{"id":102169,"date":"2026-07-01T21:51:27","date_gmt":"2026-07-01T21:51:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102169"},"modified":"2026-07-01T21:51:27","modified_gmt":"2026-07-01T21:51:27","slug":"stc16069-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16069-2018\/","title":{"rendered":"STC16069-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16069-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00924-01.
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el se\u00f1or Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ambas de la Regional de Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que present\u00f3 las acciones populares 2015-1321, 2015-1315 y 2015-1161 donde present\u00f3 la \u00abnotificaci\u00f3n personal al Banco de Colombia de Pereira\u2026, dicha notificaci\u00f3n se efectu\u00f3 el d\u00eda 15 de junio de 2018 y la entidad nunca se pronunci\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n

2.2. Refiri\u00f3, que el despacho recriminado \u00abnunca manifest\u00f3 si el Banco tutelado hoy, Bancolombia, se notific\u00f3 de la existencia de [las acciones populares] o no\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene \u00ab\u2026 tener como notificado de la acci\u00f3n popular hoy tutelada a BANCOLOMBIA, tal como lo manda la ley, ordenando continuidad de [las acciones populares] al ser CONSTITUCIONAL y de t\u00e9rminos perentorios\u00bb, adem\u00e1s se \u00abordene a la juez aplicar art 121 CGP, por perdida de competencia\u00bb, adicionalmente se \u00abescanee copia de [su] tutela y del fallo a [su] correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb y, por \u00faltimo se \u00abORDENE la vinculaci\u00f3n a [su] tutela del Consejo Superior de la Judicatura, sala administrativa y sala disciplinaria en la Ciudad de Pereira rda y aporten copia de todas [sus] solicitudes de vigilancia judicial y administrativa en cualquier tiempo, a fin de probar que nunca se tramitan [sus] solicitudes\u2026\u00bb (fls. 1-5 del Cdno. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, argument\u00f3 que \u00abha actuado conforme a la ley, atendi\u00f3 oportunamente las solicitudes presentadas por el Accionante, el Cual NO hizo uso de las acciones a que hab\u00eda lugar, esto es, solicitar reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n del Consejo o en su defecto debi\u00f3 proceder a subsanar los requisitos de que adolec\u00edan sus solicitudes, pero ninguna de las dos oportunidades jur\u00eddicas fueron atendidas por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga; de esta forma se encuentran ejecutoriadas las decisiones. Concluy\u00e9ndose entonces, que efectivamente el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en ning\u00fan momento ha vulnerado al se\u00f1or Javier El\u00edas ning\u00fan Derecho Constitucional Fundamental, LO QUE NECESARIAMENTE CONLLEVA A LA DESVINCULACI\u00d3N DE \u00c9STE COMO VINCULADO, EN LA PRESENTE LITIS\u00bb (fls. 13-14 ibidem). <\/p>\n

El Director Operativo de Defensa Jur\u00eddica del Municipio de Pereira, se opuso \u00aba las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela incoada por el se\u00f1or JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA, por cuanto no est\u00e1 demostrando, ni argumentando la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales dignos de protecci\u00f3n especial por el mecanismo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y desarrollado por el decreto 2591 de 1991, siendo improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

Y, solicit\u00f3 \u00abDesvincular de la presente acci\u00f3n de tutela al Municipio de Pereira toda vez que esta entidad territorial no tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb (fls. 15-16 ibidem). <\/p>\n

El Procurador Regional de Risaralda, manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo Juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideremos conveniente, donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela presentada, indica vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad y garant\u00edas procesales dentro de las acciones populares 2015-1321; 2015-1315 y 2015-1161\u00bb, lo que resulta una \u00abSituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos.\u00bb (Subrayado del texto – fl. 20 \u00cddem). <\/p>\n

La c\u00e9lula judicial recriminada, remiti\u00f3 copias escaneadas (cds) de las actuaciones surtidas dentro de las acciones populares 2015-01321, 2015-01315 y 2015-01161 (fls. 32-33 ibidem). <\/p>\n

