{"id":102165,"date":"2026-07-01T21:50:39","date_gmt":"2026-07-01T21:50:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102165"},"modified":"2026-07-01T21:50:39","modified_gmt":"2026-07-01T21:50:39","slug":"stc16065-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16065-2018\/","title":{"rendered":"STC16065-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16065-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2018-00108-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Constructora Enr\u00edquez Asociados S.A.S. contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, vincul\u00e1ndose a la sociedad Jos\u00e9 \u00c1vila D\u00edaz & C\u00eda. Ltda. y a los dem\u00e1s intervinientes dentro del juicio que ocupa la atenci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La empresa gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abaudiencia y contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la c\u00e9lula judicial acusada dentro del proceso ejecutivo, que le adelant\u00f3 la sociedad Jos\u00e9 \u00c1vila D\u00edaz & C\u00eda. Ltda. (Radicado 2018-00069). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1-. Que dentro del juicio de marras, la sociedad ejecutante pretendi\u00f3 el pago de un t\u00edtulo ejecutivo \u2013pagar\u00e9-, por la suma de $192.967.830.oo m\u00e1s los intereses de mora desde el 6 de marzo de esta calenda, por lo que el despacho acusado libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, el 19 de abril de este a\u00f1o. <\/p>\n

2.2.- Manifest\u00f3, que contra la orden de apremio, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, alegando, en resumen, que el t\u00edtulo valor no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 709 del C\u00f3digo de Comercio, espec\u00edficamente las relativas al incumplimiento de lo estipulado en la carta de instrucciones, la falsedad en la fecha consignada como data de pago, y la inexistencia de obligaciones a su cargo. <\/p>\n

2.3.- Sostuvo, que la c\u00e9lula judicial acusada en prove\u00eddo de 17 de julio de hoga\u00f1o, decidi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n cuestionada, incurriendo \u00aben una v\u00eda de hecho pues no analiz\u00f3 los argumentos expuestos por el recurrente, resolviendo el recurso sin dar respuesta a estos y analizando unos que supuso a su antojo\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicit\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse deje sin efecto el auto [de 17 de julio de 2018], y se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, emita uno de reemplazo que d\u00e9 respuesta a los argumentos de la parte ejecutada\u00bb (fls. 2-53, C.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO. <\/p>\n

El titular del Juzgado recriminado, realiz\u00f3 un recuento sucinto de las actuaciones surtidas, y puntualiz\u00f3 que \u00ab[l]a discusi\u00f3n planteada por la sociedad demandada en cuanto a que el t\u00edtulo se llen\u00f3 en sus espacios en blanco desconociendo las instrucciones, y, adem\u00e1s, como se sostiene en la demanda de tutela que el pagar\u00e9 tiene "contenido falso", constituyen excepciones de fondo que no pueden ser resueltas a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si los mismos argumentos tra\u00eddos como sustento de la acci\u00f3n de tutela son los que se han consignado como argumento de las excepciones de "integraci\u00f3n abusiva del t\u00edtulo valor en blanco y de falsedad ideol\u00f3gica del pagare". Tr\u00e1mite que se encuentra en curso, pues se corri\u00f3 traslado de las mismas a la parte demandante y, como se dijo al inicio, se encuentra realizada la citaci\u00f3n a las partes para audiencia\u00bb, por tanto, \u00abla tutela se avizora improcedente, toda vez que para la defensa de los derechos del accionante existe el tr\u00e1mite ordinario civil de las excepciones (otro medio de defensa judicial), que es el camino procesal apropiado para su resoluci\u00f3n\u00bb (fls. 203-204, Ibidem). <\/p>\n

