{"id":102166,"date":"2026-07-01T21:50:53","date_gmt":"2026-07-01T21:50:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102166"},"modified":"2026-07-01T21:50:53","modified_gmt":"2026-07-01T21:50:53","slug":"stc16066-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16066-2018\/","title":{"rendered":"STC16066-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrada ponente <\/p>\n

STC16066-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02549-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Geoambiental S. A. S. contra la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La sociedad gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, dentro del juicio de reorganizaci\u00f3n que se le est\u00e1 adelantando a Constructora Ariguan\u00ed S. A. S. (Rad. No. 74480). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Que la Constructora Ariguan\u00ed S. A. S., le adeuda la suma de $2.389'583.543.oo, \u00abm\u00e1s los intereses de mora, por concepto de suministro de agua industrial para la obra de la Ruta del Sol Fase III\u00bb, y ante el incumplimiento en el pago, promovi\u00f3 en su contra el proceso ejecutivo No. 2017-00325 que le correspondi\u00f3 tramitar al Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n

2.2.- Sostuvo, que el despacho judicial aludido \u00abmediante autos del 27 de junio y 31 de julio de 2017 [\u2026] decret\u00f3 [las] medidas cautelares\u00bb solicitadas, por lo que en cumplimiento de aquellas, \u00abla Concesionaria Yuma puso a disposici\u00f3n del Juzgado 20 Civil del Circuito mediante dep\u00f3sito judicial la suma de $3.584.375.315.05\u00bb y el 2 de mayo de esta anualidad, procedi\u00f3 a inscribir la cautela en el \u00abRegistro de Garant\u00edas Mobiliarias de acuerdo con el art\u00edculo 9 de la. Ley 1676 de 2013\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Inform\u00f3, que \u00abmediante auto de 22 de marzo de 2018, la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 de oficio iniciar el proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb objeto de estudio,
\ny el \u00ab3 de mayo de 2018 el promotor del concurso ofici\u00f3 al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb para que fuera remitido el expediente a la autoridad aqu\u00ed encartada. <\/p>\n

2.4.- Reliev\u00f3, que el 5 de junio de hoga\u00f1o, fue incorporado el expediente ejecutivo al proceso de reorganizaci\u00f3n, y \u00aba trav\u00e9s del auto 430-008105 de 8 de junio de 2018, por solicitud de la deudora y con aval del promotor, la Superintendencia de Sociedades dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso ejecutivo 2017-00325\u00bb, determinaci\u00f3n que fue recurrida y confirmada el 29 de julio de esta anualidad. <\/p>\n

2.5.- Manifest\u00f3, que el 9 de agosto del a\u00f1o que avanza, \u00absolicit\u00f3 al Juez del concurso decretar medidas de protecci\u00f3n para salvaguardar su posici\u00f3n de acreedor con garant\u00eda real, de acuerdo al art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013\u00bb, petici\u00f3n que no hab\u00eda sido resuelta al momento de interponer esta acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

2.6.- Acot\u00f3, que \u00abel 21 de septiembre de 2018, el apoderado de la concursada pidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de otras medidas cautelares y la consecuente entrega a su favor de unos t\u00edtulos judiciales por valor de $567.181.000.oo [\u2026]\u00bb, y \u00abmediante auto 400-013620 de octubre 16 de 2018, la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 que proceda con la autorizaci\u00f3n de pago a favor de la Constructora Ariguan\u00ed S.A.S. de los veintitr\u00e9s (23) t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial originados en el proceso ejecutivo 2017-325\u00bb, de los dep\u00f3sitos judiciales, determinaci\u00f3n que a todas luces es arbitraria, pues contin\u00faa \u00abdisponiendo de los dineros que conforman la medida cautelar inscrita como garant\u00eda mobiliaria de la cual es beneficiaria la accionante y omitiendo el deber legal de mantenerla vigente o en su defecto decretar medidas de protecci\u00f3n que salvaguarden los derechos del acreedor garantizado\u00bb. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, revocar los autos de 8 de junio, 29 de julio y 16 de octubre, todos de este a\u00f1o, y en su lugar se ordene a la autoridad recriminada \u00ababstenerse de disponer de la medida cautelar objeto de garant\u00eda mobiliaria dentro del proceso 2017-0325\u00bb. <\/p>\n

De manera subsidiaria, deprec\u00f3 \u00abordenar al juez del concurso adoptar las medidas necesarias para proteger la posici\u00f3n del acreedor con garant\u00eda real\u00bb (fls. 1-25, C.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