El Representante legal Judicial de Bancolombia S.A., contest\u00f3 que \u00abtodas las peticiones que se est\u00e1n realizando en la acci\u00f3n de tutela por parte del se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga tal como se ha reiterado, no tiene sustento factico ni jur\u00eddico alguno, por lo que ante una eventual concesi\u00f3n del amparo constitucional ser\u00eda una usurpaci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional de otro despacho que ya est\u00e1 conociendo del asunto dentro del cual nuestra entidad no ha sido notificada debidamente\u00bb <\/p>\n

Y, pidi\u00f3 que \u00abse desestime la acci\u00f3n de tutela presentada en contra de BANCOLOMBIA S.A., en consecuencia, sea rechazada, declarada improcedente y en subsidio declarada impr\u00f3spera\u2026\u00bb (fls. 40-41 ibidem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 las salvaguardas impetradas al considerar que \u00abel accionante endilga a la autoridad judicial encausada la afectaci\u00f3n o amenaza de sus derechos con ocasi\u00f3n de una omisi\u00f3n inexistente, cuando afirma que: \u201c(\u2026) nunca manifest\u00f3 si el Banco tutelado hoy, Bancolombia, se notific\u00f3 de la existencia de la acci\u00f3n popular o no\u201d (Folios 1, 3 y 5, ib.). se itera, la jueza no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto. En consecuencia, se negar\u00e1 este pedimento tutelar\u00bb. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que \u00absi se considera superado aquel presupuesto, seria inane acceder a las pretensiones tutelares, porque resultar\u00eda insuficiente para alterar el estado actual de los asuntos populares y retrotraerlos a una etapa anterior. No puede desconocerse que las terminaciones decretadas tambi\u00e9n devinieron de la desatenci\u00f3n del deber de publicar el aviso a la comunidad, aspecto que no fue rebatido en este petitorio\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abse negar\u00e1 la acci\u00f3n frente a la Sala Administrativa del CSJ, Seccional Risaralda, porque tambi\u00e9n son inexistentes los supuestos facticos. El accionante dej\u00f3 de acreditar la presentaci\u00f3n de solicitudes de vigilancia administrativa, pese al requerimiento que se le hiciera (Folios 8 y 9, ib.), y, por el contrario, el CSJ afirm\u00f3 que no ha recibido ninguna petici\u00f3n en ese sentido (Folio 13, ib)\u00bb (fls. 53-55 \u00cddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante sin expresar los motivos de su inconformidad (fls. 58 \u00cddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Pretende el querellante que se ordene al juzgado recriminado continuar con el tr\u00e1mite de las acciones populares objeto de debate por ser \u00abCONSTITUCIONAL y de t\u00e9rminos perentorios\u00bb, pues considera que se incurri\u00f3 en defecto \u00absustantivo y procedimental\u00bb, al ser terminadas por la aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas obrantes en el expediente, la Corte resalta lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Acci\u00f3n popular 2015-1321-00 presentada por Leandro Giraldo contra la entidad Bancolombia: <\/p>\n

3.1.1. Prove\u00eddo de 2 de junio de 2016, mediante el cual el Juzgado accionado resolvi\u00f3: \u00abPrimero: ADMITIR la demanda de Acci\u00f3n Popular… Segundo: Darle el tr\u00e1mite indicado en la Ley 472 de 1.998\u2026 Quinto: Por disposici\u00f3n del Art. 21 de la Ley 472 de 1.998 se ordena: \u2026c). Comun\u00edquese este prove\u00eddo a la comunidad mediante la publicaci\u00f3n de un aviso a trav\u00e9s de un medio de amplia circulaci\u00f3n en el lugar de la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, misma que debe ser diligenciada por el accionante\u2026\u00bb (fl. 5 del Cdno Corte). <\/p>\n

3.1.2. Auto de 22 de noviembre del mismo a\u00f1o, por el cual se dispone tener \u00abcomo coadyuvante de la parte actora, con todos los efectos procesales que de esta figura se desprenden\u00bb al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (fl. 7 ibidem). <\/p>\n

