{"id":102154,"date":"2026-07-01T21:48:39","date_gmt":"2026-07-01T21:48:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102154"},"modified":"2026-07-01T21:48:39","modified_gmt":"2026-07-01T21:48:39","slug":"stc16053-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16053-2018\/","title":{"rendered":"STC16053-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16053-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2018-00483-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 6 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Santos Iba\u00f1ez contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Soledad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso verbal de menor cuant\u00eda radicado n\u00ba 2017-00042. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl solicitante, actuando en su propio nombre, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, defensa y \u00aba tener una decisi\u00f3n motivada\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que promovi\u00f3 proceso verbal de menor cuant\u00eda contra Carlos Arturo Visbal Mart\u00ednez por incumplimiento de contrato fechado el 12 de diciembre de 2016 y solicit\u00f3 reconocimiento de perjuicios. <\/p>\n

Destac\u00f3 que esas determinaciones incurrieron en v\u00edas de hecho al fallar sin tener en cuenta todo el material probatorio que est\u00e1 a su favor \u00aben donde se establecieron las formas y los tiempos para hacer los pagos (\u2026) adem\u00e1s, en el interrogatorio se demostr\u00f3 que ha cumplido con los deberes contractuales (\u2026) y en cambio hay incumplimiento del demandado al no hacer efectivo el traspaso del veh\u00edculo objeto de controversia (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que el desconocimiento del material probatorio \u00abcercen\u00f3 [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00ab(\u2026) ordenar la revisi\u00f3n de las sentencias proferidas por [los accionados] en fechas 9 de julio de 2018 y 10 de octubre de 2018 en proceso con radicaci\u00f3n 2017-00042\u00bb (fls. 1 a 4, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Soledad, relacion\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite de segunda instancia que le correspondi\u00f3 adelantar en el proceso en cuesti\u00f3n y manifest\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor (fls. 12 y 13, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Juez Cuarta Civil Municipal de esa misma localidad, rese\u00f1\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal discutida y destac\u00f3 que el 9 de julio de 2018 resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n formulada por el demandado, conforme lo verificado en el plenario al establecerse que \u00abel demandante no cumpli\u00f3 en el debido tiempo con lo pactado\u00bb; finalmente, se\u00f1al\u00f3 que no se cumplen los presupuestos jurisprudenciales que habilitan la acci\u00f3n de tutela contra una providencia judicial, y en realidad lo que persigue el quejoso es \u00abrevivir oportunidades o recursos ya agotados\u00bb (fls. 17 a 20, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al concluir que los fallos cuestionados se advierten razonables, y en concreto resalt\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite impartido por los juzgados accionados se encuentra ajustado a derecho (\u2026) actuaron en concordancia con los estatuido en la Carta Pol\u00edtica y la Ley, han surtido los tr\u00e1mites propios de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, garantizando a las partes el ejercicio efectivo el derecho de defensa (\u2026)\u00bb (fls. 24 a 31, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante reiterando los argumentos de su reclamo, insisti\u00f3 en que \u00abcomo comprador honr\u00e9 el contrato de compraventa objeto de litigio (\u2026) todo lo cumpl\u00ed a cabalidad, hice consignaci\u00f3n en efectivo y entregu\u00e9 los chequees (\u2026) que fueron admitidos por la parte demandada\u00bb (fls. 37 y 38, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si los juzgados accionados vulneraron las garant\u00edas denunciadas al desestimar las pretensiones formuladas por el aqu\u00ed actor en el proceso verbal de \u00abresoluci\u00f3n de contrato de compraventa\u00bb, por omitir, supuestamente, valorar la totalidad del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n

Las cr\u00edticas elevadas contra los pronunciamientos de primera y segunda dictados en el juicio de resoluci\u00f3n de contrato, se circunscriben a endilgar lo que califica el accionante como \u00abv\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico\u00bb por presunto error en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

En concordancia con dicha censura, sostuvo que demostr\u00f3 haber consignado un valor en efectivo por $10\u2019000.000., as\u00ed como tres cheques de gerencia por 4, 16 y 5 millones de pesos en las cuentas determinadas por el demandado, seg\u00fan fue reconocido por \u00e9ste en la declaraci\u00f3n surtida ante el despacho. <\/p>\n

Sobre la valoraci\u00f3n probatoria indic\u00f3 que en la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se expuso \u00abel cumplimiento de las obligaciones que me correspond\u00edan, tanto las dinerarias como aquellas derivadas de la diligencia, como que se encontraba totalmente presto a realizar toda diligencia en cumplimiento de su carga contractual (\u2026)\u00bb, precis\u00f3 tambi\u00e9n que \u00ab(\u2026) se puso de presente el cumplimiento de todos los pagos realizados, que se encontraban estipulados en el contrato objeto de controversia y como quedaron debidamente plasmados en el expediente (\u2026)\u00bb, asimismo, destac\u00f3 que el \u00ab(\u2026) demandado acept\u00f3 que solo se encontraba a la espera de la soluci\u00f3n de los pagos, tal cual como se materializ\u00f3 por mi parte [y] acept\u00f3 que s\u00ed se le consign\u00f3 el \u00faltimo valor restante que hac\u00eda falta para finiquitar el v\u00ednculo contractual (\u2026)\u00bb, pese a ello, \u00ab(\u2026) el demandado nunca entreg\u00f3 el veh\u00edculo muy a pesar de que se hab\u00eda saldado el precio pactado\u00bb. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 que los accionados no apreciaron en debida forma los interrogatorios rese\u00f1ados seg\u00fan los cuales qued\u00f3 establecido que \u00abha cumplido con los deberes contractuales que le asist\u00edan, pero del lado contrario por misma confesi\u00f3n que hiciera la parte demandada, de forma indudable se demostr\u00f3 el presupuesto de la favorabilidad de la demanda impetrada, la cual recae en el incumplimiento del demandado al no hacer efectivo el traspaso del veh\u00edculo objeto de controversia muy a pesar del cumplimiento total (\u2026)\u00bb, en suma reproch\u00f3 que los jueces de instancia \u00abdesconocieran el c\u00famulo de pruebas allegadas para salir avante las pretensiones\u00bb (fls. 2 a 4, ib.). <\/p>\n

Sin embargo, n\u00f3tese, esos alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n al de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario o especial como es el caso. <\/p>\n

Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una providencia judicial no s\u00f3lo conformarse con realizar exposiciones argumentales que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Pero, cuando lo \u00fanico que se hace es insistir en puntos que fueron resueltos de fondo por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias, la tutela lo que en realidad contiene es un recurso, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter residual y aut\u00f3nomo. <\/p>\n

Y en este caso, esa intenci\u00f3n se advierte n\u00edtida, pues el querellante pretende se le otorgue un determinado valor a los testimonios y a sus inferencias particulares sobre los elementos de convicci\u00f3n allegados al plenario, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n

Se itera, como el disenso a lo \u00fanico a que apunta es a resaltar su inconformidad con la apreciaci\u00f3n probatoria efectuada, y adem\u00e1s lo hace de manera gen\u00e9rica, sin precisar los \u00abyerros\u00bb en que habr\u00edan incurrido los falladores al momento del ejercicio deductivo, la salvaguarda se advierte improcedente. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha indicado en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

Finalmente, huelga se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado porque: <\/p>\n

Lo pretendido por el peticionario del amparo fue anteponer su propio criterio al del juez acusado y atacar, por esta v\u00eda, aquella decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, ya que \u00e9sta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a la situaci\u00f3n planteada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 08001-22-13-000-2018-00483-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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