombia S.A., asignadas para su conocimiento al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, con los radicados n\u00ba 2015-1275 y 2015-01314, y el aqu\u00ed reclamante fue reconocido como coadyuvante (archivo digital). <\/p>\n

3.2.\tEl despacho citado neg\u00f3 la terminaci\u00f3n solicitada por el demandante popular argumentando que \u00abel inter\u00e9s no es particular y lo que se persigue es la protecci\u00f3n de un derecho de rango superior de inter\u00e9s general para una colectividad y por tanto no puede disponer de dichos derechos (\u2026)\u00bb, en el mismo prove\u00eddo concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas a fin de realizar las notificaciones ordenadas desde el auto admisorio, so pena de dar aplicaci\u00f3n a la figura consagrada en el art\u00edculo 317 el C\u00f3digo General del Proceso (archivo digital). <\/p>\n

3.3.\tEl 25 de junio del presente a\u00f1o, verificado el vencimiento del plazo se\u00f1alado sin que se realizaran los enteramientos dispuestos, se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en las dos demandas populares (archivo digital). <\/p>\n

3.4.\tAl resolver el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra las anteriores providencias, el despacho mantuvo su decisi\u00f3n inicial de terminaci\u00f3n de los dos procesos de manera anticipada. (archivo digital). <\/p>\n

4. De \tla tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

Esto porque cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo a su voluntad o antojo, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

5. Soluci\u00f3n \tal caso concreto. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al reclamo constitucional y con vista en la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y la que reposa en las copias de las actuaciones procesales adosadas al expediente, se establece que el fallo denegatorio de primer grado habr\u00e1 de ser revocado y en su lugar concederse el auxilio implorado, en la medida en que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad acusada contiene defectos espec\u00edficos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n

Lo anterior, debido a la condici\u00f3n constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular que imposibilita la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito y sus consecuencias sancionatorias, porque ri\u00f1en con su naturaleza y los fines perseguidos con su creaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto se observa que el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso estableci\u00f3 un mecanismo para la terminaci\u00f3n anticipada de los procesos siempre que se produzca inactividad de las partes, en estos t\u00e9rminos: \u00ab(\u2026) Cuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aqu\u00e9lla o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e9 por estado. <\/p>\n

Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n

Conforme a la norma en cita se producen igualmente unas consecuencias de car\u00e1cter procesal que incluyen adem\u00e1s de la terminaci\u00f3n del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, y la imposibilidad de presentar nuevamente la demanda antes de seis meses contados desde la ejecutoria que as\u00ed lo dispuso, entre otros efectos, todos ellos desdibujan la acci\u00f3n popular y los objetivos de protecci\u00f3n colectiva instalados en la carta magna. <\/p>\n

En ese sentido la Corte ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el legislador cre\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia o actuaci\u00f3n dentro de \u00e9sta, cuando vencido el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia. <\/p>\n

Adem\u00e1s, surgen unos efectos al decretarse el desistimiento, entre ellos que: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. <\/p>\n

Figura que fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo. <\/p>\n

Ahora bien, tal correctivo no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia. (CSJ STC 14483-2018, 7 nov, rad. 2018-00755). <\/p>\n

Sobre la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares, esta Sala se\u00f1al\u00f3 en la misma providencia: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3, cuando lo que se intenta proteger es el inter\u00e9s de toda una comunidad, en perjuicio de sus integrantes.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo. <\/p>\n

Y es que siendo la acci\u00f3n popular un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal\u00bb. <\/p>\n

Conforme con lo anterior, el an\u00e1lisis que se realiza sobre la procedencia de la terminaci\u00f3n anticipada, permite concluir que dicha figura no se encuentra ajustada con la finalidad perseguida con la acci\u00f3n popular, que precisamente propende por la defensa del inter\u00e9s general para la comunidad, pues al aplicarla se estar\u00edan desconociendo principios de la administraci\u00f3n de justicia como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia. <\/p>\n

En el mismo sentido, se debe se\u00f1alar que conforme al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 la notificaci\u00f3n de la comunidad, no es una actividad \u00fanica del demandante, porque como se indica all\u00ed, puede informarse, \u00aba trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios\u00bb, sin que se requiera necesariamente la intervenci\u00f3n del actor para cumplir tal diligencia.
\nFinalmente, en cuanto a la petici\u00f3n para que se escanee copia del fallo, dado que el querellante suministr\u00f3 un correo electr\u00f3nico, se ordenar\u00e1 que por Secretar\u00eda se realice el correspondiente env\u00edo. <\/p>\n

Corolario de lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, y, se dejar\u00e1n sin valor ni efecto los autos de 25 de junio de 2018 que decretaron la terminaci\u00f3n de las acciones populares n\u00ba 2015-01275 y 2015-01314 por desistimiento t\u00e1cito, as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones que de ella dependan; y en su lugar, se ordenar\u00e1 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que contin\u00fae los citados procesos, con observancia de la normativa legalmente aplicable, as\u00ed como que ejerza sus poderes oficiosos para lograr la continuidad del tr\u00e1mite. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDE el amparo constitucional invocado. En consecuencia, ORDENA: <\/p>\n

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto los autos de 25 de junio de 2018, que decretaron la terminaci\u00f3n de las acciones populares 2015-01275 y 2015-01314 por desistimiento t\u00e1cito, ambos proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y las dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de esas decisiones. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira que, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, contin\u00fae con los procesos que promovi\u00f3 el convocante, con observancia de las normas y procedimientos legalmente aplicables al asunto, as\u00ed como que ejerza sus poderes oficiosos para lograr la continuidad del tr\u00e1mite. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

CUARTO: Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 el gestor para recibir notificaciones. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00926-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16036-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-00926-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}