{"id":102160,"date":"2026-07-01T21:49:54","date_gmt":"2026-07-01T21:49:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102160"},"modified":"2026-07-01T21:49:54","modified_gmt":"2026-07-01T21:49:54","slug":"stc16059-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16059-2018\/","title":{"rendered":"STC16059-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16059-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2018-00433-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Tob\u00edas Carrillo Gonzalez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa localidad, Zorida Perales Orellano y Javier Camacho Pi\u00f1a. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del juicio de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa adelantado por \u00e9l contra Zorida Perales Orellano (radicado 2016-00132-00). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el asunto de marras se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia que neg\u00f3 sus pretensiones el 24 de abril de 2018, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n siendo admitido por el ad quem encartado el 16 de mayo posterior. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que el 25 de julio hoga\u00f1o present\u00f3 \u00abun escrito al honorable juez de primera instancia por ser el juez de conocimiento [\u2026] para que [le] informara los tramites de la apelaci\u00f3n\u00bb sin tener respuesta alguna por lo que acudi\u00f3 \u00abdirectamente a preguntar y muy amablemente un funcionario [le dijo] que ese proceso ya estaba archivado por que [sic] el abogado hab\u00eda presentado escrito de desistimiento a la apelaci\u00f3n\u00bb situaci\u00f3n que le caus\u00f3 \u00abgran sorpresa [\u2026] porque [\u2026] para que un juzgado tome una decisi\u00f3n de esas debe informar a todos los sujetos procesales en el caso\u00bb am\u00e9n, que su apoderado actu\u00f3 sin su consentimiento, toda vez que \u00aben el escrito de desistimiento el abogado falta a la verdad diciendo al despacho que manifiesta decisi\u00f3n de [su] representado en el sentido de desistir del recurso de apelaci\u00f3n, esto es falta de \u00e9tica del abogado, y falta de malicia del despacho por que [sic] sin ninguna argumentaci\u00f3n v\u00e1lida aprueba sin que medie alguna conciliaci\u00f3n o acuerdo de voluntades entre las partes del que dio origen al litigio\u00bb. <\/p>\n

2.3. Refiri\u00f3, que \u00abaqu\u00ed es claro que en el poder que uno le otorga a un abogado las facultades inherentes al ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, traseguir [sic], conciliar, sustituir, desistir, renunciar, y las dem\u00e1s de ley, pero muy claro qued\u00f3 estipulado en el poder que el abogado d\u00e9 inicio y lleve el proceso hasta su terminaci\u00f3n de una o resoluci\u00f3n de contrato en contra de la se\u00f1ora demandada Zoraida Perales Orellano\u00bb, por lo que consider\u00f3 que al ser parte en el sub lite debi\u00f3 ser citado \u00abpara dar descargos o para que se [le] preguntara si era cierto que [\u2026] estaba de acuerdo con el escrito del abogado de desistimiento de apelaci\u00f3n ya el abogado no present\u00f3 escrito de [su] consentimiento de desistimiento de apelaci\u00f3n y tampoco argument\u00f3 por qu\u00e9 decide tal como estipula la norma por acuerdo y conciliaci\u00f3n entre los interesados directos que est\u00e1n acudiendo a la justicia como lo manda la normatividad constitucional\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, de conformidad con lo expuesto \u00abse declare la nulidad procesal y se ordene nuevamente el reparto del proceso aqu\u00ed en menci\u00f3n\u00bb (fls. 1-8). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El despacho encartado, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de queja, sostuvo que \u00abfrente a los hechos y pretensiones que motivan el amparo Constitucional de la referencia, cuya inconformidad radica en que este Despacho Judicial acept\u00f3 el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n mediante auto calendado 7 junio de 2018, cabe se\u00f1alar que dicha decisi\u00f3n corresponde a la petici\u00f3n que formul\u00f3 el apoderado de la parte demandante al tenor del art\u00edculo 316 del C\u00f3digo General del Proceso, pues como se observa con las documentales aportadas con el amparo Constitucional de la referencia, el se\u00f1or Tob\u00edas Carrillo Gonz\u00e1lez otorg\u00f3 poder al abogado Javier Camacho Pi\u00f1a, con las facultades propias de la labor y expresamente la de desistir, motivo por el cual se accedi\u00f3 al desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n, toda vez que se encontraron reunidos los requisitos previstos en el art\u00edculo 316 ib\u00eddem, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 mediante anotaci\u00f3n en Estado N\u00b0 72 el 8 de junio de 2018\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abel escrito presentado el 28\/05\/2018 por el apoderado judicial de la parte demandante, se afirma que es la intenci\u00f3n de su representado de desistir del recurso de apelaci\u00f3n, conforme se observa en el traslado del escrito de tutela, y por consiguiente su petici\u00f3n se apoy\u00f3 en el art\u00edculo 316 del C.G.P., el cual no establece como requisito que dicha solicitud sea suscrita por la parte, pues para el presente caso, por tratarse de un proceso de menor cuant\u00eda, las partes deben intervenir por conducto de su apoderado judicial, como en efecto sucedi\u00f3, siendo as\u00ed que la decisi\u00f3n se notific\u00f3 por estados, sin que tuviera que remit\u00edrsele comunicaci\u00f3n a las partes como lo afirma el accionante, pues por un lado el legislador no estableci\u00f3 dicho requisito y por otro las partes act\u00faan por conducto de sus apoderados judiciales, quien es el encargado de informarle las resultas del proceso\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo deprecado (fl. 42 y vuelto). <\/p>\n