El representante legal de la sociedad Jos\u00e9 \u00c1vila D\u00edaz y C\u00eda. Ltda., quien funge como ejecutante dentro del sub lite, asever\u00f3 que \u00ab[l]os hechos narraciones y dem\u00e1s con los que el accionante pretende llenar p[\u00e1]ginas y p[\u00e1]ginas para soportar sin fundamento la tutela, buscan no m[\u00e1]s que generar confusi\u00f3n y una opini\u00f3n del tribunal sobre el fondo del asunto que ha de resolverse en el proceso ejecutivo que se encuentra en tr[\u00e1]mite en el Juzgado 3 Civil del Circuito, no debemos desconocer que en la demanda ejecutiva, los hechos ajenos del t[\u00ed]tulo que se hayan creado coet\u00e1neamente a este o con posterioridad y que pretendan desconocer la obligaci\u00f3n o su extinci\u00f3n deben ser alegados en el momento procesal oportuno, es decir dentro del t[\u00e9]rmino para presentar las excepciones correspondientes y cuyos efectos son de estudio y exanimaci\u00f3n dentro del procesos ejecutivo y no de la presente tutela\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00ab[e]l mandamiento de pago fue notificado se le corri\u00f3 el correspondiente traslado para que ejerza su derecho de defensa y garantizar as\u00ed el principio de contradicci\u00f3n donde el accionante propuso excepciones de m\u00e9rito; adicional y contra toda t\u00e9cnica jur\u00eddica y desconocimiento de la naturaleza del procesos ejecutivo, el accionante present\u00f3 un escrito denominado contestaci\u00f3n de la demanda; por lo tanto mal hace en argumentar una acci\u00f3n de tutela manifestando vulnerado su debido proceso cuando se le han garantizado todos sus derechos lo cual se demuestra con su actuaci\u00f3n procesal y el tramite se ha realizado de conformidad con la Ley, mal hace utilizar esta herramienta jur\u00eddica para buscar que se le d[\u00e9] tr[\u00e1]mite a un recurso presentado con argumentos ajenos totalmente a la naturaleza del memorial y que obedecen a los ya expresados en su escrito de excepciones de m\u00e9rito\u00bb (fls. 192-201, Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00aben el proceso cuestionado se encuentran pendientes de resolverse la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que la ahora accionante formul\u00f3 contra la orden de apremio, medio de defensa apto para lograr la protecci\u00f3n de los derechos que se acusan quebrantados. Al paso que se formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, presentaron escrito contentivo de excepciones de m\u00e9rito, en el cual, bajo la excepci\u00f3n denominada "La excepci\u00f3n de integraci\u00f3n abusiva del t\u00edtulo valor en blanco y de falsedad ideol\u00f3gica del pagar\u00e9" debate la violaci\u00f3n por parte del demandante de las instrucciones establecidas para el diligenciamiento del t\u00edtulo valor porque no se hab\u00eda adquirido ninguna mercanc\u00eda; aunado a lo anterior, alega tambi\u00e9n la irregularidad frente a la fecha consignada como fecha de pago (folios 7 a 14 cuaderno de excepciones)\u00bb. <\/p>\n

Po lo tanto, \u00ab[s]e establece entonces que al haberse planteado por medio de excepci\u00f3n de m\u00e9rito tal alegato, este se instituye como el mecanismo adecuado de defensa de los intereses del convocante constitucional, el cual debe ser resuelto por el juez natural, es decir quien tiene a su cargo el proceso ejecutivo\u00bb (fls. 206-209, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la sociedad quejosa, a trav\u00e9s de su apoderado judicial en similares t\u00e9rminos al escrito genitor, alegando que \u00ab[e]n el caso sub examine, la parte ejecutada por v\u00eda del recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, expuso razones debidamente sustentadas, del porqu\u00e9, el t\u00edtulo tra\u00eddo como base coercitiva para su recaudo, no reun\u00eda las caracter\u00edsticas necesarias para soportar una orden de pago. Y se adujo con claridad la violaci\u00f3n a la carta de instrucciones que lo integra, la no provisi\u00f3n de los materiales que lo causa, y el no vencimiento de las obligaciones que dice reclamar. Sin embargo, al resolverse el recurso, no se dio respuesta a cada una de estas observaciones de manera puntual, pues, se alude solamente a que examinado el t\u00edtulo base de mandamiento de pago, se encontr\u00f3 que se diligenci\u00f3 de acuerdo a lo convenido en la carta de instrucciones, esto es, cuando incurri\u00f3 en mora el demandado, acelerando el pago anticipado de las dem\u00e1s obligaciones, y que contiene la fecha de vencimiento en \u00e9l contenida, 6 de marzo de 2018, siendo que, por efectos de la literalidad del t\u00edtulo, esa fecha marca el cumplimiento del pago y con ello, su vencimiento\u00bb (fls. 215-228, Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que la sociedad quejosa, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo, enfila su reproche, en \u00faltimas, contra el auto de 17 de julio de este a\u00f1o, que mantuvo la decisi\u00f3n de 19 de abril de esta calenda. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Mandamiento de pago proferido el 19 de abril de esta anualidad en favor de Jos\u00e9 \u00c1vila D\u00edaz & C\u00eda. Ltda. contra la aqu\u00ed tutelista, por valor de $192.967.830.oo m\u00e1s los intereses de mora desde el 6 de marzo de esta calenda (fl. 88, C.1). <\/p>\n

