{"id":102167,"date":"2026-07-01T21:51:06","date_gmt":"2026-07-01T21:51:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102167"},"modified":"2026-07-01T21:51:06","modified_gmt":"2026-07-01T21:51:06","slug":"stc16067-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16067-2018\/","title":{"rendered":"STC16067-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16067-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00911-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Mart\u00edn L\u00f3pez Triana contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, vincul\u00e1ndose a la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira y los se\u00f1ores Gregorio Oswaldo Henao Toro y Juli\u00e1n Alberto Zuleta Valencia. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Que se vincul\u00f3 a la Rama Judicial el \u00ab1\u00ba de enero de 2005, en el cargo de Secretario Nominado del Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, cargo que desempe\u00f1\u00f3 hasta el 8 de diciembre de 2015\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Se\u00f1al\u00f3, que por \u00abAcuerdo PSAA15-10402 de 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fue creado un cargo de profesional grado 14 de Coordinaci\u00f3n en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira\u00bb, y teniendo en cuenta que para ese empleo no exist\u00eda \u00ablista de elegibles\u00bb, para \u00abproveer[lo] en provisionalidad\u00bb se realiz\u00f3 \u00abconvocatoria abierta\u00bb y el 3 de diciembre de 2015, en \u00abreuni\u00f3n extraordinaria del Comit\u00e9 General de ese Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira\u00bb, fue elegido para ocuparlo toda vez que cumpl\u00eda los requisitos legales, y en consecuencia, fue nombrado y \u00aben la misma fecha tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, [mismo] que viene desempe\u00f1ando a fecha actual\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Reliev\u00f3, que el 16 de diciembre de 2015 se public\u00f3 el Registro Seccional de Elegibles del cargo de profesional grado 16, habiendo aprobado entre otras 13 personas, y mediante Resoluciones Nos. CSJRIR17-271 y CSJRIR17-325 de 2017, la entidad accionada aprob\u00f3 las solicitudes de homologaci\u00f3n presentadas por varios concursantes, \u00abdel cargo de profesional universitario grado 16 de centro u oficinas de servicios o equivalentes al de profesional universitario grado 14 del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Acot\u00f3, que \u00abel 11 de octubre de 2018, [la Corporaci\u00f3n acusada], [\u2026] remite el Acuerdo CSJRIA18-110 de 2018 del 10 de octubre de 2018 por medio de la cual se formula ante la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, la lista de candidatos para proveer el cargo de Profesional Grado 14, en propiedad\u00bb, se\u00f1alando que la integran los se\u00f1ores Gregorio Oswaldo Henao Toro y Juli\u00e1n Alberto Zuleta Valencia. <\/p>\n

2.5.- Asever\u00f3, que la anterior circunstancia le causar\u00eda un perjuicio irremediable pues ser\u00eda desvinculado del cargo y no tiene la posibilidad de acceder a otro, bien sea en propiedad o provisionalidad. Adem\u00e1s, su familia, conformada por su progenitora, su compa\u00f1era permanente y su menor hija, carece de otra fuente de ingresos y tiene diferentes obligaciones crediticias. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, s[e] suspenda de manera definitiva y hasta tanto no se provea de manera definitiva previo concurso de m\u00e9ritos donde se oferte el cargo de Profesional Universitario Grado 14, el acuerdo CSJRIA18-110 del 10 de octubre de 2018\u00bb, y como consecuencia, \u00abse garantice la continuidad en el cargo\u00bb (fls.54-62, C.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, inform\u00f3 que efectivamente el 11 de octubre de este a\u00f1o le fue remitida la lista de candidatos para proveer el cargo de profesional grado 14 en propiedad y que a la fecha se encontraba en t\u00e9rmino para designar al se\u00f1or Gregorio Oswaldo Henao Toro, pero este tr\u00e1mite qued\u00f3 suspendido, de acuerdo con la medida provisional decretada por esta Sala. Agreg\u00f3 que no ha lesionado los derechos del actor pues esa ajena a las actuaciones administrativas adelantadas en este caso (fl. 70, Ibidem). <\/p>\n

