{"id":102152,"date":"2026-07-01T21:48:23","date_gmt":"2026-07-01T21:48:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102152"},"modified":"2026-07-01T21:48:23","modified_gmt":"2026-07-01T21:48:23","slug":"stc16050-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16050-2018\/","title":{"rendered":"STC16050-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16050-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-004-2018-00173-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 30 de octubre de 2018 dictado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la salvaguarda de Dora Jacqueline Moreno D\u00edaz contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, extensiva a las partes y dem\u00e1s intervinientes en la radicaci\u00f3n No. 2018-00061. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tLa pretensora exigi\u00f3 el respeto del \u00abdebido proceso\u00bb, presuntamente quebrantado por el accionado y, en consecuencia, inst\u00f3 \u00abdecretar la cesaci\u00f3n de los efectos de los autos de quince (15) de junio y trece (13) de julio de 2018 (\u2026)\u00bb y, en su lugar, se \u00abproceda a continuar con el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial (\u2026)\u00bb.
\n2.\tRelat\u00f3 que elev\u00f3 \u00absolicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb ante el \u00abJuzgado Primero Civil del Circuito de Duitama\u00bb, quien el 11 de mayo de 2018 la requiri\u00f3 para que \u00aben el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas completara la informaci\u00f3n y diera las explicaciones del caso\u00bb, llamamiento que, seg\u00fan dice, acat\u00f3 satisfactoriamente el 5 de junio de 2018. <\/p>\n

Empero, el 15 de junio de 2018 \u00abrechaz\u00f3 su petitoria\u00bb de forma injustificada, motivo por el que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, resuelto el 13 de julio de 2018 en forma adversa a sus intereses, lo que traduce v\u00eda de hecho, toda vez que se le exigi\u00f3 demostrar su \u00abinscripci\u00f3n registro mercantil\u00bb aun cuando la ley no impone tal formalidad, se inadvirti\u00f3 la prueba con la que estableci\u00f3 la cesaci\u00f3n de pagos y no se tuvo en cuenta que los estados financieros presentados est\u00e1n ce\u00f1idos al art\u00edculo 13 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n

4.\tEl a quo neg\u00f3 el amparo porque dedujo que aunque la dependencia recriminada valor\u00f3 defectuosamente los medios de convicci\u00f3n, lo cierto es que eso no influy\u00f3 en el desenlace acogido, pues acert\u00f3 al haber rechazado el infolio debido a que la peticionaria soport\u00f3 los \u00abestados financieros\u00bb con diversos t\u00edtulos valores signados por una persona jur\u00eddica y no por ella, como debi\u00f3 haberlo hecho para sustentar su argumentaci\u00f3n (fol. 92 a 94, cno.1). <\/p>\n

5.\tImpugn\u00f3 la actora e insisti\u00f3 en sus alegatos inaugurales (fol. 105 a 113 cno.1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Aunque la replicante est\u00e1 en desacuerdo con el contenido de los interlocutorios de 15 de junio y 13 de julio de 2018, respectivamente, aqu\u00ed se analizar\u00e1 \u00fanicamente este \u00faltimo por ser el que puso fin a la pol\u00e9mica. <\/p>\n

En ese sentido, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que <\/p>\n

[a]unque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada. (CSJ STC4137-2018). <\/p>\n

2.\tAl revisar la informaci\u00f3n obrante en el infolio surge axiom\u00e1tico que el reprochado \u00abrechaz\u00f3 la solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb promovida por Moreno D\u00edaz porque vio en ella varias falencias insuperables, entre ellas, que la libelista no prob\u00f3 estar \u00abinscrita en el registro mercantil\u00bb. <\/p>\n

Pero no fue ese el \u00fanico obst\u00e1culo con el que tropez\u00f3 el iudex, ya que tambi\u00e9n ech\u00f3 de menos otros. As\u00ed, patentiz\u00f3 que la interesada no enunci\u00f3 \u00abel lugar en que la acreedora Edelmira Mogoll\u00f3n recibe notificaciones personales\u00bb, adem\u00e1s que, desde su perspectiva, \u00ablos estados financieros aportados con la solicitud, (sic) no expresan (sic) que se hicieron con corte al \u00faltimo d\u00eda calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Lo dicho aunado a que no acredit\u00f3 \u00abel supuesto de admisibilidad de cesaci\u00f3n de pagos\u00bb de que trata el art\u00edculo 9 de la Ley 1116 de 2006, debido a que \u00abno se adujeron las pruebas o los soportes que demostraran la existencia de los mencionados procesos ejecutivos\u00bb, salvo los cursantes en ese despacho, cuya cuant\u00eda, acorde con lo que precis\u00f3, \u00abno alcanza el umbral previsto en la norma en cuesti\u00f3n para habilitar el inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Ahora bien, es innegable que ese estrado reiter\u00f3 tal posici\u00f3n en la providencia de 13 de julio de 2018, en la que otorg\u00f3 parte de la raz\u00f3n a la censora y aclar\u00f3 que lo concerniente al \u00ablugar en que la acreedora Edelmira Mogoll\u00f3n recibe notificaciones personales\u00bb no pod\u00eda haberse erigido en causal de inadmisi\u00f3n, habida cuenta que el numeral 9 del precepto 19 ib\u00eddem brinda una salida para zanjar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, como se puede ver, esa juzgadora mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n tras reflexionar de esta manera.
\nFrente al primer aspecto, consistente en el hecho de que Moreno D\u00edaz no \u00abacredit\u00f3 estar inscrita en el registro mercantil\u00bb, en lo medular, destac\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026) del art\u00edculo 19 del Estatuto Mercantil surge la presunci\u00f3n de comerciante que permite inferir qu\u00e9 persona detenta tal condici\u00f3n, entre las que se encuentra la enlistada en el numeral 1\u00ba ata\u00f1edero a inscribirse en el registro mercantil <\/p>\n

