{"id":102141,"date":"2026-07-01T21:46:37","date_gmt":"2026-07-01T21:46:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102141"},"modified":"2026-07-01T21:46:37","modified_gmt":"2026-07-01T21:46:37","slug":"stc16037-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16037-2018\/","title":{"rendered":"STC16037-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16037-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2018-00256-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de Martha Cecilia Guarnizo Gait\u00e1n, Daniela, Patricia, Mariselly y Leidy Bonilla Guarnizo contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en la tutela que instaur\u00f3 Jos\u00e9 Alberto Vallejo Sauste al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad; extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal del Valle de San Juan e intervinientes en el consecutivo 2016-00037-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El precursor, en su nombre, estim\u00f3 quebrantados sus prerrogativas \u00abal debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, por ende, pidi\u00f3 que se \u00abmantenga la decisi\u00f3n de primera instancia y se profiera fallo de fondo de segunda instancia\u00bb, con fundamento en los hechos que resumi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n

Formul\u00f3 demanda de pertenencia ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan, agotado el ritual, obtuvo veredicto favorable a sus intereses, apelado por la pasiva, extremo que adem\u00e1s (d\u00edas despu\u00e9s) deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado porque aqu\u00e9l se dict\u00f3 cuando hab\u00eda transcurrido m\u00e1s del a\u00f1o contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

El superior por interlocutorio de 17 de septiembre de los corrientes invalid\u00f3 lo gestionado en primera instancia por la raz\u00f3n prenotada. Todo ello, soslayando su derecho de defensa, pues no le corrieron traslado del escrito presentado por su contendiente. <\/p>\n

Ultim\u00f3 que el ad quem con su determinaci\u00f3n pas\u00f3 por alto lo dispuesto recientemente por la Corte Constitucional en la T-431 de agosto de 2018 en punto a que tal irregularidad es saneable. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

El Juez Promiscuo Municipal de Valle de San Juan sostuvo que en el sub lite se invoc\u00f3 el citado yerro con el fin de \u00abdeshacer una sentencia con y todo un iter (sic) procesal, cuando la parte pudiendo formular su reparo desde el momento de la verificaci\u00f3n de la ocurrencia del a\u00f1o para fallar, no lo hace y guarda silencio y cuando esta sentencia no le conviene, se da a la tarea de proponer nulidades (\u2026), pues del an\u00e1lisis del audio se evidencia que dentro de la audiencia no se propuso o formul\u00f3 reparo frente a la competencia de este funcionario p\u00fablico (\u2026)\u00bb. Adicion\u00f3 que el Juez del Circuito no contabiliz\u00f3 correctamente el plazo reglado para la clausura de la \u00abinstancia\u00bb. <\/p>\n

Martha Cecilia Guarnizo Gait\u00e1n, Daniela, Patricia, Mariselly y Leidy Bonilla Guarnizo se refirieron a los actos de posesi\u00f3n, supuestamente ejecutados por el querellante e insistieron que el predio objeto de lid \u00absigue ingresado en el programa de restituci\u00f3n de tierras despojadas\u00bb. <\/p>\n

No hubo m\u00e1s r\u00e9plicas. <\/p>\n

LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACION <\/p>\n

El \u00f3rgano Colegiado concedi\u00f3 el auxilio, porque el enjuiciado en el prove\u00eddo criticado (17 sept. 2018) no tuvo en cuenta \u00abel precedente de la Corte Constitucional en donde se fijaron las pautas necesarias para poder establecer cu\u00e1ndo se puede convalidar una actuaci\u00f3n judicial extempor\u00e1nea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del CGP, al igual que los supuestos en los cuales una actuaci\u00f3n emitida por fuera de dicho t\u00e9rmino da lugar a la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n

Los vinculados a esta tramitaci\u00f3n disputaron lo zanjado, arguyeron que la contienda desde su radicaci\u00f3n se rigi\u00f3 por el estatuto procesal vigente, con el que se acompasa la resoluci\u00f3n atacada por lo que habr\u00e1 de mantenerse inc\u00f3lume. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- El instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no fue destinado a combatir las \u00abdecisiones\u00bb judiciales, ya que permitirlo ser\u00eda desconocer la libertad y autonom\u00eda de los administradores de justicia; empero, resulta id\u00f3neo, de manera excepcional, cuando se divisa una equivocaci\u00f3n may\u00fascula, ostensible, arbitraria y grosera que hiera garant\u00edas esenciales de los asociados. En tal evento, en principio, deviene pr\u00f3spero este mecanismo para conjurar el comportamiento transgresor o amenazante denunciado por el ciudadano. <\/p>\n