3.2.- Recurso de reposici\u00f3n formulado en contra de la anterior resoluci\u00f3n, alegando, en resumen que dentro del t\u00edtulo ejecutivo i) no se cumpli\u00f3 con lo estipulado en la carta de instrucciones, ii) no se fij\u00f3 la fecha previamente acordada para el pago de la obligaci\u00f3n y que iii) no existe obligaci\u00f3n a su cargo, soportando su pedimento en los establecido por el art\u00edculo 709 del C\u00f3digo de Comercio (fls. 93-99, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Interlocutorio de 17 de julio de hoga\u00f1o, que mantuvo lo dispuesto en la orden de apremio, al considerar que \u00ab[d]escendiendo al asunto de la referencia, el recurso propuesto ataca al t\u00edtulo presentado -pagar\u00e9, del cual se dice que no re\u00fane los requisitos legales, espec\u00edficamente la forma de vencimiento del mismo, lo que lleva al despacho a volver sobre la revisi\u00f3n del mismo, encontrando que: El pagar\u00e9 adjunto, es un t\u00edtulo valor que re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 621 del C de Co., por cuanto en \u00e9l se encuentra incorporado el derecho del acreedor, la firma de quien le crea, el lugar en donde debe cumplirse la obligaci\u00f3n; as\u00ed como los requisitos contenidos en el art 709 del mismo estatuto, en raz\u00f3n a que existe en \u00e9l, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, y la indicaci\u00f3n que debe ser pagadero a la orden del demandante\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00absobre la forma de vencimiento, tema de discusi\u00f3n por parte del demandado, se tiene que el pagar\u00e9 fue girado, con vencimientos ciertos sucesivos\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00ab[e]l demandado suscribi\u00f3 y entreg\u00f3 un pagar\u00e9 en blanco junto con su respectiva carta de instrucciones a la entidad demandante, con el prop\u00f3sito de obtener la aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito que les permitir\u00eda la adquisici\u00f3n de productos durante el tiempo que durara la relaci\u00f3n comercial. En criterio del actor, dicho t\u00edtulo valor se encontraba con espacios sin diligenciar, espec\u00edficamente, la forma de vencimiento, que pod\u00edan ser completados con las instrucciones escritas entregadas previamente por el obligado [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abestamos ante un t\u00edtulo ejecutivo que se diligenci\u00f3 por el acreedor conforme lo convenido con el demandado en la carta de instrucciones, esto es, se diligenci\u00f3 cuando el demandado incurri\u00f3 en mora en el pago de la primera factura, es decir el 6 de marzo de 2018, se\u00f1alando como monto de la obligaci\u00f3n, la suma que corresponde al saldo total de la deuda; acelerando as\u00ed, el pago anticipado de las dem\u00e1s obligaciones. Frente a este tipo de cl\u00e1usulas, el acreedor tiene el derecho de declarar vencida anticipadamente la totalidad de una obligaci\u00f3n peri\u00f3dica. En este caso se extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de inmediato los instalamentos pendientes\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[l]as cl\u00e1usulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles corno las ventas a plazos y en cr\u00e9ditos amortizables por cuotas. Su funcionamiento depende de la condici\u00f3n consistente en el incumplimiento del deudor, as\u00ed como en la decisi\u00f3n del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligaci\u00f3n\u00bb (fls. 101-106, Ibid.). <\/p>\n