El se\u00f1or Gregorio Oswaldo Henao Toro, se\u00f1al\u00f3 que los actos administrativos proferidos en este caso se adoptaron de conformidad con las competencias constitucionales y legales atribuidas a la entidad demandada; considera que no hubo lesi\u00f3n los derechos del accionante, y que este no se encuentra en bajo ninguna de las condiciones especiales determinadas en la jurisprudencia, ser padre cabeza de familia, prepensionado o en situaci\u00f3n de discapacidad (fls. 75-79, Idem). <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, asever\u00f3 que \u00aben el Distrito Judicial de Pereira existe un solo cargo de profesional Universitario Grado 16 de Centro de Servicios Judiciales, y que este fue ocupado en propiedad con ocasi\u00f3n de un traslado de otro Distrito, justo antes de la expedici\u00f3n del Registro de Elegibles para dicho cargo, dentro de la Convocatoria No. 3\u00bb, y quienes participaron en el concurso de m\u00e9ritos para optar a ese emple\u00f3 solicitaron la homologaci\u00f3n para el de profesional universitario grado 14, facultad que se encuentra prevista en los Acuerdos 1586 de 2002 y 4156 de 2007, seg\u00fan los cuales, \u00ablos aspirantes que superaron la etapa de selecci\u00f3n de los concursos de m\u00e9ritos, [\u2026] podr\u00e1n solicitar, por \u00fanica vez, la homologaci\u00f3n de su cargo de inscripci\u00f3n a un cargo de igual o inferior categor\u00eda, cuando en virtud de una sentencia judicial o una decisi\u00f3n de la Sala Administrativa aquel haya sido suprimido, reubicado, redistribuido o cuando concursaron para cargos no existentes en la planta\u00bb, es decir que el objeto de la homologaci\u00f3n es garantizar el derecho a la permanencia de los aspirantes en la convocatoria. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que el tutelista, al estar vinculado en provisionalidad, \u00abconoce que su nombramiento va hasta que se designe la persona que lo va a ocupar en propiedad, conforme al sistema legalmente previsto, que es por concurso de m\u00e9ritos, tal como lo establece la Ley 270 en su numeral 2\u00ba del art\u00edculo 132\u00bb, adem\u00e1s que \u00aba pesar de haber concursado en la Convocatoria multicitada, no super\u00f3 las etapas del concurso, por lo que no hace parte del Registro de Elegibles, y mal har\u00eda ahora, en pretender perpetuarse en el cargo sin surtir de todas las etapas de un concurso de m\u00e9ritos\u00bb (fls. 164-169, Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablas decisiones en que encuentra el actor lesionados sus derechos, es decir en la que se accedi\u00f3 a la solicitud de homologaci\u00f3n presentada para el cargo que ocupa y en la que se conform\u00f3 la correspondiente lista de elegibles, constituyen actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, frente a los cuales el amparo no es procedente\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00abest\u00e1 acreditado que el actor es profesional del derecho y que cuenta con experiencia suficiente, y por lo mismo puede procurarse su propio sostenimiento, del ejercicio de esa profesi\u00f3n liberal, raz\u00f3n por la cual no se comparte su argumento relativo al perjuicio causado por su desvinculaci\u00f3n, que sustenta en que supuestamente ese empleo constituye la \u00fanica fuente de ingresos de su familia, hecho que, adem\u00e1s, dej\u00f3 de ser demostrado\u00bb. <\/p>\n

Y, acot\u00f3 que \u00abno es la acci\u00f3n de amparo el mecanismo para ordenar la permanencia del demandante en el cargo tantas veces mencionado, lo son los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto administrativo por medio del cual se conform\u00f3 la lista de elegibles correspondiente\u00bb (fls. 170-175, Ib.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, a trav\u00e9s de su apoderado, alegando que \u00abratifica los argumentos f[\u00e1]cticos expuestos en la tutela, pues aunque somos conocedores de que existe la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para hacer valer los derechos del accionante, el objeto de la presente acci\u00f3n de Tutela, era que se suspendiera por un tiempo prudencial y hasta tanto se provea de manera definitiva previo concurso de m\u00e9ritos donde se oferte el cargo de Profesional Universitario grado 14 del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, el acuerdo CSJRIA18-110 del 10 de octubre de 2018, mientras lo anterior se proceder\u00eda con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de controvertir las decisi\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura, pues es la \u00fanica manera de impedir que se produjera un perjuicio irremediable al accionante como consecuencia de su desvinculaci\u00f3n laboral es la acci\u00f3n constitucional, pues es un hecho l\u00f3gico que como consecuencia de una desvinculaci\u00f3n laboral, sobrevengan consecuencias negativas para el actor, como su afectaci\u00f3n moral, la afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital, desestabilidad laboral\u00bb (fls. 178-184, Id.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- Se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de
\nlas autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha se\u00f1alado que \u00absi bien la misma tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC, 9 dic 2011, rad. 02372-01, reiterada el 18 dic. 2013, rad. 00986-01). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, emerge claro que el gestor pretende, en \u00faltimas, la suspensi\u00f3n del Acuerdo No. CSJRIA18-110 fechado 10 de octubre de 2018, mediante el cual la corporaci\u00f3n recriminada conform\u00f3 los \u00abla lista de candidatos destinada exclusivamente a proveer el caro de Profesional Grado 14 en propiedad\u00bb. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia aqu\u00ed elevada, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Acuerdo No. CSJRA 13-259 de 28 de noviembre 2013, por medio del cual la colegiatura recriminada convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para proveer cargos de empleados en el distrito judicial de Risaralda (fls. 86-92, C. 1). <\/p>\n