El Juzgado municipal convocado, rindi\u00f3 un informe de lo actuado en el sub lite (fl. 45 y vuelto). <\/p>\n

Javier Camacho Pi\u00f1a, en calidad de abogado que represent\u00f3 los intereses del gestor en el sub judice, expres\u00f3 que \u00abfrente a [su] actuaci\u00f3n como [\u2026] apoderado dentro de las diligencias que dieron origen a esta acci\u00f3n, carece de veracidad en todo lo que afirma [el actor], circunstancia que hoy para [el] es extra\u00f1a toda vez que las relaciones entre el se\u00f1or CARRILLO GONZALEZ y [\u00e9l] fueron \u00f3ptimas hasta el \u00faltimo d\u00eda que lo h[a] visto, hecho que sucedi\u00f3 en [su] oficina de abogado, donde muchas veces estuvi[eron] reunidos y donde comparti[eron] y comenta[ron] sobre diversos aspectos, de la manera m\u00e1s cordial y respetuosa\u00bb por lo que, contrario a lo manifestado por el quejoso, el desistimiento por \u00e9l deprecado \u00abs\u00ed fue autorizado por \u00e9l y en consecuencia con su aprobaci\u00f3n y consentimiento\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abel motivo para desistir no fue otro que la falta de argumentos que jur\u00eddicamente soportaran y convalidaran [su] inconformismo ante el ad quem, con la decisi\u00f3n de primera instancia, aunado esto a la eventual y consecuente condena en costas en contra de quien era [su] poderdante. Estas explicaciones [suyas] conllevaron al se\u00f1or CARRILLO GONZALEZ a admitir que se presentara el desistimiento que hoy niega haber aceptado\u00bb (fls. 46 y 47). <\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00absea lo primero advertir que, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, el accionante no cataloga como una v\u00eda de hecho las decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso verbal por \u00e9l iniciado, sino que su intenci\u00f3n va encaminada a demostrar que dicha Agencia Judicial omiti\u00f3 notificarle personalmente la providencia proferida el 07 de junio de 2018. Es decir, su reproche va dirigido contra un acto meramente procesal\u00bb por lo que \u00abal revisar el proceso objeto de queja constitucional, por inspecci\u00f3n judicial que hizo este Despacho, concretamente de lo que se duele el accionante, se tiene que se trata de un proceso verbal de incumplimiento de contrato promovido por TOB\u00cdAS CARRILLO GONZALEZ en contra de ZORAIDA PERALES ORELLANO, en el que, en sentencia adiada del 24 de abril de 2018, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal, a quien correspondi\u00f3 el asunto, resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de mala fe propuesta por la demandada y denegar las pretensiones\u00bb decisi\u00f3n frente a la cual \u00abpresent\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue admitido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, en auto del 16 de mayo de 2018. M\u00e1s adelante, teniendo en cuenta el memorial presentado por el apoderado judicial del recurrente, hoy accionante, en providencia fechada del 7 de junio, notificada en estados el 8 de junio siguiente, el juzgado cognoscente acept\u00f3 el desistimiento de la alzada y remiti\u00f3 las diligencias al a quo para lo de su cargo\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abfinalmente, escrito arrimado el 25 de julio del a\u00f1o que avanza, TOB\u00cdAS, en nombre propio, solicit\u00f3 informaci\u00f3n acerca del juez al que le correspondi\u00f3 su alzada, tras se\u00f1alar que, aun cuando es parte del proceso y su tel\u00e9fono se encuentra en la demanda, no ha sido notificado de ninguna decisi\u00f3n. En atenci\u00f3n al mentado escrito, en auto adiado del 24 de septiembre de 2018, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la ciudad le inform\u00f3 que el proceso de su inter\u00e9s fue archivado, ante la solicitud de desistimiento presentada por su apoderado judicial\u00bb de donde observ\u00f3 que \u00absin necesidad de hacer mayores elucubraciones, esta Sala de decisi\u00f3n considera que el amparo constitucional rogado debe ser denegado, comoquiera que no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales denunciada por el