La Superintendencia acusada, solicit\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n dado que no cumple con el requisito de subsidiariedad puesto que una solicitud orientada en el mismo sentido de la tutela est\u00e1 pendiente de decisi\u00f3n por parte de este operador judicial, el actor pretende por v\u00eda de ella retomar y a\u00f1adir argumentos que debi\u00f3 ventilar por v\u00eda de recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00aben el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n regulado en la Ley 1116 de 2006 y sus disposiciones complementarias, el art\u00edculo 20 de tal norma concede a la Superintendencia de Sociedades, en su calidad de juez del concurso, la facultad para determinar si las medidas cautelares decretadas en los procesos incorporados contin\u00faan vigentes o deben levantarse\u00bb, y con base en ello, \u00abno observa este juez del concurso ninguna irregularidad, ni mucho menos vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno del accionante. Al contrario, las decisiones proferidas en el curso del proceso de reorganizaci\u00f3n de Constructora Ariguan\u00ed S.A.S. acatan a cabalidad los preceptos constitucionales, se ajustan a la legalidad y materializan las finalidades del R\u00e9gimen de Insolvencia\u00bb (fls. 84-88, Ibidem). <\/p>\n

El promotor de la sociedad Constructora Ariguan\u00ed S. A. S. en reorganizaci\u00f3n, asever\u00f3 que \u00abel derecho al debido proceso no fue vulnerado, como quiera que las decisiones proferidas en su oportunidad por la Superintendencia de Sociedades fueron de p\u00fablico conocimiento y fueron de hecho controvertidas por parte del accionante\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abno se presenta la nominada v\u00eda de hecho por ninguno de los yerros previamente se\u00f1alados, por cuanto las providencias atacadas, por medio de las cuales se decreta el levantamiento de medidas cautelares y se autoriza el pago a proveedores de la constructora ariguan\u00ed, se encuentran debidamente fundamentadas seg\u00fan lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006 y Ley 1676 de 2013\u00bb (fls. 101-106, Ib.). <\/p>\n

Quien manifest\u00f3 fungir como apoderado de la Constructora Ariguan\u00ed S. A. S., solicit\u00f3 denegar el amparo deprecado, al considerar que no cumple con los requisitos previstos para la procedencia de la protecci\u00f3n constitucional (fls. 108 y 109, Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abno advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como quiera que las actuaciones adelantadas dentro del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n en lo referente al levantamiento de los embargos y entrega de dineros a la concursada por parte del Delegado para Procedimiento de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, se ajustan a la normatividad aplicable al caso, en especial a lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley de la Ley 1 116 de 2006 que permite el levantamiento de las medidas cautelares atendiendo la solicitud que se encuentre sustentada en la necesidad operacional, es decir, que las providencias proferidas se encuentra debidamente motivadas, contando adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarlas como absurdas o antojadizas; contrario sensu, est\u00e1n soportadas en las peticiones elevadas por la Constructora Ariguan\u00ed y la procedencia de las mismas de acuerdo con lo establecido por el legislador\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00aben lo relativo a la petici\u00f3n de ordenar al juez del concurso adoptar las medidas necesarias para proteger la posici\u00f3n del acreedor con garant\u00eda real, no se cumple el requisito de subsidiariedad, como quiera que la solicitud fue presentada por el quejoso el 10 de agosto de 2018 y la misma se encuentra al despacho pendiente de ser resuelta por la autoridad cuestionada, razones por las cuales el amparo constitucional implorado se torna improcedente\u00bb (fls. 116-119, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la sociedad quejosa, a trav\u00e9s de su apoderado, sin manifestar argumentos adicionales a los expuestos en el libelo genitor (fl. 131, Id.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que la sociedad quejosa, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo, enfila su reproche, en \u00faltimas, contra los autos proferidos el 29 de julio y 16 de octubre, ambos de esta calenda. <\/p>\n

Subsidiariamente, deprec\u00f3 que se ordene al juez del concurso adopte las medidas necesarias para proteger su posici\u00f3n de \u00abacreedor con garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Proceso ejecutivo radicado 2017-00325: <\/p>\n