3.1.3. Solicitudes elevadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, en donde pide se \u00abdecrete DESESTIMIENTO de la acci\u00f3n\u00bb (fl. 9 ibidem). <\/p>\n

3.1.4. Prove\u00eddo de 26 de abril de 2018, a trav\u00e9s del cual se resuelve la anterior petici\u00f3n manifest\u00e1ndose que \u00abno ser\u00e1 aceptada por cuanto en estas Acciones Constitucionales, el inter\u00e9s no es particular y lo que se persigue es la protecci\u00f3n de un derecho de rango superior de inter\u00e9s general para una colectividad y por lo tanto no puede disponer de dichos derechos y tampoco es posible la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.P., ya que no est\u00e1n dadas las circunstancia all\u00ed descritas. Para los efectos procesales contemplados en art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se requiere a la parte accionante con el fin de que adelante las gestiones necesarias tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del Aviso\u2026\u00bb (fl. 10 ibidem). <\/p>\n

3.1.5. Providencia de 25 de junio del mismo a\u00f1o, en la que se resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: Decretar el desistimiento t\u00e1cito del presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 numeral 1\u00b0 art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012\u2026\u00bb, toda vez que \u00abha transcurrido mucho m\u00e1s de treinta d\u00edas sin que la parte accionante haya dado cumplimiento a lo ordenado en el auto fechado abril veintis\u00e9is del a\u00f1o en curso\u2026\u00bb (fl. 11 ibidem). <\/p>\n

3.1.6. Recurso de \u00abreposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, suplica\u2026\u00bb, interpuestos por Javier El\u00edas Arias con el fin de revocar \u00abel auto q pretende declarar desistimiento t\u00e1cito\u00bb (fl. 12 ibidem). <\/p>\n

3.1.7. Prove\u00eddo de 1\u00ba de agosto del presente a\u00f1o, en el que se ratifica la precedente postura, argumentando para ello que \u00abel desistimiento en la forma planteada por el accionante no es aplicable a esta clase de asuntos, ya que se est\u00e1n debatiendo derechos colectivos los cuales est\u00e1n en cabeza de la comunidad en general y no de una sola persona, es de anotar que este desistimiento hace tr\u00e1nsito a cosa Juzgada, por lo que una vez desistido no se puede volver a presentar una acci\u00f3n por mismos hechos y pretensiones; en cambio el desistimiento t\u00e1cito contemplado en el art\u00edculo 317 es una sanci\u00f3n al demandante o parte actora por su desidia en adelantar las gestiones propias al impulso de la Acci\u00f3n, en este caso la notificaci\u00f3n a la parte accionada y la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad de la existencia de la Acci\u00f3n m\u00e1s no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb.
\nSeguidamente, precis\u00f3 que \u00abTodos los actos desplegados por este Despacho entre otros, la elaboraci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, la elaboraci\u00f3n de los oficios dirigidos a las autoridades del orden Territorial encargadas por velar de que los espacios p\u00fablicos y privados con acceso al p\u00fablico en general cumplan con las regulaciones que protegen los derechos colectivos, los dirigidos a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico la protecci\u00f3n y los diferentes autos y providencias, dictadas requiri\u00e9ndolo para que despliegue las actividades legales que le corresponde, son prueba de la actuaci\u00f3n diligente que adelanta el Juzgado para llevar a buen fin la acci\u00f3n; contrario a lo realizado por el actor popular quien pretende que todo lo haga el Despacho y no colaborar con la administraci\u00f3n de justicia para evacuar las cargas propias de la parte actora\u00bb (fls. 13-14 ibidem). <\/p>\n

3.2. Acci\u00f3n popular 2015-1161 presentada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer (fl. 22 del Cdno 1): <\/p>\n

3.2.1. Prove\u00eddo de 19 de mayo de 2016 (fl. 23 ibidem). <\/p>\n

3.2.2. Solicitudes elevadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, en donde pide se \u00abdecrete DESESTIMIENTO de la acci\u00f3n\u00bb (fl. 28 ibidem). <\/p>\n