3.2.- Acto administrativo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, a trav\u00e9s del cual la corporaci\u00f3n acusada cre\u00f3, entre otros, el cargo de \u00abProfesional Grado 14 para el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira\u00bb (FLS. 93-125, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- \u00abActa de reuni\u00f3n extraordinaria\u00bb del Comit\u00e9 General de ese Centro de Servicios, datada el 3 de diciembre de 2015, por medio de la cual se design\u00f3 en el citado cargo, en provisionalidad, al aqu\u00ed accionante (fls. 28-33, Idem). <\/p>\n

3.4.- Resoluci\u00f3n CSJRR15-364 del d\u00eda 16 de ese mismo mes y a\u00f1o, \u00abpor medio del cual se publica el Registro Seccional de Elegibles correspondiente a concurso adelantado para la provisi\u00f3n de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios en el Distrito Judicial de Pereira y Administrativo de Risaralda, convocado mediante Acuerdo No. CSJRA 13-259 de 2013 de 28 de noviembre de 2013\u00bb, entre los cuales se publicit\u00f3 el cargo de \u00abprofesional universitario de centro y oficinas de servicios o equivalentes, grado 16\u00bb, mismo que fue actualizado Resoluci\u00f3n CSJRIR17-266 de 2017 (fls. 126-133, y 141 a 142, Ibid.). <\/p>\n

3.5.- Decisi\u00f3n No. CSJRIR17-271 de 26 de mayo de 2017, por medio de la cual se aprob\u00f3 la solicitud de homologaci\u00f3n presentada por el se\u00f1or Gregorio Oswaldo Henao Toro del cargo de \u00abprofesional universitario grado 16 de centro u oficinas de servicios y\/o equivalentes, al cargo de Profesional Universitario grado 14 del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio\u00bb. A esto tambi\u00e9n se procedi\u00f3 respecto de otros diez solicitantes, en Resoluci\u00f3n CSJRIR17-325 de 2017 (fls. 144 a 145, y 148 a 150, Ib.). <\/p>\n

3.6.- Acuerdo CSJRIA18-110 de 10 de octubre de 2018, se dispuso \u00abformular ante la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira-Risaralda, la siguiente lista de candidatos, destinada exclusivamente a proveer el cargo de Profesional Universitario Grado 14, en propiedad, en el siguiente orden: 1. Gregorio Oswaldo Henao Toro, 2. Juli\u00e1n Alberto Zuleta Valencia\u00bb (fl. 69, Id.). <\/p>\n

4.1.- Ello impone, por ende, que el debate en torno al mismo debi\u00f3 o ha de cumplirse ante los jueces competentes, a trav\u00e9s de la v\u00eda al efecto prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, senda en la que, con el miramiento del derecho al debido proceso y ante el funcionario natural, pudo o habr\u00e1 de plantear todos los argumentos que estime convenientes. <\/p>\n

4.2.- En estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, como para el particular evento es la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa, e incluso la suspensi\u00f3n provisional que regula el art\u00edculo 230-3\u00b0 de la Ley 1437 de 2011 o C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hab\u00eda o debe recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces y tampoco para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y residual para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta Pol\u00edtica patria reconoce. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la Corte advierte que la tutela no procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ello, porque, en ejercicio de lo dispuesto en el precepto 230 de la Carta Pol\u00edtica, en el tr\u00e1mite del \u00abmedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, desde su iniciaci\u00f3n el gestor puede solicitarle al juez natural \u00abla suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo objeto de la dolencia constitucional\u00bb, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb (Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.) (CSJ STC, 13 sep. 2013, rad. 2013-00057-01). <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha puntualizado, que \u00abla alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01), am\u00e9n que, \u00abla finalidad de dicha medida cautelar prevista en el tr\u00e1mite ordinario, es precisamente evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales\u00bb (CSJ STC18319-2017 3 nov. 2017 rad. 00665-01). <\/p>\n

4.3.- La Sala, al abordar un asunto que, mutatis mutandis, es de tesitura paralela, puso de presente en STC547-2016, 28 ene. 2016, rad. 2015-00376-01, que: <\/p>\n

Los concursos de m\u00e9ritos son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad. <\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n, de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas. <\/p>\n

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n

[\u2026] En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que la actora puede acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n aleg\u00f3, pues para tal fin contempl\u00f3 el organismo la posibilidad de atacar la actuaci\u00f3n administrativa en sede judicial. <\/p>\n

En efecto, la accionante tiene a su alcance los medios de control ordinarios ante los jueces naturales para cuestionar los actos de la administraci\u00f3n mediante los cuales dispuso que el cargo de Profesional Universitario Grado 11 del Grupo 3, Talento Humano Laboral, de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta, que ocupa la actora en provisionalidad, fuera provisto con el Registro de Elegibles conformado mediante la Resoluci\u00f3n No. PSAR15-228. <\/p>\n

De manera que si la tutelante no ha agotado todos los recursos ordinarios con los que cuenta, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello (Se denota). <\/p>\n

5.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16067-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00911-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102167","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}