3.1.1.- Interlocutorio de 27 de junio de 2017, que decret\u00f3: \u00ab1. El embargo de los derechos de cr\u00e9dito que posea la sociedad demandada Constructora Ariguan\u00ed S.A.S. respecto de yuma concesionaria s.a., con ocasi\u00f3n del contrato de obra suscrito entre dichas sociedades. Comun\u00edquese al gerente de yuma concesionaria s.a., observ\u00e1ndose estrictamente lo dispuesto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 593 del C.G.P. Lim\u00edtese la medida a la suma de 2.705.627.818.05. 2. El embargo y retenci\u00f3n preventiva de las sumas de dinero que a cualquier t\u00edtulo posea la parte demandada en las entidades referidas en el escrito petitorio de cautelas. 3. El embargo de los bienes y\/o remanentes que de propiedad de la parte demandada se llegaran a desembargar dentro de los procesos relacionados en el escrito petitorio de cautelas, Of\u00edciese a la autoridad respectiva. Lim\u00edtese la medida a la suma de $2.705.627.818.05\u00bb (fl. 29, C.1). <\/p>\n

3.1.2.- Oficio No. 1990 de 5 de julio del a\u00f1o pasado, dirigido a Yuma Concesionaria S.A., donde se comunic\u00f3 la orden emitida en prove\u00eddo anterior (fl. 30, Idem). <\/p>\n

3.1.3.- Certificado de garant\u00eda mobiliaria expedido el 2 de mayo de 2018, bajo el n\u00famero de inscripci\u00f3n (folio electr\u00f3nico) 20180502000028000, constituido por la Constructora Ariguan\u00ed S. A. S. en favor de la aqu\u00ed accionante (fl. 33, Ib.). <\/p>\n

3.1.4.- Mandamiento de pago de 24 de julio de ese a\u00f1o, librado por la suma de 2.389.583.543.oo, m\u00e1s los intereses moratorios adeudados (fls. 28 y 29, Ibidem). <\/p>\n

3.1.5.- Memorial emitido por el representante legal de Yuma Concesionaria S.A., donde inform\u00f3 al despacho Veinte Civil del Circuito de esta urbe, sobre el acatamiento de las cautelas impuestas (fl. 32, Ibid.). <\/p>\n

3.2.- Proceso de reorganizaci\u00f3n rad. 74480: <\/p>\n

3.2.1.- Prove\u00eddo de 23 de marzo de 2018 que admiti\u00f3 al proceso referido a la sociedad Constructora Ariguan\u00ed S. A. S., y orden\u00f3 tanto al representante legal como al promotor, \u00abcomunicar a trav\u00e9s de medios id\u00f3neos, a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales [\u2026] que tramiten procesos de ejecuci\u00f3n\u00bb sobre el inicio del juicio y la obligaci\u00f3n de remitir los expedientes a ese despacho (fls. 34-40, C. 1). <\/p>\n

3.2.2.- Escrito allegado por el apoderado de la sociedad concursada el 18 de mayo del a\u00f1o que avanza, y coadyuvada por el promotor de la empresa, a trav\u00e9s del cual pidieron \u00abdecretar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas [\u2026] dentro del proceso ejecutivo singular iniciado por geoambiental s.a.[s]\u00bb, al se\u00f1alar que \u00ab[l]a urgencia, conveniencia y necesidad del levantamiento de las medidas cautelares se explica as\u00ed: (i) En la actualidad la compa\u00f1\u00eda tiene embargadas sus cuentas lo cual entorpece su funcionamiento; (ii) La compa\u00f1\u00eda no cuenta con flujo de caja para el desarrollo de sus operaciones; (iii) La compa\u00f1\u00eda requiere de las sumas embargadas para atender las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, entre ellas el pago de la n\u00f3mina; (iv) La compa\u00f1\u00eda requiere de las sumas embargadas para continuar con el desarrollo de las obras; (v) Con las sumas retenidas la compa\u00f1\u00eda puede continuar con el desarrollo de su objeto social y atender las obligaciones derivadas del giro ordinario de sus negocios\u00bb (fl. 7, C. Corte). <\/p>\n

3.2.3.- Providencia de 5 de junio de esta anualidad, que orden\u00f3 la \u00abincorporaci\u00f3n de procesos ejecutivos\u00bb, entre ellos el adelantado por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta urbe por la aqu\u00ed tutelista (fls. 41-43, C. 1). <\/p>\n