accionante\u00bb comoquiera que \u00abconforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, la forma general de dar a conocer el contenido de los autos proferidos en el interior de un proceso judicial, siempre que no exista una disposici\u00f3n especial que ordene una cosa diferente, como en el caso del auto que acepta el desistimiento de un recurso, es la anotaci\u00f3n en los estados elaborados por el secretario\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3, que \u00aben el caso concreto, se equivoca el se\u00f1or TOB\u00cdAS al afirmar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga debi\u00f3 notificarlo personalmente, o v\u00eda telef\u00f3nica, de la providencia proferida el 07 de junio de 2018, que acept\u00f3 la solicitud de desistimiento presentada por su apoderado, comoquiera que, por disposici\u00f3n legal, la publicidad de dicho auto se realiza, no directamente en el domicilio de las partes, sino por estados elaborados por el Secretario, como en efecto ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00aben realidad, en modo alguno se puede endilgar una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del se\u00f1or TOB\u00cdAS CARRILLO GONZ\u00c1LEZ por una eventual indebida notificaci\u00f3n por parte de la agencia judicial accionada pues, por el contrario, se avista con claridad que la providencia proferida el 7 de junio de 2018, mediante la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga acept\u00f3 la solicitud de desistimiento presentada por su apoderado judicial, previa verificaci\u00f3n de que tuviera esa facultad, fue incluida en el estado No. 72 del 8 de junio de 2018, tal y como lo impone la normativa vigente\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abbien se sabe que el acto de notificaci\u00f3n busca proteger el derecho fundamental al debido proceso de las partes y generar publicidad a las decisiones judiciales, con el fin de que aquellas, de no estar de acuerdo, las controviertan mediante los recursos establecidos para tal fin. En el asunto bajo cuerda indudablemente se garantiz\u00f3 dicho beneficio, pues desde el momento en el que el actor impetr\u00f3 la demanda, ha estado representado por un apoderado judicial debidamente constituido, que tuvo a su cargo la labor de verificar la publicidad de las decisiones del juez. El hecho de que el se\u00f1or TOB\u00cdAS y su apoderado hayan tenido desacuerdos, en nada incluye en el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n y, menos aun cuando las partes cuentan con la facultad de revocar el referido mandato, en caso de que consideren que la tarea que encomendaron no est\u00e1 siendo cumplida de la forma m\u00e1s id\u00f3nea\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, estim\u00f3 que \u00absi bien el accionante se duele de la gesti\u00f3n realizada por su apoderado judicial, pues alega que fue desleal al desistir del recurso de apelaci\u00f3n, preciso es advertir que tal cosa no es un asunto que deba ser debatido por v\u00eda de acci\u00f3n de tutela pues, existen otras v\u00edas id\u00f3neas, para que, si as\u00ed lo considera el se\u00f1or TOB\u00cdAS CARRILLO exponga la situaci\u00f3n que padeci\u00f3 con su vocero y, si es del caso, sea \u00e9ste sujeto de las respectivas sanciones, cuyo conocimiento corresponder\u00eda al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales\u00bb (fls. 48-51). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial e insistiendo, en s\u00edntesis, que su apoderado present\u00f3 el desistimiento sin su \u00abconsentimiento por estos motivos solicit[a] se tutelen [sus] derechos por no haber sido notificado por el juez antes de aceptar la renuncia del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n\u00bb (fls. 56-59). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que se incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abprocedimental\u00bb, enfila su inconformismo contra el auto de 7 de junio de 2018, en raz\u00f3n a que dicha determinaci\u00f3n no le fue notificada de manera personal, am\u00e9n que la misma, seg\u00fan afirma, fue sin su consentimiento. <\/p>\n