2.- Advertido ello, desde el p\u00f3rtico conviene anunciar la revocatoria del fallo opugnado, siendo que, tal como se ver\u00e1, el proceder de la autoridad recriminada no evidencia una anomal\u00eda constitutiva de v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Revisado el plenario, pronto se vislumbra que el sub examina es un declarativo, cuyo pliego introductorio se inco\u00f3 el 6 de octubre de 2016, esto es, en vigencia del compendio normativo actual de conformidad con lo reglado por el Acuerdo PSAA15-10392, as\u00ed mismo que, el a quo el 23 de mayo de 2018 dict\u00f3 providencia que benefici\u00f3 al usucapiente, y que debatida por sus antagonistas, correspondi\u00f3 al Juez Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien rest\u00f3 efectos a lo adelantado por el inferior mediante auto (17 sept. 2018) del que Vallejo Suaste diside. <\/p>\n

En esa ocasi\u00f3n, el fustigado memor\u00f3 que a voces del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n

[s]alvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Am\u00e9n que al tenor del canon 90 \u00eddem <\/p>\n

[e]n todo caso, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, deber\u00e1 notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, seg\u00fan fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho t\u00e9rmino no ha sido notificado el auto respectivo, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 para efectos de la p\u00e9rdida de competencia se computar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n

Seguidamente, verific\u00f3 la relaci\u00f3n factual que concitaba su atenci\u00f3n y hall\u00f3 que: i) el escrito primigenio se impetr\u00f3 el 6 de octubre de 2016, ii) fue admitido el 3 de febrero de 2017 y iii) la controversia se disip\u00f3 de fondo el 23 de mayo de 2018. Luego, coligi\u00f3 que el a\u00f1o en comento deb\u00eda computarse desde el 7 de octubre de 2016 y expir\u00f3 el 7 de octubre de 2017, calenda a partir de la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan perdi\u00f3 competencia y oper\u00f3 la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de cara a las actuaciones desplegadas con posterioridad. <\/p>\n

Tal soluci\u00f3n no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental pues se compadece con la legislaci\u00f3n aplicable y comulga con la postura del \u00abplazo objetivo\u00bb que frente a este preciso t\u00f3pico defiende la mayor\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que <\/p>\n

(\u2026) el hito inicial para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr objetivamente desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, sin que consagre salvedad alguna en caso de reforma o sustituci\u00f3n del libelo (\u2026) Entonces, la hermen\u00e9utica que en esta oportunidad acoge la Corte, alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio, contrario a lo que sostuvo el juez ad quem criticado, que incluy\u00f3 una modificaci\u00f3n para el c\u00f3mputo del referido lapso, no contemplado en la norma bajo an\u00e1lisis, conforme se extracta de su redacci\u00f3n, en armon\u00eda con las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que traduce la necesidad de definici\u00f3n de la litis sin dilaciones indebidas (negrillas y resalto propias) (STC8849-2018). <\/p>\n

Criterio que se mantuvo, incluso, despu\u00e9s de emitida la T-341 de 24 de agosto de 2018 por la Corte Constitucional, que invoc\u00f3 el peticionario en la guarda y sirvi\u00f3 de apoyo al \u00aba quo\u00bb de esta excepcional\u00edsima senda, \u00edtem sobre el cual en STC 14819-2018 se asever\u00f3 que <\/p>\n

[a]l margen de lo anterior, se destaca que si bien la Corte Constitucional con la providencia T-341\/18 estudi\u00f3 un asunto que trata sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que las determinaciones adoptadas por v\u00eda de tutela son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb, (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01); a m\u00e1s de que lo all\u00ed considerado no constituye m\u00e1s que un obiter dicta, que por ende no tiene valor de precedente, ni es vinculante, pues fue un argumento dicho de paso en esa providencia. <\/p>\n