3.2.5.- Auto de 29 de julio de hoga\u00f1o, que mantuvo la anterior decisi\u00f3n, al considerar que \u00aben aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, toda vez que el mencionado proceso 2017-325 fue incorporado al proceso de reorganizaci\u00f3n de la referencia mediante el Auto 430-007897 de 5 de junio de 2018, las medidas cautelares all\u00ed contenidas quedaron a disposici\u00f3n de este Despacho. De este modo, con asidero en lo previsto en la norma en menci\u00f3n, el suscrito adquiri\u00f3 la potestad para decidir sobre su levantamiento o conservaci\u00f3n, dentro del marco de los requisitos consagrados en dicha norma\u00bb, refiri\u00f3 que \u00ab[e]s cierto que la Ley 1676 de 2013 dispuso, entre otras cuestiones, que las medidas cautelares decretadas judicialmente deb\u00edan recibir el tratamiento de garant\u00edas mobiliarias y a ellas se les deb\u00eda aplicar lo establecido en dicha ley, entre otros aspectos, en lo relacionado con la existencia, oponibilidad y prelaci\u00f3n de la garant\u00eda, as\u00ed como los derechos especiales del acreedor garantizado en los procesos de insolvencia (cfr. arts. 9, 41.3 y 48 de la Ley 1676 de 2013)\u00bb. <\/p>\n

Continu\u00f3 relievando, que \u00ab[l]as disposiciones en comento parten de la observaci\u00f3n seg\u00fan la cual los grav\u00e1menes judiciales tienen como efecto asegurar el cumplimiento de las obligaciones reclamadas en el proceso, y en dicha medida, se encuentran comprendidas dentro del concepto funcional de garant\u00eda mobiliaria previsto en el art\u00edculo 3 de la ley, seg\u00fan el cual "Independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garant\u00eda mobiliaria se refiere a toda operaci\u00f3n que tenga como efecto garantizar una obligaci\u00f3n con los bienes muebles del garante (…)"\u00bb. <\/p>\n

Adujo, que \u00ab[l]a Ley 1676 de 2013 no prev\u00e9 que [la] condici\u00f3n de garant\u00eda mobiliaria sea un obst\u00e1culo que impida al juez del proceso ejecutivo, ni al juez del proceso concursal, disponer de las medidas en los t\u00e9rminos del estatuto procesal civil o del r\u00e9gimen de insolvencia empresarial. Por el contrario, el juez del proceso siempre podr\u00e1 disponer el levantamiento, la limitaci\u00f3n o la sustituci\u00f3n de la medida cautelar cuando ello resulte acorde con los criterios previstos, por poner tan s\u00f3lo algunos ejemplos, en los art\u00edculos 590.1.c), 600, 602, 603 a 604 del C\u00f3digo General del Proceso, 5.2 y 20 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, as\u00ed las cosas, \u00abno importa que en toda medida cautelar exista una garant\u00eda mobiliaria por ministerio de la ley; los grav\u00e1menes judiciales siempre estar\u00e1n sujetas a la decisi\u00f3n del juez que las decret\u00f3, o del juez que las tiene a su disposici\u00f3n. Este es, precisamente, el caso del art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, seg\u00fan el cual las medidas cautelares que se hayan decretado en los procesos ejecutivos remitidos al proceso concursal quedan a disposici\u00f3n del juez del concurso, incluidas las garant\u00edas mobiliarias que han surgido, ope legis, en las cautelas; y el juez del concurso, en esos casos, siempre podr\u00e1 ordenar el levantamiento de dichas medidas en funci\u00f3n de los motivos de urgencia, conveniencia y necesidad operacional que encuentre acreditados\u00bb. <\/p>\n

Y, asever\u00f3, que \u00abla determinaci\u00f3n adoptada por el Despacho en la providencia impugnada, consistente en levantar una medida cautelar proveniente de un proceso ejecutivo incorporado, constituye un ejercicio claro y leg\u00edtimo de sus atribuciones judiciales en el concurso, m\u00e1xime cuando se constataron los requisitos previstos en la norma para la tramitaci\u00f3n de la solicitud que en tal sentido elev\u00f3 la concursada, que est\u00e1n fuera de discusi\u00f3n. Se reitera, la Ley 1116 en su art\u00edculo 20 faculta al juez concursal para disponer de las medidas cautelares practicadas en procesos de cobro anteriores a la admisi\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n, sin sujeci\u00f3n a que dichas medidas conservativas sean registradas como garant\u00edas mobiliarias. Lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que el acreedor garantizado haga valer su derecho en las etapas procesales pertinentes y con observancia de las formalidades exigidas en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abel levantamiento de medidas cautelares contenido en la providencia recurrida se ajusta a la legalidad, cumple los requisitos previstos en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 y act\u00faa en procura de la finalidad del proceso de reorganizaci\u00f3n, sin que constituya un impedimento la simple circunstancia de que en dichas cautelas exista una garant\u00eda mobiliaria a favor del acreedor demandante\u00bb (fls. 51-54, Ibid.). <\/p>\n