3.1. Acta de la audiencia surtida el 24 de abril de 2018 por el a quo vinculado, en la que se dict\u00f3 sentencia de primera instancia en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa adelantado por Tobias Carrillo Gonzalez (aqu\u00ed accionante) contra Zorida Perales Orellano, declarando probada la excepci\u00f3n de mala fe y denegando las pretensiones, tanto de la demanda principal como de la de reconvenci\u00f3n, determinaci\u00f3n contra la que el gestor interpuso recurso de apelaci\u00f3n (fls. 22 y 23 cuaderno tribunal). <\/p>\n

3.2. Auto de 16 de mayo hoga\u00f1o, mediante el cual se admiti\u00f3 la alzada (fl. 13). <\/p>\n

3.3. Escrito presentado por el apoderado judicial del quejoso, el 28 de mayo posterior en el que manifest\u00f3 \u00abla decisi\u00f3n de [su] representado en el sentido de desistir del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en la primera instancia del tr\u00e1mite referido\u00bb (fl. 14). <\/p>\n

3.4. Prove\u00eddo de 7 de junio por el cual la c\u00e9lula judicial recriminada, acept\u00f3 \u00abel desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n que le fue concedido en contra de la sentencia proferida el 24 de abril \u00faltimo (fl. 83 c1), en virtud de lo dispuesto del art. 316 del CGP\u00bb, decisi\u00f3n notificada por estado No. 72 del d\u00eda siguiente (fl. 15).
\n3.5. Memorial de 25 de julio hoga\u00f1o presentado por el actor ante el juez de conocimiento en el que solicit\u00f3 se le informara lo atinente al tr\u00e1mite dado a la alzada (fls. 20 y 21). <\/p>\n

3.6. Determinaci\u00f3n de 24 de septiembre de los corrientes, a trav\u00e9s, de la que se le inform\u00f3 al gestor por parte del despacho municipal que \u00absu apoderado el Dr. Javier Camacho Pi\u00f1a desisti\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n mediante escrito presentado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito (folio 4-cuad. 2) y fue aceptado a trav\u00e9s de prove\u00eddo de fecha 7 de junio de 2018\u00bb (fl. 24). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite estima la Sala que, en el particular asunto, no resulta viable la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada, tal como lo sostuvo el juzgador constitucional de primer grado, toda vez que no se observa quebranto de derecho fundamental alguno. <\/p>\n