3.- Ahora, se duele el quejoso de que no le fue permitido pronunciarse en punto a la \u00abnulidad\u00bb que con p\u00e1bulo en el precepto 121 ejusdem propuso la pasiva dentro del pleito de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, no obstante se constat\u00f3 que al iniciar la audiencia en la que se accedi\u00f3 a ese pedimento el director de la causa anunci\u00f3 que resolver\u00eda la cuesti\u00f3n, frente a lo que su mandatario, presente en la vista p\u00fablica, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

En ese orden, mal puede acudir a esta justicia especial en aras de revivir oportunidades procesales que prodig\u00f3 en el contorno natural. No se olvide que <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (CSJ STC, STC2216-2017, reiterada en STC-2832-2018). <\/p>\n

4- De suerte que, tal como se anticip\u00f3, se infirmar\u00e1 el \u00abveredicto\u00bb apelado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia antes identificada. En su lugar, se NEGAR el amparo a Jos\u00e9 Alberto Vallejo Sauste.
\nSEGUNDO: Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el \u00abexpediente\u00bb a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia preferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 coreo una v\u00eda de hecho la determinaci\u00f3n del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nLa Sala cit\u00f3 como fundamento de la decisi\u00f3n la sentencia STC 12644-2018 de la cual trascribi\u00f3 el siguiente
\nAparte \u00abdebe resaltarse que la sanci\u00f3n contemplada es de car\u00e1cter insoldable, es decir, no admite convalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de "pleno derecho" que le endilg\u00f3 el legislador\u00bb, aspecto del cual me aparto, con base en la
\nsiguiente argumentaci\u00f3n. <\/p>\n

Del car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritaria hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic, rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso) en se\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad\tla
\nPol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 c'2 la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo Genera del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de <\/p>\n

la aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo del-Hz) es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento
\ninvalidante especial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla
\nactuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable. <\/p>\n

En este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encamina la a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su del deber <\/p>\n

1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se .extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las precepto\\ as del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones i32 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han -y visto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138. <\/p>\n

de decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falt1 de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de curaci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los con-licionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00ab Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del <\/p>\n

C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto c los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por z ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (…). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad c e los derechos reconocidos por la ley sustancial ( …)".
\n"(…) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ve r que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los c, cales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislad, r ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n d las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse median e la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procese 1, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. A06, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-201 ", 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el pr\u00edncipo o de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del de 'echo sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barre a de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propende r por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar un x v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, ( ii) el <\/p>\n

derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una– postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del c\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n

Se acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos.
\nAs\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la <\/p>\n

obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su de pida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cuas \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n). En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, in pide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la etic\u00eddad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en e1 que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia i, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo', `literalismo `procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el alquilado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con <\/p>\n

mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,<\/p>\n

noble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ SC, 5 jul. 2007, rad 1989-091.34-01). <\/p>\n

5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rr lino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n

Un entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia u e la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en conjunto sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada e1 el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber:
\n\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder actuar en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia. <\/p>\n

para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las ley es.136]
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
\nestablece que, dentro de los principios que informan la <\/p>\n

administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7' y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituye n en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propia: del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten pro tejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegura la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administra .1 de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (iii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejad o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de <\/p>\n

De lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de 1os justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por os dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

3. Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAP CIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u2022, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autor latica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA 16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16037-2018
\n(Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2018-00256-01)
\nCon todo respeto, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues ning\u00fan derecho fundamental se le viol\u00f3 a la parte accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nCon el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisi\u00f3n al salvamento de voto que pronunci\u00e9 frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas razones reitero en esta oportunidad.
\nDe los se\u00f1ores magistrados, <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16037-2018
\n(Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2018-00256-01)
\nCon todo respeto, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues ning\u00fan derecho fundamental se le viol\u00f3 a la parte accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nCon el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisi\u00f3n al salvamento de voto que pronunci\u00e9 frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas razones reitero en esta oportunidad.
\nDe los se\u00f1ores magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16037-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2018-00256-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de Martha Cecilia Guarnizo Gait\u00e1n, Daniela, Patricia, Mariselly y Leidy Bonilla Guarnizo contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102141","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102141"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102141\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}