3.2.6.- Memorial radicado el 10 de agosto del a\u00f1o que avanza por la sociedad aqu\u00ed tutelista, de \u00abmedidas de protecci\u00f3n art\u00edculo 50 ley de garant\u00edas mobiliarias 1676 de 2013\u00bb, en el que solicit\u00f3 \u00abtomar las correspondientes acciones que mitiguen los da\u00f1os ya causados y adicionalmente eviten futuros perjuicios patrimoniales\u00bb (fls.98-100, Ib.). <\/p>\n

3.2.7.- Determinaci\u00f3n de 16 de octubre pasado, que resolvi\u00f3, entre otras \u00ablevantar las medidas cautelares decretadas por los jueces originarios en los procesos ejecutivos relacionados en la parte considerativa de esta providencia y conforme a lo dispuesto en el numeral 7\u00ba de la misma secci\u00f3n, de acuerdo con la solicitud que la concursada present\u00f3 en los radicados 2018-01-408547, 2018-01-419641 y 2018-01-422708\u00bb (fls. 65-71, Id.). <\/p>\n

4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento proferido por la autoridad querellada el 29 de julio de esta anualidad, ratificatoria del emitido el 8 de junio pasado, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la sociedad disconforme, aquel no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie, la perentoria salvaguarda deprecada, respecto de la v\u00eda procesal exigida para obtener la anulaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n

4.1.- Lo anterior, toda vez que la decisi\u00f3n se fundamenta en la aplicaci\u00f3n, del canon 20 de la Ley 1116 de 2006, que establece que una vez se inicie el juicio de reorganizaci\u00f3n, \u00ablos procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada\u00bb (se resalta). <\/p>\n

En efecto, dentro del juicio de reorganizaci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se evidenci\u00f3 que con fundamento en la petici\u00f3n radicada el 18 de mayo de esta anualidad por parte del apoderado de la sociedad concursada -coadyuvada por el promotor- (fl. 7, C. Corte), el despacho recriminado orden\u00f3 el levantamiento de las cautelas decretadas en el juicio ejecutivo que se adelant\u00f3 por parte del Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad por la aqu\u00ed tutelista, habida cuenta que el mismo hab\u00eda sido puesto a disposici\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio de reorganizaci\u00f3n que all\u00ed se adelante, y se acreditaron los supuestos para proceder a ello. <\/p>\n

Ahora bien, al margen de que los bienes objeto de las medidas cautelares que fueron levantadas en el sub lite hayan sido entregadas o no como \u00abgarant\u00eda mobiliaria\u00bb, lo cierto es que el art\u00edculo 20 antes referido, que regula el punto jur\u00eddico materia de decisi\u00f3n de esta Sala, establece que cuando se trata, como aqu\u00ed es el caso, de un juicio ejecutivo que ya ha sido puesto a disposici\u00f3n del juez del concurso, en trat\u00e1ndose de las cautelas adoptadas en aquel, ser\u00e1 el juzgador concursal, quien previa recomendaci\u00f3n del promotor, atendiendo t\u00f3picos como la \u00aburgencia, conveniencia y necesidad operacional\u00bb, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, puede disponer relativamente si las cautelas siguen o no vigentes, esto es, es el fallador del concurso quien determina si las mismas han de levantarse, circunstancia que, como competencialmente le corresponde pronunciarse al aludido juez de la reorganizaci\u00f3n, y en vista de que expuso las razones, ese parecer no configura la supuesta v\u00eda de hecho alegada por la sociedad gestora, de cara a la normatividad aplicable al sub examine. <\/p>\n

4.2.- Por lo tanto, se itera, la entidad acusada no actu\u00f3 caprichosamente, y la decisi\u00f3n reprochada no luce arbitraria, independientemente que la Corte proh\u00edje la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados, por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, ya que la decisi\u00f3n se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

4.3.- Sobre la naturaleza del proceso concursal, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n

[\u2026] La Ley 1116 de 2006 trajo consigo un nuevo r\u00e9gimen judicial de insolvencia cuyo objetivo es la \u201cprotecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo\u201d (art\u00edculo 1\u00b0), finalidad que lleva a cabo a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n obligatoria. <\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que: <\/p>\n