3.2.3. Providencia de 25 de junio de 2018 (fl. 28 respaldo ibidem). <\/p>\n

3.2.4. Recursos interpuestos por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias (fl. 29 ibidem). <\/p>\n

3.2.5. Auto de 1\u00ba de agosto del presente a\u00f1o (fls. 30-31 ibidem).
\n3.3. Acci\u00f3n popular 2015-1315 presentada por el se\u00f1or Leandro Giraldo contra la entidad Bancolombia (fl. 15 del Cdno 1: <\/p>\n

3.3.1. Prove\u00eddo de 19 de mayo de 2016 (fl. 16 ibidem). <\/p>\n

3.3.2. Auto de 8 mayo de 2018 (fl. 19 ibidem). <\/p>\n

3.3.3. Oficio de 19 de julio del a\u00f1o en curso, por el cual se informa que \u00aben relaci\u00f3n con la acci\u00f3n Popular radicada al n\u00famero 2015-1315 el accionante Javier El\u00edas Arias no ha solicitado ser tenido como coadyuvante y se han instaurado las acciones de tutelas radicadas a los n\u00fameros 2018\/167 y 170 acumuladas y la n\u00famero 442 de 2018 de las que conoci\u00f3 ese mismo despacho de magistrado\u00bb (fl. 23 ibidem). <\/p>\n

3.3.4. Providencia de 27 de julio del mismo a\u00f1o (fl. 24 ibidem). <\/p>\n

3.3.5. Auto de 9 de octubre de 2018, por el cual se pone de presente que \u00abse cometi\u00f3 un yerro al haber resuelto las peticiones sin que las haya incoado una persona legitimada para este fin, sin que esta tampoco hubiera sido advertido por las dem\u00e1s entidades que fueron notificadas de la acci\u00f3n\u2026\u00bb (fl. 27 ibidem). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado y, en particular lo que respecta a la acci\u00f3n constitucional 2015-1315, resalta la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto no puede salir avante, comoquiera que el apelante, seg\u00fan se desprende de las probanzas allegadas no es sujeto procesal en el tr\u00e1mite sub examine, esto es, que no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro del mismo, que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados en el escrito genitor; de ah\u00ed que adolezca de legitimaci\u00f3n en la causa para accionar, en tanto que no se entiende c\u00f3mo puede verse afectado en sus derechos con las actuaciones enjuiciadas, las cuales, \u00fanicamente, est\u00e1n dirigidas a regular la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los contradictores litigiosos, dentro de los que no se halla, it\u00e9rase, el peticionario. Por tanto, deviene inane la solicitud de resguardo por \u00e9l planteada. <\/p>\n

En un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Corte tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n

[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes. <\/p>\n

[\u2026] En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que \u00e9l no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas (CSJ STC, 14 nov. 2013, rad. 02643-00, reiterada en CSJ STC21436-2017 dic. 14 de 2017, rad. 2017-03445-00 y en CSJ STC4001-2018 Mar. 22 de 2018, rad. 2018-00041-01). <\/p>\n

5. Ahora bien, advierte la Corte entorno a los cuestionamientos enfilados contra los autos de fecha 25 de junio de 2018, mediante los cuales se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares Nos. 2015-1321 y 2015-1161 que, el amparo constitucional debe prosperar, toda vez que la autoridad judicial recriminada incurri\u00f3 en un proceder que vulnera los derechos fundamentales alegados por el promotor, seg\u00fan pasa a precisarse. <\/p>\n

5.1. En el presente asunto, se observa que el juzgado encartado, tal como qued\u00f3 relatado, mediante las providencias citadas, requiri\u00f3 al querellante para que procediera a publicar el aviso, a trav\u00e9s, del cual se comunicara a la comunidad el inici\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional, para lo cual, le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena, de dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, empero como la parte interesada no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el despacho, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de las acciones populares en virtud de lo consagrado en dicho canon. <\/p>\n