3.4.- Escrito a trav\u00e9s del cual se formularon las excepciones de m\u00e9rito de \u00abinexistencia del negocio jur\u00eddico de origen o negocio causal\u00bb, \u00abintegraci\u00f3n abusiva del t\u00edtulo valor en blanco y de falsedad ideol\u00f3gica del pagar\u00e9\u00bb y \u00abcobro de lo no debido y enriquecimiento sin causa\u00bb (fls. 5-10, C. Corte). <\/p>\n

4.- Analizado lo anterior, y referente a la dolencia enderezada en punto del actuar desplegado por la c\u00e9lula judicial recriminada, cumple aseverar que auscultados transversalmente tanto el libelo tutelar como las acreditaciones compiladas, ha de pregonarse que la procedencia de la acci\u00f3n que ahora ocupa la atenci\u00f3n est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado y no exista en el ordenamiento jur\u00eddico otro medio de defensa judicial para su adecuada protecci\u00f3n, habida cuenta que su temperamento es eminentemente subsidiario y residual. <\/p>\n

Por supuesto, el juez constitucional no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, en tanto que \u00abla acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 4 oct. 2011, rad. 2011-00095-01). <\/p>\n

4.1.- As\u00ed las cosas, comoquiera que la sociedad quejosa persigue que, por orden impartida en este excepcional\u00edsimo escenario, se ordene al despacho acusado dictar una nueva determinaci\u00f3n relativa al medio impugnativo formulado en contra de la orden de apremio, por cuanto, aduce, el t\u00edtulo ejecutivo que soporta el pretenso recaudo no contempla los requisitos legales previstos en el canon 709 del C\u00f3digo de Comercio, como que tampoco cumpli\u00f3 con lo estipulado en la carta de instrucciones, no se fij\u00f3 la fecha previamente acordada para el pago de la obligaci\u00f3n y que no existe obligaci\u00f3n a su cargo, sobre el particular ha de precisarse que la tutela resulta del todo prematura. <\/p>\n

Lo propio, en la medida en que la empresa censora plante\u00f3 excepciones de fondo que todav\u00eda no han sido resueltas en la sentencia que habr\u00e1 de finiquitar el sub examine, por lo cual, como a\u00fan no se ha agotado tal etapa procedimental en el sub judice, en consecuencia, la solicitud de amparo deviene improcedente pues aquellos mecanismos de defensa judicial est\u00e1n pendientes de ser resueltos \u00abmediante el fallo que al efecto es menester, providencia en la cual el funcionario judicial acusado resolver\u00e1 el fondo del asunto y para ello realizar\u00e1 un nuevo an\u00e1lisis del documento que sirve de sustento jur\u00eddico al pretenso recaudo a la luz del art\u00edculo 488 y concordantes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy d\u00eda 422 del C\u00f3digo General del Proceso], con lo cual \u2018el punto no quedar\u00eda clausurado, porque como bien es sabido, el juez en la sentencia puede volver a examinar el t\u00edtulo ejecutivo\u2019\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00391-01), que es en \u00faltimas lo que aqu\u00ed se busca al se\u00f1alarse que el t\u00edtulo ejecutivo no cumple con las exigencias legales, tanto m\u00e1s cuando la sociedad enjuiciante puede exponer ante el juez natural lo que ahora alude en este \u00e1mbito constitucional dado que conforme al inciso 4\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]n la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio\u00bb. <\/p>\n