\u201cEl r\u00e9gimen judicial de insolvencia regulado en la [Ley 1116 de 2006], tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor. El proceso de reorganizaci\u00f3n pretende a trav\u00e9s de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuraci\u00f3n operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El r\u00e9gimen de insolvencia, adem\u00e1s, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias\u201d (Sentencia C-620 de 2012).
\n[\u2026]
\nLas normas se\u00f1aladas tienen el prop\u00f3sito de integrar en un solo tr\u00e1mite, ya sea el de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n obligatoria, los cr\u00e9ditos del deudor insolvente con el fin de garantizar que sus acreedores acudan al proceso concursal en igualdad de condiciones, escenario en el cual podr\u00e1n exigir la satisfacci\u00f3n de sus obligaciones de acuerdo con la prelaci\u00f3n legal. <\/p>\n

Entonces, \u201c[e]l derecho concursal se funda en el inter\u00e9s general pero no desconoce el derecho de los acreedores a obtener la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito, para lo cual se crea un marco de condiciones generales que debe cumplir la empresa: \u00abEl derecho concursal actual, adem\u00e1s de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeci\u00f3n de los intereses individuales al inter\u00e9s colectivo y al beneficio com\u00fan. As\u00ed, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacci\u00f3n total de su cr\u00e9dito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecuci\u00f3n singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de cr\u00e9dito concurrentes de manera ordenada, am\u00e9n de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, adem\u00e1s, garantice el reparto equitativo de las p\u00e9rdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor \u2013par conditio creditorum-\u00bb\u201d (Sentencia C-620 de 2012). (Se denota; CSJ STC, 24 de abr. 2013, rad. Ref.: Exp. 66001-22-13-000-2013-00038-01) <\/p>\n

4.4.- As\u00ed las cosas, se itera, el prove\u00eddo cuestionado no luce caprichoso, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; 13 feb. 2013, rad. 00216-00, 14 Feb. 2018, rad. 00221-00). <\/p>\n

5.- Ahora bien, de cara a la queja enfilada en contra del auto de 16 de octubre de hoga\u00f1o, que dispuso, entre otras \u00ablevantar las medidas cautelares decretadas por los jueces originarios en los procesos ejecutivos\u00bb, se evidencia que la sociedad gestora no atendi\u00f3 el requisito general de procedencia de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito del amparo invocado, toda vez que, tanto de las acreditaciones aportadas, como de lo afirmado por el despacho encartado (fl. 8, C. Corte), no se evidencia que haya impugnado la determinaci\u00f3n de la que se aqu\u00ed se duele, siendo que contra la misma proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n; por lo tanto, la empresa censora, pudo ventilar ante la autoridad competente las anomal\u00edas aqu\u00ed planteadas, sin embargo, pretermiti\u00f3 hacerlo, lo que no lo habilita para intentar por la salvaguarda constitucional la protecci\u00f3n de los mecanismos dilapidados. <\/p>\n

5.1.- En estas condiciones, conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se reitera la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, ya que si el ordenamiento legal dispone los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esos derechos al interior del juicio cuestionado, es aquellos a los que debi\u00f3 acudir y no a este medio constitucional, que no ha sido consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente del de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata de prerrogativas fundamentales que la Carta reconoce. <\/p>\n

5.2.- La Sala, en supuestos similares ha indicado que: <\/p>\n

(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC 26 ene. 2011, Rad. 00027-00.). <\/p>\n

6.- Por \u00faltimo, referente a la \u00abpretensi\u00f3n subsidiaria\u00bb enfilada a que la autoridad enjuiciada adopte las medidas de protecci\u00f3n necesarias frente a sus intereses patrimoniales, ese preciso pedimento, resulta prematuro, habida cuenta que el d\u00eda 10 de agosto de esta anualidad, el apoderado de la aqu\u00ed gestora radic\u00f3 petici\u00f3n en los mismos t\u00e9rminos a los aqu\u00ed aducidos, y la Superintendencia acusada inform\u00f3 en escrito de 22 de noviembre de esta calenda, que la misma est\u00e1 \u00abal despacho\u00bb pendiente de resolver, por tanto, ser\u00e1 el juez natural, en la oportunidad procesal correspondiente, quien deber\u00e1 pronunciarse sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la sociedad reclamante no puede aspirar a que el fallador constitucional se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde decidir al funcionario competente, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas dentro de la causa. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema la Sala ha precisado que: <\/p>\n

[\u2026] la acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n (CSJ STC 10 ago. 2009 rad. 00189-01, reiterada, entre otras, el 28 ago. 2015, rad, 01576-01 y en CSJ STC4303-2018 Abr. 4 de 2018, rad. 2018-00471-01). <\/p>\n

7.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrada ponente STC16066-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02549-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}