Por consiguiente, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia, \u201cLa condici\u00f3n de comerciante inscrito se adquiere como consecuencia del cumplimiento de un deber legal (\u2026). Todo comerciante tiene la obligaci\u00f3n de matricularse en el registro mercantil. En estricto rigor la matr\u00edcula mercantil es un medio legal que permite brindar publicidad sobre la condici\u00f3n de comerciante. <\/p>\n

[e]s decir, que las reglas del art\u00edculo 13 del Estatuto del Comercio permiten colegir que la inclusi\u00f3n de una persona en el registro mercantil, ora como profesional del comercio, ora como propietario de un establecimiento, conlleva la presunci\u00f3n de que desarrolla dicha actividad. <\/p>\n

[a]s\u00ed las cosas, resulta indispensable que en este tipo de tr\u00e1mites se verifique la inscripci\u00f3n en el registro mercantil de la persona natural que se somete al juicio de insolvencia de la Ley 1116 de 2006, pues a partir de all\u00ed surge la presunci\u00f3n que permite deducir la calidad de comerciante, y por consiguiente, le concede legitimaci\u00f3n en la causa por activa para promover el mencionado tr\u00e1mite, en el entendido de ostentar la condici\u00f3n a que alude el articulo 2\u00ba de la mencionada ley. Circunstancia que no acredit\u00f3 el deudor, conllevando la refrendaci\u00f3n del auto confutado. <\/p>\n

Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026) no le asiste raz\u00f3n al recurrente cuando afirma que el mencionado registro no es necesario para la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n habida cuenta que el art\u00edculo 30 de la Ley 1429 de 2010 derog\u00f3 tal exigencia relacionada con los presupuestos de admisibilidad, pues s\u00ed bien el despacho no controvierte el contenido de dicha previsi\u00f3n normativa en cuanto corresponde a los requisitos que debe verificarse al momento de hacer el examen formal de la solicitud, eso no releva del deber que tiene el deudor de demostrar conforme a las reglas que prev\u00e9 el canon 13 ib\u00eddem, la calidad de comerciante al tenor de las presunciones all\u00ed relacionadas, entre las que se encuentra precisamente la inscripci\u00f3n en el registro mercantil, para de este modo asignar la competencia para conocer del asunto memorado. <\/p>\n

Respecto de los estados financieros apunt\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) los estados financieros a que aluden los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 13 de la Ley de insolvencia empresarial, est\u00e1n comprendidos por el balance de situaci\u00f3n financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros; \u00e9stas \u00faltimas hacen relaci\u00f3n al documento adicional de texto que explica cada una de las cifras de los estados financieros. Empero, para el caso de los balances del numeral segundo, la norma exige que se aporten con corte al \u00faltimo d\u00eda calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud\u00b4. <\/p>\n

Con base en ese raciocinio encontr\u00f3 incumplidas las indicadas imposiciones, porque, seg\u00fan lo explic\u00f3, aunque los \u00abestados financieros\u00bb adosados son de 2018, lo cierto es que de ellos no es dable deducir que su fecha de corte sea 31 de marzo de 2018, como lo exige la ley, teniendo en cuenta que la \u00absolicitud de reorganizaci\u00f3n\u00bb se radic\u00f3 el 30 de abril de 2018. <\/p>\n

Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que estaba ausente el presupuesto de admisibilidad se\u00f1alado en el numeral 1, canon 9 de la Ley 1116 de 2006, ya que \u00abel valor de las deudas vencidas\u00bb no fue adecuado, como debi\u00f3 haberlo sido, porque no es suficiente con enunciarlas simplemente, sino que es basilar justificar tal afirmaci\u00f3n. <\/p>\n

3. La transcripci\u00f3n realizada da cuenta que no fue por el mero capricho que la acusada obr\u00f3 como lo hizo, sino porque descubri\u00f3 que Dora Jacqueline Moreno D\u00edaz no ci\u00f1\u00f3 su intervenci\u00f3n a los pedidos de la Ley 1116 de 2006, sin que de su comprensi\u00f3n asome arbitrariedad, \u00fanicos eventos en los que ser\u00eda impostergable actuar. <\/p>\n