5.2. Es de resaltar que, dada la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular, dirigida a proteger los derechos e interese colectivos, no se puede aplicar a la misma, la figura procesal del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, atr\u00e1s rese\u00f1ada y, menos a\u00fan las sanciones que implica, esto es, por ser primera vez, la presentaci\u00f3n nuevamente de la demanda seis (6) meses despu\u00e9s de la ejecutoria de la decisi\u00f3n que lo dispuso y, entratandose de una segunda ocasi\u00f3n, la extinci\u00f3n del derecho pretendido; pues sin duda alguna acaecer\u00eda la orfandad de defensa frente a los intereses de una comunidad que busca \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb, as\u00ed como, la efectividad de sus prerrogativas constitucionales imprescriptibles e inalienables. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala en un asunto reciente, precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

Dichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, frente a las sanciones que integran el desistimiento t\u00e1cito, advirti\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar. <\/p>\n

No tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman. <\/p>\n

Menos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC14483-2018, 7 Nov. 2018, rad. 00755-01). <\/p>\n

5.3. Ahora, si bien es cierto, que el legislador en el art. 317 del C.G.P., contempl\u00f3 una forma anormal de terminaci\u00f3n del proceso, ante el incumplimiento de una carga procesal, acto de parte o la inactividad prolongada del interesado; tambi\u00e9n lo es, que el referido tr\u00e1mite no se predica de todos los juicios, pues depender\u00e1 de la naturaleza de cada uno la procedencia de la aplicaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

\u00ab\u2026la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01). <\/p>\n

Y, en asuntos de familia, espec\u00edficamente en alimentos de menores, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n. (STC8850-2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01). <\/p>\n

5.4. Finalmente, y teniendo en cuenta que la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito en los procesos cuestionados obedeci\u00f3 al incumplimiento del actor popular frente a una \u00abcarga procesal\u00bb, como lo era, el aviso a la comunidad, es del caso destacar que la acci\u00f3n popular se caracteriza por el impulso oficioso del juez, tal como lo prev\u00e9 el art. 5 de la Ley 472\/98 \u00ab\u2026 Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda\u00bb; por lo tanto, los funcionarios judiciales en estos tr\u00e1mites constitucionales deben propender por el normal desarrollo del proceso, sin obstaculizar o generar barreras que impidan el desarrollo y la culminaci\u00f3n del mismo; m\u00e1xime cuando se trata de asuntos con car\u00e1cter prevalente, que no pueden quedar a la deriva por actos de las partes cuando el funcionario tiene la facultad oficiosa de adoptar las determinaciones pertinentes, pues en definitiva, el aviso a la comunidad, entre otras actuaciones, no es un actuar propio del actor popular, sino que el juzgador precisamente empoderado del deber rese\u00f1ado, tambi\u00e9n puede obtener la materializaci\u00f3n del acto procesal que se requiere, esto, a trav\u00e9s del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos administrado por la Defensor\u00eda del Pueblo, todo en aras de la defensa de los derechos colectivos, tales como: vida, salud, ambiente sano, equilibrio ecol\u00f3gico, seguridad, patrimonio, entre otros, que se encuentren en contienda susceptible de definici\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

Al respecto, la Sala en un asunto en el que el juez cuestionado dispuso el enteramiento a la comunidad con cargo, al citado fondo, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abDe acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada (art. 21 Ley 472\/98), dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituye defecto material, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida decisi\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de ordenar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, efectuar la publicaci\u00f3n requerida para seguir con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional que all\u00ed adelanta, espec\u00edficamente en el peri\u00f3dico El Espectador o El Tiempo, a la vez que en las emisoras locales de Caracol o RCN, es un proceder que no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, prev\u00e9 que el juez del proceso, utilice los medios de comunicaci\u00f3n que a bien considere, en aras de informar a los miembros de la comunidad sobre la respectiva acci\u00f3n popular, y en este caso, se advierte que la sede de la presunta conculcaci\u00f3n de derechos colectivos, es la ciudad de Bogot\u00e1, por tanto, es razonable la orden dada en el sentido de que sean los medios de comunicaci\u00f3n El Espectador, El Tiempo, o radiodifusoras Caracol o RCN, los que el fallador consider\u00f3 id\u00f3neos para enterar de las decisiones a los interesados\u00bb (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC 1535-2018, 8 Feb. 2018, rad. 2017-01305-01). <\/p>\n