Y es que, valga apuntarlo, \u00abla definici\u00f3n del t\u00f3pico planteado en la presente v\u00eda constitucional se habr\u00e1 de dirimir dentro del proceso materia de reproche, por parte del juez natural y a trav\u00e9s de la providencia que defina lo concerniente a la relaci\u00f3n sustancial all\u00ed debatida, determinaci\u00f3n que bien puede ser favorable o adversa, y en este \u00faltimo caso acudir al superior, de ser admisible ello, a efecto de intentar modificarla, con lo cual, de todas maneras, se estar\u00edan garantizando las prerrogativas aqu\u00ed alegadas\u00bb (CSJ STC11568-2015, 31 ago. 2015, rad. 2015-00060-01). <\/p>\n

De ese modo, no resulta de recibo que la promotora, \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n

4.2.- En un asunto que guarda simetr\u00eda con el ahora auscultado, esta Corporaci\u00f3n, en CSJ STC, 10 feb. 2012, rad. 2011-00526-01, refiri\u00f3 que \u00abno emerge quebranto de las garant\u00edas fundamentales invocadas sobre todo cuando, se repite, \u201clos funcionarios judiciales a la hora de emitir decisi\u00f3n de fondo en los asuntos de naturaleza ejecutiva, qu\u00e9 duda cabe, est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de revisar oficiosamente el t\u00edtulo ejecutivo a fin de constatar que en \u00e9l se estructuran los atributos a que alude el art\u00edculo 488 ibidem, por lo que no es acertado el proceder desplegado por el peticionario en el sentido de ignorar el tr\u00e1mite judicial que se adelanta, esto es, que sin haberse clausurado el debate judicial al efecto emprendido, arribe a la jurisdicci\u00f3n constitucional con el prop\u00f3sito de que se eleven pronunciamientos [alternativos] a los que debe emitir el juzgador de conocimiento\u201d (Sentencia de 13 de enero de 2011, Exp. T. No. 70001-22-14-000-2010-00223-01)\u00bb. <\/p>\n

En data m\u00e1s reciente, la Corte sostuvo que \u00ab[a]dem\u00e1s la tutela resulta tambi\u00e9n prematura, en la medida en que conforme se evidencia de las copias del expediente en cuesti\u00f3n, allegadas para servir como elemento de acreditaci\u00f3n, el actor plante\u00f3 excepciones de fondo y que, dicho sea de paso, precisamente se enderezan a confutar la val\u00eda \u00absustancial\u00bb del documento base de recaudo y, en consecuencia, seg\u00fan ha tenido oportunidad de manifestar la Sala, la solicitud de amparo deviene improcedente, pues aquellos mecanismos de defensa judicial est\u00e1n pendientes de ser resueltos a trav\u00e9s de la providencia que el funcionario ha de proferir, momento en el que deber\u00e1 revisar nuevamente el t\u00edtulo ejecutivo y las pruebas obrantes en el plenario\u00bb (CSJ STC5600-2015, 8 may. 2015, rad. 2015-00059-01; citada, entre otras providencias, en CSJ STC9833-2017, 7 jul. 2017, rad. 2017-01593-00). <\/p>\n

4.3.- Acerca de la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala precis\u00f3, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente: <\/p>\n

Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n

Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n

[\u2026] De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n

[\u2026 ] Por supuesto, tal deber, valga apuntarlo, parejamente es predicable \u00aben trat\u00e1ndose de sentencias de segundo grado en las que el recurso vertical no gravita sobre dicho tema, [sin que] se pueda predicar afrenta alguna al principio de la no reformatio in pejus por causa de dicho emprendimiento, ello porque para que la mentada irregularidad se estructure es menester, entre otras cosas, que \u201cla enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico o jur\u00eddico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional\u201d (CSJ SC, 9 ago. 1995, rad. 5093), cual es lo opuesto a lo que sucede en tales an\u00e1lisis, en virtud a que ser\u00eda del todo desatinado esperar un pronunciamiento \u201cde fondo\u201d en un litigio ejecutivo en que el t\u00edtulo no est\u00e1 plenamente configurado, ya que, por sustracci\u00f3n de materia, ese proceder devendr\u00eda inane\u00bb. <\/p>\n

[\u2026] De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n

5.- Debido a las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia puntualizadas en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16065-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2018-00108-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}