4.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que la queja del accionante est\u00e1 enfilada a reprochar la indebida notificaci\u00f3n del auto de 7 de junio de 2018 mediante el cual el despacho encartado acept\u00f3 el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 24 de abril de 2018, pues estim\u00f3 que el acto de enteramiento de dicha providencia se debi\u00f3 realizar de manera personal, frente a lo cual no se observa proceder contrario a la normatividad aplicable al caso, pues el mismo se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido por el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, que prev\u00e9 \u00ablas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el Secretario [\u2026]\u00bb toda vez, que la referida decisi\u00f3n se notific\u00f3 por anotaci\u00f3n en estado No. 72 del 8 de junio posterior, sin que sea dable exigirle al funcionario encartado la comunicaci\u00f3n en los t\u00e9rminos que depreca el actor, am\u00e9n, que si lo estimaba del caso, lo correcto era que hubiera efectuado alguna manifestaci\u00f3n al respecto para conocer la postura del juzgado, lo que no sucedi\u00f3, por lo que debe atenerse a las decisiones que le fueron desfavorables ya que las cuales son fruto de su propia incuria. <\/p>\n

4.2. En definitiva, lo rese\u00f1ado impide sostener que efectivamente la autoridad judicial recriminada hubiera obrado con notable arbitrariedad o con un discernimiento eminentemente subjetivo, tampoco con manifiesto desconocimiento de la ley, supuestos indispensables para que el mecanismo constitucional obre respecto de providencias o actuaciones judiciales. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema, la Corte ha considerado que: <\/p>\n

Sobre este particular ha sido prolija la jurisprudencia de esta Sala, la que ha destacado, de vieja data, que \u2018Dirimida una controversia tras el agotamiento de las correspondientes etapas procesales, precisamente establecidas en orden a otorgar a las partes un escenario adecuado para el ejercicio de sus derechos, no queda opci\u00f3n distinta que acatar sin miramientos el designio judicial, que se torna inmutable y definitivo\u201d (Sent. de nov. 3\/99, exp. 7410) \u2026 con otras palabras, es necesaria la presencia de \u2018un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u2019 (Sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 0183)\u201d (Sent. de feb. 23\/04, exp. 41-01), ya que \u201cLos errores ordinarios, a\u00fan graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere\u00bb (C. Const. Sent. T-231, mayo 13\/94)\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2005, rad. 00142-00, reiterada el 24 y 29 ene. 2013, rads. 00034-00, 2012-00568-01 y en CSJ STC18814-2017 Nov. 14 de 2017, rad. 2017-00679-01). <\/p>\n

5. Con todo, y en aras de discusi\u00f3n, destaca la Sala que lo dispuesto en el auto de 7 de junio de 2018 mediante el cual, se itera, se acept\u00f3 el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n, no denota connotaci\u00f3n arbitraria o caprichosa, pues dicha decisi\u00f3n est\u00e1 soportada en los art\u00edculos 315 y 316 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que se evidencia que en el poder aportado (fl. 18 cuaderno tribunal) el apoderado contaba con la facultad expresa para desistir y es dable que las partes prescindan de los recursos, circunstancia por la que la determinaci\u00f3n cuestionada no luce caprichosa, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).
\nAs\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; 13 feb. 2013, rad. 00216-00, 14 Feb. 2018, rad. 00221-00). <\/p>\n

6. Finalmente, advierte la Corte que si el quejoso estima que su apoderado infringi\u00f3 normas disciplinarias o penales, puede acudir directamente ante las autoridades competentes para que se adelante la investigaci\u00f3n que legalmente corresponda, pues, la tutela no es un mecanismo de intermediaci\u00f3n de esas inconformidades. Naturalmente que asumiendo las responsabilidades que el legislador establece para estos casos, cuando la denuncia es absurda o temeraria. <\/p>\n

La Corte resalt\u00f3 frente a este aspecto que \u00ab\u2026si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. (CSJ STC 27 nov. 2013 rad 02680-00, reiterada en STC14196-2015 de 15 oct. 2015 rad. 02089). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que este no es una herramienta con la que los inconformes puedan promover denuncias disciplinarias o penales, porque si est\u00e1n persuadidos de que la conducta que reprochan en realidad tiene relevancia en esos campos, deben presentar directamente las querellas que estimen, asumiendo las consecuencias que ello conlleva. <\/p>\n

(\u2026.) ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u2018la funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n`\u2019 (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; STC15096-2017, y CSJ STC1166-2018 entre otras) (STC6241-2018 15 may. 2018 rad. 00287-00). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16059-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2018-00433-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}