Y, en un caso de similares aristas, esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s general para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo. <\/p>\n

En especial, cuando se encuentra que el caso ya exist\u00eda vinculaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los interesados \u2013s\u00f3lo hac\u00eda falta la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad (art. 21, L. 472\/98)-, carga que no se encuentra sea de exclusivo cumplimiento del actor, por el contrario, la misma norma establece varios medios para que el juez pueda llevarla a cabo, entre ello formas de financiamiento para la realizaci\u00f3n de los actos procesales, a trav\u00e9s del Fondo Para la Defensa de los Derechos Colectivos. <\/p>\n

Lo anterior, porque el citado art\u00edculo indica que puede informarse, \u00aba trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios\u00bb, sin que se requiera necesariamente la intervenci\u00f3n del actor para que se haga la publicaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC14483-2018, 7 Nov. 2018, rad. 00755-01). <\/p>\n

5.5. As\u00ed las cosas, se impone, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n invocada para en su lugar revocar la sentencia constitucional impugnada, por lo que se deja sin valor ni efecto los autos de fecha 25 de junio de 2018, que decretaron la terminaci\u00f3n de las acciones populares Nos. 2015-1321 y 2015-1161, as\u00ed como las decisiones que de aquellos se desprendan y, en consecuencia se ordenar\u00e1, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, continu\u00e9 con el tr\u00e1mite de las acciones populares objeto de debate, atendiendo los par\u00e1metros expuestos en esta providencia. <\/p>\n

6. De otra parte, y en lo que refiere a la solicitud encaminada a que se ordene \u00abla vinculaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura, sala administrativa y sala disciplinaria en la Ciudad de Pereira\u2026, a fin de probar que nunca se tramitan mis solicitudes\u2026\u00bb, basta se\u00f1alar que el gestor de considerarlo necesario puede exponer esas inquietudes y pedimentos directamente ante la entidad competente, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ello, no siendo este instrumento el camino para emprender indagaciones que el supuesto afectado debe promover sin mediaci\u00f3n de terceros y, claro, asumiendo la responsabilidad que conlleva. <\/p>\n

En este sentido, ante requerimientos similares, se ha sostenido que, \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (CSJ, STC, 2 jul. 2015, rad. 00178-01, reiterada en CSJ STC16006-2017 oct. 3 de 2017, rad. 2017-00783-01). <\/p>\n

7. Finalmente, en cuanto al pedimento atinente a que se le brinde \u00abcopia de la tutela y del fallo\u00bb, se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda y a costa del interesado expida la reproducci\u00f3n de las piezas procesales solicitadas. <\/p>\n

8. As\u00ed las cosas, se modificar\u00e1 el fallo impugnado en el sentido de deja sin valor y efecto los autos de fecha 25 de junio de 2018, proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y todas las decisiones que de estos se desprendan en las acciones populares 2015-1321 y 20151161 y, se ordena que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, continu\u00e9 con el tr\u00e1mite de estas acciones populares, atendiendo los par\u00e1metros plasmados en esta providencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

PRIMERO: TUTELAR a favor de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga el derecho al debido proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se deja sin valor y efecto los autos de fecha 25 de junio de 2018, proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y todas las decisiones que de estos se desprendan en las acciones populares 2015-1321 y 20151161 y, se ordena que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, continu\u00e9 con el tr\u00e1mite de estas acciones populares, atendiendo los par\u00e1metros plasmados en esta providencia. <\/p>\n

TERCERO: En lo dem\u00e1s, se confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

CUARTO: Por Secretar\u00eda env\u00edesele copia de esta decisi\u00f3n al tutelista, de conformidad a lo expuesto en el numeral 7\u00ba de esta providencia. <\/p>\n

QUINTO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16069-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00924-01. (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}