Puntualmente, v\u00e9ase que en lo atinente a la certificaci\u00f3n de la calidad de \u00abcomerciante\u00bb no se avizora anomal\u00eda que superar porque el entendimiento que sobre tal cuesti\u00f3n efectu\u00f3 la funcionaria no se revela desproporcionado ni infundado. <\/p>\n

Ello en raz\u00f3n a que al certamen al que se quiso acoger Moreno D\u00edaz brinda diversos mecanismos de protecci\u00f3n especial a los sujetos instituidos como destinatarios, de all\u00ed que solamente puedan acogerse a ese r\u00e9gimen aquellos que hagan parte del listado previsto en el art\u00edculo 2 de la Ley 1116 de 2006, valga decir, \u00ablas personas naturales comerciantes y las jur\u00eddicas no excluidas\u00bb que realicen negocios permanentes en Colombia, siempre que estas \u00faltimas sean de car\u00e1cter privado o mixto, as\u00ed como las \u00absucursales de las sociedades extranjeras y los patrimonios aut\u00f3nomos afectos a la realizaci\u00f3n de actividades empresariales\u00bb. <\/p>\n

De igual modo, los reparos realizados en torno a la \u00abfecha de corte de los estados financieros que aport\u00f3 la quejosa\u00bb no amerita reprensi\u00f3n, al margen que sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, porque el numeral 2, art\u00edculo 13 de la Ley 1116 de 2006 respalda ampliamente esa deducci\u00f3n al decir que una solicitud de esa \u00edndole debe venir acompa\u00f1ada, entre otros tantos elementos, de \u00abLos cinco (5) estados financieros b\u00e1sicos, con corte al \u00faltimo d\u00eda calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por Contador P\u00fablico o Revisor Fiscal, seg\u00fan sea el caso\u00bb (se hace notar). <\/p>\n

Por lo mismo, no se percibe desafuero en lo resuelto de cara a la exigencia del numeral 1, canon 9 ib\u00eddem, comoquiera que la \u00abrelaci\u00f3n de deudas\u00bb hecha por Moreno D\u00edaz en los \u00abestados financieros\u00bb involucra algunas a cargo de una sociedad comercial, lo que, conforme lo estim\u00f3 el a quo, apoy\u00f3 el proceder de la sede increpada. <\/p>\n

Lo expresado revela, sin m\u00e1s, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, del precedente, ni por defecto procedimental, f\u00e1ctico, ni ning\u00fan otro, que la reprendida obr\u00f3 del modo como lo hizo, sino m\u00e1s bien porque coligi\u00f3 que no estaban colmados los requisitos para asumir el estudio del negocio, espec\u00edficamente los que extra\u00f1\u00f3 en el pronunciamiento de 15 de junio de 2018, lo cual no es absurdo, con independencia que esta Magistratura pueda llegar a discrepar de algunas de esas orientaciones.
\nSon as\u00ed las cosas, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el iudex tiene absoluta libertad para efectuar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios persuasivos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, en el que en el fondo se ve es una confrontaci\u00f3n de criterios que escapa al \u00e1mbito de esta herramienta superlativa que est\u00e1 hecha para defender la legalidad, m\u00e1s no para imponer posturas. <\/p>\n

En suma, el anhelo de la accionante es anteponer su propia visi\u00f3n y lograr derruir la hermen\u00e9utica del \u00f3rgano acusado, acontecer que, per se, torna improcedente la intromisi\u00f3n exhortada, ya que este espacio excepcional no est\u00e1 hecho para provocar una mejor interpretaci\u00f3n de la casu\u00edstica, ni para abrir un espacio adicional con miras a contradecir la ponderaci\u00f3n hecha por la autoridad que profiri\u00f3 la directiva contrastada, habida cuenta que es claro que \u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ. 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-001). <\/p>\n

De ese modo, al no identificarse cuando menos una de las irregularidades denunciadas, ello impide irrumpir en el \u00e1mbito del referido asunto, toda vez que <\/p>\n

[e]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso\u00bb (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada, entre otras, en CSJ. STC. 10726-2017). <\/p>\n

Es que el simple hecho que la tesitura consignada en el auto confrontado no se avenga al prop\u00f3sito de la disconforme es una cuesti\u00f3n que por s\u00ed misma no le allana el camino al funcionario constitucional para incursionar en la materia, ya que \u00e9ste \u00ab[n]o puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico\u00bb y con ello \u00abentrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJSTC9537-2018). <\/p>\n

Sucede as\u00ed, en rigor, porque al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 prohibido adentrarse en la labor que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos principios de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb, pues de hacerlo invadir\u00eda \u00f3rbitas ajenas. <\/p>\n

4. En fin, se mantendr\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16050-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-004-2018-00173-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 30 de octubre de 2018 dictado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}